Reclamación sobre acceso al expediente de expropiación forzosa del Ayuntamiento de Atarfe con estimación parcial

Página1de 8 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 29 de mayo de 2023, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) Expediente completo de la resolución emitida por el Jurado Provincial de Expropiación, en sesión de fecha 16 de enero de 1990, referente a la expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento de Atarfe y resuelta por dicho jurado». 2. El MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL dictó resolución de 26 de junio en los siguientes términos: S/REF: N/REF:2427-2023 Fecha:La de firma. Dirección: MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA). Información solicitada:Expediente de expropiación. R CTBG Número: 2024-0117 Fecha: 01/02/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente «Es preciso indicar que los Jurados de Expropiación Forzosa resuelven la pieza separada del Justiprecio cuando no existe mutuo acuerdo entre beneficiario/administración expropiante y expropiado para la valoración de los bienes y derechos, dentro del expediente administrativo global relativo al procedimiento de expropiación, promovido e instruido por la administración expropiante, en este caso, el Ayuntamiento de Atarfe, a la que habrá de dirigirse para la obtención del expediente administrativo completo relativo a la expropiación que indica en su escrito. Respecto a la pieza separada de justiprecio que se instruyó en este Jurado, no existe ningún antecedente informático relativo a expedientes del año en cuestión (1990) y dadas las fechas transcurridas desde la finalización del expediente indicado, el mismo se encuentra archivado, en principio en el archivo general de esta Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, por circunstancias sobrevenidas, en este momento no es posible acceder al inmueble donde se ubica dicho archivo general, encontrándose su acceso precintado hasta tanto no se posibilite el acceso del personal al mismo. En consecuencia, y debido a la imposibilidad material de acceso al local donde se encuentra el archivo del Jurado Provincial de Expropiación y, por tanto, al expediente de justiprecio mismo objeto de su petición, no se puede atender la solicitud realizada, hasta tanto sean subsanadas las circunstancias que impiden el acceso al indicado local, momento en que el expediente en cuestión podrá ser localizado y su solicitud atendida, a la luz de los documentos que lo integren». 3. Mediante escrito registrado el 11 de julio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, al amparo de la normativa de transparencia, poniendo de manifiesto lo siguiente: «Esta parte solicitó la documentación de una expropiación resuelto por el Jurado Provincial de expropiaciones y se me contesta que “no es posible acceder al inmueble donde se ubica dicho archivo” por lo que no se puede atender mi solicitud sin darme una fecha para atender mi solicitud». La Autoridad andaluza remitió la reclamación a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), por razón de competencia y en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, en fecha 25 de julio de 2023, con entrada al día siguiente. R CTBG Número: 2024-0117 Fecha: 01/02/2024 4. Con fecha 28 de julio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 7 de agosto se recibió escrito en el que se señala: «(..)1.- Una vez recibido el escrito de solicitud de información, se recaba información del personal más antiguo del Jurado sobre la conservación de expedientes de más de treinta años y me manifiestan que es muy posible que los expedientes de esos años (1990) aún se conserven en el local donde se encuentra el archivo de la Subdelegación y, en consecuencia, del propio Jurado. 2.- En fechas anteriores, y por motivos distintos al que nos ocupa estrictamente, el Secretario que suscribe visita los locales del Archivo de la Subdelegación donde se encuentran los expedientes conservados en papel. Durante la misma, se constata que la puerta del local del archivo se encuentra precintada por riesgo para la seguridad y la salubridad debido a una rotura de la bajante de las viviendas situadas en las plantas superiores, que requieren obras de reparación y de la que es responsable la Comunidad de Propietarios de las viviendas existentes en la plantas superiores a la baja, donde se encuentran las dependencias indicadas de la Subdelegación (y el propio archivo), todo ello según manifestación de compañeros que trabajan en otros dependencias de la Subdelegación en el edificio. Esta situación ha motivado que se prohíba el acceso de los empleados de la Subdelegación al interior del local donde se encuentra el archivo, hasta tanto no se lleven a cabo las obras que resuelvan la causa que ha provoca esta situación de inseguridad e insalubridad. Esta situación no solo afecta al Jurado, sino a toda la Subdelegación cuyos expedientes se encuentran archivados en el mismo local. 3.- En días posteriores, la situación del archivo es confirmada por la responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Secretaria General, que me reiteran la imposibilidad de acceso hasta tanto se lleven a cabo las obras de reparación necesarias de las bajantes de las viviendas, así como la desinfección y limpieza del local por empresa especializada, que se llevarán a cabo próximamente. 4.- Ante la situación descrita y el inminente trascurso del mes de plazo para resolver la petición, con fecha 26 de junio le traslado al interesado la imposibilidad material de acceder a lo solicitado, junto al compromiso de la Secretaría del Jurado acerca de la localización y envío del expediente que obre en poder del Jurado en el momento en que las condiciones de acceso al local de archivo lo permitan. Esta es la razón por la que no se pudo indicar una fecha para atender a lo solicitado. 5.- Por lo tanto, la imposibilidad actual de acceso al expediente se ha trasladado al interesado, quedando pospuesto el fondo del asunto a que pueda efectuarse el acceso al local de archivo y se pueda identificar y localizar la documentación existente relativa al expediente resuelto en la Sesión del Jurado que el interesado indica en su escrito de solicitud. 6.- En cuanto a las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.3 LTAIBG, no han lugar por el momento hasta tanto se identifiquen los interesados del expediente de justiprecio y la información contenida en el mismo». 5. El 9 de agosto de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En el momento de elaborarse la presente resolución no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al expediente completo de la expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento de Atarfe, llevada a cabo en virtud de resolución del Jurado de Expropiación, a la que se hace referencia. El órgano requerido señala en su resolución: (i) que debe dirigirse al Ayuntamiento concernido para la obtención del expediente administrativo completo relativo a la expropiación; (ii) que se constata una imposibilidad material para facilitar la pieza separada instruida por el Jurado Provincial de Expropiación, puesto que se halla en el archivo general de esa Subdelegación del Gobierno, cuyo acceso no resulta posible debido al precintado del inmueble en el que se ubica, por cuestiones de seguridad y salubridad. Concluye que no se puede atender la solicitud realizada, hasta subsanación de las circunstancias indicadas, momento en que el expediente en cuestión podrá ser localizado y su solicitud atendida, a la luz de los documentos que lo integren. El interesado en su reclamación manifiesta su disconformidad con la resolución recibida, indicando que ni siquiera se le da una fecha en la que su solicitud pueda ser atendida. En fase de alegaciones ante este Consejo, el Ministerio indica que la situación de precintado del inmueble ha sido validada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Secretaria General, con el compromiso de localización y envío del expediente que obre en poder del Jurado en el momento en que las condiciones de acceso al local de archivo lo permitan, y en cuanto a las actuaciones para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.3 LTAIBG, señala que no habría lugar a las mismas hasta tanto se identifiquen los interesados del expediente de justiprecio y la información contenida en el mismo. 4. Centrado el objeto de debate en los términos señalados, y a la vista de lo indicado por el Ministerio en su resolución, en relación con una parte de la documentación solicitada —«la pieza separada del Justiprecio»—, deben valorarse las circunstancias extraordinarias a las que alude el Ministerio requerido. El precinto del edificio ordenado por la autoridad competente, validado por el propio Servicio de Prevención de riesgos del órgano, es una cuestión que, si bien ajena al derecho de acceso, no puede obviarse a la hora de su materialización determinando que, si bien la solicitud debe ser atendida, puesto que se refiere a documentación pública en el sentido del artículo 13 LTAIBG, su ejecución debe ser pospuesta en tanto persista la situación de riesgo, no solo para los empleados que prestan sus servicios en el archivo sino para cualquiera que vulnere el citado precinto. Consecuentemente, y aunque el precintado del edificio en el que se ubica el archivo general donde se custodia la documentación interesada, no es óbice para el reconocimiento del derecho, su satisfacción ha de verse pospuesta en tanto se mantenga la prohibición de acceso al inmueble acordada por las autoridades competentes. Dicho lo anterior, no puede desconocerse que la Administración ha asumido el compromiso de atender la solicitud una vez se solucionen los problemas detectados y se habilite nuevamente el acceso al edificio, y en este sentido, teniendo en cuenta que la realización de las obras para recuperación del inmueble es una cuestión ajena al presente procedimiento, no cabe pronunciamiento alguno respecto a fechas o plazos, debiendo recordarse a la Administración que la documentación deberá entregada a la mayor brevedad una vez se habilite el acceso al archivo. Es por ello que procede desestimar la reclamación en este punto. 5. Sentado lo anterior, debe tenerse en cuenta que hay una gran parte de la información solicitada que no se ve afectada por la problemática arriba descrita, ni por las circunstancias de imposibilidad material temporal para su entrega alegadas. Se trata de «todo el expediente relativo al procedimiento de expropiación, promovido e instruido por la administración expropiante», que, según la Administración requerida, obra en poder del Ayuntamiento de Atarfe, y en relación con el cual indica al reclamante que debe dirigir su solicitud a dicho órgano. Tal respuesta no tiene en cuenta la previsión del artículo 19.1 LTAIBG según cuyo tenor «[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante». En consecuencia, es al propio Ministerio al que compete tramitar la remisión —a fin de que se dé respuesta a la solicitud de información— y no al ciudadano, que se vería abocado a iniciar un nuevo procedimiento de solicitud de información. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia (STS) de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) en la que señala que «(…) los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevén los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión “deberá indicar” en la resolución el órgano que, “a su juicio”, es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo “remitirá al competente”, si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante (artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso. Como se ve, en ninguno de los dos casos la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente.» 6. Teniendo en cuenta lo anterior, procede estimar en este concreto punto la reclamación y ordenar la retroacción de actuaciones a fin de que el Ministerio dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19.1 LTAIBG y remita la solicitud de información al Ayuntamiento de Atarfe. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. SEGUNDO: ORDENAR la retroacción de actuaciones e INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA) a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso recibida al AYUNTAMIENTO DE ATARFE en la parte que es de su competencia, informando de ello al reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL (actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA) a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez