Acceso a la Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) de la aplicación Radar Covid

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 901/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 8 de junio de 2020, la siguiente información: La pandemia de Covid19 ha provocado nuevos desafíos para los gobiernos, la sociedad y las agencias de protección de datos. Para evitar un brote masivo y al mismo tiempo permitir que la gente continúe con su vida previa a la pandemia de nuevo, muchos gobiernos de la UE han decidido poner a disposición de la población aplicaciones de rastreo de contactos, seguimiento de síntomas y cumplimiento de la cuarentena, y en algunos casos, de forma obligatoria. Como parte de un proyecto conjunto, la red de miembros de la Civil Liberties Union for Europe presenta solicitudes de derecho de acceso a la información pública en nueve Estados miembros de la UE para evaluar y comparar las soluciones que adoptan estos en relación con S/REF: 001-44730 N/REF: R/0901/2020; 100-004610 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Información solicitada: Evaluación de Impacto en Protección de Datos de la aplicación Radar Covid Subdirección General de Reclamaciones las aplicaciones de rastreo de contactos, seguimiento de síntomas y cumplimiento de la cuarentena desde la perspectiva de la protección de datos. Por lo tanto, SOLICITO la Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (Art. 35 RGPD) de todas las aplicaciones de rastreo de contactos, seguimiento de síntomas y cumplimiento de la cuarentena que se estén utilizando o que vayan a implementarse en España. Como exige la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sírvase proporcionar todos los contenidos o documentos no exceptuados y que sean razonablemente segregables. Considero que la información solicitada es de interés público, ya que es probable que contribuya de manera significativa a la comprensión pública acerca de la forma en que funcionan las aplicaciones de rastreo de contactos y cumplimiento de la cuarentena que las personas se descargan y utilizan en sus teléfonos móviles u otros dispositivos portátiles. Espero recibir su respuesta dentro del plazo legal establecido. 2. Mediante resolución de fecha 1 de diciembre de 2020, el MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL contestó a la reclamante lo siguiente: Con fecha 20 de julio de 2020, tuvo entrada en el Portal de la Transparencia solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El 14 de septiembre de 2020 esta solicitud fue recibida en la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Secretaría General de Administración Digital resuelve inadmitir parcialmente la solicitud formulada por RIGHTS INTERNATIONAL SPAIN en base al art 18.1 apartado d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dado que no obran en poder de la SGAD las evaluaciones de impacto de todas las aplicaciones de rastreo de contactos, seguimiento de síntomas y cumplimiento de la cuarentena que se estén utilizando o vayan a implementarse en España. Por ello, el solicitante deberá dirigirse a las Administraciones Públicas (distintas a la SGAD) u organizaciones que hayan elaborado aplicaciones de este tipo. Respecto a la aplicación de rastreo de contactos Radar Covid (creada para la SGAD), su evaluación de impacto se halla en proceso de modificación y se publicará dentro de este año 2020 en el repositorio GitHub junto con el código fuente (https://github.com/RadarCOVID/ ), tal y como recomiendan las Directrices 04/2020 sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19, adoptadas el 21 de abril de 2020 por el Comité Europeo de Protección de Datos. Por tal razón, se inadmite a trámite la petición de RIGHTS INTERNATIONAL SPAIN en base al art 18.1 apartado a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 3. Ante esta respuesta, el 15 de diciembre de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: (…) TERCERO.- La Evaluación de Impacto es un instrumento regulado en el Art. 35.1 RGPD. De acuerdo con este artículo, cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. En el caso que nos atañe, la aplicación Radar COVID, se dan los requisitos para su realización, y al respecto debemos tener en cuenta lo siguiente: Se trata de una evaluación preventiva, que debe realizarse antes del tratamiento Este instrumento tiene su utilidad en poder identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que están expuestas sus actividades de tratamiento con el objetivo de garantizar los derechos y libertades de las personas físicas. Su contenido es especialmente relevante en una aplicación como Radar COVID, dada su relación con información relativa al estado de salud de sus usuarios, y su uso para determinar el nivel de riesgo que entraña un tratamiento, con el objetivo de establecer las medidas de control más adecuadas para reducir el mismo hasta un nivel considerado aceptable. Las aplicaciones de rastreo de contactos pueden entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, por lo que se debería haber llevado a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos antes de su despliegue CUARTO.- En el mismo sentido, las Directrices 04/2020 sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19, mencionadas en la resolución, indican que el Comité Europeo de Protección de Datos considera que ha de llevarse a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) antes de empezar a utilizar una aplicación de este tipo por cuanto se considera que el tratamiento puede entrañar un alto riesgo (datos sanitarios, adopción previa a gran escala, seguimiento sistemático, utilización de una nueva solución tecnológica). Asimismo, recomienda encarecidamente la publicación de las EIPD. CUARTO.- A la vista de lo anterior, y lo mencionado en la resolución, debe rechazarse que nos encontremos ante un documento en curso de elaboración. La EIPD se realiza de forma preventiva, antes de iniciar el tratamiento de los datos. A más ahondar, la resolución indica que “la evaluación de impacto se halla en proceso de modificación”, lo que demuestra que ya existe una evaluación de impacto realizada, identificando riesgos de la aplicación, sin perjuicio de su revisión. QUINTO.- La Evaluación de Impacto es un proceso que no se agota cuando se ha finalizado. Los responsables, y así lo señala el propio RGPD, deberían revisar si los tratamientos siguen siendo conformes con la Evaluación a la que hubieran sido sometidos y, en todo caso, hacerlo cuando exista un cambio del riesgo del tratamiento. La EIPD debe entenderse como un proceso de mejora continua, de forma que esta se revise siempre que se modifique o actualice cualquier aspecto relevante de las actividades de tratamiento. Ante cambios en la descripción del tratamiento o en la experiencia que muestre amenazas o riesgos desconocidos hasta entonces (los fines y medios), se debe realizar una nueva evaluación de impacto, generar un nuevo informe y un plan de acción con las nuevas medidas de control. SEXTO.- En este caso concreto, no se indica nada al respecto de las causas para la actualización de la EIPD, pero debemos recordar que el documento que se publicará presuntamente dentro de este año 2020 se tratará de una evaluación de impacto diferente a la realizada antes de que se iniciara el tratamiento tras la distribución de la aplicación Radar COVID. Nos encontramos así con diferentes versiones del documento, indicándose que se publicará únicamente la versión modificada. Entendemos que invocar esta causa para la inadmisión de la solicitud supone un límite injustificado de acceso a parte de la gama de información disponible. Dadas las especificidades del tratamiento, en que se utilizan herramientas tecnológicas, su distribución para uso generalizado por parte de la población, así como la naturaleza de los datos a tratar, creemos que resulta relevante acceder no únicamente a la última versión del documento, sino asimismo a su historial y en especial a la versión inicial de dicha evaluación con vistas a analizar los riesgos que se detectaron, así como el resto de su contenido. SEXTO.- En la apreciación de las circunstancias del caso concreto debe recordarse la interpretación restrictiva de los límites al derecho de acceso, por cuanto operan como restricciones, por la que aboga el Tribunal Supremo (sentencia de 16 de octubre de 2017 dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017) así como a la relevancia en la transparencia por el uso de fondos públicos que también ha sido puesta de manifiesto por los Tribunales de Justicia. En este sentido, el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana ha proclamado la máxima transparencia desde la Res. exp. 18/2015, 28.10.2016, FJ 6º, especialmente respecto de la necesaria motivación y restricción a los límites del derecho y la interpretación restrictiva de las causas de inadmisión por cuanto operan como restricciones: «Entre los estándares internacionales del derecho de acceso a la información pública destaca especialmente el principio de «transparencia máxima» en virtud del cual el alcance del derecho a la información debe ser tan amplio como la gama de información y entidades respectivas, así como los individuos que puedan reclamar el derecho. Este principio cobra especial importancia respecto de los límites del derecho, por cuanto las restricciones han de ser las mínimas y sometidas a un escrutinio severo. Es más, no debe obviarse el especial cuidado y deber de motivación que deben tener los sujetos obligados para acudir a las causas de inadmisión. Una mala interpretación de las mismas privaría de la suficiente motivación de un límite y la necesaria ponderación que sin duda debe hacerse cuando se trata de excepciones al derecho de acceso a la información por concurrencia con otros derechos o bienes o intereses.» En este mismo sentido podemos encontrar múltiples Criterios Interpretativos del Consejo de Transparencia de Buen Gobierno que incluyen la mención a la interpretación restrictiva de los límites al derecho de acceso. Por lo tanto, es nuestro parecer que la interpretación restrictiva de los límites impide la invocación del precepto alegado en la denegación del derecho a la información, en tanto el documento que se publicará no será el realizado de manera previa al tratamiento, el alcance del derecho de información a toda la gama de información disponible, y la importancia de conocer los riesgos que el uso de nuevas tecnologías supone para datos tan importantes como son los de salud. En base a todo lo anterior SOLICITO que, previos los trámites legales oportunos, tenga por presentada dentro de plazo reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el siguiente sentido: Resolver a favor del derecho de información solicitado, ordenando dar acceso a la Evaluación de Impacto relativa a la aplicación Radar COVID, y en particular a su versión inicial. 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó a la reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 5. Con fecha 23 de diciembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de 5 de febrero de 2021, el Ministerio contestó lo siguiente: A finales de enero de 2021 se ha publicado en: https://radarcovid.gob.es/recursos-de- comunicacion, apartado Documentación técnica, el documento: Radar COVID Informe de Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos. Asimismo, este informe se acompaña a la presente alegación en formato pdf. 6. El 8 de febrero de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, las cuales tuvieron entrada el 12 de febrero de 2021, con el siguiente contenido: - El documento que se ha publicado no se corresponde con el solicitado, como puede apreciarse por la fecha de la solicitud inicial dirigida al órgano, de julio de 2020. El origen de esta petición se basa en conocer el impacto que tenía la aplicación en el momento inicial de su distribución. - Pese a que en la denegación original de la solicitud se indicó que el documento estaba siendo modificado, en el control de versiones del documento publicado se indica que se trata de una versión realizada en noviembre de 2020, no indicándose que se haya realizado ninguna modificación posterior. - No obstante lo anterior, los metadatos del archivo indican que dicho PDF no fue generado hasta enero de 2021, una semana antes de ser colgado en el repositorio. - El documento no incluye ningún tipo de control de cambios que permita conocer qué modificaciones se han realizado desde su versión inicial, que fue la que originó la solicitud. Además, debemos destacar que el documento no cuenta con firma electrónica alguna que permita acreditar el momento de su redacción final, sin perjuicio de los metadatos que, como hemos dicho, indican que no se corresponde con las fechas señaladas. - Las Directrices 04/2020 sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19 indican que este documento es importante para la transparencia del proceso, y que debe realizarse con carácter previo a la utilización de la aplicación. Dicho esto, basta observar el dilatado tiempo entre la publicación de la versión inicial de la aplicación y la publicación, para ver que se han incumplido de manera manifiesta. - Esto resulta más relevante aun cuando tenemos en cuenta que ha habido una serie de riesgos que no fueron observados hasta que usuarios los notificaron en el mismo repositorio, incluyendo potenciales brechas para los datos de salud. Además, se produjo la distribución de una versión para el programa piloto con código diferente, y riesgos que deberían haber sido tomados en cuenta, y que no aparecen mencionados en ningún momento en el documento. - El impedir el acceso a la versión inicial del documento supone un obstáculo al acceso a parte de la gama de información en poder de las administraciones públicas, de gran importancia en el caso que nos ocupa, tal y como se indicó en el documento anexo a la reclamación previa ante el Consejo. Por todo lo anterior, solicitamos se requiera la entrega de la Evaluación de Impacto original, realizada de manera previa a la distribución de la aplicación, y que ya debería estar disponible en la fecha de la solicitud, al entender no que se ha cumplido con el objeto de la petición con la publicación de forma general de un documento modificado con posterioridad y tras el transcurso de un plazo manifiestamente dilatado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Tal y como se recoge en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, el órgano al que se ha dirigido la solicitud respondió a la solicitante cuando se había superado ampliamente el plazo legal, sin que se evidencie causa o razón alguna que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que esta demora no resulta conciliable ni con la letra de la Ley ni con la finalidad perseguida por el legislador, de la cual dejó constancia en el Preámbulo de la LTAIBG al manifestar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. 4. En su Resolución de 1 de diciembre de 2020 el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, apoyándose en la letra d) del artículo 18.1 LTAIBG, inadmite parcialmente la solicitud en lo concerniente las evaluaciones de impacto de “las aplicaciones de rastreo de contactos, seguimiento de síntomas y cumplimiento de la cuarentena que se estén utilizando o vayan a implementarse en España” que sean ajenas a su responsabilidad. Junto a ello, resuelve inadmitir la petición referida a la Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) de la aplicación de rastreo de contactos Radar Covid argumentando que “se halla en proceso de modificación y se publicará dentro de este año 2020”, razón por la que considera de aplicación la letra a) del artículo 18.1 LTAIBG. La reclamación presentada ante este Consejo frente a la resolución extemporánea de la administración centra su objeto en el acceso a la EIPD correspondiente a la aplicación de rastreo de contactos Radar Covid desarrollada por la SGAD, subrayando la obligatoriedad de su carácter previo, motivo por el que se considera que no puede estar en curso de elaboración, e indicando que la propia Administración reconoce que existe, al alegar que se halla en proceso de modificación. Admitiendo que la EIPD exige un proceso de revisión continua, considera que “resulta relevante acceder no únicamente a la última versión del documento, sino asimismo a su historial y en especial a la versión inicial de dicha evaluación con vistas a analizar los riesgos que se detectaron, así como el resto de su contenido” Con posterioridad a la presentación dela reclamación ante este Consejo, el Ministerio comunica que a finales de enero de 2021 se publicó en la dirección de Internet cuyo enlace proporciona el documento Radar COVID Informe de Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos. Conferido el preceptivo trámite de audiencia al solicitante, éste muestra su disconformidad debido a que el documento publicado no se corresponde con el solicitado e insiste en que se requiera la entrega de la Evaluación de Impacto inicial. Acotado en estos términos el objeto de la reclamación, procede examinar si la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG, según el cual, “Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”, resultaba aplicable para denegar el acceso a la EIPD inicial en el momento en que se dictó la resolución administrativa, tal y como argumentó el Departamento ministerial. A estos efectos, es necesario tener presente que la obligación de realizar una EIPD con carácter previo a la realización de determinados tratamientos de datos de carácter personal viene impuesta expresamente por artículo 35.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), cuyo tenor es el siguiente: “Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.” Las operaciones de tratamiento de datos personales que comporta el funcionamiento de la aplicación Radar Covid caen sin duda en el ámbito de aplicación del citado artículo 35.1 RGPD, cuyo alcance ha sido precisado por la Agencia de Protección de Datos en una Lista elaborada en virtud de la habilitación que le confiere su apartado cuarto. Conclusión a la que también se llega en las Directrices 04/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto de la pandemia de COVID-19, a las que se hace referencia por la reclamante y por el Ministerio. De todo ello resulta que, tanto en el momento de presentarse la solicitud como en el de dictar la resolución sobre la que versa la presente reclamación, la Administración debía tener en su poder el documento en el que se recogía la EIPD inicial, previa a la puesta en funcionamiento de la aplicación. De hecho, el propio Ministerio no sólo no niega su existencia sino que la reconoce al indicar que “se halla en proceso de modificación”. Tratándose de un documento existente, no cabe en modo alguno considerar que se encuentra “en curso de elaboración”, por más que se haya iniciado un proceso de revisión o de modificación del mismo para cumplir con la exigencia evaluación periódica requerida por la normativa de protección de datos. En consecuencia, se ha de concluir que no se da el presupuesto para la aplicación de la primera causa de inadmisión recogida en la letra a) del artículo 18.1 LTAIBG consistente en que la información o el documento se encuentre “en curso de elaboración”. Por otra parte, si bien la Administración alega que la EIPD se “publicará dentro de este año 2020”, dicho anuncio no se refiere al documento existente en ese momento sino al resultante de la revisión del mismo, como así sucedió finalmente con la publicación materializada a finales de enero de 2021 de un documento en cuya portada figura la inscripción “Versión 2.0” y fechado el 4 de noviembre de 2020. A la vista de ello, tampoco puede considerarse procedente la aplicación de la segunda causa de inadmisión prevista en la letra a) del artículo 18.1 LTAIBG, la cual exige que la información esté en curso de publicación general. En este contexto, es preciso tener muy presente la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en casación, en la que manifiesta lo siguiente: “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.” Así pues, siendo el documento que contiene la EIPD inicial, previa a la puesta en funcionamiento de la aplicación Radar Covid, información pública en el sentido del artículo 13 LTAIBG, por cuanto, como consecuencia de la obligación establecida en el Reglamento (UE) 2016/679 ha de encontrarse en poder de un sujeto obligado que la ha elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, y no concurriendo ningún límite o causa de inadmisión legalmente prevista, a juicio de este Consejo, no está justificada la denegación del acceso al mismo. Conclusión que se ve reforzada por cuanto el acceso a la información solicitada sirve indudablemente a la finalidad perseguida con la aprobación de la LTAIBG, tal y como viene enunciada en su Preámbulo, en el que se proclama que “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.” En virtud de los razonamientos expuestos, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por (RIGHTS INTERNATIONAL SPAIN), frente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) previa a la puesta en funcionamiento de la aplicación Radar Covid TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez