Solicitud de catálogo de puestos de trabajo y vacantes de la SEPI y desestimación por inexistencia de la información

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 849/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 12 de noviembre de 2020, la siguiente información: Copia del catálogo actualizado de puestos de trabajo ocupados con identificación de vacantes producidas en las categorías de Técnico Superior, Diplomado Universitario e inferiores, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde al año 2008, a la actualidad, noviembre de 2020. 2. Mediante resolución de fecha 4 de diciembre de 2020, el MINISTERIO DE HACIENDA contestó a la reclamante lo siguiente: PRIMERA.- Plazo para resolver la solicitud. S/REF: 001-050054 N/REF: R/0849/2020; 100-004543 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Hacienda Información solicitada: Copia del catálogo actualizado de puestos de trabajo en la SEPI Subdirección General de Reclamaciones El artículo 20.1 LTAIBG dispone que “la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. Como ha quedado antes expuesto, la presente solicitud, si bien fue registrada en el Portal de Transparencia de la AGE el 12 de noviembre de 2020, no fue remitida a SEPI hasta el día 18 de ese mismo mes. Por ello, será esta última fecha la que deberá tomarse en consideración, a la hora de dilucidar si SEPI ha dictado o no, dentro del indicado plazo mensual, la presente resolución. SEGUNDA.- El derecho a la información pública. Contenido y alcance. La LTAIBG, en su artículo 12, reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017, considera que se trata de un auténtico derecho público subjetivo, del que son titulares todas las personas, derecho que solamente podrá verse limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En efecto, ese derecho no es absoluto, pudiendo ser limitado cuando el acceso a la información suponga un perjuicio real o previsible para alguno de los intereses contemplados en el artículo 14.1 LTAIBG, o para la intimidad o la protección de datos personales de los afectados por la información (art. 15 LTAIBG). En cuanto a lo que ha de entenderse por “información pública”, el artículo 13 LTAIBG la define como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Es decir, el citado precepto define el objeto de una solicitud de acceso a la información pública en relación con una información que ya existe, que está en posesión de la entidad pública que recibe la solicitud, bien por haberla elaborado, o bien por haberla obtenido en ejercicio de las funciones o competencias que tiene encomendadas. En este sentido se manifiesta la Sentencia nº 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 1, en el procedimiento ordinario 33/20176. TERCERA.- La información solicitada. Su inexistencia. Como se acaba de exponer, en el presente caso la interesada recaba de SEPI la entrega de una “copia del catálogo actualizado de puestos de trabajo ocupados con identificación de vacantes producidas en las categorías de Técnico Superior, Diplomado Universitario e inferiores, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde al año 2008, a la actualidad, noviembre de 2020”. Como se observa, la interesada centra su solicitud en la entrega de una copia del catálogo de puestos de trabajo que sostiene existente en SEPI, al efecto de poder identificar vacantes en las categorías profesionales mencionadas en su solicitud. A este respecto, y bajo la rúbrica de “Ordenación de los puestos de trabajo”, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (“TRLEBEP”), establece que: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que compre nderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. A pesar de que, de conformidad con el artículo 2.1.d) TRLEBEP, dicha norma también resulta aplicable a SEPI, dado que ostenta el carácter de entidad de derecho público, lo cierto es que SEPI no cuenta con una relación de puestos de trabajo, catálogo u otro instrumento organizativo similar –ni actualizado ni sin actualizar-, que le permita dar acceso a la información solicitada. Por todo ello, y no pudiendo entrar a conocer de la cuestión de fondo que se plantea en esta solicitud, habida cuenta de la inexistencia de la información recabada por la interesada, procede INADMITIR dicha solicitud. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 7 de diciembre de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: A pesar de ser SEPI una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Hacienda, resultando de aplicación el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no cuenta con hay relación de puestos de trabajo o catálogo que permita dar acceso a la información de carácter público. Dado el carácter público de la información que solicito referente a la relación de puestos de trabajo ocupados con identificación de vacantes producidas en las categorías de Técnico Superior, Diplomado Universitario e inferiores, de (SEPI), desde al año 2008 a noviembre de 2020, considero que dado el estatus jurídico de esta entidad y la naturaleza pública de la información que solicito, en garantía del derecho de acceso a la información pública y a una buena administración, la inadmisibilidad de mi solicitud es reprobable, según la integridad pública que debe presidir el ámbito de actuación de la Administración General del Estado, en garantía y desarrollo del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, y en cumplimento de la Ley de Transparencia. 4. Con fecha 7 de diciembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el 23 de diciembre de 2020, lo siguiente: Sobre los motivos en los que la interesada basa su reclamación. Dispone el artículo 24.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que: “Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso- administrativa”. Por su parte, el apartado 3 del citado precepto establece que: “La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Una vez derogada la Ley 30/1992 por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública –“en adelante, LPAC”-, habrá que estar al régimen jurídico contenido en esta última norma en materia de recursos administrativos. En relación con este extremo, interesa destacar el artículo 115.1 LPAC que prevé que la interposición del recurso deberá expresar, entre otros extremos que no vienen al caso, “el acto que se recurre y la razón de su impugnación” [letra b)]. Como se observa, a pesar de asumir que SEPI no cuenta con una relación de puestos de trabajo o catálogo que permita dar acceso a la información solicitada, se limita a calificar como “reprobable” la decisión de SEPI de inadmitir tal solicitud por no disponer de la información recabada. Con ello, la interesada incumple el deber que le asiste de explicar la razón –jurídica, se entiende- de su impugnación, lo cual debería determinar la desestimación de su reclamación. En resumen, SEPI entiende que ajustó a Derecho su actuación, postura que espera comparta el CTBG, organismo al que se solicita el inmediato traslado de este escrito, al efecto de tener por evacuado el trámite de alegaciones conferido a SEPI. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte ”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. A continuación, hay que analizar el contenido de la reclamación presentada, en la que se no pide realmente una actuación de este Consejo de Transparencia en orden a preservar el derecho de acceso a la información pública y a dar cumplimiento a los fines que marca la LTAIBG relativos al control de la actuación pública y a la rendición de cuentas. Como señala la Administración, la reclamante “se limita a calificar como “reprobable” la decisión de SEPI de inadmitir tal solicitud por no disponer de la información recabada”. Con independencia de esta apreciación subjetiva, que este Consejo de Transparencia no entra a valorar, al igual que tampoco le corresponde valorar la conformidad a derecho de lo manifestado por la Administración al reconocer expresamente que “A pesar de que, de conformidad con el artículo 2.1.d) TRLEBEP, dicha norma también resulta aplicable a SEPI, dado que ostenta el carácter de entidad de derecho público, lo cierto es que SEPI no cuenta con una relación de puestos de trabajo, catálogo u otro instrumento organizativo similar –ni actualizado ni sin actualizar-, que le permita dar acceso a la información solicitada”, el hecho cierto alegado es la inexistencia de la información solicitada, por lo que si no existe información pública en los términos en los que la define el precitado artículo 13 de la LTAIBG, no se da el presupuesto para la aplicación de la Ley. Esta misma conclusión se ha alcanzado en múltiples precedentes, por todos cita el procedimiento R/0249/2018 , donde se razonaba lo siguiente: “(…) el objeto de una solicitud de información debe ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En opinión de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la concreta información que es objeto de solicitud no reúne las características de información pública, como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG (…)” Por lo expuesto, la presente reclamación ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 7 de diciembre de 2020, frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA, de fecha 4 de diciembre de 2020. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez