Solicitud de datos de filiación y resoluciones de adjudicación de expedientes abintestato

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 827/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 25 de octubre de 2020, la siguiente información: En vista que no he podido localizar información publicada por ningún organismo sobre los datos de expedientes abintestato adjudicados o en curso a favor del Estado, solicito me faciliten los siguientes datos que constan en el expediente y que han motivado el curso de la apertura de los mismos: Fecha y lugar de nacimiento, así como los datos de filiación de los padres que consten, fecha y lugar de defunción. En caso de existir Resolución de adjudicación, ruego me la aporten. S/REF: 001-049247 N/REF: R/0827/2020; 100-004486 Fecha: La de firma Reclamante Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda Información solicitada: Datos de abintestatos Subdirección General de Reclamaciones : Fecha y lugar de nacimiento, así como los datos de filiación de los padres que consten, fecha y lugar de defunción. En caso de existir Resolución de adjudicación, ruego me la aporten. Recalco, como en anteriores ocasiones, que la presente solicitud no conlleva una elaboración o reelaboración de la información, ni tiene carácter repetitivo, sino meramente extractivo de los datos obrantes en la Administración Pública. 2. Mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2020, el MINISTERIO DE HACIENDA contestó al reclamante lo siguiente: Con fecha 27 de octubre de 2020, esta solicitud se recibió en la Dirección General del Patrimonio del Estado, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. De acuerdo con la letra e) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que los datos requeridos, tanto respecto del causante como los de sus padres, no responden a la finalidad de la Ley 19/2013, tratándose de datos que se pueden obtener solicitando en las instancias pertinentes el certificado de defunción de los causantes, así como cualquier otro certificado de acceso público en los departamentos competentes. Por otra parte, la posibilidad de que una petición específica pueda encuadrarse dentro del derecho del interesado en el procedimiento administrativo, previsto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, deberá ser valorada y concedida, en su caso, por la Delegación de correspondientes expedientes administrativos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra e) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 29 de noviembre de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: La resolución de denegación se fundamenta en dos puntos: a.- En base al artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013 b.- En base al artículo 53 de la Ley 39/2015 Considero que dicha resolución vulnera el derecho de acceso a la información pública que inspira la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno debido a: 1.- El artículo 18.1 e) determina como motivo de inadmisión de la solicitud es “que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Si bien de los expedientes de los que se ha solicitado información ya se realizaron sendas peticiones anteriores (se adjuntan resoluciones remitidas con la información aportada), la información solicitada era distinta a la que se solicita en esta petición. En las solicitudes resueltas favorablemente se solicitaba información del caudal que constaba en el mismo, y en la actual petición información sobre los datos obrantes en cuanto a filiaciones paternas y fechas y lugares de fallecimiento y defunción. Igualmente, se solicitaba Resolución de adjudicación obrante en los mismos. Por ello, no cabe considerar que la última solicitud es de carácter repetitivo y/o abusivo. 2.- La Dirección General sustenta la resolución de la denegación basándose en que “los datos requeridos… no responden a la finalidad de la Ley 19/2013”. En este punto caben varias consideraciones: - Tal y como se expresa en el Preámbulo de dicha ley “… que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud”. Esto es, la Dirección General considera que la motivación vulnera el espíritu de la Ley, cuando en ningún momento se ha detallado el motivo de dicha solicitud. No obstante, y a pesar de que no es necesario motivar dicha solicitud, la solicitud se motiva al no haber podido localizar la información solicitada. Tal información se considera necesaria para que el Estado tenga argumentación suficiente para la adjudicación de los bienes. Se adjunta Anexo 1 como ejemplo de la necesidad de la Administración de acreditar una mínima investigación sobre los parientes hasta cuarto grado que debe realizarse para la adjudicación final de la herencia abintestato. - De igual manera, la propia Ley, en su artículo 13 indica que “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es por ello que la Ley 19/2013 únicamente se refiere al contenido, no a la motivación, siendo la finalidad de la Ley la mera publicidad de los datos obrantes en la administración. 3.- La Dirección General se sustenta en que los datos solicitados “… se pueden obtener solicitando en las instancias pertinentes el certificado de defunción de los causantes, así como cualquier otro certificado de acceso público en los departamentos correspondientes”. Con ello se da a entender que los datos solicitados obran en poder de esa Dirección, pero argumenta que como dichos datos se pueden obtener en otros departamentos, se curse la solicitud a esos otros departamentos. Por ello, en lugar de economizar recursos y realizar una sola petición al organismo que tiene los datos solicitados, indica que se realicen varias peticiones a otros organismos. Asimismo, indicar que los datos solicitados pueden estar dispersos por toda la geografía española y que los mismos pueden ser de difícil consecución. Por ello, si dicha información obra en poder de la Administración, cabe considerar como no descabellado, que dicha información sea facilitada de cara a una consecución efectiva de la Ley que nos ampara. 4.- La Dirección General hace referencia al artículo 53 de la Ley 39/2015 para aportar la información obrante en los expedientes tramitados. Dicho artículo se refiere a los “Derechos del interesado en el procedimiento administrativo”, más en concreto al punto a) en el que se indica que los interesados en un procedimiento administrativo “… tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos en los citados procedimientos”. En ningún momento se ha solicitado a esa Dirección copia de los documentos, sino parte de la información contenida en la documentación obrante en los dos expedientes reseñados. En este punto cabe una clara contradicción por parte de esa Dirección ya que en sendas resoluciones anteriores en las que se solicitó información sobre el caudal del propio expediente (se adjuntan a la misma) sí que facilitaron el acceso sin denegación de las mismas en base a la Ley 39/2015 tal y como se hace en esta ocasión. Se recuerda que no se solicitan documentos, sino datos extractivos de los documentos obrantes en el expediente. 5.- Por último, en la solicitud número 001-049247 se solicita la Resolución de Adjudicación de los expedientes, obviando la remisión de las mismas. Por todo lo expuesto, al entenderse que en la tramitación de los expedientes se debe haber recopilado información que justifique la decisión de esa Dirección General para la adjudicación de los bienes abintestato, se solicita la información obrante de los difuntos: - Fecha y lugar de nacimiento - Datos los padres que consten en los certificados de nacimiento - Fecha y lugar de defunción - Igualmente solicito las correspondientes Resoluciones que amparen la adjudicación de los bienes. 4. Con fecha 30 de noviembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando el Ministerio lo siguiente : PRIMERA: Como cuestión previa, hay que resaltar que el presente expediente de reclamación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tiene un precedente al que es imprescindible aludir a efectos de la justificación de la denegación de solicitud que se expondrá con posterioridad. En concreto, se trata del expediente que fue objeto de la Resolución 645/2018 de dicho Consejo de fecha 29 de enero de 2019. Esta resolución anterior se refería también a una denegación relativa a una solicitud de información de la misma persona, en relación con datos contenidos en expedientes de procedimientos para declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato. En aquella ocasión, la Dirección General del Patrimonio del Estado fundamentó su denegación en lo dispuesto en los artículos 18.1 a) (inadmisión a trámite de solicitudes relativas a información que esté en curso de elaboración o de publicación general), 18.1 c) (inadmisión a trámite de las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración) y 18.1 e) (inadmisión a trámite de solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley 19/2013). La Resolución del CTBG, de fecha 29 de enero de 2019, consideró no aplicables estas causas de inadmisión invocadas por la Dirección General del Patrimonio del Estado y, en el caso concreto de la causa contenida en el artículo 18.1 e) (que es la que ahora interesa traer a colación). En su momento, esta Resolución no fue objeto de recurso por la Dirección General del Patrimonio del Estado de tal modo que, como no podía ser de otro modo, y en aplicación de la misma, fue proporcionada la información solicitada. SEGUNDA: No obstante, las circunstancias concurrentes con posterioridad, en relación a las solicitudes relativas a expedientes de declaraciones abintestatos presentadas por la reclamante aconsejan, a nuestro juicio, volver a examinar la procedencia de la aplicación de la señalada causa de inadmisión. En concreto y en síntesis, estas circunstancias son las siguientes: -Hasta la desestimación de la solicitud 001/049247, de 24 de octubre de 2018, sobre la que recayó la señalada Resolución de 29 de enero de 2019, la reclamante había presentado un total de 9 solicitudes de acceso a la información, que habían sido atendidas. - Desde ese momento, se han recibido 60 solicitudes más de la reclamante en esta materia. Así, de acuerdo con datos que constan en la Aplicación para la Gestión de las Solicitudes de Acceso (GESAT), la Sra. XXX ha registrado desde el año 2017 hasta la fecha un total de 69 peticiones de acceso a la información, referidas siempre a datos de expedientes de abintestato, y conforme al siguiente desglose: - En el año 2017 formuló 7 peticiones, relativas a 54 expedientes. - En 2018 presentó 9 peticiones referidas a 120 expedientes. - En 2019 registró 33 solicitudes relativas a 368 expedientes - Y durante el año 2020, ha presentado 20 peticiones de información que se refieren a un total de 489 expedientes, además de solicitar ampliación de datos de otros ya solicitados con anterioridad. El número total de expedientes desde que comenzó a presentar solicitudes asciende a fecha a 1031. Los datos solicitados en cada uno de los expedientes no han sido siempre los mismos, pero es de destacar que, a partir de mayo de 2019, la reclamante viene solicitando de forma invariable en cada petición cuáles son, respecto de una relación de causantes que incluye en cada solicitud, los bienes inmuebles y activos financieros que forman parte de la herencia, y si se ha producido o no el reparto de los tercios del caudal hereditario. - Si bien las circunstancias concurrentes (número y naturaleza de las solicitudes) en el momento en que se dictó la Resolución de 29 de enero del 2019 pudieron llevar a concluir, con una interpretación amplia y no restrictiva, que la solicitud no se consideraba abusiva al permitir “conocer bajo qué criterios actúa y así someter a escrutinio la acción de los responsables públicos”, lo cierto es que, a nuestro criterio, los reseñados hechos posteriores revelan un ejercicio abusivo del derecho (recuérdese, a estos efectos el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”). A juicio de esta Dirección General del Patrimonio del Estado, el hecho de que la Ley no considere necesario motivar las solicitudes no impide que la Administración pueda valorar si éstas tienen encaje en las finalidades previstas en la misma, y ello con independencia de las motivaciones que se aleguen por el solicitante. En efecto, si bien la consulta puntual de expedientes puede acomodarse teóricamente al control de la acción de la Administración en la tramitación de expedientes para verificar su legalidad, acierto y oportunidad, la petición masiva y sistemática de datos relativos a los bienes integrantes del caudal de herencias abintestato, así como la petición de información adicional que pueda ser difícil de conseguir por el interesado, debido a su dispersión, como aquí se ha alegado, podrá servir a otros fines particulares pero no a los que ampara la Ley 19/2013. Basta con examinar cualquiera de los expedientes de solicitud presentados, de los que se adjuntan algunos a modo de ejemplo (001-036776, 001-035553, 001-044847, 001-040986, 001-034223…), para advertir la enorme dificultad de apreciar una finalidad de interés legítimo de acuerdo con la Ley y la interpretación dada por ese Consejo, especialmente teniendo en cuenta que no son peticiones puntuales, sino que existe la acumulación de solicitudes antes descrita. Es decir, aunque no es posible, ni corresponde a este Centro Directivo, conocer o indagar los motivos exactos de las diversas peticiones realizadas, los datos objetivos no permiten asimilarlos a los previstos por la Ley y, aún en la improbable hipótesis de que en algún momento inicial del proceso hayan podido perseguirse finalidades tales como “conocer cómo se toman las decisiones”, “conocer cómo se manejan los fondos públicos”, etc. a día de hoy esa finalidad habría de considerarse absolutamente cumplida. Aunque en la interpretación del artículo 18.1.e), no se vincule el ejercicio abusivo del derecho al acceso de la información a un criterio cuantitativo sino cualitativo, ambos aspectos deben cohonestarse en casos como el presente en los que el volumen de solicitudes refleja el ejercicio abusivo del derecho desde una perspectiva cualitativa. - Respecto a la razón por la que se ha producido en este momento la denegación de la solicitud a la que se refiere la presente Reclamación y no en un momento anterior, en relación con cualquiera de los múltiples expedientes de solicitud a los que nos hemos referido (posteriores a la señalada Resolución del CTBG de enero de 2019), cabe señalar: En primer lugar, que, en el expediente reclamado, se interesan datos que hasta el momento no habían sido objeto de solicitud. Así, se piden datos de la fecha y lugar de nacimiento de dos causantes, así como los datos de filiación de sus padres, con la fecha y lugar de defunción (alegándose en la reclamación que se trata de datos de difícil consecución por estar dispersos geográficamente). Pero, más allá de esta circunstancia, ciertamente, hubiera sido razonable, a nuestro juicio, una inadmisión por el motivo recogido en el artículo 18.1.e) en relación con otros expedientes de la misma naturaleza. Si no se ha hecho con anterioridad es, simplemente, por el ánimo de este Centro Directivo de cumplir de la manera más amplia y menos restrictiva posible con el criterio manifestado en su día por ese Consejo. Pero, ante la acumulación abrumadora de solicitudes, hemos entendido que este era un momento apropiado para reexaminar la procedencia de atender este tipo de solicitudes teniendo en cuenta las finalidades de la Ley. En este esquema, y a diferencia de lo sostenido por la solicitante, se considera que el hecho de que se haya facilitado por este Centro Directivo en peticiones anteriores información de similar naturaleza a la requerida en la solicitud denegada, en ningún caso puede ser un obstáculo insalvable para impedir el que se valore, en este supuesto y en sucesivas peticiones, la adecuación de lo solicitado a las finalidades de la Ley. TERCERA: Es importante destacar que la controversia acerca de la existencia de una actuación repetitiva o abusiva en las solicitudes presentadas no tiene un alcance meramente teórico. La obtención y suministro de la ingente información requerida supone un considerable esfuerzo por las unidades afectadas. Así, para poder ser atendida, requiere un tratamiento que obliga a paralizar el resto de la gestión de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General que deben suministrar y procesar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, dada la frecuencia y volumen de los datos solicitados, y los efectivos disponibles. En efecto, en sus peticiones la reclamante se limita a adjuntar una relación de personas fallecidas con indicación, en la mayor parte de los casos, del Juzgado en el que se siguen las diligencias para la determinación de la sucesión abintestato. A partir de esta relación, que ha llegado a contener hasta 45 personas en una de las solicitudes, el personal del Área responsable de la tramitación de estos expedientes, debe identificar los procedimientos en curso y distribuir entre las respectivas Delegaciones de Economía y Hacienda la solicitud, para que éstas recopilen de los expedientes los datos solicitados: activos financieros y bienes inmuebles integrados en el caudal hereditario, y situación actual del expediente. El resultado de las averiguaciones se remite a los servicios centrales, en donde se debe homogeneizar la información recibida elaborando un cuadro con la información solicitada. Es decir, el carácter repetitivo y la abundancia de datos solicitados en los distintos expedientes suponen un consumo de recursos humanos y materiales que no consideramos justificado por las finalidades perseguidas por la Ley. Cabe concluir, por tanto, que según se pone de manifiesto con las presentes alegaciones, no se considera que se haya producido una vulneración del derecho de acceso a la información de la Sra. XXX. Adicionalmente, en el caso concreto del expediente objeto de reclamación, se trata de una solicitud que afecta a datos objetivos (certificados de defunción de los causantes) que pueden obtenerse en los departamentos correspondientes y que no suponen acción, decisión o adopción de criterio alguno por parte de ningún órgano de la Dirección General del Patrimonio del Estado susceptible de ser sometida a escrutinio desde la óptica de las finalidades previstas en la Ley, de tal modo que, además de las argumentaciones generales expuestas, se estima que resulta especialmente justificada la denegación de esta información solicitada por su carácter abusivo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “publica” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. A continuación, hay que analizar el contenido de la reclamación presentada que coincide con el de la solicitud de acceso, en la que se pide, en relación con dos personas fallecidas, “Fecha y lugar de nacimiento, así como los datos de filiación de los padres que consten, fecha y lugar de defunción. En caso de existir Resolución de adjudicación, ruego me la aporten.” La Administración deniega la información porque entiende que es abusiva en relación con la finalidad de la LTAIBG, añadiendo que, aunque en el año 2019 este Consejo de Transparencia estimó una reclamación sobre asuntos similares, la reclamante “durante el año 2020, ha presentado 20 peticiones de información que se refieren a un total de 489 expedientes, además de solicitar ampliación de datos de otros ya solicitados con anterioridad. El número total de expedientes desde que comenzó a presentar solicitudes asciende a fecha a 1031. Los reseñados hechos revelan un ejercicio abusivo del derecho (recuérdese, a estos efectos el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia. Adicionalmente, en el caso concreto del expediente objeto de reclamación, se trata de una solicitud que afecta a datos objetivos (certificados de defunción de los causantes) que pueden obtenerse en los departamentos correspondientes y que no suponen acción, decisión o adopción de criterio alguno por parte de ningún órgano de la Dirección General del Patrimonio del Estado susceptible de ser sometida a escrutinio desde la óptica de las finalidades previstas en la Ley, de tal modo que, además de las argumentaciones generales expuestas, se estima que resulta especialmente justificada la denegación de esta información solicitada por su carácter abusivo.” En relación con el precedente citado por la Administración, tramitado bajo el número de procedimiento R/0645/2018 , debemos recordar que se solicitaban “los números de expedientes que se están tramitando de las siguientes denuncias abintestato, así como si se han aceptado a mi nombre dichas denuncias y la situación de los mismos”, siendo estimada la reclamación al no resultar de aplicación las diversas causas de inadmisión invocadas por la Administración, entre ellas, la contenida en el artículo 18.1 e), relativa a solicitudes repetitivas o abusivas. En el caso que ahora nos ocupa, se solicita otra cosa diferente, lo que impide calificar la solicitud de acceso como repetitiva pero no impide entrar a valorar si es abusiva por no cumplir con la finalidad de la Ley o por estar efectuada en abuso de derecho, conforme señala el Código Civil. En aras a la brevedad, nos remitimos a las explicaciones vertidas en el precedente señalado sobre el análisis de esta causa de inadmisión, pero añadiendo que, con posterioridad a la fecha de resolución de dicho precedente - 29 de enero de 2019 - los tribunales de justicia han ido modulando la interpretación y el alcance que debe darse a la misma. Así, la Sentencia en Apelación de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de mayo de 2019, dispone que “el objetivo de la Ley no es el crear una base de datos jurídica para su uso por profesionales a costa de la utilización de importantes recursos humanos y materiales de la Administración Pública y en detrimento del normal desenvolvimiento de las funciones propias del órgano de que se trate”. Por su parte, la Sentencia en Apelación nº 34/2019, de la Audiencia Nacional, de 10 de diciembre de 2019, argumenta lo siguiente: “(…) si bien la Ley no exige que el solicitante de información razone el porqué de la solicitud, los motivos por los que la solicita podrán ser tenidos en cuenta al momento de dictarse la resolución. (…) Como ya señaló la Sala en Sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019,……una solicitud de información de estas características, por su volumen, https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/dam/jcr:ad66ecfc-0466-413e-82ff-2f1322d135cb/R-0645- 2018.pdf extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares.” En el caso que nos ocupa, debemos aplicar necesariamente estos razonamientos jurisdiccionales, que han desplazado los formulados en nuestros precedentes, llegando a la conclusión de que lo solicitado conlleva recabar datos de una o varias bases de datos de la Administración para ponerlas en conocimiento de la reclamante con la finalidad de satisfacer intereses presuntamente profesionales – sólo así se entendería la presentación de solicitudes que afectan a más de 1000 expedientes- pudiendo ocasionar una disfunción manifiesta en el funcionamiento normal del órgano requerido. En definitiva, estamos ante una instrumentación de la Ley de Transparencia, bajo la apariencia de buen derecho, que no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma. Por lo expuesto, la presente reclamación ha de ser desestimada, por ser de aplicación la causa de inadmisión contenida en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , frente a la Resolución del MINISTERIO DE HACIENDA, de fecha 26 de noviembre de 2020. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez