Solicitud de actuaciones para prevenir manifestaciones de enaltecimiento del terrorismo en Alsasua

Resolución 910/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 1 de septiembre de 2021 la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Relación de actuaciones generales efectuadas por el Ministro del Interior en orden a la aplicación del artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las víctimas del terrorismo en el año 2021 y específicamente las realizadas para prevenir manifestaciones como la del Ospa Eguna, celebrada en Alsasua el pasado 28 de agosto. 2. Mediante resolución de fecha 21 de octubre de 2021, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó a la solicitante lo siguiente: La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo incluye, en su artículo 61, la prohibición de actos de enaltecimiento a los S/REF: 001-060261 N/REF: R/0910/2021; 100-005983 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Actuaciones realizadas para prevenir la manifestación de Alsasua terroristas, estableciendo que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para hacer efectiva esa prohibición, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales; y b) cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. Así pues, si bien el artículo 578 del Código Penal tipifica el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas, con lo que podría entenderse encuadrado en ese primer supuesto, la denuncia de tales conductas no está prosperando en vía penal porque la evolución jurisprudencial, derivada de la sentencia nº 112/2016, de 20 de junio, del Tribunal Constitucional, y de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, exige que esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades. Cuando se trata de organizaciones no activas, como ETA, la Audiencia Nacional desde 2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias de este tipo que se presenta por no cumplir los requisitos definidos jurisprudencialmente para que se den esos tipos penales. En la evaluación de la Directiva 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, que se está llevando a cabo por la Comisión Europea en 2021, de acuerdo con el artículo 29.2 de la propia Directiva, una de las cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (artículo 5) cuando no existe un riesgo real e inminente. Por ello, resulta aconsejable conocer al resultado de la evaluación de la Directiva, ya que en el informe final de la Comisión Europea se abordarán las conductas de enaltecimiento del terrorismo, lo que podría determinar una modificación de la Directiva europea en esta materia y sería necesario acomodar cualquier modificación de la legislación nacional a la europea. Todo lo anterior se informa en ejercicio de la competencia de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, sin perjuicio de las competencias correspondientes que puedan ejercer desde la Delegación del Gobierno u otras instituciones. 3. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 27 de octubre de 2021, la solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: (…) PRIMERO: Que en fecha 1 de septiembre de 2021, se solicitó información Ministerio del Interior que trasladó parte de dicha información a la Unidad de Transparencia del Gobierno Foral de Navarra, registrada con el número 001-060261. Se adjunta copia de la solicitud y de la remisión notificada por el Ministerio del Interior y procedió a contestar otra parte de la misma. SEGUNDO: Que la información que se nos ha trasladado no responde a lo solicitado, que era en concreto 1.- Relación de actuaciones generales efectuadas por el Ministro del Interior en orden a la aplicación del artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las víctimas del terrorismo en el año 2021 y específicamente las realizadas para prevenir manifestaciones como la del Ospa Eguna, celebrada en Alsasua el pasado 28 de agosto, no manifestando si ha realizado o no algún tipo de actuación en concreto. Se adjunta copia de la resolución. En virtud de lo expuesto, SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación. 4. Con fecha 5 de noviembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 15 de noviembre de 2021 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: Artículo 61 Defensa del honor y la dignidad de las víctimas. 1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas. 2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad. 3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. 4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes. La DGAVT ha contestado a la solicitud de transparencia respecto de las competencias que tiene encomendadas. Por todo ello, la DGAVT se reafirma en su respuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a “las actuaciones generales efectuadas por el Ministro del Interior en orden a la aplicación del artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las víctimas del terrorismo en el año 2021 y específicamente las realizadas para prevenir manifestaciones como la del Ospa Eguna, celebrada en Alsasua el pasado 28 de agosto”, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración responde a la solicitud manifestando que “si bien el artículo 578 del Código Penal tipifica el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas, con lo que podría entenderse encuadrado en ese primer supuesto, la denuncia de tales conductas no está prosperando en vía penal porque la evolución jurisprudencial, derivada de la sentencia nº 112/2016, de 20 de junio, del Tribunal Constitucional, y de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, exige que esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades. Cuando se trata de organizaciones no activas, como ETA, la Audiencia Nacional desde 2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias de este tipo que se presenta por no cumplir los requisitos definidos jurisprudencialmente para que se den esos tipos penales. Añadiendo que “en el informe final de la Comisión Europea se abordarán las conductas de enaltecimiento del terrorismo, lo que podría determinar una modificación de la Directiva europea en esta materia”. De la respuesta proporcionada se desprende que, a juicio del órgano requerido, la actual interpretación jurisprudencial del ordenamiento vigente no deja espacio para la realización de actuaciones como las que son objeto de la solicitud. Habiéndose expuesto con claridad el estado de la jurisprudencia y la práctica de ella resultante, se ha de entender que la contestación facilitada resulta suficiente para atender el derecho de la solicitante por cuanto de ella se infiere que el órgano al que se dirige declara que la información solicitada no obra en su poder y, en consecuencia, no hay objeto sobre el que proyectar el ejercicio del derecho. En conclusión, la reclamación presentada debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 21 de octubre de 2021. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez