Reclamación por denegación de acceso a información sobre viajes y gastos del Presidente y altos cargos de Presidencia del Gobierno

Página1de 12 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de mayo de 2023 el reclamante solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «(…) Solicito un listado de todos los viajes realizados por el presidente del Gobierno y altos cargos de Presidencia del Gobierno a cargo de Presidencia del Gobierno, desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, indicando el objeto del viaje, el origen, el destino, la fecha de inicio, la fecha de fin y los gastos en que se haya incurrido, ya sean de desplazamiento, alojamiento o manutención, y sean gastos asociados al titular del cargo o a sus acompañantes (miembros de su gabinete, escoltas). S/REF:001-079527 N/REF:2133-2023 Fecha:La de firma Dirección: aría General de Presidencia del Gobierno. Información solicitada:Listado viajes presidente del Gobierno y altos cargos. R CTBG Número: 2024-0091 Fecha: 25/01/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente Solicito toda la información en formato reutilizable tipo .csv o .xls siempre que sea posible». 2. La SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO dictó resolución con fecha 9 de junio de 2023 en la que se inadmite la solicitud al considerar de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.1.e) LTAIBG en los términos siguientes: «Se informa que no se recopila en un único documento o contenido la información solicitada respecto de todos los viajes realizados por el Presidente del Gobierno, los altos cargos de Presidencia del Gobierno y sus acompañantes, por lo que no hay un único registro a consultar del cual se pueda extraer tal información. Por lo tanto, para satisfacer la solicitud, se habría de recopilar información obrante en varios departamentos de la Presidencia del Gobierno, y dentro del conjunto de la información obtenida, analizar viaje por viaje aquellos datos que pudieran verse afectados por alguna de las causas de denegación o de inadmisión previstas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Todo ello, además, dada la amplitud del espacio temporal que abarca la información solicitada, implica que recopilar la información sobre el objeto, origen, destino, fechas y gastos totales referente a todos y cada uno de los viajes, en cualquier medio de transporte, que han realizado el Presidente del Gobierno, los altos cargos de Presidencia del Gobierno del Gobierno y sus acompañantes desde “el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad”, requeriría una actividad que paralizaría la actividad normal del órgano encargado de la tramitación de la solicitud así como de los distintos departamentos que poseen la información, impidiendo la gestión ordinaria de sus tareas, la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público encomendado. Es por ello que, en aplicación del artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la solicitud ha de ser inadmitida a trámite. Todo ello acorde a lo manifestado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo 3/2016 de 16 de julio. Adicionalmente, se informa que los viajes realizados por el Presidente del Gobierno son públicos en tanto que son objeto de publicidad activa a través de la página web de La Moncloa. En esta página se incluye un enlace a la “Agenda del Gobierno” donde se pueden encontrar, organizadas por fechas, las actividades en las que participa el Presidente del R CTBG Número: 2024-0091 Fecha: 25/01/2024 Gobierno, entre las que se incluyen los viajes, con indicación del destino, el motivo del viaje y todos aquellos otros datos que pudieran ser de interés público. Esta información se encuentra disponible en el siguiente enlace: 3. Mediante escrito registrado el 14 de junio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «(…) En la resolución emitida el 9 de junio han denegado el acceso a la información solicitada. La resolución emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno indica que "no hay un único registro a consultar del cual se pueda extraer tal información", que habría que "analizar viaje por viaje aquellos datos que pudieran verse afectados por [...] la Ley 19/2013" y se "requeriría una actividad que paralizaría la actividad normal del órgano encargado de la tramitación de la solicitud". La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no indica cómo se "paralizaría la actividad normal del órgano encargado de la tramitación de la solicitud" de forma detallada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha establecido en su criterio interpretativo Cl/007/20 que el órgano tiene que justificar cuáles son los motivos concretos (materiales, jurídicos, organizativos, funcionales o presupuestarios) por los que se inadmite la solicitud de transparencia. La Administración estima conocer la información solicitada por el reclamante, sin embargo, remite a los datos que se encuentran publicados en el siguiente enlace [https://www.lamoncloa.gob.es/gobier no/agenda/Paginas/index.aspx]. En estos no está recogida la información que se referencia en la solicitud de transparencia relativa a "los gastos en que se haya incurrido, ya sean de desplazamiento, alojamiento o manutención, y sean gastos asociados al titular del cargo o a sus acompañantes (miembros de su gabinete, escoltas)". Por ello solicito que se estime mi reclamación y se inste al Ministerio de la Presidencia a entregarme lo que había solicitado. Por último, recordar que inmediatamente antes de resolver solicito una copia completa del presente expediente, incluidas las alegaciones de la Administración, para que yo como reclamante pueda alegar lo que estime oportuno». 4. Con fecha 15 de junio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al entonces MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes. El 13 de diciembre de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) La solicitud de acceso a la información pública fue inadmitida a trámite en aplicación del artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al considerar que su contenido excede la finalidad de transparencia de la Ley, por su carácter abusivo, en los términos del citado artículo, de acuerdo con el criterio de interpretación que de este precepto ha emitido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Criterio 3/2016). Así, en primer lugar, es preciso dimensionar el tamaño de la información solicitada, a través de la petición de “un listado de todos los viajes realizados por el presidente del Gobierno y altos cargos de Presidencia del Gobierno a cargo de Presidencia del Gobierno, desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad”. En este sentido, la actividad ordinaria del Presidente de Gobierno requiere constantes viajes, tal y como se desprende de la información recogida en su agenda, accesible en la página web de la Moncloa. Por lo tanto, la información requerida sobre la actividad del Presidente del Gobierno en un período de más de cinco años recae sobre una cantidad de viajes que cabe estimar en cientos, si se entiende por tales todas aquellas actividades del Presidente del Gobierno que hayan requerido un desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid o, más aún, si se considera que hayan de incluirse todos los desplazamientos fuera de la ciudad de Madrid. Por otro lado, la dimensión de la información solicitada abarca, además, todos los viajes de todos los altos cargos de la Presidencia del Gobierno que hayan ocupado un puesto de tal rango en la organización en los últimos cinco años y cuatro meses, y siempre teniendo en cuenta la estructura que han descrito los diversos reales decretos de estructura de la institución en vigor en dicho período. El número de viajes que ello abarcaría es desconocido, pues no se recogen de manera formal los detalles de las agendas de todos los altos cargos. Siendo así, habría que escudriñar la información existente en cada uno de los servicios de secretaría que hayan prestado asistencia a un alto cargo en Presidencia del Gobierno en los últimos cinco años y cuatro meses para tratar de identificar los viajes realizados y, aun así, sería difícil afirmar que el dato incluye el total de viajes efectuados. Una vez dimensionada hasta aquí la enorme cantidad de información sobre la que versa la solicitud, ante la petición de información sobre todos los viajes del Presidente del Gobierno y de todos los altos cargos de la organización en más de cinco años, se ha de tener en cuenta el detalle de información que sobre los mismos se solicita. A este respecto cabe destacar que se solicitan todos los gastos, desglosados por conceptos, de los cientos de desplazamientos que hayan podido ser identificados como hasta ahora se ha descrito, del Presidente del Gobierno, de todos los altos cargos de Presidencia del Gobierno y de todos sus acompañantes en cada uno de ellos, en los últimos cinco años y cuatro meses. Además del detalle de gastos de los cientos de desplazamientos que abarcaría la solicitud, se requiere un listado completo con el objeto del viaje, origen, destino y fechas tanto de inicio como de fin. Por lo tanto, habida cuenta de la dimensión de la información solicitada, durante un largo período de tiempo de más de cinco años y del detalle que sobre la misma se reclama, la admisión a trámite de la solicitud implicaría paralizar el servicio de la unidad encargada de la administración económico-financiera y presupuestaria y de personal de la Presidencia del Gobierno durante un período considerable, impidiendo la atención de sus funciones reglamentariamente establecidas y, con ello, la atención del servicio público encomendado. Téngase en cuenta, además, que, de toda la información disponible, una vez recopilada, sería preciso realizar un análisis viaje por viaje para limitar, total o parcialmente, su acceso cuando las circunstancias tasadas en la ley lo determinan, por motivos, entre otros, como el perjuicio a la seguridad nacional o la necesaria protección de los datos personales. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta justificado inadmitir la solicitud de acceso a la información pública objeto de esta reclamación, en tanto que el carácter amplísimo de la información solicitada y el nivel de detalle exigido sobre la misma sobrepasan la finalidad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al resultar, en términos de la misma, abusivo cualitativamente en tanto que su admisión a trámite provocaría la paralización de los servicios de Presidencia del Gobierno que resultarían encargados de recopilar y tratar la información para dar respuesta a la solicitud». 5. El 14 de diciembre de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En el momento de elaborarse la presente resolución no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre los viajes institucionales realizados por el presidente del Gobierno y altos cargos de Presidencia del Gobierno, desde el 1 de enero de 2018, hasta la actualidad. La Secretaría General de Presidencia del Gobierno dictó resolución inadmitiendo la solicitud al considerar de aplicación la causa prevista en el artículo 18.1.e) LTAIBG, al basarse en lo siguiente: (i) la información solicitada no se recopila en un único documento o contenido y no hay un único registro a consultar del que extraer la información; (ii) habría que recopilar información obrante en varios departamentos de Presidencia del Gobierno y analizar viaje por viaje los datos que pudieran verse afectados por alguna causa de denegación de las previstas en la LTAIBG; (iii) el amplio espacio temporal requiere de una actividad que paralizaría la actividad normal del órgano encargado de tramitación de la solicitud y de los distintos departamentos que poseen la información. Finalmente, en la propia resolución de inadmisión se alude a que en el caso de los viajes realizados por el presidente del gobierno son objeto de publicidad activa a través de la página web de La Moncloa, en la que se incluye un enlace a la denominada “Agenda del Gobierno” en la que se pueden encontrar, organizados por fechas, las actividades en que participa el presidente entre las que constan los viajes con indicación del destino, motivo y demás datos que pudieran ser de interés público. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, con carácter preliminar procede recordar que el mismo interesado ha formulado a diferentes Departamentos ministeriales idéntica solicitud que la que constituye el objeto de esta reclamación dando lugar a cinco resoluciones de esta Autoridad Administrativa Independiente. En efecto, atendiendo al sentido de las mismas debe mencionarse, en primer lugar, que las resoluciones con referencia R CTBG 930/2023, 931/2023 y 932/2023, todas ellas de 6 de noviembre de 2023, y R CTBG 994-2023, de 20 de noviembre de 2023, estimaron por motivos formales las reclamaciones planteadas dado que los Departamentos ministeriales concernidos, tras aplicar la ampliación del plazo para resolver contemplado en el artículo 20.1 LTAIBG y atendido el volumen de lo solicitado, facilitaron de forma tardía la información de la que disponían sin que el reclamante formulase objeción alguna en el trámite de audiencia concedido. Todos los Ministerios facilitaron información sobre el origen, destino, objeto, fecha de inicio y fecha de fin, costes de desplazamiento, alojamiento y manutención de los viajes realizados por los distintos altos cargos de cada uno de ellos -13 en el caso del Ministerio del Interior, 9 del entonces Ministerio de Cultura y Deporte, 40 del Ministerio de Defensa y 10 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, respectivamente-. Mientras que, en segundo lugar, la R CTBG 0918-2023, de 31 de octubre, relativa a una resolución de concesión parcial del Ministerio de Justicia, procedió a estimar la reclamación. 5. Sentado lo anterior, corresponde verificar la efectiva concurrencia de la causa prevista en el artículo 18.1.e) LTAIBG, según la cual, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que «sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». A la hora de aplicar este precepto, es necesario tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha señalado que «la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley» (STS de 12 de noviembre de 2020 -ECLI:ES:TS:2020:3870). Por tanto, la resolución que inadmita una reclamación con fundamento en el artículo 18.1.e) LTABIG debe justificar, por un lado, el carácter abusivo de la reclamación, por incurrir en un abuso de derecho conforme al artículo 7 del Código Civil (acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero,) y, por otro, la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia, sin que para ello resulte suficiente para afirmar tal circunstancia la persecución de un interés meramente privado. 6. Para estimar que el ejercicio de un derecho tiene carácter abusivo se tendrá que acreditar que se dan los presupuestos establecidos por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, que el propio Tribunal sistematizó en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia de 15 noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6592) en los siguientes términos: «La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº. 1820/2000) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (Sentencias de 8 de julio de 1986 , 12 de noviembre de 1988 , 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996 ); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)». Ninguna de las referidas condiciones de carácter subjetivo y objetivo se han justificado ni se aprecian en la solicitud realizada. Ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal. En consecuencia, no se puede considerar justificado el carácter abusivo de la solicitud. En efecto, ni el lapso temporal sobre el que se solicita la información ni el volumen de lo solicitado son circunstancias que determinen por sí mismas la aplicación de una causa de inadmisión con las graves consecuencias que de ello se derivan para el ejercicio del derecho de acceso. La LTAIBG provee de mecanismos procedimentales para que los destinatarios de las solicitudes de acceso -los sujetos obligados- solventen dudas e incertidumbres que puedan suscitarse a partir de los términos en que estén redactadas las solicitudes de acceso. Así, el artículo 19.2 LTAIBG dispone que «[c]uando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución»; mientras que el artículo 20.1, párrafo segundo, prevé que el plazo de 1 mes para dictar resolución «podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Por otra parte, tampoco se aprecia una falta de justificación en la finalidad de la ley puesto que conocer el destino, objeto y coste de los viajes del presidente del gobierno y de los altos cargos de Presidencia del Gobierno tiene una indudable conexión con las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG: someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En definitiva, la información solicitada reúne las características que establece el artículo 13 LTAIBG para calificarla como información pública y el conocimiento de la misma entronca directamente con los fines de la transparencia pública, por lo que no se aprecian razones jurídicas que permitan denegar el acceso en aplicación del artículo 18.1.e) LTAIBG. 7. A mayor abundamiento, tampoco puede entenderse justificada la aplicación de la causa de inadmisión de la letra c) del artículo 18.1 LTAIBG según la cual se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes «[r]elativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración» y que, si bien no se invoca directamente, sí se alude a ella indirectamente por el órgano requerido. Sobre la interpretación y la aplicación de esta causa de inadmisión existe ya una consolidada jurisprudencia de los tribunales y hay numerosos pronunciamientos de este Consejo. En este sentido, conviene volver a recordar que ya en el año 2017 el Tribunal Supremo estableció que «La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c/ de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información.» (STS de 16 de octubre de 2017 - ECLI:ES:TS:2017:3530, doctrina reiterada en otras posteriores). Y, en particular, por lo que se refiere al alcance de la mencionada cláusula, el Tribunal Supremo ha precisado que «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Entre los motivos que confieren un carácter complejo al tratamiento previo de la información, el Tribunal admite el de que haya que «volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», y el derivado de que la información solicitada «se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos» (STS de 3 de marzo de 2020 -ECLI:ES:TS:2020:810). Por su parte, la Audiencia Nacional también se ha pronunciado sobre el sentido de la cláusula que nos ocupa, fijando la siguiente doctrina: «Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia habla de que se inadmitirán las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, no puede abarcarse los supuestos en los que la información se contenga en expedientes administrativos concretados por el solicitante, pues esto colisiona con el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal manera que si toda petición que conllevara extraer información de un expediente identificado que no esté ordenada fuera rechazada, el derecho a la información quedaría gravemente constreñido. Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico». Pues bien, la aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta al caso que nos ocupa obliga a concluir que no se dan los presupuestos necesarios para considerar aplicable la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) LTAIBG. Ni los datos solicitados tienen un carácter complejo, ni la información se halla dispersa y diseminada en poder de varios órganos. Antes, al contrario, la información solicitada forma parte de determinada documentación administrativa y contable que ha tenido que ser objeto tratamientos previos en cumplimiento de la normativa vigente y ha de encontrarse ubicada en expedientes concretos e identificados en poder del órgano requerido. Por otra parte, el hecho de que abarque varios años y revista cierto volumen no puede considerarse motivo suficiente para denegar el acceso sino, en su caso, para ampliar el plazo de resolución con arreglo a lo previsto en el artículo 20.1 LTAIBG. Finalmente, con independencia de que, como ha advertido varias veces este Consejo y avalado el Tribunal Supremo, las tareas de anonimización no integran el supuesto de reelaboración, a la vista del contenido de la información solicitada, no se aprecia que sea necesario un tratamiento previo de anonimización, pues los únicos datos personales incluidos conciernen a altos cargos y, en estos supuestos, prevalece el derecho de acceso a la información pública. Todo ello determina que las tareas de extracción y preparación de la información que en este caso se precisan para atender la solicitud de acceso no revisten la complejidad exigida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ser consideradas “una acción previa de reelaboración” e integrar la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la LTAIBG. 8. En consecuencia, por las razones expuestas, la reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 20 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Listado de todos los viajes realizados por el presidente del Gobierno y altos cargos de Presidencia del Gobierno a cargo de Presidencia del Gobierno, desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, indicando el objeto del viaje, el origen, el destino, la fecha de inicio, la fecha de fin y los gastos en que se haya incurrido, ya sean de desplazamiento, alojamiento o manutención, y sean gastos asociados al titular del cargo o a sus acompañantes (miembros de su gabinete, escoltas). TERCERO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez