Solicitud de copia firmada del Acuerdo de reconocimiento mutuo entre el Instituto de Actuarios Españoles y la AAE

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 869/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 20 de agosto de 2021, al INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: x Copia del Acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por el IAE con la AAE. 2. Mediante resolución de fecha 20 de septiembre de 2021, el INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES contestó al solicitante lo siguiente: La Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles RESUELVE, de conformidad con el artículo 18.1.d de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, admitir a trámite la solicitud de información de fecha 20 de agosto de 2021. En consecuencia, se adjunta el siguiente documento: S/REF: N/REF: R/0869/2021; 100-005923 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Instituto de Actuarios Españoles Información solicitada: Copia del Acuerdo de reconocimiento mutuo firmado con la AAE Subdirección General de Reclamaciones − Documento número ocho: Agreement on Mutual Recognition (MRA) – October 2012. Y adicionalmente los siguientes documentos para una correcta interpretación del documento solicitado: − Documento número nueve: Guidance on implementation of MRA (Heubeck letter) – November 2010. − Documento número diez: Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). − Documento número once: Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. − Documento número doce: Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n ° 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior ( «Reglamento IMI»). Texto pertinente a efectos del EEE. Los documentos números ocho y nueve figuran publicados en la página web de la Actuarial Association of Europe en los siguientes enlaces: − Documento número ocho: https://actuary.eu/wpcontent/uploads/2020/12/MRA FINAL Nov2012 AAE-updated.pdf − Documento número nueve: https://actuary.eu//wpcontent/uploads/2017/08/Heubeck letter final nov2010.pdf El documento número diez se corresponde con una publicación actualizada del Boletín Oficial del Estado, a la que se puede acceder en el siguiente enlace: − Los documentos número once y doce se corresponden con publicaciones del Diario Oficial de la Unión Europea, a las que se puede acceder en los siguientes enlaces: − Documento número once: − Documento número doce: 3. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 13 de octubre de 2021, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: La copia enviada del documento no incluye las firmas de ratificación de las partes obligadas en el documento. El Instituto de Actuarios es una Corporación de Derecho Público, de carácter científico y profesional, conforme al Decreto 12/1959, de 8 de enero, sobre constitución del Instituto de Actuarios. El Instituto de Actuarios, de conformidad con el artículo 18.1.d de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, admitir a trámite la solicitud de información de fecha 20 de agosto de 2021. El documento solicitado no se corresponde con el documento proporcionado. En concreto se ha enviado una copia de un acuerdo sin firmar por las demás partes obligadas en la AAE, cuando explícitamente se solicitaba el acuerdo firmado por el IAE, esto implica también la fecha de la firma, lugar de la firma, y la firma o ratificación de las partes obligadas, aspectos que no aparecen en la versión sin firmar que se ha enviado. El Instituto de Actuarios ya ha reconocido en su resolución de 20.09.2021 el derecho al acceso a esta documentación, por lo cual debería aportar una copia del documento, en el cual se vea la ratificación de las partes. Los motivos principales que sustentan el derecho a acceso son: -Derecho al acceso cuando se trate de la regulación de la profesión. -Derecho al acceso cuando afecte jurídicamente los derechos de ejercicio profesional conforme a la directiva 2005/36/CE, parte del derecho administrativo. -Derecho al acceso cuando se trate de actas administrativas participadas por el colegio profesional en ejercicio de funciones administrativas, (Sentencia de 23 de febrero de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6, de Madrid, Resolución de 26 de abril de 2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Resolución del CTBG nº 72, de 3 de junio de 2016). 4. Con fecha 14 de octubre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 3 de noviembre de 2021 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: ÚNICA.- Se ha concedido el derecho de acceso al documento en vigor en el momento de la solicitud de información, documento que si bien no formaría parte de la esfera del derecho administrativo, figura publicado en abierto en la página web de una asociación internacional de carácter privado a la que pertenece el Instituto de Actuarios Españoles. Adicionalmente se han aportado otros documentos necesarios para una correcta interpretación del contenido del documento solicitado, habiéndose concedido un derecho de acceso a más información de aquella solicitada. Dichos documentos han sido omitidos en la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la resolución que se recurre. La Actuarial Association of Europe es una asociación privada creada conforme al artículo 60 del Código Civil de Suiza (Swiss Civil Code), con sede en Zurich. (Statutes - Article 1 - Name, Legal Structure and Registered Office – The Actuarial Association of Europe, referred to as “the AAE”, is, as a forum of European actuarial associations, an association within the meaning of Article 60 of the Swiss Civil Code with registered office domiciled in Zurich). Conforme a lo establecido en el artículo 2.1.e de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones de esta ley se aplican a las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. El Instituto de Actuarios, si bien tiene el carácter de Corporación de Derecho Público, de carácter científico y profesional, conforme al Decreto 12/1959, de 8 de enero, sobre constitución del Instituto de Actuarios, en sus relaciones con la precitada asociación privada sujeta al Código Civil de Suiza, no actúa en el ámbito del Derecho Administrativo. En relación al ejercicio del reconocimiento de las cualificaciones profesionales en Europa, en España se encuentra en vigor el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), que tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión. Esta Corporación no tiene, en consecuencia, competencia sobre la transposición al ordenamiento jurídico en otros países de estas dos Directivas Comunitarias ni sobre el acceso a la profesión en otros países. Forma parte del Derecho Administrativo la aplicación del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). Y no corresponde a la esfera del derecho administrativo el “Mutual Recognition Agreement” de la Actuarial Association of Europe, sino el citado Real Decreto 581/2017, y que solo puede ser invocado por los miembros denominados “fully qualified actuary” de alguna de las entidades firmantes que hayan obtenido el reconocimiento de la cualificación profesional en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, circunstancia ésta que no consta a este Colegio Profesional que concurra en el reclamante, conforme a los Estatutos de la citada asociación internacional privada. El documento solicitado es un documento que figura en la página web de la Actuarial Association of Europe, y por tanto es de acceso público, junto con otros documentos que lo complementan y contribuyen a la interpretación del citado documento, si bien al haberse adherido el Instituto de Actuarios son documentos cuyas copias obran en nuestro poder, que no se han traducido al castellano, y que se han entregado en la resolución contra la que se reclama. Este tipo de documentos, además, no requiere de la firma física de cada firmante, por cuanto relaciona las entidades adheridas, y respecto a la vigencia, en el propio nombre y envío del documento se especifica la fecha de octubre de 2012. Esta Corporación recibió una traducción no autorizada ni legitimada al castellano del documento solicitado, que también adjuntaba, realizada por el propio reclamante, en la que consta la fecha, y que nos hizo llegar por correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2021 como justificación de una pretensión, pero que no ha pasado a formar parte de nuestro fondo documental ni la podemos considerar adquirida en el ejercicio de nuestras funciones, por no ser una traducción autorizada ni legitimada. No adjuntamos a las alegaciones este documento de fecha 11 de agosto de 2021, por cuanto no forma parte del expediente ni se resolvió contando con él, si bien constataría por esta reclamación que no se estaría ajustando a la finalidad de la Ley de Transparencia, especialmente por haber atendido esta Corporación no sólo la petición del documento, sino de documentos adicionales, garantizando el derecho de acceso a la información y procurando que toda la información sea evaluada en su conjunto, evitando que se pueda caer en un error de interpretación de un documento sin todos aquellos que forman parte de esa materia. De hecho, se resolvió admitir a trámite la solicitud, y se envió en respuesta a su solicitud, además del documento solicitado y que ya obraba en poder del solicitante como consta en el correo de 11 de agosto de 2021, otros cuatro documentos, para que la interpretación del solicitante respecto a la materia por la que tenía interés fuese completa y no diese lugar a interpretaciones sesgadas o susceptibles de ser erróneas. Estos fueron los cinco documentos enviados: • Agreement on Mutual Recognition (MRA) – October 2012. • Guidance on implementation of MRA (Heubeck letter) – November 2010. • Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). • Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. • Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n ° 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») Texto pertinente a efectos del EEE. Los dos primeros documentos citados, incluido aquel por el que presentó la solicitud, figuraban publicados en abierto en la página web de la Actuarial Association of Europe. Y los otros tres, son de acceso público a través del Boletín Oficial del Estado. Todos estos documentos obraban en la resolución de fecha 20 de septiembre de 2021, y varios de ellos se han omitido en la documentación adjunta a la reclamación. Se adjuntaron en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Buen Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, para facilitar información veraz, completa y comprensible. En consecuencia, SOLICITA tenga por presentado y admitido este escrito de alegaciones y sus documentos adjuntos, lo estime, y dicte, conforme a Derecho, resolución contraria a la reclamación contra la resolución del Instituto de Actuarios Españoles, por cuanto se garantizó el derecho de acceso, aportando no sólo el documento solicitado con validez plena, sino también otros cuatro documentos complementarios para una adecuada interpretación del documento enviado. 5. El 5 de noviembre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia al reclamante para que para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, contestando lo siguiente: El documento solicitado no se corresponde con el documento proporcionado. En concreto se ha enviado una copia de un acuerdo sin firmar por las demás partes obligadas en la AAE, cuando explícitamente se solicitaba el acuerdo firmado por el IAE, esto implica también la fecha de la firma, lugar de la firma, y la firma o ratificación de las partes obligadas, aspectos que no aparecen en la versión sin firmar que se ha enviado. Cualquier documento que el IAE (o uno de sus vocales representantes en la AAE) haya adquirido, votado o ratificado sujeto a derecho administrativo español está sujeto a la Ley de Transparencia. El Instituto de Actuarios ya ha reconocido en su resolución de 20.09.2021 el derecho al acceso a esta documentación, por lo cual debería aportar una copia del documento solicitado acta de aprobación del texto del acuerdo MRA (que incluya la aprobación del documento), en el cual se vea la ratificación de las partes representadas en la AAE. Los motivos principales que sustentan el derecho a acceso son: -Derecho al acceso cuando se trate de la regulación de la profesión. -Derecho al acceso cuando afecte jurídicamente los derechos de ejercicio profesional conforme a la directiva 2005/36/CE, parte del derecho administrativo. -Derecho al acceso cuando se trate de actas administrativas participadas por el colegio profesional en ejercicio de funciones administrativas, (Sentencia de 23 de febrero de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6, de Madrid, Resolución de 26 de abril de 2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Resolución del CTBG nº 72, de 3 de junio de 2016). NOTA: el acuerdo MRA ratificado por el IAE establece una vía de ejercicio profesional en otros países europeos para los profesionales españoles, por tanto afecta indirectamente a las condiciones exigibles (de formación y de experiencia) para el ejercicio de la profesión tanto en el extranjero (incluida la Unión Europea - que constituye una unión jurídica de derecho, de facto sujeta a derecho administrativo-). II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a una copia del Acuerdo de reconocimiento mutuo firmado entre el INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES y la Actuarial Association of Europe - AAE. Tal y como sostiene el INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES, se reclama un documento que ya ha sido entregado al reclamante y que, además, figura publicado en abierto en la página web de una asociación internacional de carácter privado (la Actuarial Association of Europe o AAE) a la que pertenece el Instituto de Actuarios Españoles. El motivo único de la reclamación es, en realidad, que no aparece firmado dicho documento. En este sentido, el Instituto aclara que “este tipo de documentos, además, no requiere de la firma física de cada firmante, por cuanto relaciona las entidades adheridas, y respecto a la vigencia, en el propio nombre y envío del documento se especifica la fecha de octubre de 2012“. Este razonamiento es per se suficiente para denegar el acceso a la información, por no existir la información requerida. No obstante, debe añadirse que la firma debe estar anonimizada, como el resto de datos personales. Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, es un dato personal toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Entre estos datos se incluye también la firma, que debe quedar oculta. Sobre la firma, se debe citar el Criterio Interpretativo CI/004/2015, de 23 de julio , suscrito entre el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos, en el que se concluía que https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html “a) Los organismos y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley deben publicar la identidad de los adjudicatarios de los contratos que suscriban y los convenios con mención a las partes firmantes. b) Tanto el número de DNI como la firma manuscrita tienen la consideración de dato de carácter personal y, por lo tanto, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. e) Al no tratarse de datos especialmente protegidos ni tener la consideración de meramente identificativos, su publicidad debe ponderarse en atención al interés público que hubiera en su divulgación y a los derechos de los titulares de los datos. d) A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de esta Agencia Española de Protección de Datos, el objetivo de transparencia perseguido por la Ley 19/2013 se cumpliría con la identificación del adjudicatario de un contrato o de los firmantes de un convenio, no contribuyendo a este objetivo la publicación del número de DNI o la firma manuscrita cuando esta no se corresponda a un cargo público en ejercicio de las competencias que tiene conferidas. e) En todo caso se consideraría una buena práctica la supresión de la totalidad de las firmas manuscritas del documento siempre y cuando conste en el documento publicado o que sea objeto de acceso algún tipo de mención que ponga de manifiesto que el original ha sido efectivamente firmado.” En conclusión, la reclamación presentada debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES, de fecha 20 de septiembre de 2021. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez