Solicitud de información sobre la contratación de material con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S. L.

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 828/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 9 de septiembre de 2020, la siguiente información: Que ese Ministerio procedió a la adquisición de numeroso material a terceros países, que era urgente poseer en España, para equipar a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, utilizando - para ellos intermediarios, o haciendo la adjudicación directa, y sin concurso alguno, ni control por la Intervención General del Estado, a empresas que, supongo, se ofrecieron al Gobierno para prestar esos servicios. S/REF: N/REF: R/0828/2020; 100-004487 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Datos sobre la contratación con Soluciones de gestión y apoyo a empresas, S. L. m Subdirección General de Reclamaciones En concreto, estamos interesados, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública, y buen gobierno, a conocer los siguientes datos: 1. Material adquirido a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S. L., número de unidades adquiridas, y coste efectivo de cada una de ellas.- 2. Como se contactó con esa empresa, en teoría dedicada a la asesoría de empresas, y cuál fue la oferta o el pedido que se realizó, fecha en la que fue cumplimentado, coste total el mismo, etc. - 3. A qué organismos públicos se distribuyó o envío ese material, y si se han recibido quejas respecto a la mala calidad del mismo, etc. - 4. Fecha en la que se efectuó el pago correspondiente, en su caso, y si se constituyó alguna garantía que asegurase el buen fin de la operación, prestación de alguna fianza, etc. - 5. Si con posterioridad a ese pedido inicial se han realizado más pedidos a la citada empresa, estado actual de los mismos, pagos parciales o totales realizados, etc. - No consta respuesta del Ministerio del Interior. 2. Ante la falta de contestación, mediante escrito de entrada el 30 de noviembre de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: A los efectos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a Ja información pública y buen gobierno, Formulo reclamación por la denegación por silencio administrativo, de la petición de información deducida por el escrito que adjunto, por fotocopia, y que fue enviado por procedimiento administrativo el día 9 de septiembre del año en curso, no habiendo recibido acuse de recibo, contestación o notificación alguna sobre el particular, por lo que entendemos ha sido desestimado, a virtud del art. 24 de la Ley referenciada. - m Según resulta del "Localizador de envíos de Correos”, que adjunto, por copia, este documento fue entregado el 15 de septiembre de 2020. 3. Con fecha 1 de diciembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Notificado el 2 de diciembre, mediante comparecencia del Ministerio, no consta la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que "La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. Y el apartado 4º del mismo establece que “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.” En atención a ello, con fecha 30 de noviembre de 2020 el solicitante presentó reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha recogido en los ante cedentes de hecho y consta en el expediente, la solicitud de información se presentó el 9 de septiembre de 2020 y la Administración no respondió al reclamante en el plazo de un mes para resolver, sin que conste causa o razón alguna que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar que esta práctica no resulta conciliable ni con la letra de la LTAIBG ni con la finalidad perseguida por el legislador, de la cual dejó constancia en el Preámbulo al indicar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. Igualmente, se constata la falta de respuesta por parte del órgano a la solicitud de alegaciones formulada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante. 4. Entrando en el fondo del asunto, el objeto de la solicitud de información se concreta en conocer la información relativa a la adquisición de Material a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S. L. En primer término, debemos recordar que el alcance del derecho de acceso a la información pública se delimita en el artículo 13 de la LTAIBG en los términos recogidos en el fundamento 2º, a partir de los requisitos de que la información se encuentre en poder del órgano y haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Habida cuenta de que el Ministerio del Interior no ha respondido a la solicitud de información ni ha presentado alegaciones al haberle remitido la reclamación, se ha podido comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado , que el Ministerio del Interior, ha adquirido a la mencionada empresa, SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, SL Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal. De esta verificación se puede derivar cabalmente que la información solicitada por el reclamante obra en poder del Ministerio y la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones. El acceso a la información solicitada entronca con la finalidad de la LTAIBG de que los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Por último, se ha de señalar que ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no han sido invocados ninguna de las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstas. Restricciones que, por otro lado, con los datos disponibles, no se aprecia que concurran los requisitos para su aplicación al caso, máxime teniendo en cuenta que, como hemos señalado en reiteradas ocasiones y los tribunales han refrendado, los límites y las causas de inadmisión previstos en la LTAIBG son excepciones que han de ser interpretadas restrictivamente y, en todo caso, motivar de forma expresa y detallada su aplicación. Al respecto, baste recordar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, en la que se indica que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 (...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.(…) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley”. https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04 Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w Wj9KMyU1zL cvQjA1OTjZxCKtOdAv3MMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcA3Lx6aA!!/ 13:40 | Sin acción específica En consecuencia, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: 1. Material adquirido a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S. L., número de unidades adquiridas, y coste efectivo de cada una de ellas.- 2. Como se contactó con esa empresa, cuál fue la oferta o el pedido que se realizó, fecha en la que fue cumplimentado, coste total del mismo. 3. A qué organismos públicos se distribuyó o envío ese material, y si se han recibido quejas respecto a la mala calidad del mismo. 4. Fecha en la que se efectuó el pago correspondiente, en su caso, y si se constituyó alguna garantía que asegurase el buen fin de la operación, prestación de alguna fianza. 5. Si con posterioridad a ese pedido inicial se han realizado más pedidos a la citada empresa, estado actual de los mismos, pagos parciales o totales realizados. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez