Reclamación de acceso a listado detallado de contratos con empresas específicas en centros penitenciarios y resolución estimatoria del CTBG

Página1de 12 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 22 de septiembre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Listado de todos y cada uno de los contratos (incluidos los menores) adjudicados y/o realizados desde el año 2015 hasta el momento de facilitar la información solicitada a cualquier Centro Penitenciario de España y/o a la ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO PUBLICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, por las siguientes empresas: - Mensajería Chamberí NIF […] S/REF:00001-00082534 N/REF:2853/2023 Fecha:La de firma. Información solicitada:Listado de contratos. R CTBG Número: 2024-0338 Fecha: 19/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente - Total Ceo SL NIF […] - y/o las empresas que represente o sean de su propiedad. - y/o las empresas que represente o sean de su propiedad. Desglosando el procedimiento empleado para su adjudicación, importe de adjudicación, el realmente pagado, fechas de inicio y final de cada contrato, porcentaje de subcontratación ejecutada en cada contrato, subcontratistas empleados y estado actual de cada contrato». 2. El MINISTERIO DEL INTERIOR dictó resolución con fecha 28 de septiembre de 2023 en la que contestó a la solicitante lo siguiente: «(…) Contestando a su pregunta, se le indica que el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su apartado 1, letra a) señala la obligación que tiene la Administración General del Estado de hacer público todos sus contratos, con indicación de su objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, así como el procedimiento utilizado de para su celebración, los instrumentos a través de los que se han publicado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario. En el caso de los contrato menores, dicho apartado también señala que su publicación podrá realizarse trimestralmente. En este mismo sentido, el artículo 22, apartado 3 de la citada Ley señala que “Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”. Por tanto, siguiendo lo contemplado por dicho articulado y al ser una información que se encuentra a su disposición en la Plataforma de Contratación del Estado, se le facilita para su consulta la página url Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) https://contrataciondelestado.es (…)». 3. Mediante escrito registrado el 12 de octubre de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: R CTBG Número: 2024-0338 Fecha: 19/03/2024 «PRIMERO: Se solicita una información desagregada de todos los contratos con ciertas empresas desde el año 2015, no de contratos determinados, por lo que no es posible la referencia a un solo lugar de publicación, ello equivaldría a decir que lo buscásemos en google que allí está todo publicado. Entiendo que la contestación dificulta o imposibilita el conocimiento de lo solicitado siendo un incumplimiento de transparencia. SEGUNDO: No es cierto ni puede serlo el que todo lo solicitado esté publicado, siendo este el motivo de la solicitud. Así y a modo introductorio para demostrar que la información que hay publicada no incluye todo lo solicitado, les adjunto imagen del resultado de la búsqueda en el lugar facilitado de los contratos menores adjudicados a Mensajería Chamberí desde el año 2021, donde puede apreciarse claramente que no aparece el Transporte de Pan del Centro Penitenciario de Daroca al Centro Penitenciario de Teruel, pese a que le fue comunicada a esta parte su adjudicación con fecha 30/05/2023 (adjunto justificante de la comunicación realizada a esta empresa). Lo que evidencia que no se han publicado todos los contratos adjudicados y pone de manifiesto la necesidad de que faciliten la información solicitada a la mayor brevedad. La solicitud de información pública solicitada no es la misma que se publica en la PCSP por los siguientes motivos: 1) Puede haber contratos y adjudicaciones que no se hayan publicado pero si se hayan ejecutado. 2) Una vez adjudicados y en ejecución, puede haber modificaciones en los contratos y por lo tanto los importes de adjudicación pueden ser mucho mayores o menores que los de ejecución. 3) Los contratos realmente ejecutados no tienen por qué coincidir con lo publicado en la adjudicación (pueden haberse extendido en el tiempo con o sin la preceptiva publicación) 4) Las personas ( pueden tener empresas que reciban adjudicaciones sin que dicha circunstancia aparezca reflejada en la PSCP. 5) El estado actual de cada contrato no está publicado (no se puede saber cuáles están terminados y cuales siguen en ejecución aunque sea mediante contratos menores o ampliaciones. 6) El porcentaje de subcontratación de cada contrato no se publica en la PSCP ni tampoco los subcontratistas empleados. Referente a la subcontratación, el INFORME ANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, MÓDULO IX: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y LA SUBCONTRATACIÓN de DICIEMBRE 2022 del OIRESCON ya advierte en la introducción que “Siendo la fase de ejecución de los contratos donde debe verificarse el correcto cumplimiento del objeto prestacional contratado, resultaría de vital importancia contar con una adecuada información sobre su seguimiento y control, si bien son escasas las cuestiones que durante dicha fase se someten a publicidad y se dan a conocer a los ciudadanos. En los anteriores IAS, esta Oficina ha constatado que ésta es una de las fases de la que menos información se dispone en todas las plataformas de contratación del conjunto del sector público, siendo la misma escasa y desigual. Sin embargo, éste es uno de los aspectos que más interés suscita entre los ciudadanos.” (…) “Por otro lado, durante la fase de ejecución de los contratos, entre otras cuestiones, es necesario comprobar el cumplimiento por parte del contratista de la prestación principal del contrato, con los estándares de calidad técnica convenidos, el respeto a las condiciones especiales de ejecución, la adscripción en su caso de los medios materiales y personales a los que se hubiere comprometido, o el cumplimiento de la normativa en materia de subcontratación en el supuesto de que ésta tuviera lugar. En este marco, los órganos de contratación cuentan con herramientas que pueden utilizar en caso de incumplimiento, tales como la imposición de penalidades o la resolución del contrato. Dichas actuaciones han de llevarse a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos. En otro orden de cosas, actualmente la información sobre subcontratación sigue siendo escasa, tal y como se ha expuesto por esta Oficina en los IAS 2019, 2020 y 2021. De hecho, una de las conclusiones de ambos IAS es la ausencia de información al respecto. Igualmente, durante la fase de ejecución de los contratos, podemos encontrarnos con situaciones en las que hayan de llevarse a cabo revisiones de precios, reajustes de anualidades, así como posibles modificaciones del contrato.” No obstante todo lo anterior, la resolución de acceso a la información es escueta y determinada (“que incluye la satisfacción en su totalidad de la solicitud realizada, y que pone fin a la vía administrativa”, SOLO se basa en un supuesto que ha sido el único que esta parte ha podido defender: “Por tanto, siguiendo lo contemplado por dicho articulado y al ser una información que se encuentra a su disposición en la Plataforma de Contratación del Estado, se le facilita para su consulta la página url Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) https://contrataciondelestado.es.” Por lo que no se ha facilitado en modo alguno la información solicitada y mucho menos en su totalidad 1. Han incumplido el plazo para resolver y solo lo han hecho tras tener constancia de la reclamación ante el consejo una vez sido denegada por silencio administrativo, lo que implica un fraude del procedimiento en perjuicio de esta parte. 2. Dado que la información solicitada no se encuentra publicada en el lugar indicado, se hace necesario que se obligue sin dilación al inmediato acceso a la información solicitada. Por lo que solicito se obligue a facilitar la información solicitada a la mayor brevedad». 4. Con fecha 13 de octubre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 31 de octubre de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) Primera. - La reclamante presenta queja indicando que la información solicitada la quiere desagregada, es decir, organizada por años y empresas, indicando que el hecho de buscarlas en la dirección web facilitada le supone una mayor dificultad. A este respeto es necesario indicarle que la Administración tiene la obligación legal de publicar la información relativa a los contratos menores “al menos trimestralmente”, tal como señala el apartado 4 del artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este sentido, esta Entidad Estatal, como parte de la Administración del Estado procedió a su cumplimiento con todo el alcance de lo pretendido por la reclamante y siendo así, se le facilitó la dirección electrónica de la Plataforma de Contratación del Estado, que reflejamos de nuevo https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. La existencia de esta Plataforma es servir de publicidad activa para el ciudadano, correspondiendo a éste la forma en que desea extraerla. Segunda. - Presenta, asimismo, queja sobre que el contrato adjudicado a “Mensajería Chamberí” en 2021, cuyo objeto fue el Transporte de Pan del Centro Penitenciario de Daroca al Centro Penitenciario de Teruel, no se encuentra en dicha Plataforma. Como hemos dicho, la obligación de publicación esta Entidad Estatal la tiene por cumplida, si bien es cierto que en el caso de este expediente hubo un error de nombramiento del expediente, habiendo introducido un dígito más que hace más dificultosa su búsqueda si lo que se filtra es por el número de expediente, pudiéndose de múltiples formas. Le indicamos que el número correcto de expediente por el que podrá acceder a la información requerida es: 20235006006. En vista de lo anterior, esta Entidad Estatal se ratifica en el contenido de la Resolución de 28 de septiembre de 2023, aludida al inicio, dando por cumplida en toda su extensión las pretensiones de la reclamante». 5. El 2 de noviembre de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 20 de noviembre de 2023, se recibió un escrito en el que se expone que: «La consulta se solicita por una investigación sobre la contratación pública con una serie de empresas con las que tenemos el convencimiento existe un más que probable trato de favor, una negociación prohibida por el ordenamiento jurídico entre licitadores y órgano de contratación y que a la vista de la información facilitada procederá su puesta en conocimiento a la fiscalía para su investigación o simplemente la comprobación de que solo son errores administrativos. Al no facilitarme la información solicitada, no puedo fiscalizar si hay contratos adjudicados y no publicados; no puedo saber en cuantos han cometido errores que dificultan o impiden su búsqueda y no puedo comprobar si, a la vista de los datos de que dispongo, han ocultado algún contrato adjudicado en la respuesta por transparencia. El órgano de contratación responde a la solicitud de documentación pública con la simple afirmación de que ya lo ha publicado en la plataforma, pero la consulta se realiza, porque tal y como hemos demostrado y demostraremos más adelante, hay contratos que no aparecen al ser buscados en dicha plataforma, por lo que se me traslada una labor ingente e imposible de realizar. No puede pretender el órgano de contratación que exponga todos los contratos de los que tengo conocimiento y no encuentro publicados para que ellos me indiquen los errores que han cometido en ellos o me los faciliten en caso de no haber sido publicados, quedando ocultos e impunes aquellos que desconozca o no consiga encontrar. Sobre las alegaciones vertidas por el órgano de contratación entendemos que: Primero, la solicitud realizada no VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS CONTRATOS PUBLICADOS (para esas empresas), se ha solicitado expresamente los listados de los contratos (REALIZADOS o ejecutados) por esas empresas CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYAN PUBLICADO O NÓ, es decir hay contratos que como han admitido están publicados con errores QUE DIFICULTAN O IMPIDEN SU BÚSQUEDA como el indicado de Daroca, no siendo un caso aislado, y hay contratos que por su importe no es obligatoria su publicación, por lo que es obvio que se me impide ejercitar mis derechos, así, el artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que alude de modo expreso a los contratos menores, reza del siguiente modo: “4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.” Segundo, afirman falazmente que el motivo de solicitar la información desagregada es facilitarme la búsqueda “indicando que el hecho de buscarlas en la dirección web facilitada le supone una mayor dificultad.” Realmente, la información se solicita desagregada para que sea comprensible, útil y pueda ser tratada, dado que temo que de conceder el acceso lo manden toso liado para dificultar o impedir su finalidad. Tercero, Se aportó en la reclamación el resultado que aporta la plataforma indicada por el órgano de contratación que adjunto nuevamente, se alegó que había contratos que no aparecían pese a realizar la búsqueda atendiendo a la identidad del adjudicatario, en el caso y solo como ejemplo “mensajería Chamberí”, el órgano de contratación reconoce que hay un error en el número de expediente del ejemplo aportado, pero tal y como dijimos y en ello nos reiteramos, era solo un ejemplo de entre muchos. Pondremos otro ejemplo nuevo, dado que tenemos conocimiento de otros contratos que no aparecen en la búsqueda atendiendo a la identidad del adjudicatario, pese a estar publicados en la plataforma como (A MODO DE EJEMPLO y no es el único) el transporte de pan desde el Centro Penitenciario de Segovia al Centro Penitenciario de Ávila, adjudicado el 7/7/2023 (adjunto documento de adjudicación publicado en la plataforma) que podrán comprobar, no aparece en los resultados de la búsqueda, dejando evidencia de la necesidad de que faciliten la información publicada. Así mismo y aparte de todo lo anterior, entendemos que aunque el órgano de contratación hubiera cumplido con su obligación de publicidad activa, ello no impide que deba facilitar la información solicitada por el derecho de acceso, máxime cuando hay errores y contratos que no aparecen al buscarlos atendiendo a la identidad del adjudicatario y cuando lo solicitado es superior a la obligación legal de publicidad activa. Existe ya un criterio interpretativo del Consejo de transparencia N/REF:CI/009/2015 de 12 de noviembre de 2015 que en sus conclusiones dice: “El hecho de que una información solicitada por cualquier persona se encuentre en publicidad activa, no exime de la obligación de dar una respuesta concreta en los plazos y condiciones que señale la ley.” Exponiendo que “4. Por su parte, el artículo 22.3 de la LTAIBG regula el supuesto genérico de que la información solicitada vía derecho de acceso haya sido objeto de publicación previa, supuesto que, indudablemente, incluye la publicación de esa información en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. En este sentido, señala que la resolución podrá limitarse a indicar el lugar o medio en que ésta se ha publicado. Así, resulta evidente que los redactores de la LTAIBG están admitiendo implícitamente la tramitación de un procedimiento de acceso referido a una información sometida al régimen de publicidad activa, introduciendo para estos casos la posibilidad (no la obligación) de que la resolución del mismo se limite a indicar el lugar o medio de publicación que, en todo caso, deberá ser objeto de una referencia explícita y determinada, no de una simple indicación genérica”. Es obvio que no se da el caso expuesto, dado que la respuesta ha sido una indicación genérica a una página genérica, cuando su resultado es totalmente impreciso». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al listado de todos y cada uno de los contratos (incluidos los menores) adjudicados y/o realizados desde el año 2015 por las cuatro empresas que se mencionan a cualquier Centro Penitenciario de España y/o a la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, con el nivel de detalle indicado. El Departamento ministerial requerido estimó la solicitud y facilitó al reclamante un enlace a la Plataforma de Contratación el Sector Público. En el trámite de alegaciones instado en el seno del procedimiento de reclamación, aquél se ratifica en el contenido de la resolución de 28 de septiembre de 2023 recurrida, dando por cumplida en toda su extensión las pretensiones de la reclamante. 4. Sentado lo anterior, no puede desconocerse, como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, que el Departamento concernido ha dictado resolución en la que acuerda conceder el acceso solicitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22.3 LTAIBG, aportando un enlace genérico al Portal de Contratación del Estado. La resolución de la reclamación ha de partir de la doctrina de este Consejo manifestada en ocasiones anteriores -entre las más recientes, las resoluciones R CTBG 311/2024, de 14 de marzo de 2024 y R CTBG 168/2024, y las que se citan en las mismas- según la cual ha de partirse de la necesidad de no confundir el alcance de las obligaciones de publicidad activa con el alcance del derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 12 LTAIBG, en la medida en que sus ámbitos no son coincidentes. Así, en los casos en que ante solicitudes de información sobre contratos la Administración resuelve remitir, ex artículo 22.3 LTAIBG, a la Plataforma de Contratación del Estado y al Portal de la Transparencia de la AGE, se ha señalado lo siguiente: «Desde la perspectiva apuntada conviene recordar, en primer lugar, la necesidad de no confundir el alcance de las obligaciones de publicidad activa con el alcance del derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 12 LTAIBG, pues no se trata de ámbitos coincidentes. Así, la existencia de previsiones específicas en la normativa sectorial de contratación que imponen determinadas obligaciones de publicidad activa, no incide en el alcance del derecho subjetivo de acceso a la información pública ni lo excluye respecto de aquella información que no sea objeto aquella publicidad. En este caso, ciertamente, el artículo 63.4 LCSP dispone que “[l]a publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario”, añadiendo que quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, en determinados supuestos. En esta línea, el artículo 8.1.a), primer párrafo in fine LTAIBG también prevé que “la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”. Sin embargo tales previsiones, se reitera, se establecen en el ámbito de la publicidad activa (fijando las obligaciones de publicidad que deben asumir los sujetos obligados) y no constituyen ni pueden configurarse como límites al ejercicio del derecho de acceso a la información». 5. En este caso se constata que no se ha proporcionado determinada información respecto de los contratos, sin que se haya cuestionado su carácter de información pública o alegado su inexistencia o falta de disponibilidad; y sin que se haya invocado la concurrencia de alguna causa de inadmisión de la solicitud ex artículo 18 LTAIBG o de algún ningún límite al acceso de los previstos en el artículo 14 LTAIBG. Es por ello que este Consejo considera que procede estimar la reclamación a fin de que se facilite el listado de contratos interesado con el desglose de la información solicitada para cada uno de ellos. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación interpuesta frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: Listado de todos y cada uno de los contratos (incluidos los menores) adjudicados y/o realizados desde el año 2015 hasta el momento de facilitar la información solicitada a cualquier Centro Penitenciario de España y/o a la ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO PUBLICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, por las siguientes empresas: - Mensajería Chamberí NIF […] - Total Ceo SL NIF […] - y/o las empresas que represente o sean de su propiedad. Desglosando el procedimiento empleado para su adjudicación, importe de adjudicación, el realmente pagado, fechas de inicio y final de cada contrato, porcentaje de subcontratación ejecutada en cada contrato, subcontratistas empleados y estado actual de cada contrato TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez