Reclamación por falta de respuesta del Ministerio de Educación sobre documentación del programa Sensei de la Generalitat de Cataluña y resolución estimatoria

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de julio de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (actual MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « En relación al programa Sensei implantado por la Generalitat de Cataluña en el que se establece que el nuevo profesorado debe fomentar "los rasgos identitarios del sistema educativo catalán", y una vez que el comisario europeo de empleo y derechos sociales, ha advertido de que "los requisitos legales nacionales S/REF:00001-00081254 N/REF:2584/2023 Fecha:La de firma. Dirección: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES). Información solicitada:Programa Sensei de la Generalitat de Cataluña. R CTBG Número: 2024-0159 Fecha: 12/02/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente aplicables, incluido el uso de la lengua, deben ser supervisados por las autoridades educativas competentes del Estado miembro", SOLICITO: 1.- Copia de la documentación remitida a la Generalidad de Cataluña en el que se exija a los responsables del programa las modificaciones necesarias para adecuar el programa a la normativa vigente. 2.- Copia de los informes o cualquier otra documentación, cualquiera que sea su formato, que avalen la implementación del programa Sensei en Cataluña.» 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 28 de agosto de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. 4. Con fecha 29 de agosto de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes; lo que se efectuó mediante escrito recibido el 8 de septiembre de 2023 en el que se señala lo siguiente: « (…) El 1 de agosto de 2023 la solicitud se recibe en esta Secretaría de Estado de Educación, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la LTAIBG, para su resolución. 4. Sin embargo, según el artículo 20 de la misma Ley, el plazo mencionado se amplía, habida cuenta del volumen y la complejidad de la información solicitada. De todo ello, se informa a la ciudadana con fecha 29 de agosto de 2023. 5. Siendo así, el plazo para la resolución y notificación del expediente 001-081254 finalizaría el 1 de octubre de 2023.» 5. Concedido trámite de audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, el 25 de septiembre se recibe escrito en el que se señala: R CTBG Número: 2024-0159 Fecha: 12/02/2024 « (…) Lo cierto es que la pregunta de 18 de julio de 2023, y reclamada ante el CTBG el 28 de agosto, no tuvo actividad por parte del Ministerio hasta el día 29 de agosto, un día después de interpuesta la reclamación sin que tengamos notificación del inicio de tramitación. El Ministerio alega que se encuentra en plazo hasta el día 1 de octubre, por lo que, con suspensión del plazo para presentar alegaciones, solicitamos la suspensión de la tramitación de la presente reclamación hasta el mencionado día 1. Si no se produjese entonces resolución del Ministerio, lo comunicaríamos al CTBG a los efectos de que la resolución sea estimatoria formal, y se nos realice la entrega de la documentación, lo que en aras de la eficacia entendemos que sería la resolución más aconsejable; de igual modo, si la resolución no fuera favo rable, lo comunicaríamos al CTBG evitando así interponer una nueva reclamación..» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida al programa Sensei implantado por la Generalitat de Cataluña dirigido al profesorado. El Ministerio requerido no contestó en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación del artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, con ocasión de la remisión del expediente, pone de manifiesto que dictó resolución acordando la ampliación del plazo y que, como consecuencia de lo anterior, el plazo vence el 1 de octubre de 2023, habiéndose presentado la reclamación con anterioridad. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. En sus alegaciones ante este Consejo pone de manifiesto que la solicitud tuvo entrada en el órgano competente en fecha 1 de agosto de 2023 y que el 29 de agosto se acordó la ampliación de plazo en un mes, por lo que todavía no ha finalizado el plazo para resolver. Sobre este particular debe subrayarse, en primer lugar, el amplio tiempo transcurrido entre la fecha de la presentación de la solicitud y la fecha declarada de recepción en el órgano; tiempo que resulta a todas luces desproporcionado para la tramitación de una solicitud dentro de un mismo ministerio e incompatible con el principio de eficacia que según el artículo 103 de la Constitución ha de regir la actuación de la Administración Pública; dándose además la circunstancia de que no se comunicó a la solicitante que, en consecuencia, entendió desestimada su solicitud al haber transcurrido más de un mes desde su presentación. En segundo lugar, no puede obviarse que el acuerdo de ampliación de plazo se dictó transcurrido más de un mes desde que se presentó la solicitud —teniendo en cuenta que no se comunicó la entrada en el organismo competente a la reclamante— y que, además, se ha superado ya la fecha de 1 de octubre de 2023, sin que conste a este Consejo que se haya dictado resolución al respecto. Debe recordarse, en este punto, a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. A lo anterior se une que, más allá de las alegaciones referidas a la ampliación del plazo para resolver, el Ministerio no ha aportado fundamentación alguna referida al fondo de la cuestión. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «[l]a Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intere ses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: “[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2 013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad». 6. A la vista de cuanto antecede, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública, que la entidad reclamada no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (actual MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES). SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (actual MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: «1.- Copia de la documentación remitida a la Generalidad de Cataluña en el que se exija a los responsables del programa las modificaciones necesarias para adecuar el programa a la normativa vigente. 2.- Copia de los informes o cualquier otra documentación, cualquiera que sea su formato, que avalen la implementación del programa Sensei en Cataluña.» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (actual MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES) a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez