Acceso a datos de reinfecciones por coronavirus en España desglosados por día y provincia

Resolución 877/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 22 de julio de 2021 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE SANIDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: - Datos de las reinfecciones por coronavirus que ha habido en España: desglosadas por día y provincia desde el 1 de enero de 2021 hasta la actualidad. Es decir, solicito que se me indique, por ejemplo, que el 5 de mayo se registraron X casos de personas reinfectadas por COVID-19 en tal provincia. Y así sucesivamente. Solicito toda la información en formato reutilizable tipo base de datos como puede ser .csv o .xls. 2. Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2021, el MINISTERIO DE SANIDAD informó al solicitante de lo siguiente: S/REF: 001-059151 N/REF: R/0877/2021; 100-005940 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Sanidad Información solicitada: Datos de las reinfecciones por coronavirus que ha habido en España desde 2001 El artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que: "La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante." En este sentido se considera que su solicitud se encuentra dentro del supuesto contemplado en el art. 20. Por ello le comunicamos que, se amplía un mes el plazo máximo para la resolución de la solicitud. Esto es un requerimiento informativo y no necesita respuesta. 3. Mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2021, el MINISTERIO DE SANIDAD comunicó al solicitante lo siguiente: Una vez analizada su solicitud, esta Dirección General acuerda, remitir a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas su solicitud, al entender que se trata de información, que aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, de conformidad con el artículo 19 en su apartado 4. 4. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 15 de octubre de 2021, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: Cabe recordar también que el Ministerio es el único que dispone de todos estos datos de las comunidades autónomas y que él mismo los pone a disposición de distintas administraciones públicas a través de un sitio web interno. Del mismo modo que Sanidad tiene potestad para aportar estos datos a distintas administraciones, tiene potestad para entregárselo a cualquier ciudadano que está ejerciendo su derecho de acceso y que tiene el mismo derecho a conocer y poder consultar la información solicitada en este caso. 5. Con fecha 18 de octubre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 3 de diciembre de 2021 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: 1.- El ciudadano refiere que sí ha recibido respuesta, y el contenido de la información no satisface la solicitud. 2.- Efectivamente, como bien indica, se solicitó la ampliación de plazo para resolver este expediente con el firme objetivo de evaluar la solicitud y proceder a facilitar la información, no para derivarla como se indica en la reclamación interpuesta. Tras finalizar el plazo de ampliación, la información requerida seguía en proceso de revisión, consolidación y análisis, por lo que, no se encontraba disponible tal como se solicitaba. Esta fue la razón por la que se decidió resolver el expediente mediante la derivación a las Comunidades Autónomas, de conformidad con el artículo 19 en su apartado 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pensando en que el Sr. Sangiao podría tener, de esa forma, la información con mayor prontitud. En relación a la resolución no en tiempo a la que hace alusión, solo podemos estar de acuerdo en este aspecto y pedir disculpas por el retraso. El volumen de trabajo al que la Dirección General de Salud Pública, y en general, el Ministerio de Sanidad, se está viendo sometida es enorme debido a los requerimientos de la pandemia por COVID-19. Esto hace que, en ocasiones, no seamos capaces de cumplir los tiempos establecidos. Estamos trabajando para mejorar este aspecto. En relación a que “… Sanidad ha entregado… información similar, como los datos de fallecidos por COVID-19… No cabe aplicar en unas ocasiones el criterio de derivación y en otro el de reconocer que se dispone de la información y se entrega.”, se indica que la Dirección General de Salud Pública está de acuerdo; se entrega y se publica toda la información posible, en función de los recursos humanos y las posibilidades de revisión y consolidación de dicha información. Desafortunadamente, discrepamos con el Sr. Sangiao en su afirmación sobre “… No cabe aplicar en unas ocasiones el criterio de derivación y en otro el de reconocer que se dispone de la información y se entrega”, puesto que cada solicitud de información es distinta, y se estudia específicamente para dar la respuesta más oportuna. En ocasiones es posible facilitar la información que se solicita, y en otras ocasiones es más difícil, o incluso no puede facilitarse porque no se dispone de ella. La Dirección General de Salud Pública está trabajando continuamente para recoger, analizar toda la información de la que dispone, y establecer recomendaciones de acciones, informes de salud y cualquier otra actividad tendente a la mejora de la salud pública en nuestro entorno, que es su razón principal de ser, especialmente en estos momentos de pandemia por COVID- 19. A la vez, en la medida en la que los recursos humanos lo posibilitan, este Centro Directivo trabaja para aumentar continua y progresivamente la información que facilita a la ciudadanía en forma de publicidad activa, y para cumplir con su deber de transparencia establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Prueba de este esfuerzo son los documentos que, a propósito de la pandemia por COVID-19, se publican regularmente (en algunos casos de forma diaria) en la página web del Ministerio de Sanidad. Dichos documentos van añadiendo cada vez más información, en la medida que esta se ha evaluado y consolidado. Se reitera que la Dirección General de Salud Pública es consciente de la naturaleza especialmente sensible de los datos solicitados y de la importancia de que sean correctos en el momento de su accesibilidad pública. Estamos trabajando constantemente para poder publicar de forma activa el mayor número de datos posible Por todo lo expuesto, se solicita se admita el presente escrito de alegaciones, y se declare la inadmisión de la reclamación interpuesta. 6. El 3 de noviembre de 2021, el reclamante aporta al procedimiento un documento con el siguiente contenido: Con fecha 10 de octubre de 2021, ha llegado al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), la solicitud de la siguiente información “Datos de las reinfecciones por coronavirus que ha habido en España: desglosadas por día y provincia desde el 1 de enero de 2021 hasta la actualidad. Es decir, solicito que se me indique, por ejemplo, que el 5 de mayo se registraron X casos de personas reinfectadas por COVID-19 en tal provincia. Y así sucesivamente. Solicito toda la información en formato reutilizable tipo base de datos como puede ser .csv o .xls. En relación a su petición de información, desde la Comunidad Foral de Navarra cumpliendo con el protocolo nacional se están enviando estos datos al Ministerio de Sanidad y teniendo en cuenta que se solicita la información para todas las Comunidades Autónomas, entendemos que el Organismo que puede dar toda la información solicitada de una manera homogénea y en el formato que se solicita es el Ministerio de Sanidad. 7. El 10 de diciembre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia al reclamante para que para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 10 de diciembre de 2021, se recibió escrito con el siguiente contenido: Me reafirmo en todo lo expresado en mi reclamación. Sanidad no argumenta ni justifica el porqué de su inadmisión a mi solicitud ni por qué ahora piden la inadmisión de mi reclamación. Se debe, por lo tanto, estimar mi reclamación y conceder el acceso a la información solicitada. Como bien sabe el Consejo, la opción de ampliar el plazo no está contemplada para evaluar las solicitudes. Además, Sanidad indica que su intención era "proceder a facilitar la información". Acepta así que cuenta con ella y que puede ser órgano competente para entregarla. Debería, por lo tanto, hacerlo. El Ministerio cuando tenía esa idea y decidió ampliar el plazo para resolver ya sabía de sobras que quien le envía esa información es las comunidades autónomas. Por lo tanto, si hubieran considerado realmente que la solución correcta era derivar la solicitud deberían haberlo hecho entonces y no después de ampliar el plazo y socabar el derecho de acceso de este solicitante. Recuerdo, además, que se da el caso de comunidades como Navarra, que inadmiten la solicitud derivada al entender que quien tiene los datos es el ministerio, ya que es quien se los pide a las comunidades autónomas y quien tiene los de toda España que pedía este solicitante. Del mismo modo, es quien los mantiene de forma homogénea. Es por lo tanto el ministerio quien debe entregar la información solicitada. Se puede consultar también más información aquí: https://maldita.es/malditodato/20211124/reinfecciones-coronavirus- datosescasos-comunidades-autonomas/ Al no cuadrar los datos de las comunidades y del ISCIII es fundamental, además, que el ministerio entregue también los suyos para permitir la fiscalización por parte de la ciudadanía. Sanidad tiene que rendir cuentas y permitir a los ciudadanos acceder a los datos de reinfecciones por coronavirus que realmente ellos tengan y estén tratando y analizando. La ciudadanía también tiene derecho a conocer esa información ante una situación tan grave como es la pandemia de COVID-19. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a determinados datos de las reinfecciones por coronavirus que ha habido en España, desglosadas por día y provincia, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. El Departamento ministerial, tras ampliar el plazo para resolver, resolvió extemporáneamente remitir la solicitud de acceso a las comunidades y ciudades autónomas invocando el apartado 4ª del artículo 19 de la LTAIBG que dispone “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. 4. En relación con la ampliación de plazo acordada por la Administración, debe recordarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG establece que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.” En el Criterio Interpretativo 5/2015, de 14 de octubre - elaborado por el Consejo de Transparencia en virtud de las potestades atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG – se han precisado los requisitos que han de concurrir para la correcta aplicación de lo previsto en el último párrafo del artículo 20.1 y se hace hincapié en que la Ley ciñe a dos únicos supuestos la posible ampliación del plazo: a) «el volumen de datos o informaciones» y b) «la complejidad de obtener o extraer los mismos». Además, se subraya que la ampliación debe ser convenientemente justificada en relación con el caso concreto y esta justificación habrá de constar de forma expresa. Se consolida así una interpretación de la facultad de ampliación del plazo ordinario de resolución que este Consejo ya había defendido en resoluciones anteriores insistiendo en la necesidad de que el acuerdo de ampliación quede «debidamente justificado y argumentado» (R 184/2018, de junio), exprese «sus causas materiales y sus elementos jurídicos» y (R 34/2018, de 10 de abril) y que, en consecuencia, considera contraria a Derecho una ampliación del plazo que «no fue suficientemente argumentada» (R 98/2017, de 30 de mayo o R 110/2017, de 1 de agosto), no contiene «especificación alguna de las causas que [la] motivan» (R 259/2017, de 30 de agosto), «no aclara en qué consiste dicha dificultad» de acceder a la información en la que se ampara (R 156/2016, de 5 de julio) o que, incluso, se basa en motivos diferentes a los legalmente previstos, como la necesidad de efectuar unas «consultas internas», el hecho «de que la solicitud haya debido ser atendida en un periodo en el que los recursos humanos disponibles puedan haber disminuido» (R 392/2016, de 16 de noviembre) o simplemente, la oportunidad de «disponer de más tiempo para preparar la resolución» (R 105/2018, de mayo, 231/2018, de julio, R 301/2018, de 13 de agosto, R 356/2018, de 10 de septiembre, R 483/2018, de 15 de noviembre). Y, en todo caso, lo que la LTAIBG tampoco permite es ampliar el plazo únicamente para disponer de más tiempo para preparar la resolución y, finalmente, acabar por no proporcionar la información solicitada, circunstancia que también ha ocurrido en el presente caso. La ampliación del plazo tiene sentido siempre y cuando se necesite más tiempo para buscar la información o la documentación requerida, prepararla y ponerla a disposición del solicitante. Ninguna de las condiciones y requisitos expuestos se han observado, por lo que la actuación de la Administración no se ajustó a derecho en este punto. 5. En lo que respecta a la aplicación del artículo 19.4 de la LTAIBG, que incorpora a nuestro ordenamiento una previsión conocida como la “regla de autor”, si bien resulta evidente que habilita al órgano al que se dirige la solicitud a remitirla a aquél que la haya elaborado o generado en su integridad o en parte principal, su aplicación a un caso concreto no puede realizarse de modo automático sino atendiendo a su finalidad, que no es otra que la de que se tengan en cuenta los derechos o intereses legítimos del órgano autor de la información remitiéndole la solicitud para que sea él quien pondere su eventual afectación y decida finalmente sobre la concesión del acceso. Siendo esta su finalidad inherente, el principio hermenéutico que obliga a interpretar las normas otorgándoles siempre el sentido que confiera la máxima eficacia posible a los derechos obliga a descartar su aplicación en aquellos casos en los que es manifiesto que el acceso a la información no causa perjuicio alguno a los derechos o intereses del autor de la información y, en cambio, genera un considerable retraso en el acceso a la información solicitada, amén de consumir innecesariamente recursos públicos cuando efectivamente se encuentra en poder del órgano al que se dirige la solicitud. En el presente caso se dan todos los presupuestos expresados por cuanto es notorio que el acceso a la información requerida, dada su naturaleza, no es susceptible de causar perjuicio a los derechos o intereses de las comunidades y ciudades autónomas que la han generado y remitido al Ministerio de Sanidad, por lo que, obrando en su poder, lo pertinente para garantizar la máxima eficacia del derecho sin demoras indebidas y con el mínimo empleo de recursos públicos es que resuelva directamente sobre la solicitud de acceso. En consecuencia, la presente reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE SANIDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el plazo máximo de 15 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: Datos de las reinfecciones por coronavirus que ha habido en España: desglosadas por día y provincia desde el 1 de enero de 2021 hasta la actualidad TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez