El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia información sobre los criterios de valoración de servicios prestados como jueces y fiscales sustitutos en la fase de concurso de acceso libre. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que no es competente para revisar valoraciones de procesos selectivos.
Puntos clave de la argumentación
1
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establece que no es su competencia convertirse en organismo revisor de los órganos de selección de personal ni modificar decisiones sobre valoraciones de candidatos.
2
Se argumenta que el acceso a criterios específicos de valoración en procesos selectivos excede la finalidad de la Ley de Transparencia cuando existen vías de revisión propias en la convocatoria.
3
La resolución se apoya en jurisprudencia del Juzgado Central nº 5 de Madrid que considera que el acceso a plantillas o criterios de resultados no tiene relación con el objeto y fin de la transparencia.
Texto completo
Subdirección General de Reclamaciones
Resolución 900/2020
I. ANTECEDENTES
1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al
MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno
(en adelante LTAIBG), con fecha 29 de
septiembre de 2020, la siguiente información:
PRIMERO: En las convocatorias de Turno libre en curso de los Cuerpos de Gestión, Tramitación
y Auxilio Judicial en el la fase de CONCURSO se establece para los servicios prestados lo
siguiente:
Servicios prestados como titular, sustituto o interino en los Cuerpos de la Administración de
Justicia o como personal laboral de esta Administración. La puntuación máxima a otorgar en
este apartado será de 33,5 puntos, con la siguiente baremación:
S/REF: 001-48150
N/REF: R/0900/2020; 100-004608
Fecha: La de firma
Dirección:
Administración/Organismo: Mi
nisterio de Justicia
Información solicitada: Criterios de valoración de servicios prestados como jueces y fiscales
sustitutos en la fase de concurso
Subdirección General de Reclamaciones
– Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el Cuerpo de
Auxilio: 0,30 puntos.
– Por cada mes completo de servicios prestados como titular, interino o sustituto en el resto
de los Cuerpos Generales y Letrados de la Administración de Justicia: 0,20 puntos.
– Por cada mes completo de servicios prestados en el resto de los Cuerpos de la
Administración de Justicia: 0,10 puntos.
– Por cada mes de servicios prestados como personal laboral de la Administración de Justicia
fijo o temporal: 0,05 puntos.
En ninguna hace referencia a los servicios prestados como jueces y fiscales sustitutos.
SEGUNDO: En las convocatorias de promoción interna en curso de los Cuerpo de Gestión y
Tramitación en el la fase de CONCURSO se establece para los servicios prestados lo siguiente:
Servicios prestados a partir del 1 de enero de 2004 como titular, sustituto o interino en los
Cuerpos de la Administración de Justicia o como personal laboral de esta Administración
(hasta un máximo de 34 puntos).
– Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa (antes Oficiales de la Administración de Justicia): 0,30
puntos
– Por cada mes completo de servicios prestados como titular, interino o sustituto en
Tramitación Procesal y Administrativa (antes Auxiliares de la administración de Justicia): 0,25
puntos.
– Por cada mes de servicios prestados en los demás Cuerpos o Escalas generales al Servicio de
la Administración de Justicia, en el de Letrados de la Administración de Justicia (anteriormente
denominado de Secretarios Judiciales) y en el de Jueces o Fiscales: 0,20 puntos.
– Por cada mes de servicios prestados como personal laboral de la Administración de Justicia
fijo o temporal: 0,15 puntos.
En la misa se hace referencia a los servicios prestados como jueces o fiscales.
Por todo lo expuesto, solicitamos se nos informe como se van a valorar los servicios prestados
como jueces y fiscales sustitutos en la fase de concurso de los procesos de acceso libre en los
Cuerpo de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.
No consta respuesta de la Administración.
2. Ante la falta de respuesta, el 18 de diciembre de 2020, el interesado presentó, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 24
de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno, con el siguiente contenido:
PRIMERO: En las convocatorias de Turno libre en curso de los Cuerpos de Gestión, Tramitación
y Auxilio Judicial en el la fase de CONCURSO se establece para los servicios prestados lo
siguiente:
Servicios prestados como titular, sustituto o interino en los Cuerpos de la Administración de
Justicia o como personal laboral de esta Administración. La puntuación máxima a otorgar en
este apartado será de 33,5 puntos, con la siguiente baremación:
– Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el Cuerpo de
Auxilio: 0,30 puntos.
– Por cada mes completo de servicios prestados como titular, interino o sustituto en el resto
de los Cuerpos Generales y Letrados de la Administración de Justicia: 0,20 puntos.
– Por cada mes completo de servicios prestados en el resto de los Cuerpos de la
Administración de Justicia: 0,10 puntos.
– Por cada mes de servicios prestados como personal laboral de la Administración de Justicia
fijo o temporal: 0,05 puntos.
En ninguna hace referencia a los servicios prestados como jueces y fiscales sustitutos.
SEGUNDO: En las convocatorias de promoción interna en curso de los Cuerpo de Gestión y
Tramitación en el la fase de CONCURSO se establece para los servicios prestados lo siguiente:
Servicios prestados a partir del 1 de enero de 2004 como titular, sustituto o interino en los
Cuerpos de la Administración de Justicia o como personal laboral de esta Administración
(hasta un máximo de 34 puntos).
– Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa (antes Oficiales de la Administración de Justicia): 0,30
puntos
– Por cada mes completo de servicios prestados como titular, interino o sustituto en
Tramitación Procesal y Administrativa (antes Auxiliares de la administración de Justicia): 0,25
puntos.
– Por cada mes de servicios prestados en los demás Cuerpos o Escalas generales al Servicio de
la Administración de Justicia, en el de Letrados de la Administración de Justicia (anteriormente
denominado de Secretarios Judiciales) y en el de Jueces o Fiscales: 0,20 puntos.
– Por cada mes de servicios prestados como personal laboral de la Administración de Justicia
fijo o temporal: 0,15 puntos.
En la misa se hace referencia a los servicios prestados como jueces o fiscales.
Por todo lo expuesto, solicitamos se nos informe como se van a valorar los servicios prestados
como jueces y fiscales sustitutos en la fase de concurso de los procesos de acceso libre en los
Cuerpo de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.
3. Con fecha 21 de diciembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el
expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones
que se considerasen oportunas. El Ministerio no ha efectuado alegaciones en el plazo
concedido al efecto.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG
, en conexión con el artículo 8
del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno
, el Presidente de este Organismo es competente para
resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación
en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o
presuntas recaídas en materia de acceso a la información
.
2. La LTAIBG, en su artículo 12
, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la
información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o
documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones".
De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio
de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende
a todo tipo de “formato o soporte ”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de
dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se
encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido
elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”.
3. Por otra parte, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la
que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados
que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por
el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de
que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y
previa notificación al solicitante.
La falta de resolución expresa en el plazo de un mes legalmente establecido ha dado lugar a la
desestimación de la solicitud por silencio administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 20.4 LTAIBG.
En el caso que nos ocupa, se constata también la falta de respuesta por parte del órgano a la
solicitud de alegaciones formulada por el Consejo de Transparencia. Este proceder dificulta
considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad
Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la
negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar
adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante.
4. A continuación, hay que analizar el contenido de la reclamación presentada que coincide con
el de la solicitud de acceso, en la que se pide informe como se van a valorar los servicios
prestados como jueces y fiscales sustitutos en la fase de concurso de los procesos de acceso
libre en los Cuerpo de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.
La Administración deniega la información por silencio administrativo.
Debemos comenzar indicando que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha
pronunciado en diversas ocasiones sobre el acceso a documentación de naturaleza similar a la
que es objeto de la presente reclamación.
Así, en el procedimiento R/0004/2017
6,
en el que se solicitó acceso al desarrollo de las
soluciones de los casos prácticos (Bloque III) correspondientes al proceso selectivo de Gestión
de Sistemas e Informática del Estado por promoción interna del año 2015, se estimó la
reclamación presentada, argumentándose que “debe proporcionarse al reclamante la
identificación de los elementos mínimos que debe contener la respuesta al caso práctico
planteado o las posibles soluciones que haya realizado previamente el Tribunal al objeto de
calificar los casos prácticos realizados o confirmar que se carece de dicha identificación previa
y, por lo tanto, que no existen criterios en los que se haya basado el Tribunal para adoptar su
decisión”.
Por el contrario, en el procedimiento R/0114/2019
, se solicitaba acceso a todos los datos que
consten en un expediente, relacionado especialmente con la entrevista personal, de la
convocatoria pasada, en aplicación a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. Esta reclamación se inadmitió “porque la normativa
de transparencia no constituye el instrumento válido ni eficaz para el acceso a datos
personales. Por ello, y de conformidad con la referida Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
en su Título III bajo el epígrafe "Derechos de las personas", establece los procedimientos de
Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, así como mecanismo s de tutela, y de todo ello se
desprende que deberán ser los procedimientos citados en la referida Ley Orgánica, o, en su
caso, otros que establezca la normativa de protección de datos, los que deberán regir, con
carácter prioritario, en las solicitudes relacionadas con el contenido de los ficheros con datos
personales. En consecuencia, la falta de contestación o la contestación incorrecta al ejercicio
de los derechos de acceso a datos personales, contemplados en la normativa específica de
protección de datos personales, puede ser objeto de reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, organismo encargado en España de velar por dicho derecho, pero no
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En consecuencia, no es competencia del Consejo de Transparencia convertirse en organismo
revisor de los órganos de selección de personal ni la de modificar sus decisiones sobre las
valoraciones de los candidatos emitidas según su leal saber y e ntender.
En todo caso, los reclamantes podrán acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes
tal y como establece el artículo 123 de la Ley 39/2005, que dispone que 1. Los actos
https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017/03.ht
ml
https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019.html
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. No se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Estos criterios denegatorios del acceso han sido confirmados por los tribunales de justicia. Así,
la Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2019, del Juzgado Central nº 5 de Madrid (PO
58/2018), sobre acceso a las pruebas de resultados, las plantillas de resultados y los casos
prácticos, se pronuncia en estos términos: “Carece de toda justificación la pretensión del
reclamante a tenor no solo de lo dicho en orden a la finalidad de la Ley, sino de la norma
constitucional y del resto del ordenamiento jurídico.
El hecho de poder contar con los exámenes, enunciados y resultados de las distintas pruebas
de acceso a las especialidades indicadas, nada tiene que ver con el objeto y fin de
transparencia que promulga la norma.
(…) La convocatoria prevé el derecho de revisión de exámenes, existiendo con ello la
posibilidad de que los aspirantes no solo puedan consultarlos, sino también, que puedan
comprobar todas las preguntas y respuestas, realizando al órgano de selección cuantos
comentarios, alegaciones o impugnaciones tengan por convenientes, más aún cuando se
publican la plantilla de respuestas correspondientes. (…)
En suma, no estamos ante información susceptible de ser concedida al exceder de la finalidad
de la propia norma invocada; y en cualquier caso, prevalece el superior interés público, al
privado del reclamante.”
Esta doctrina jurisprudencial establece criterios claros que vinculan a este Consejo de
Transparencia a la hora de decidir en los expedientes de reclamación sobre acceso a
documentos o contenidos que obren en expedientes sobre procesos selectivos.
En aplicación de los mencionados criterios, la presente reclamación ha de ser desestimada.
III. RESOLUCIÓN
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la
reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE JUSTICIA.
De acuerdo con el artículo 23, número 1
, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la
misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
.
EL PRESIDENTE DEL CTBG
Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez