Solicitud de expedientes de apertura de Escuelas Deportivas de Vela ligera y crucero en Cantabria

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 902/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), a la Dirección General de la Marina Mercante( actual MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA), con fecha 30 de septiembre de 2019, la siguiente información/documentación: expedientes de solicitud de apertura de las Escuelas Deportivas de Vela ligera, así como las de Crucero, que de acuerdo con la orden 2 de octubre de 1980, en Cantabria habían tramitado su permiso de apertura ante esa D.G.M.M. con anterioridad a junio de 1996, así como de la concesión de los mismos por parte de ese organismo. Expedientes que obraban en poder de esa D.G.M.M con anterioridad a la transferencia de funciones a la comunidad de Cantabria, es decir con anterioridad a la fecha de 7 de junio de 1996. S/REF: N/REF: R/0902/2019; 100-003267 Fecha: 5 de marzo de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Información solicitada: Expedientes apertura de Escuelas Deportivas de Vela ligera Subdirección General de Reclamaciones No consta respuesta de la Administración. 2. Ante esta falta de respuesta, mediante escrito fechado el 5 de diciembre pero de entrada el 12 de diciembre de 2019, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con los siguientes argumentos en la que señalaba que, transcurrido el plazo máximo para atender su solicitud de información, no había recibido respuesta. 3. Con fecha 18 de diciembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE FOMENTO, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 20 de enero de 2019 e indicaba lo siguiente: (…) no (se) procedió a dar contestación a lo solicitado porque no están disponibles en su Subdirección los expedientes de apertura de escuelas tramitados con anterioridad a 1996, porque las funciones en materia de marina mercante eran desempeñadas por las Comandancias y Ayudantías Militares de Marina, dependientes del Ministerio de Defensa. Esta Dirección General reconoce la omisión de respuesta, y manifiesta su plena disposición a contestar al ciudadano, aun habiendo transcurrido el plazo habilitado para ello, y así lo va a hacer, dando necesario traslado de copia de la contestación a ese Consejo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración no respondió al reclamante en el plazo de un mes para resolver, sin que exista causa que lo justifique. En este sentido, se recuerda que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. La LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Igualmente, se recuerda que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. A este respecto, y a pesar de lo indicado en el escrito de alegaciones remitido, ha de ponerse de manifiesto que no consta en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la resolución que eventualmente hubiera sido dictada y notificada al solicitante. 4. Por otro lado, cabe señalar que el indicado escrito de alegaciones manifiesta que la información solicitada no se encuentra en poder de la Dirección General de la Marina Mercante (a la que se dirigía la solicitud) por cuanto con anterioridad a 1996, las funciones en materia de marina mercante eran desempeñadas por las Comandancias y Ayudantías Militares de Marina, dependientes del Ministerio de Defensa En relación a esta respuesta, se indica que el art. 19.1 de la LTAIBG dispone que Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. En consecuencia, y toda vez que el Organismo al que se dirige la solicitud no dispone de la información solicitada pero sí conoce el competente, debemos concluir con la estimación por motivos formales de la presente reclamación al objeto de retrotraer las actuaciones al momento de dictar resolución por la que se proceda a la remisión de la solicitud al MINISTERIO DE DEFENSA, competente para atender la misma. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por con entrada el 12 de diciembre de 2019, contra el MINISTERIO DE FOMENTO (actual MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA). SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, realice la retroacción de actuaciones y remita la solicitud recibida al Organismo competente de responderla, informando de ello al solicitante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, a que, en el mismo plazo máximo, confirme a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la realización del trámite indicado. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda