Reclamación sobre el acceso al estado de un procedimiento de coeficientes reductores de jubilación desestimada por aplicación de la normativa procedimental especial

Página1de 6 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 15 de enero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Situación en que se encuentra la solicitud para la obtención de coeficientes reductores en la edad de jubilación al amparo del Real Decreto 1698/2011, según procedimiento en el establecido, ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con número de registro REGAGE21e00006947232, con fecha 7 de mayo de 2021». S/REF:001-075898 N/REF:2064-2023 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada:Estado de una solicitudtramitada al amparo del RD 1698/2011, de 18 de noviembre, referente al establecimiento de coeficientes reductores y anticipación de la edad de jubilación. R CTBG Número: 2024-0001 Fecha: 08/01/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2. EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES dictó resolución con fecha 17 de febrero de 2023 en la que contestó al solicitante lo siguiente: «(…) Esta Dirección General considera que no procede conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud realizada por D. (…), de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Transparencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (…) Por tanto, es preciso aclarar que, en ambos supuestos, el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, es la normativa reguladora especial del procedimiento administrativo sobre el que se pide información. Es decir, el acceso a la información solicitada se rige conforme a la norma específica señalada y la condición de interesada debe acreditarse conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común en el procedimiento administrativo en curso, y no a través del cauce establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En definitiva, la petición de información se debe solicitar conforme al artículo 4 de la ley 39/2015, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la normativa reguladora propia del Real Decreto de coeficientes reductores (Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social)». 3. Mediante escrito registrado el 9 de junio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, calificado erróneamente por el reclamante como recurso de reposición, en la que pone de manifiesto lo siguiente: «(…) PRIMERO. – La causa de inadmisión se remite a la Disposición Adicional Primera de la Ley de Transparencia 19/2013 de 9 de diciembre, por considerar que el solicitante no posee la condición de interesado en un procedimiento en curso a los documentos que se integren en el mismo. R CTBG Número: 2024-0001 Fecha: 08/01/2024 Que se establece por la Administración que el acceso a la información solicitada se rige conforme a la norma específica señalada (RD 1698/2011 de 18 de noviembre) y la condición de interesada debe acreditarse conforme a la ley 39/2015. (…) Es por ello que, en base a cualquiera de las dos normas, la persona que inicia el procedimiento administrativo posee la condición de interesado, por lo que al inadmitir la solicitud se incurre en la vulneración de la normativa vigente y la inadmisión queda vacía de fundamentación jurídica. SEGUNDO. - Que tanto el Real Decreto Ley 1698/2011 como el artículo 4 de la Ley 39/2015, reconocen la condición de interesados a las organizaciones sindicales en cuanto que defiendan derechos colectivos. Del contenido de solicitud se desprende claramente que se solicita el reconocimiento a los trabajadores afectados por el convenio vigente, el beneficio de la reducción en la edad mínima de la jubilación por razón de trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos e insalubres, por lo que la información debió haberse trasladado al solicitante. TERCERO. - Que la solicitud se realizó en nombre y representación del sector del ciclo integral del agua de CCOO de Madrid y la parte solicitante no fue requerida a los efectos de que fuera subsanado el supuesto defecto formal de no acreditar la condición de interesado a los efectos del artículo 4 de la ley 39/2015, lo cual se genera una grave indefensión imposibilitando una adecuada defensa al inadmitir la solicitud registrada, vulnerándose el artículo 5.6 de la Ley 39/2015. (…)». 4. Con fecha 14 de junio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 6 de julio de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) 1. En la resolución dictada por esta Dirección General sobre la petición de acceso a la información pública, se comunicaba la denegación de su solicitud basándose en lo establecido en la D.A. 1ª de la Ley 19/2013. 2. A tal efecto, esta Dirección General considera necesario manifestar que la condición de interesado en el procedimiento no se refiere tanto a que no demuestre tal condición aportando la documentación oportuna, sino a que existe un procedimiento establecido al efecto para resolver dicha cuestión y, es en ese marco, donde se debe establecer la condición de interesado en la solicitud de acceso a la información. Es decir, el acceso a la información solicitada y su petición de acceso a la misma se rige conforme a la norma específica señalada y la condición de interesado debe acreditarse/probarse conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común en el procedimiento administrativo en curso, y no a través del cauce establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al estado de un procedimiento tramitado al amparo del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. El organismo requerido resolvió inadmitir la solicitud en aplicación de la Disposición adicional primera LTAIBG, primer apartado, aclarando que el acceso a la información pretendida debe solicitarse en el marco del procedimiento de solicitud de jubilación anticipada regulado en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre; procedimiento en curso en el que deberá acreditar su condición de interesado conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 4. Sentado lo anterior, y por lo que respecta a la invocación por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) de la Disposición adicional primera, apartado primero, de la LTAIBG –«[l]a normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo»—, este Consejo ya ha señalado que esta previsión (de la aplicación preferente de la normativa reguladora del procedimiento administrativo de que se trate) se proyecta sobre aquellos supuestos en los que, existiendo un procedimiento en curso, el solicitante de la información tiene la condición de interesado y solicita información que pertenece o se integra en aquel. Tales requisitos concurren en el presente caso, pues (i) se solicita información acerca de un concreto procedimiento administrativo —el contemplado en los artículos 10 y ss. del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social—; (ii) en el que el reclamante tiene la condición de interesado, según consta en la documentación obrante en el expediente, y (iii) que aún no ha concluido. Por tanto, en este caso, el acceso a la información relativa al estado de tramitación del expediente habrá de realizarse en el seno de ese procedimiento y con arreglo a la normativa que resulte de aplicación —en este caso, los artículos 10 y ss. del mencionado Real Decreto, así como el artículo 53 LPAC que reconoce el derecho de los interesados a «conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados»—. 5. En conclusión, con arreglo a lo expuesto, procede la desestimación de la reclamación al resultar de aplicación lo dispuesto en la Disposición adicional primera, primer apartado, de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez