Acceso a información sobre agentes heridos en disturbios en Cataluña

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 830/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la entidad reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 24 de octubre de 2019, la siguiente información: Según varios medios de comunicación y citando fuentes del Ministerio del Interior, 300 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron heridos durante los disturbios producidos en Cataluña tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. A este respecto, la Fundación Ciudadana Civio, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, desea saber: - Número total de miembros heridos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. S/REF: 001-037962 N/REF: R/0830/2019; 100-003177 Fecha : 19 de febrero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Heridos por disturbios en Cataluña Subdirección General de Reclamaciones - ¿Cuántos del total de heridos requirieron hospitalización, cuántos solo atención hospitalaria y cuántos atención de otro tipo? - ¿Cuántos se han clasificado como heridos leves, graves y muy graves? - ¿Cuántos agentes han requerido baja médica tras los incidentes? No consta respuesta de la Administración 2. Ante esta falta de respuesta, el 25 de noviembre de 2019, la entidad solicitante presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al amparo de lo previsto en el art. 24 de la LTAIBG considerando que su solicitud había sido desestimada por silencio en aplicación de lo previsto en el art. 20.4 de la LTAIBG. 3. Con fecha 27 de noviembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, al objeto de que por dicho Departamento se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 3 de diciembre se recibieron las alegaciones efectuadas por el indicado Departamento, en las que se señalaba lo siguiente: (…)Tercero.- En este sentido, es preciso señalar que por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad se había solicitado ampliación de plazo mediante notificación de fecha 28 de noviembre, y que en fecha 2 de diciembre se ha emitido Resolución en respuesta a la solicitud formulada, disponible a través de la aplicación GESAT. (Se envían al CTBG, en formato electrónico, la información relativa a la ampliación de plazo y a la respuesta facilitada, incluyendo el justificante de registro de salida y el justificante de comparecencia a la Resolución). Cuarto.- Así pues, teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a la solicitud formulada, y de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento, se abra el trámite de audiencia a la parte interesada con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la respuesta proporcionada. La mencionada resolución de 2 de diciembre de 2019 de la SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD (MINISTERIO DEL INTERIOR) contestaba a la solicitante en los siguientes términos : El solicitante requiere información sobre una operación policial que continúa desarrollándose y no ha finalizado. El artículo 18.1.a) de la LTAIPBG señala que "Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general", motivando la inadmisión en que el solicitante requiere información sobre una operación policial que continúa desarrollándose. 4. En atención al escrito de alegaciones y con fecha 4 de diciembre de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a la entidad reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Dichas alegaciones tuvieron entrada el mismo día e indicaban lo siguiente: (…) De forma posterior a la presentación de dicho recurso, el 28 de noviembre de 2019, el Ministerio del Interior notificó a la Fundación Ciudadana Civio la ampliación de plazo por volumen o complejidad de información, en base a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Fundación Ciudadana Civio quiere recordar, en este sentido, que la ampliación de plazo se notificó de forma posterior a la expiración del plazo de un mes que señala la ley, es decir, que se realizó de forma contrario a lo establecido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo CI/005/2015, de 14 de octubre de 2015. Además, dicho criterio también destaca que la ampliación de plazo por volumen o complejidad de la información debe estar debidamente motivada, aspecto que, a juicio de la Fundación Ciudadana Civio, no se ha realizado en detalle en la notificación del Ministerio del Interior. Además, el pasado 2 de diciembre de 2019, el director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Interior resolvió la inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública, de manera posterior al plazo previsto por ley para dar respuesta a la petición, basándose en el artículo 18.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En ese sentido, cabe destacar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado, por ejemplo, en su Resolución 11/2015, de 25 de mayo, que el organismo competente debe motivar la resolución. En este caso, el Ministerio del Interior ha señalado de forma escueta que la ope ración policial “continúa desarrollándose”. Sin embargo, en la citada resolución del CTBG, se afirma que la causa de inadmisión se aplica en aquellos casos donde “la información que se solicita está inacabada”. Además, el Consejo de Transparencia ha manifestado, en su Resolución 86/2015, de 25 de mayo, que esta causa de inadmisión solo es aplicable “cuando la información no esté finalizada o cuando, una vez esté completa, vaya a ser publicada con alcance general”. Sin perjuicio de que la operación policial continúe desarrollándose. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la solicitud de información se presentó el 24 de octubre de 2019, indicando la Administración en sus alegaciones que fue registrada de entrada en la Aplicación para la Gestión de Solicitudes de Acceso de Transparencia (GESAT) el mismo día de su presentación, el 24 de octubre de 2019. También según alegaciones del MINISTERIO DEL INTERIOR, con fecha 28 de noviembre de 2019 se notifica al interesado el acuerdo de ampliación del plazo para resolver. Asimismo, conforme consta en los antecedentes de hecho y en el expediente, la Resolución sobre el derecho de acceso es de fecha 2 de diciembre de 2019 y fue notificada a la entidad solicitante mediante su comparecencia ese mismo día. Al respecto, hay que señalar varias cuestiones: - En primer lugar, cabe recordar que el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimie nto. Como se ha indicado, la solicitud de información fue registrada de entrada en la Aplicación para la Gestión de Solicitudes de Acceso de Transpar encia (a falta de otro dato se considera como la fecha de entrada en el órgano competente para resolver cuya comunicación al interesado es obligatoria en base al art. 21.4 de la ya mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre) el 24 de octubre de 2019, y según indica la Administración con fecha 28 de noviembre de 2019 notificó a la fundación interesada; en consecuencia, la ampliación de plazo, al menos su notificación, estaría fuera del plazo del mes (hasta el 24 de noviembre) del que disponía para resolver la solicitud y, por tanto, para ampliar el plazo máximo legalmente previsto. Una ampliación que, en el presente supuesto, ha sido incluso posterior a la presentación de la reclamación por denegación por silencio administrativo, registrada de entrada el 25 de noviembre de 2019. - La segunda cuestión que debe plantearse es que el citado artículo 20 de la LTAIBG condiciona la ampliación del plazo para resolver a que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario. Circunstancia que, evidentemente a nuestro juicio, no concurre en el presente supuesto puesto que la solicitud de información ha sido inadmitida en base a la apreciación de un hecho- determinante en opinión de la Administración- cuya constatación y, por lo tanto, alegación, no adolecía de ninguna complejidad ni requería de la realización de actuaciones complementarias de difícil consecución. 4. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar que la solicitud de información se concreta en el número total de miembros heridos de las fuerzas y cuerpos de se guridad del Estado (los que requirieron hospitalización, atención hospitalaria y de otro tipo, clasificado como heridos leves, graves y muy graves, y agentes han requerido baja médica) y que ha sido inadmitida por la Administración al considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 a) que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Que se refieren a información que está en curso de elaboración o publicación general. Fundamenta la Administración su argumentación en que la información es sobre una operación policial que continúa desarrollándose y no ha finalizado. Al objeto de valorar la citada argumentación, han de realizarse las siguientes consideraciones: - La Sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, conocida como la Sentencia del “procés”, fue publicada con fecha 14 de octubre de 2019, es decir, transcurrido mes y medio si tomamos como referencia la fecha de la resolución dictada por el MINISTERIO DEL INTERIOR y 4 meses desde la fecha de la presente resolución . - Conforme se puede comprobar en los diferentes de medios de comunicación los disturbios se produjeron durante la semana siguiente a la citada publicación de la Sentencia. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2019 El País publica El balance final de los disturbios: 1.044 contenedores, 57 árboles quemados y 2.400 metros de asfalto. La factura para el Ayuntamiento de los destrozos de la semana que siguió a la sentencia del 'procés' asciende a 3,1 millones. - En la página web del Ministerio del Interior y con fecha 21 de octubre de 2019 se publicó una nota de prensa titulada “Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska visitan a los agentes de policía heridos en los violentos disturbios de Barcelona”, en la que se informa que se han desplazado este lunes a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los violentos altercados de estos días y para encontrarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de la seguridad en Cataluña. (…) A continuación el jefe del Ejecutivo en funciones se ha desplazado a los hospitales Sagrat Cor y Sant Pau, donde https://elpais com/ccaa/2019/10/23/catalunya/1571843211 173341.html http://www.interior.gob.es/es/prensa/noticias?p p id=101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg&p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view&p p co l_id=column- 2&p p col count=1& 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg delta=10& 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg keywords=& 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg advan cedSearch=false& 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator=true&p rp 564233524 resetCur=false&cur=34 ha visitado a los policías que permanecen ingresados (…) Igualmente, el ministro en funciones visitó el sábado a los agentes heridos para agradecerles su trabajo y preocuparse por su estado. Por lo tanto, podemos concluir razonablemente que la información objeto de la solicitud era conocida por el MINISTERIO DEL INTERIOR en el momento de dictar la resolución por cuanto i) forma parte de los datos generales vinculados a los disturbios ocasionados en Cataluña tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo a la que nos venimos refiriendo, ii) fue tenida en cuenta a la hora de realizar diversas visitas institucionales en apoyo de los heridos y afectados y iii) se trata delas consecuencias de unos disturbios que tuvieron lugar a finales de noviembre cuyas consecuencias, lógicamente, debieron conocerse en los días posteriores a su finalización. Asimismo, debe contarse también con los pronunciamientos de los Tribunales de Justicia, especialmente con la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1"(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) ” 5. Respecto de la causa de inadmisión alegada, recogida en el art. 18.1 a) de la LTAIBG, la misma ha sido analizada en varias ocasiones por este Consejo de Transparencia. Así, por ejemplo, en la Resolución R/0202/2016 o R/0341/2017, y más recientes R/0516/2019 y R/0671/2019 en la que se concluía lo siguiente: (…) debe recordarse que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya se ha pronunciado sobre que la causa de inadmisión relativa a que la información se encuentre en proceso de elaboración debe diferenciarse claramente del hecho de que la información, si bien finalizada, se encuentre relacionada o se haya realizado en el marco de un procedimiento que aún no ha finalizado. Así, por ejemplo, en la R/0177/2018 se razonaba lo siguiente: Siendo cierto lo anterior, debe tenerse en cuenta, no obstante, que, según ya ha dictaminado este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (por ejemplo, en la resolución R/0117/2017), que no debe confundirse información en curso de elaboración con expediente en desarrollo o tramitación. Es decir, puede que un expediente se encuentre inacabado, como parece ser éste el caso y, sin embargo, en el mismo se haya finalizado información o documentos como, en principio y salvo indicación en contrario de la Administración, parecería ser éste también el caso. Así, en el precedente mencionado se razonaba lo siguiente: Argumenta el Ministerio que el Estudio Informativo solicitado se quedó en curso de elaboración y no llegó a ser culminado, dándose por finalizado antes de que llegara a formarse; no se llegó a culminar la redacción del estudio informativo y por tanto no existe un documento validado por el Ministerio de Fomento, ni siquiera para el trámite de información pública que debería realizarse de forma previa a la aprobación del proyecto. A juicio de este Consejo de Transparencia, no resulta de aplicación, al presente caso, esta causa de inadmisión de la solicitud, dado que no debe confundirse información acabada con información pública del artículo 13 de la LTAIBG, relativa a documentos o contenidos. Asimismo, aquélla está pensada para inadmitir aquellas solicitudes de acceso a la información/documentación que no están aún acabadas, pero que han de estarlo próximamente, razón por la que se entiende que están todavía en fase o en curso de elaboración o de publicación. Es decir, podría plantearse que carece de esa condición de contenido o documento en poder de un organismo público sujeto a la LTAIBG al que se refiere el artículo 13 de la norma, precisamente porque es información inacabada. Por ello, aunque el expediente aún esté en curso, a nuestro juicio parte de la información que se solicita ya existe y, por lo tanto, puede ser proporcionada al constituir información pública en el sentido del art. 13 de la LTAIBG. Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la reclamación debe ser estimada, por lo que la Administración debe proporcionar información sobre el curso de los trabajos realizados al objeto de elaborar el listado que se solicita y señalar una fecha, al menos aproximad a, de finalización. (…) 6. Teniendo en cuenta todo lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión invocada que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública, y debe ser justificada de manera clara, circunstancia que a nuestro parecer no ocurre en el presente supuesto, dado que el razonamiento adolece de concreción a la vista de la situación que se lleva produciendo y de momento seguirá, en mayor o menor medida, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Así, a nuestro juicio, la operación concreta como consecuencia de los disturbios después de la publicación de la Sentencia sí se puede considerar finalizada al igual que la información derivada de la misma, como la que se solicita en el presente supuesto. Por todo ello, entendemos que los datos que se solicitan se encuentran en poder de un organismo público sujeto a la LTAIBG al que se refiere el artículo 13 de la norma y no se están en curso de elaboración, tal y como hemos podido argumentar en los apartados anteriores. Antes al contrario, se trata de datos de los que se hicieron eco diversos medios de comunicación (por ejemplo, destaca la noticia de La Vanguardia , Barcelona 20/10/2019 23:40 | Actualizado a 26/10/2019 13:43, Entre los heridos figuran en total 288 agentes de los distintos cuerpos policiales que han intervenido para acometer la actuación de grupos violentos: 153 mossos d’esquadra, 134 efectivos de la Policía Nacional y uno de la Guardia Urbana. Trece continúan aún hospitalizados, entre ellos el policía en estado muy grave, en el hospital Sant Pau de Barcelona, y otras siete personas cuyo pronóstico es grave, tres de ellas por lesiones oculares que les han provocado la pérdida de un ojo.) y cuya confirmación correspondería ahora realizar al MINISTERIO DEL INTERIOR proporcionando respuesta a la solicitud planteada. Como se ha puesto de manifiesto debe diferenciarse claramente del hecho de que la información, si bien finalizada, se encuentre relacionada o se haya realizado en el marco de una situación concreta que implique la adopción de medidas determinadas por parte de los miembros y fuerzas de seguridad que pueda sostenerse en el tiempo Por lo tanto, y en base a los argumentos y razonamientos expuestos, debemos concluir con la estimación de la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, con entrada el 25 de noviembre de 2019, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, la siguiente información: - Número total de miembros heridos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. - ¿Cuántos del total de heridos requirieron hospitalización, cuántos solo atención hospitalaria y cuántos atención de otro tipo? - ¿Cuántos se han clasificado como heridos leves, graves y muy graves? - ¿Cuántos agentes han requerido baja médica tras los incidentes? TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la documentación enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda