Reclamación por acceso a documentación sobre el incumplimiento de publicación de beneficiarios de fondos Next Generation EU y resultado estimatorio

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 14 de noviembre de 2023 la reclamante solicitó al entonces MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Copia de las actuaciones llevadas a cabo por la Ministra para cumplir con la obligación de publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeo Next Generation EU, que España ha incumplido al no publicarla, así como copia de los informes presentados a la Unión Europea justificativos de la falta de publicación de los S/REF:00001-00083905 N/REF:3273/2023 Fecha:La de firma. Dirección: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA). Información solicitada:Actuaciones referidas al listado de los 100 mayores beneficiarios de Fondos Europeos. R CTBG Número: 2024-0277 Fecha: 06/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente listados y copia de la documentación justificativa de las medidas adoptadas por la Ministra para solucionar la omisión de dicha publicación obligatoria». 2. El MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) dictó resolución de fecha 13 de diciembre de 2023 por la que concede el acceso a un enlace de la página web oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el que se incluye el listado de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation EU y diversa información sobre el reparto efectuado: «https://planderecuperacion.gob.es/noticias/100-mayores-perceptores-fondos- europeos-Next-Generation-EU-recibido-unos-5100-millones-euros-prtr» 3. Mediante escrito registrado el 20 de diciembre de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «Como se aprecia en la solicitud, en ningún momento se solicita el listado de los 100 mayores beneficiarios, sino los motivos por los cuales España ha incumplido la obligación de publicación en plazo del listado y copia de la documentación justificativa de dicho incumplimiento y de las medidas adoptadas por la Ministra, cuestiones sobre las que la resolución no se ha manifestado, entendiendo por tanto que la información no se ha facilitado». 4. Con fecha 27 de diciembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes; sin que, en el momento de elaborarse la presente resolución se haya recibido respuesta. R CTBG Número: 2024-0277 Fecha: 06/03/2024 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre documentación referida a las gestiones llevadas a cabo y las justificaciones que haya presentado España a la Unión Europea en relación con el incumplimiento de plazos por parte de nuestro país de la obligación de publicar el listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation EU. El Ministerio requerido dictó resolución en la que acuerda conceder el acceso proporcionando un enlace que dirige a la publicación del listado de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e información complementaria sobre el reparto efectuado. 4. Sentado lo anterior, tomando en consideración el tenor de la solicitud de acceso y la información facilitada por el Ministerio, se concluye que, efectivamente, tal y como señala la reclamante, no se satisface la pretensión ejercida —que no era la de acceder al propio listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos, sino a la documentación que plasme, por un lado, las justificaciones que haya presentado España a la Unión Europea en relación con el incumplimiento de plazos para llevar a cabo la publicación del listado de esos beneficiarios y, por otro, las actuaciones llevadas a cabo—. Respecto de esta cuestión, no consta pronunciamiento alguno en la resolución sobre si se dispone o no de la misma, ni se explica si hay algún impedimento a facilitar su entrega. 5. A lo anterior se suma que el Ministerio no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este proc edimiento. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa, en la práctica, a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Ahora bien, esta falta de respuesta real a la solicitud de acceso y, posteriormente, al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «[l]a Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intere ses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: “[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad». 6. Tomando en consideración lo hasta ahora expuesto, dado el carácter público de la información solicitada y que no se ha aportado a este Consejo argumentación alguna que pueda fundamentar que no se haya facilitado el acceso —sea por la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 LTAIBG o la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, sea por tratarse de información que no obra en poder del Ministerio; procede estimar la reclamación. I. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación planteada por frente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (ACTUAL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA). SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (ACTUAL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x «Copia de las actuaciones llevadas a cabo por la Ministra para cumplir con la obligación de publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeo Next Generation EU, que España ha incumplido al no publicarla, así como copia de los informes presentados a la Unión Europea justificativos de la falta de publicación de los listados y copia de la documentación justificativa de las medidas adoptadas por la Ministra para solucionar la omisión de dicha publicación obligatoria». TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (ACTUAL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA) a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez