Solicitud de datos sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y resultado desestimatorio

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 870/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 18 de junio de 2019, la siguiente información: Solicito datos relativos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Solicito un desglose de todas las solicitudes efectuadas hasta la actualidad y recibidas por la secretaría general de la Presidencia del Gobierno. Solicito que para cada solicitud se indique en qué fecha se realizó por parte del solicitante, en qué fecha fue tramitada por la Secretaría General y en qué fecha se resolvió por parte de la Secretaría General. Además, solicito conocer el sentido de la resolución; o en su defecto, que se indique que se encuentra sin resolver o en S/REF: 001-035230 N/REF: R/0870/2019; 100-003227 Fecha: 27 de febrero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Secre taría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Datos sobre solicitudes de información recibidas Sentido de la resolución : Desestimatoria Subdirección General de Reclamaciones silencio administrativo; tal y como aparece también en las estadísticas de los boletines del Portal de Transparencia para toda la Administración General del Estado de forma genérica (concesión total, inadmisión por tal artículo de la Ley 19/2013, concesión parcial por tal límite de la Ley 19/2013, etcétera o lo que sea pertinente en cada caso). Solicito también que se indique el objeto y la temática de cada solicitud de acceso a la información pública y si está fue reclamada posteriormente por el reclamante o no en cada una de ellas. Del mismo modo, solicito conocer el sentido de la resolución del Consejo de Transparencia en las que fueron reclamadas y, en el caso, de que el Consejo estimara la reclamación del solicitante, si la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno después hizo caso al Consejo y decidió conceder la información solicitada o no cumplió con la resolución del Consejo. 2. Mediante resolución de 22 de noviembre de 2019, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO contestó al solicitante lo siguiente: (…) La Dirección General de la Gobernanza Pública ha resuelto el pasado día 16 de agosto de 2019 el expediente número 001-035228, instada por el mismo solicitante, en el que se facilitaba toda la información disponible sobre las solicitudes registradas y tramitadas desde el Portal de la Transparencia por todas las Unidades. En esa Resolución se incluyen los datos que corresponden a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno 3. Frente a esta respuesta y con fecha de entrada el 4 de diciembre de 2019, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente conte nido: (…)Mi solicitud se realizó el pasado 18 de junio y fue tramitada el 20 del mismo mes. Tras ampliar el plazo de un mes, la resolución de Presidencia del Gobierno ha llegado el 22 de noviembre, bastante más tarde que el 20 de agosto, cuando expiraba el plazo sobre el que ya habían solicitado ampliación (…) Que haya existido un expediente similar sobre todos los ministerios no es óbice para que ellos no me faciliten los dados pedidos. Ya que la información puede no ser lo misma. Además, la solicitud a la que ellos alegan fue una concesión parcial. Se me facilitó gran parte de lo solicitado, pero no todo. Y por cierto, en tiempo y forma adecuada. Además, se justificó de forma lógica y razonada porque había parte de los datos que no se me podían aportar y de ahí a que finalizara ese proceso de forma satisfactoria y no interpusiera ninguna reclamación. No se puede decir lo mismo de Presidencia del Gobierno, que ni por asomo actúa igual que la Dirección General de Gobernanza Pública en cuanto a prácticas de transparencia. De todos modos, se trata de solicitudes distintas y a administraciones distintas y, por ende, totalmente independientes. Considero que la Administración, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, debería aportarme todo lo solicitado al tratarse de información pública sobre la que no caben límites que aplicar. 4. Recibida la reclamación, con fecha 11 de diciembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, al objeto de que efectuase las alegaciones que se considerasen oportunas. Al no responder al indicado requerimiento, el mismo fue reiterado el 14 de enero de 2020. Finalmente, y con fecha de entrada el 21 de febrero de 2020, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO realizó las siguientes alegaciones: Que la Dirección General de la Gobernanza Pública resolvió el pasado día 16 de agosto de 2019 el expediente número 001-035228, instado por el mismo solicitante, en el que se facilitaba toda la información disponible sobre las solicitudes registradas y tramitadas desde el Portal de la Transparencia por todas las unidades. En la resolución de la Dirección General de la Gobernanza Pública se incluyen los datos que corresponden a la Secretaría General de la Presidencia del Gobi erno, por lo que el solicitante ya dispone de la información que reclama y esta solicitud resulta manifiestamente repetitiva. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe volver a recordarse que, como hemos señalado reiteradamente, el plazo máximo para resolver una solicitud de información, según el art. 20.1 de la LTAIBG, es de un mes desde la entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. A pesar de ello, y como figura en los antecedentes, aun cuando la solicitud de información fue presentada el 16 de junio- con entrada en el órgano competente, esto es, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO pocos días después- y la ampliación del plazo máximo para resolver es de 19 de julio, la resolución de respuesta fue dictada transcurridos más de cuatro meses desde esa fecha, sin que conste en el expediente razón que permitiera justificar dicho retraso y, por lo tanto, el incumplimiento de la normativa aplicable. Como bien sabe la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO y afirma continuamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el respeto de los plazos establecidos en la norma, además de significar el cumplimiento de una obligación legal, permite la adecuada garantía de un derecho que tanto la propia LTAIBG como la interpretación que de la misma hacen los Tribunales de Justicia califican como de configuración amplia y escasos límites. En este sentido, resulta relevante recordar que nos encontramos ante un derecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) y cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. Asimismo y teniendo en cuenta que la resolución recurrida se remite a la respuesta dada a una solicitud de información formulada en parecidos términos el 16 de agosto de 2019, entendemos que no existe justificación para que fuera dictada el 22 de noviembre. 4. A continuación, debemos realizar unas consideraciones sobre la tramitación de la presente reclamación y, más en concreto, sobre la solicitud de alegaciones formulada a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Como ya hemos señalado de forma reiterada, la solicitud de alegaciones al sujeto obligado por la LTAIBG frente al que se presenta la reclamación, además de garantizar el principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios de tal forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de aplicación al caso concreto. Como se desprende de todos los expedientes de reclamación tramitados por este Organismo, la solicitud de alegaciones se realiza inmediatamente después a la interposición de la reclamación y es objeto de reiteración por una única vez al objeto de obtener los argumentos por los que el Organismo al que se dirige la reclamación ha denegado la información solicitada o no ha respondido la solicitud en el plazo conferido al efecto. Tal y como figura en los antecedentes de hecho, la reclamación fue remitida a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO en los siguientes días hábiles tras su recepción y la solicitud de alegaciones fue reiterada transcurrido un mes desde esta primera remisión. A pesar de ello, el escrito de alegaciones fue remitido más de dos meses después de la solicitud inicial y estando próximo el cumplimiento del plazo de tres meses de que dispone el Consejo para resolver las reclamaciones que se le dirijan. En atención a estas circunstancias, no podemos sino poner de manifiesto que este retraso en la tramitación dificulta la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- así como la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública que corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 34 de la LTAIBG). Asimismo, el retraso en la recepción de las alegaciones impide la tramitación de la audiencia del expediente solicitada por el reclamante si bien, dado el contenido del escrito de alegaciones, puede prescindirse del mismo en base a lo previsto en el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 5. Sentado lo anterior y ya sobre el fondo del asunto, recordemos que la solicitud requería datos sobre las solicitudes de acceso a la información recibidas y tramitadas por la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. En su respuesta, dicho Departamento se remite a la respuesta proporcionada por la Dirección General de Gobernanza Pública- MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA- a una solicitud de información que en similares o idénticos términos se interesaba por los mismos datos pero para el conjunto de la Administración General del Estado. Esa respuesta, que el reclamante admite haber recibido, finalizó a su juicio de forma satisfactoria, de ahí que no interpusiera ninguna reclamación. Y, si bien la concesión de la información fue parcial, considera que se justificó de forma lógica y razonada porque había parte de los datos que no se me podían aportar y de ahí a que finalizara ese proceso. Por lo tanto, podemos concluir que, entre los datos solicitados y que considera le fueron aportados de forma satisfactoria, se encuentran los relativos a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO que constituye el objeto de la presente reclamación. Asimismo, no entendemos ni compartimos lo manifestado por el reclamante en el sentido de que se trata de solicitudes distintas y a administraciones distintas y, por ende, totalmente independientes. En primer lugar porque la solicitud referida a la totalidad de datos de la AGE engloba la que presenta de forma individualizada respecto de los datos de la indicada SECRETARÍA GENERAL ; por lo tanto, resulta claro que la primera solicitud engloba la segunda y que es de la que trae causa la presente reclamación. En segundo lugar porque tanto el resto de los Ministerios a los que se refería la solicitud ya respondida y la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO forman parte de la misma Administración, esto es, la Administración General del Estado. Lo planteado por el reclamante al afirmar que la respuesta en ambas solicitudes podría no ser la misma sería tanto como que, de forma paralela a que realiza una solicitud sobre datos de todas las Unidades de Información, planteara solicitudes individualizadas a cada una de ellas y, si bien acepta como correcta la primera respuesta- y, por lo tanto, no presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- cuestionase la remisión a la primera respuesta- referida a todos los datos completos- que se realice en la resolución de las solicitudes presentadas de forma individualizada. Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención al argumento señalado en el escrito de alegaciones acerca del carácter repetitivo de lo planteado por el reclamante, procede indicar que, debido a que a la fecha de la solicitud- 18 de junio- aún no se había dictado resolución por la Dirección General de Gobernanza Pública por la que se proporcionan los datos globales- ya que fue dictada el 16 de agosto- no podemos considerar que la solicitud fuese repetitiva y, en consecuencia, que pudiera ser de aplicación lo previsto en el art. 18.1 e) según el cual 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. No obstante lo anterior, y según hemos expuesto en los apartados precedentes, consideramos que no cabe acoger los argumentos del reclamante y, en consecuencia, procede desestimar la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por con entrada el 4 de diciembre de 2019 frente a la resolución de 22 de noviembre de 2019 de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda