Solicitud de datos y coste de la estancia vacacional del Presidente del Gobierno en La Mareta y resultado de inadmisión

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 896/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 10 de agosto de 2020, la siguiente información: En relación a la última estancia vacacional del Presidente del Gobierno y su familia en la Residencia Real de La Mareta, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, se desea saber: 1º.- El número de efectivos que ha integrado el dispositivo de seguridad con indicación del coste. S/REF: N/REF: R/0896/2020; 100-004604 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Pa trimonio Nacional Información solicitada: Datos y coste de la estancia vacacional del Presidente del Gobierno en La Mareta Subdirección General de Reclamaciones 2º.- La relación desglosada de personas integrantes del personal de servicio adscritas a la referida estancia vacacional (chófer, pilotos de aeronaves, cocineros, jardineros, personal de limpieza...) con indicación del coste. 3º.- Número de desplazamientos aéreos hasta y desde la residencia vacacional, con indicación del medio empleado y el coste total (personal y aeronaves). 2. Asimismo, según se desprende de la documentación obrante en el expediente, ante la falta de respuesta por parte de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO se tramitó ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el expediente de reclamación R/610/2020 , en el que la citada Secretaría General, con ocasión del trámite de alegaciones, facilitó una parte de la información solicitada, e hizo constar que La petición sobre la relación desglosada de personas integrantes del personal de servicio adscritas a la referida estancia vacacional, con indicación del coste, debe dirigirse a Patrimonio Nacional, organismo público competente, titular de la Residencia de La Mareta, al que se ha remitido esta reclamación para atender la misma. Acompañando a su escrito de alegaciones el oficio de remisión de la solicitud, de fecha 15 de diciembre, dirigido a Patrimonio Nacional. 3. Ante la falta de contestación por parte de la PATRIMONIO NACIONAL, con fecha de entrada el 17 de diciembre de 2020, el solicitante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: AUSENCIA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA EL 10 DE AGOSTO DE 2020, REMITIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO RELATIVA LA RELACIÓN DESGLOSADA DE PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO ADSCRITO A LA ÚLTIMA ESTANCIA VACACIONAL DEL PRESIDENTE Y SU FAMILIA EN LA MA RETA (LANZAROTE) CON INDICACIÓN DE SU COSTE (SEGÚN SE REFIERE EN LA RESOLUCIÓN DE ESTE CONSEJO Nº 610/2020). II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2020/12.html Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En el presente caso, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG en cuanto a la presentación de una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A este respecto, en primer lugar, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Asimismo, en su apartado 4 el artículo 20 de la LTAIBG dispone que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Y, en segundo lugar, que el artículo 24.2 de la LTAIBG señala que La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el caso que nos ocupa, la Resolución del CTBG es de fecha 16 de diciembre, y la misma estima por motivos formales la reclamación ya que la concedió una parte de la información que obra en su poder, si bien transcurrido el plazo legalmente establecido y a consecuencia de la presentación de reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En la Resolución de la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, órgano al que se dirigió la solicitud se indica, no obstante, que una parte de la información que se pide (integrantes del personal de servicio adscritas a la referida estancia vacacional), corresponde proporcionarla a Patrimonio Nacional, al que se remite la reclamación para que sea atendida. En virtud de lo previsto en el artículo 20 LTAIBG, este órgano dispone de un plazo de un mes para resolver la solicitud de acceso, plazo que teniendo en cuenta que el oficio de remisión es de 15 de diciembre de 2015, concluiría el 15 de enero de 2021. Este Consejo ya se ha manifestado en varias ocasiones en sentido crítico sobre las prácticas consistentes en dilatar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LTAIBG por el grave perjuicio que de ellas se deriva para los derechos reconocidos a los ciudadanos. En el caso presente, si el órgano al que se dirigió la solicitud consideraba que la información solicitada no obraba en su poder debió remitir la solicitud al competente sin dilación y, en todo caso, dentro del plazo para resolver. Ello no obstante, este Consejo no puede desconocer que, formalmente, el plazo de un mes legalmente reconocido al órgano receptor de la remisión no comenzó a contar hasta el 15 de diciembre de 2020. Dado que el reclamante presentó su escrito el 17 de diciembre de 2020, no habiendo transcurrido el plazo de un mes para que PATRIMONIO NACIONAL resolviese sobre su solicitud de acceso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 LTAIBG antes reproducido, resulta obligado inadmitir a trámite la presente Reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por con entrada el 17 de diciembre de 2020, frente a PATRIMONIO NACIONAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez