Acceso a información sobre entidades solicitantes de actuaciones contra la manifestación Ospa Eguna

Resolución 926/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 29 de septiembre de 2021 la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, o comunicaciones existentes en el Ministerio del Interior, de entidades que hayan solicitado actuaciones del Ministerio del Interior al amparo de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, contra la manifestación conocida como el Ospa Eguna (entre ellas la celebrada el pasado 28 de agosto en Alsasua) y copia de la documentación que reflejen las actuaciones del Ministerio del Interior al tener conocimiento de ello. Se solicita dicha documentación sin anonimización de datos identificativos, al tratarse de entidades reconocidas por la Ley en defensa de la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo y responden a un interés público y general. S/REF: 001-061087 N/REF: R/0926/2021; 100-006009 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Entidades que hayan solicitado actuaciones contra la manifestación conocida como Ospa Eguna C No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito registrado el 4 de noviembre de 2021, la solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: PRIMERO: Que en fecha de 29 de septiembre de 2021, se solicitó información al Ministerio del Interior cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa. En virtud de lo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación. Con fecha 5 de noviembre de 2021, el Consejo de Transparencia remitió la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. No consta respuesta de la Administración. Advertida alguna deficiencia en el traslado, el mismo 5 de noviembre de 2021, se remitió nuevamente la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Tampoco consta respuesta de la Administración. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo C 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre “entidades que hayan SOLICITADO actuaciones del Ministerio del Interior al amparo de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, contra la manifestación conocida como el Ospa Eguna (entre ellas la celebrada el pasado 28 de agosto en Alsasua) y copia de la documentación que reflejen las actuaciones del Ministerio del Interior al tener conocimiento de ello”. La Administración no ha contestado la solicitud en el plazo legalmente establecido y en fase de reclamación tampoco ha cumplimentado el trámite de alegaciones correspondiente instado al efecto por este Consejo. Lo primero que debemos poner de manifiesto es que la parte de esta reclamación relativa a “la documentación que reflejen las actuaciones del Ministerio del Interior al tener conocimiento de ello” es coincidente con otra presentada por la misma reclamante ante idéntico Ministerio, tramitada por este Consejo de Transparencia con el número de procedimiento R/0910/2021 en el que se desestima la reclamación y a cuya Resolución expresamente nos remitimos, por lo que la presente reclamación también debe ser desestimada en este punto. 4. En lo que atañe al resto de la información solicitada, esto es, la relación de “entidades que hayan solicitado actuaciones del Ministerio del Interior al amparo de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, contra la manifestación conocida como el Ospa Eguna (entre ellas la celebrada el pasado 28 de agosto en Alsasua)”, tal y como figura en los antecedentes, no consta respuesta alguna de la Administración. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A la vista de cuanto antecede, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública, que la entidad reclamada no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión de su artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada en este apartado. En conclusión, la reclamación presentada debe ser estimada en parte. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: x Copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, o comunicaciones existentes en el Ministerio del Interior, de entidades que hayan solicitado actuaciones del Ministerio del Interior al amparo de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, contra la manifestación conocida como el Ospa Eguna (entre ellas la celebrada el pasado 28 de agosto en Alsasua). Se solicita dicha documentación sin anonimización de datos identificativos, al tratarse de entidades reconocidas por la Ley en defensa de la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo y responden a un interés público y general. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez