Acceso a criterios de valoración y puntuación del Máster en Liderazgo y Dirección Pública

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 835/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 24 de octubre de 2019, la siguiente información: Ya que los criterios de admisión para ser admitido al Máster [en Liderazgo y Dirección Pública] se centrarán en la valoración de los siguientes aspectos en los porcentajes que a continuación se indican: •Un 50% a la trayectoria profesional y curricular del candidato en la Administración pública. •Un 50% al nivel de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrolle su labor profesional. S/REF: 001-037941 N/REF: R/0835/2019; 100-003189 Fecha: 13 de febrero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Política Territorial y Función Pública/INAP Información solicitada: Master en Liderazgo y Dirección Pública Subdirección General de Reclamaciones 1ª Como se puntúa, y como se valora la trayectoria profesional y curricular, y el nivel de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrolla su labor profesional a los solicitantes de cursar el Máster en Liderazgo y Dirección Pública en los Criterios de admisión? 2º Como se ha puntuado, y como se ha valorado mi trayectoria profesional y curricular, y mi nivel de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrollo mi labor profesional como solicitante de cursar el Máster en Liderazgo y Dirección Pública en los Criterios de admisión. 3º Porque no se tiene en cuenta el criterio de discriminación positiva, para conseguir la no discriminación y la igualdad de trato en las bases de lo establecido para poder cursar el Máster, tal y como así se hace en la actividad formativa del INAP a las personas que tienen un grado de discapacidad acreditado de más del 33%, y tal como así está establecido en las diferentes políticas públicas de la Administración? 4º Por qué no han contestado a mis alegaciones a la exclusión de la convocatoria 2019/20 en el sentido de que les pedí las puntuaciones de cada concepto para poder alegar lo que a mi derecho estimara conveniente? 2. Con fecha 15 de noviembre de 2019, el INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (INAP), perteneciente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA contestó al solicitante lo siguiente: Con fecha 29 de octubre, esta solicitud se recibió en el INAP, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Con posterioridad, el 31 de octubre, el mismo solicitante presentó nueva solicitud de acceso a la información pública en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que, con el número de expediente 001-038139, se recibió en el INAP el 7 de noviembre de 2019. En esta solicitud volvía preguntar sobre la valoración profesional y curricular de los solicitantes del citado posgrado oficial. Por ese motivo y tras apreciar la identidad sustancial o íntima conexión entre las dos solicitudes y siendo el INAP el órgano que ha de tramitarlas y resolverlas, este organismo acordó la acumulación de ambos expedientes, hecho que fue notificado al solicitante a través del Portal de la Transparencia el 11 de noviembre. De este modo, con esta resolución se resuelve tanto la solicitud de acceso a la información pública 001-037941 como la acumulada a ella, la 001-038139. De acuerdo con la letra e) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley. Una vez analizada la solicitud, el INAP considera que esta incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que el solicitante conoce y ha utilizado con anterioridad a sus solicitudes de acceso a la información pública las vías habilitadas para la comunicación tanto con el INAP como con la UIMP a los candidatos al Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, entre los que él se encuentra. Así, el 3 de octubre de 2019, el solicitante remitió un correo electrónico al buzón electrónico de la UIMP [email protected], que la universidad trasladó al INAP el 11 de octubre del mismo año. El 18 de ese mes el INAP, desde su buzón electrónico [email protected] atendió la consulta del solicitante. Esta primera comunicación entre las partes no fue la única; así, en el citado mes se produjeron otras. Por tanto, el uso de la vía de la transparencia en este supuesto tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pues el solicitante utiliza el derecho de acceso a la información pública como un medio alternativo al establecido para la comunicación entre el solicitante, como postulante al posgrado oficial, y las entidades públicas INAP y UIMP. Además el solicitante ya conoce la información que ahora vuelve a requerir, pues, por esa vía establecida, ya se l e facilitó en octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra e) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 26 de noviembre de 2019, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: Es totalmente incierto que yo, como solicitante utilice el derecho de acceso a la información pública como un medio alternativo al establecido para la comunicación entre el solicitante, como postulante al posgrado oficial, y las entidades públicas INAP y UIMP. Y que además el solicitante ya conoce la información que ahora vuelve a requeri r, pues, por esa vía establecida, ya se le facilitó en octubre del año en curso. En primer lugar, yo solicito la información para poder comprobar y recurrir la puntuación otorgada como postulante al Master, esta información no se me ha dado nunca como puede comprobar en el correo que me remitieron solo se me dio la puntuación final, y no por conceptos como yo la solicite, desglosada, y los criterios de valoración por los cuales se otorga la puntuación, además solicite los criterios de puntuación, y las puntuaciones de todos los postulantes al master, y solicite la información de porque no se tiene en cuenta el criterio de discapacidad para poder cursar el master, tal y como así lo establece la ley de universidades. Por ello solicito que se me de la información solicitada para poder recurrir la inadmisión al Master. 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó al reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 5. Con fecha 28 de noviembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al INAP, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 20 de diciembre de 2019 e indicaba lo siguiente: El INAP sólo puede repetir lo expuesto en esa resolución de 15 de noviembre de 2019, es decir, que el entonces solicitante conocía y utilizó las vías habilitadas para que los candidatos al Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública —entre los que encontraba el reclamante— se pudieran comunicar tanto con el INAP como con la UIMP. De hecho, el propio interesado menciona en su reclamación la existencia de, al menos, un correo electrónico de esta naturaleza. Asimismo, conviene ahora mencionar que el 23 de octubre de 2019, un día antes de la presentación de su solicitud de acceso a la información pública 001-037941, presentó una queja ante la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad como consecuencia de no ser admitido en el referido posgrado. Dicha oficina solicitó informe al INAP que ha sido ya remitido. También es oportuno destacar que, con anterioridad a esa fecha, concretamente el 18 de octubre de 2019, el propio INAP contactó con el interesado para exponerle los motivos por los que no fue admitido al máster oficial y que en dicha inadmisión no había operado ninguna discriminación por razón de discapacidad. Como se puede observar, el reclamante ha utilizado varias vías para exigir lo que considera su interés legítimo. A este respecto, el INAP no tiene nada que oponer, pero tampoco puede ignorar el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que es taxativa en el apartado 1 de su disposición adicional primera al establecer que «la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Sobre la base de este precepto y con el conocimiento de que el reclamante conocía y usó el procedimiento aplicable a su caso como postulante al máster, el INAP fundamentó su resolución indicando el carácter abusivo de la solicitud 001-037941 —y, por extensión la acumulada 001-038139— no justificado con la finalidad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pues el entonces solicitante utilizaba el derecho de acceso a la información pública como un medio alternativo al establecido para la comunicación entre él, como postulante al posgrado oficial, y las entidades públicas INAP y UIMP. CONCLUSIONES x El INAP valoró la solicitud presentada, constató que era un candidato al Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública y que había utilizado las vías habilitadas para la comunicación de los postulantes del posgrado con el INAP y la UIMP. x Ante estos hechos, resolvió que la solicitud de acceso a la información pública del ahora reclamante tenía un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pues el interesado utilizaba el derecho de acceso a la información pública como un medio alternativo al establecido para la mencionada comunicación. x A este respecto, es necesario aclarar que el INAP no niega el acceso a la información requerida, sino que manifiesta en su resolución del pasado 15 de noviembre que la vía escogida por el recurrente para obtenerla no es la adecuada. x De hecho, el INAP ha atendido las solicitudes de información que el reclamante ha ido operando por otros cauces. Así, la información requerida por el ahora recurrente en su solicitud de acceso a la información pública 001-037941 ya le fue aportada por esas otras vías. x Por todo ello, el INAP considera que debe desestimarse la reclamación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, y al ser esta la cuestión controvertida, tal y como se señala en los antecedentes de hecho, debe analizarse si, como sostiene la Administración, el entonces solicitante conocía y utilizó las vías habilitadas para que los candidatos al Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública se pudieran comunicar tanto con el INAP como con la UIMP, que el propio INAP contactó con el interesado para exponerle los motivos por los que no fue admitido al Máster oficial y que en dicha inadmisión no había operado ninguna discriminación por razón de discapacidad. Ciertamente, consta en el expediente que a través de correo electrónico, la Subdirección de Aprendizaje del INAP comunicó al reclamante, el 18 de octubre d e 2019, lo siguiente: “Tras su reclamación, se ha procedido a la revisión de su puntuación. Una vez realizada, ha obtenido una puntuación de 45 puntos, 25 puntos en el apartado de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrolla su labor profesional y 20 en el apartado de trayectoria profesional y curricular en la Administración pública. La trayectoria que figura en su currículum pone de manifiesto que desempeña funciones correspondientes al Subgrupo Al desde mayo de 2017, correspondiendo el resto de su carrera profesional a funciones de los subgrupos A2 y Cl/C2. Ello implica que en este aspecto no alcance la valoración suficiente que se solicitaba para el acceso a Máster. Respecto a su discapacidad, esta no es valorada ya que su perfil profesional no cuenta con la puntuación mínima de acceso al Máster. EI INAP en todas sus actividades de formación tiene en cuenta el criterio de preferencia, una vez se reúne el perfil y los requisitos de acceso a sus cursos de formación, para las personas con discapacidad que soliciten cada actividad formativa.” Esta información es anterior a la presentación de la actual reclamación y ha sido aportada por el propio solicitante. Por ello, deben admitirse las alegaciones de la Administración, ya que el reclamante ha sido convenientemente informado sobre lo solicitado antes de reclamar. 4. A mayor abundamiento, por no estar pensada para ese fin, no puede invocarse la LTAIBG para adquirir una condición o unos derechos que de otra manera le son denegados por la normativa general que rige un procedimiento administrativo común u otras normas sectoriales o especiales. Como indica la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, de Madrid, de fecha 16 de octubre de 2016, el derecho de acceso a la información “es un derecho de los ciudadanos de nueva creación que en nada amplía los derechos de los interesados que ya se reconocían en el art. 30 y siguientes de la Ley 30/1992, y más en concreto en el art. 35 a) cuando establece el derecho de acceso permanente para conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a la obtención de copias de documentos contenidos en ellos, precepto que el Tribunal Supremo ha venido interpretando en el sentido de que "lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en ellos" (Sentencia de 26 de enero de 2011, entre otras). Por lo tanto el interesado en un procedimiento no necesita invocar la LTBG para realizar una acceso que ya tiene reconocido, y con carácter mucho más amplio, desde la promulgación de la Ley 30/1992, que es la específicamente aplicable a su posición jurídica. (...) no cabría obtener al amparo de la LTYBG lo que no se puede conseguir invocando la condición de directamente interesado en el procedimiento sancionador, y luego la de parte legítima en el proceso jurisdiccional (…) QUINTO.- Si la parte actora carece de derecho subjetivo al acceso a dicha información en tanto que interesado directo en el procedimiento, menos aún podría ostentar en este caso dicho derecho actuando como ciudadano, o como "público" que invoca el derecho reconocido en la normativa que regula la transparencia y buen gobierno (...)”. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Audiencia Nacional en sentencia de 9 de julio de 2018 (recurso de apelación nº 8/2018) Por lo tanto, y en base a los argumentos señalados en los apartados precedentes, procede la desestimación de la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 26 de noviembre de 2019, contra la resolución del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, de fecha 15 de noviembre de 2019. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda