Solicitud de informe pericial de valoración de daños a Consorcio de Compensación de Seguros, denegada por considerarse interno y de interés privado, y estimada por el Consejo de Transparencia

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 23 de febrero de 2025, la persona reclamante solicitó al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS la siguiente información: «(…)Primero de todo, les reclamo el informe de Pericial que mencionan en su escrito. Dado que es un documento fundamental para poder ejercer la defensa de mis derechos. Según las condiciones particulares y generales de mi seguro, el jardín privado que colinda con la escorrentía donde se han generado los daños está asegurada y con seguro al día. El hecho causante de los daños fue el fenómeno extraordinario de las lluvias que generaron los daños en el muro de contención natural, tras un incremento del caudal completamente extraordinario. Que anteriormente existiera un deterioro del terreno por motivos desconocidos o por las crecidas ordinarias de la escorrentía, no puede ser motivo para excluir de responsabilidad civil de los daños ocasionados por el hecho causante. Dado que los ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. 18.1.e) LTAIBG. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b daños extraordinarios han sido considerables debido al hecho causante, por lo que el consorcio no tiene justificación para no compensar debidamente estos daños por fenómeno atmosférico extraordinario. En caso de que el consorcio persista en su postura, deberán de indicar el procedimiento o a qué entidad judicial me debo de dirigir para poder ejercer la defensa de mis derechos». [Esta petición fue reiterada presencialmente con fecha 7 de abril de 2025, que concluyó —según ha expresado la persona solicitante— en la denegación del acceso]. 2.Consta asimismo en el expediente que con fecha 24 de abril de 2025, ante la negativa a facilitar el informe pretendido, la persona interesada presenta reclamación con el mismo objeto ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 3.En fecha 9 de junio de 2025, el Servicio de Atención al Asegurado responde lo siguiente: «En respuesta a su reclamación, planteada ante este Servicio de Atención al Asegurado de fecha 24 de abril de 2025, le indicamos que, una vez revisada la información y documentación de su expediente la misma ha sido estimada. Esta Entidad le informa que los informes periciales elaborados, previo encargo, a los gabinetes periciales colaboradores del Consorcio de Compensación de Seguros, son documentos de carácter interno y que no están sujetos a su distribución. Ello no obsta a que, en aras de la transparencia, se facilite información suficiente al asegurado sobre las causas de denegación (…)». 4.Mediante escrito registrado el 13 de julio de 2025, la persona solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 LTAIBG en la que pone de manifiesto que «se admite la reclamación, pero siguen sin enviar el documento solicitado». 5.Con fecha 15 de julio de 2025, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 18 de agosto de 2025 tuvieron entrada en este Consejo los siguientes G ú o - documentos: la solicitud de acceso, de fecha 28 de julio de 2025, reiterando la petición del informe del perito descrito y la resolución del Ministerio dictada con fecha 13 de agosto de 2025, que expresa lo siguiente: «Una vez analizada la solicitud, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones resuelve que la petición recibida a través del Portal de Transparencia no es propiamente una "solicitud de acceso a la información", en el sentido que dicha expresión tiene en el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La finalidad que se persigue con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre es la contenida en su Preámbulo, que establece que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Lo solicitado por el reclamante incide en su esfera estrictamente personal – informe pericial de valoración de daños de su vivienda - y tal y como argumentó el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Resolución número 0285/2017, de 7 de septiembre de 2017, dictada frente a esta misma Entidad, no tiene una relación directa con las finalidades perseguidas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, sino que su intención es conocer el contenido de un expediente con efectos meramente privados, por lo que se desvía de las finalidades establecidas en la norma. En este sentido, el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, al referirse a las causas de inadmisión, indica que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que tengan un carácter no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se resuelve inadmitir la solicitud a trámite, por no ser objeto de la Ley de Transparencia. Adicionalmente a lo anterior, indicamos que la reclamante ha presentado ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, reclamación con el mismo objeto (expediente número el cual se encuentra en trámite y pendiente de resolución por ese Servicio de Reclamaciones». 6.El 18 de agosto de 2025, se concedió audiencia a la persona reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que, habiendo comparecido a la notificación, haya presentado observación alguna. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al informe elaborado por un perito del Consorcio de Compensación de Seguros con motivo de los daños ocasionados en la vivienda de la persona reclamante a consecuencia de la irrupción de fenómenos atmosféricos adversos. La persona solicitante —tras sucesivos intentos por acceder al informe pretendido sin éxito— acudió al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos Pensiones para demandar la entrega del documento. Este organismo respondió que los informes periciales como el que nos ocupa son documentos de carácter interno que no son susceptibles de distribución. Disconforme con lo expuesto, la solicitante presentó la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG ante el Consejo y puso de relieve la falta de entrega del citado informe. Con posterioridad, registró una nueva solicitud de acceso con idéntico contenido, que el Ministerio acordó inadmitir con fundamento en el artículo 18.1.e) LTAIBG al considerar que lo solicitado se encuadra en el ámbito exclusivamente privado, por lo que resulta ajeno a la finalidad de transparencia contemplada en la LTAIBG. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió a la persona solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.Sentado lo anterior, corresponde valorar si puede predicarse el citado carácter interno respecto a los informes periciales elaborados por el Consorcio de Compensación de Seguros como fundamento para denegar el acceso. Conviene recordar, en este punto, que «[l]a formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información»—por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:35309)—. Desde esta perspectiva, el artículo 18.1.b) LTAIBG prevé la posibilidad de inadmitir las solicitudes «referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas». Y como ha subrayado este Consejo en numerosas ocasiones la apreciación del carácter auxiliar o de apoyo ha de realizarse desde una perspectiva sustantiva (atendiendo a la verdadera naturaleza de la información) y no formal (denominación). Entre las circunstancias cuya concurrencia permite aplicar la causa de inadmisión del artículo 18.1.b) LTAIBG, el Criterio interpretativo 006/2015, de 12 de noviembre, de este Consejo contempla las siguientes: (i) que la información contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad; (ii) se trate de un texto preliminar o borrador, sin la consideración de final; (iii) se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud; (iv) se trate de comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento; y (v) se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final. También se advierte, siendo esta advertencia determinante, que en ningún caso tendrá la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo aquella que «tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad política del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación». En este sentido, debe subrayarse que los informes auxiliares «son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados»—Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 25 de julio de 2017 (ECLI:ES:AN:2017:3357)—. A la vista de lo expuesto, se desprende con evidencia que el informe solicitado no tiene un carácter interno ni se le puede atribuir un papel secundario e irrelevante en la tramitación del expediente en la medida en que su razón de ser es determinar cuestiones esenciales que han de ser informadas —valoración de los daños causados en la vivienda de la persona reclamante generados por una climatología adversa y, en su caso, el resarcimiento por los hechos acontecidos— y por tanto resulta fundamental para comprender qué criterios son considerados para la adopción de las decisiones que afectan a la ciudadanía. 6.Por lo que concierne a las alegaciones presentadas por el Ministerio, debe precisarse que estas se refieren a una solicitud que fue posterior (al reiterarse nuevamente por el reclamante) y que, por tanto, no es objeto de esta reclamación. En cualquier caso, cabe señalar, a mayor abundamiento, que la apreciación del carácter abusivo de una solicitud, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.e) LTAIBG,«exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley» [STS de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3870)], por lo que deberá justificarse, por un lado, ese carácter abusivo de la reclamación y, por otro, la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia. Sobre este particular, la citada sentencia ha especificado que la persecución de un interés meramente privado en las peticiones de acceso no resulta elemento determinante ni suficiente para entender que la solicitud es abusiva, pues, como señala la Sala, «en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven», añadiendo que «el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, (…) no hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud». En este caso resulta evidente que el organismo requerido no ha justificado conforme a lo expuesto por qué razón la solicitud de acceso al informe pericial constituye un abuso de derecho de la persona interesada que justifique la inadmisión de una solicitud que, si bien es cierto refleja el interés subjetivo de la persona reclamante, también lo es que entronca indudablemente con los fines de la transparencia destinados a que la ciudanía pueda conocer cómo se toman las decisiones que les afectan y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. 7.En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, procede estimar la reclamación. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS / MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. SEGUNDO: INSTAR al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS / MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la persona reclamante la siguiente información: •Informe pericial de valoración de daños ocasionados en la vivienda de la persona reclamante producidos a consecuencia de fenómenos atmosféricos extraordinarios. TERCERO: INSTAR al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS / MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la persona reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez