Acceso a la relación de beneficiarios e importes de retribuciones por prolongación de jornada y datos presupuestarios

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 818/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de agosto de 2021 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Relación de beneficiarios (previa disociación de datos de los mismos) de las retribuciones derivadas de la prolongación de la jornada (Instrucción de II.PP 11-19 de 19 de junio de 2019), así como importes devengados a cada uno de ellos, de los años 2020 y lo que llevamos de 2021. Así mismo se solicita importe total asignado de dicha partida para el año 2020, si ha habido remanente del mismo, y el presupuesto de la misma para el año 2021 (para el C.P. Madrid V) y de que crédito presupuestario parte la misma . S/REF: 001-059701 N/REF: R/0818/2021; 100-005838 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Beneficiarios de las retribuciones derivadas de la prolongación de la jornada C Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de fecha 9 de septiembre de 2021, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante lo siguiente: 1. Dentro del presupuesto de gastos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el complemento de productividad está contemplado y cuantificado en el Capítulo 1 y, en concreto, en el concepto 150. Conviene indicar, dada la confusión a la que induce la pregunta, que la cantidad recogida en ese concepto es única, y lo es por más que la productividad se asigne en función de distintos programas preestablecidos (uno de ellos es el de servicios extraordinarios por el que se pregunta). Dicho de otra forma, en las correspondientes Leyes de Presupuestos del Estado, no se recoge cantidades para cada programa, sino una única cantidad. Por lo tanto, se reitera, no es que desde el punto de vista de la gestión presupuestaria del crédito consignado en Capítulo 1, concepto 150, existan cantidades fijadas previamente para cada programa de productividad (ya hemos dicho que el montante es único), sino que hay una única cantidad con cargo a la cual se van abonando las cantidades resultantes de los distintos programas; esas cantidades, por programa, son el sumatorio de lo que periódicamente se percibe. Tomando en consideración lo anterior, sólo puede contestarse sobre el global gastado (no presupuestado) en los tres ejercicios presupuestarios señalados en el CP de Madrid-5, que ha sido lo siguiente: 2019 2020 2021 (hasta el mes de julio) 1.024.208,07 € 1.053.810,97€ 617.966,70€ 2. Aun anonimizando los datos de los que llama la pregunta «beneficiarios», es imposible garantizar que no pueda deducir la persona que pregunta los datos de identificación del personal funcionario perceptor, ya que la percepción está asociada a días y turnos de servicio concretos y determinados, con lo cual no es difícil saber a quién corresponden. Por eso no se considera procedente ofrecer la información solicitada, especialmente tomando en consideración lo informado ya en el apartado 1 anterior. 3. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 28 de septiembre de 2021, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: C Respecto a la información facilitada de forma parcial (se ha facilitado el importe total del crédito referente a la aplicación presupuestaria 150 y no al programa concreto que se solicita), no puede ser del todo creíble que no existan apuntes contables que puedan llegar a determinar el importe del programa concreto, independientemente de que dicho importe salga de la ejecución presupuestaria antes mencionada. Respecto a la relación de Beneficiarios (habría que hablar más bien de adjudicatarios), en ningún momento se solicita relación nominal ni información de cuando dichos trabajadores generaron el derecho a dicha percepción. Lo que se pretende con la información solicitada es que este concepto que tiene carácter discrecional, no se torne en arbitrario. Se solicita una relación de los adjudicatarios (aun sin identificación concreta) para poder comprobar que no ha habido distorsiones en su adjudicación, puesto que este concepto de “productividad” sin un control adecuado, bien podría adjudicarse de manera arbitraria. Se tiene constancia de trabajadores que han solicitado la inclusión en dicho programa y no han sido llamados para su ejecución. SOLICITA se tenga por presentada dicha reclamación. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó al reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 4. Con fecha 29 de septiembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 2 de noviembre de 2021 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: (…) Nos ratificamos en lo previamente dicho, insistiendo en que no procede ofrecer una relación de adjudicatarios, porque, en contra de lo afirmado, requiere una identificación concreta para desplegar alguna eficacia y ésta deviene imposible por el deber de confidencialidad que exige, para los datos de carácter personal, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por otra parte, los actos administrativos se presumen ajustados a derecho, salvo prueba en contrario cuya carga recae sobre quien cuestione su legalidad. En cuanto al agravio que algún empleado público pueda sentir por no haber sido llamado a realizar servicios extraordinarios, en caso de producirse, no tiene más que comunicarlo a la Subdirección General de Recursos Humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre beneficiarios e importes devengados de retribuciones derivadas de la prolongación de jornada. La Administración concede el acceso a determinada información. El reclamante no está conforme, manifestando que se ha facilitado el importe total del crédito referente a la aplicación presupuestaria 150 y no el programa concreto que se solicita y tampoco la relación de beneficiarios. 4. En primer lugar, respecto de las cuestiones relacionadas con el importe total asignado de la partida presupuestaria para el año 2020, si ha habido remanente del mismo, y el presupuesto de la misma para el año 2021 (para el C.P. Madrid V) y de que crédito presupuestario parte la misma, queda constancia en el expediente que la Administración ha informado al reclamante sobre el presupuesto gastado, pero no sobre el presupuestado, dado que “hay una única cantidad con cargo a la cual se van abonando las cantidades resultantes de los distintos programas; esas cantidades, por programa, son el sumatorio de lo que periódicamente se percibe”. De acuerdo con ello, puede advertirse que en el presupuesto de gastos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el complemento de productividad está contemplado y cuantificado en el Capítulo 1, en concreto, en el concepto 150, y que en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado no se recogen cantidades para cada programa, sino una única cantidad. Por tanto, no siendo posible individualizar la información sobre el presupuesto de la productividad para el año 2021 (para el C.P. Madrid V) y de qué crédito presupuestario parte la misma, debe desestimarse la reclamación en este punto concreto. 5. En lo relativo a la relación de beneficiarios y cantidades devengadas de las retribuciones derivadas de la prolongación de la jornada, la Administración no proporciona información alguna porque, a su juicio, “aun anonimizando los datos de los que llama la pregunta «beneficiarios», es imposible garantizar que no pueda deducir la persona que pregunta los datos de identificación del personal funcionario perceptor, ya que la percepción está asociada a días y turnos de servicio concretos y determinados, con lo cual no es difícil saber a quién corresponden (…).” Sin embargo, a nuestro modo de ver, del tenor literal de la solicitud no se desprende una conclusión en tal sentido. Téngase en cuenta que no se solicita información sobre los “días y turnos de servicios concretos y determinados” que, en la medida en que se configura como el presupuesto de hecho que motiva el devengo de las retribuciones de que se trata, harían posible la identificación de los perceptores. Ateniéndose al tenor de lo solicitado, es perfectamente posible facilitar información sobre los beneficiarios y las cuantías totales devengadas, sin afectar derechos constitucionales de los sujetos concernidos, especificando que el beneficiario 1 ha devengado una cuantía concreta, el beneficiario 2 otra, y así sucesivamente, hasta completar el número de beneficiarios de la específica retribución. En conclusión, la reclamación debe ser estimada en este punto concreto. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación presentada por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que , en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Relación de beneficiarios (previa disociación de datos de los mismos) de las retribuciones derivadas de la prolongación de la jornada (Instrucción de II.PP 11-19 de 19 de junio de 2019), así como importes devengados a cada uno de ellos, de los años 2020 y lo que llevamos de 2021 TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez