Solicitud de información sobre órdenes de expulsión de ciudadanos afganos y resultado favorable para la remisión al órgano competente

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 816/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 23 de agosto de 2021 al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: El número de órdenes de expulsión abiertas para personas con nacionalidad afgana para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021 (a fecha del comienzo de tramitación del mismo). Solicito que sean anonimizadas todas y cada una de ellas. Solicito que se me indique el motivo de esa apertura de expediente, el artículo concreto de la ley. Solicito que se me entregue dicha información en formato reutilizable de CSV o XLS. S/REF: 001-060037 N/REF: R/0816/2021; 100-005834 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Política Territorial Información solicitada: Órdenes de expulsión a extranjeros de nacionalidad afgana Subdirección General de Reclamaciones Se recuerda que de acuerdo a la Ley básica 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; se dispone de un plazo de un mes para responder esta solicitud de información. Adicionalmente, en caso de que la información solicitada se encuentre en otro departamento, la ley dispone que la solicitud debe ser redirigida cuando se conozca dicho departamento competente, no procediendo una inadmisión. 2. Mediante resolución de fecha 24 de septiembre de 2021, el MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL contestó a la solicitante lo siguiente: Con fecha 30 de agosto de 2021, esta solicitud se recibió en este centro directivo, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General en el ámbito de sus competencias, considera que procede resolver en los términos siguientes: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su artículo 55.2 que: “La imposición de sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales... En los supuestos de participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, previstos en el artículo 54.1.a), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador que se determine reglamentariamente, la competencia sancionadora corresponderá al Secretario de Estado de Seguridad.” A la vista del expositivo precedente y conforme a la solicitud formulada relativa al “número de órdenes de expulsión abiertas para personas con nacionalidad afgana para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021”, se concede la información cuantitativa obrante en esta unidad, a fecha de 15 de septiembre de 2021, relativa a los expedientes con resolución de expulsión. Expedientes de expulsión de ciudadanos Afganos AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Con resolución de Expulsión 3. Ante esta respuesta, con fecha de entrada el 27 de septiembre de 2021, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que realiza, en resumen, las siguientes manifestaciones: Presento mi reclamación a la solicitud de información relativa al expediente 001-060037 de ciudadanos de nacionalidad afgana en la que solicito el número de órdenes de expulsión abiertas por parte de la Delegación del Gobierno y que se me indique el artículo concreto de la ley. Pese a que sí han otorgado el número de expedientes decretados no me indican el artículo concreto de la Ley de Extranjería o el Código Penal a cada expediente, datos que sí se han otorgado en anteriores ocasiones. Además, tampoco argumentan por qué no incluyen dicha información, ningún artículo de la ley ni ninguna resolución. Y no me entregan la información tampoco en formato reutilizable, algo respaldado por la Ley 19/2013. No es el único expediente en el que han diferenciado los artículos de la ley, de hecho en el expediente 001-027116 (adjunto) en el que solicito “número de personas con nacionalidad siria que han sido expulsadas de España…” también me responden diferenciando por artículos de la ley (Artículo 53.1 a) L.O. 4/2000, Artículo 57.2, Condena Judicial del Código Penal, Artículo 891 Sustitución de la condena). Solicito que esta información, así como ya fue entregada en el pasado, se entregue de nuevo porque lo que estoy solicitando es la misma información que en anteriores ocasiones, pero actualizada y sobre otra nacionalidad. Además, cabe recalcar que este tipo de información estaría íntimamente relacionada con el interés público para así conocer cómo se toman las decisiones en materia de extranjería, una cuestión de evidente interés público. De hecho, esta información permitió saber que entre 2011 y 2019, la Policía Nacional había abierto al menos 3.072 expedientes de expulsión a extranjeros que se declararon sirios, la mayoría (3.013) por estancia irregular en el país. Y que finalmente, de todos esos 3.000 expedientes de ciudadanos que se declararon sirios, las delegaciones de Gobierno ordenaron la expulsión de al menos 502 de ellos, tal y como fue publicado en El País. https://elpais.com/politica/2020/02/14/actualidad/1581700726 458475.html Dicha información serviría para someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Mi solicitud como es obvio, por lo tanto, sí entronca con la Ley de Transparencia y está completamente justificada con la finalidad de esta. Pido por todo ello que se estime mi reclamación y se inste a entregarme lo que había solicitado. Por último, indicar que solicito que antes de resolver el presente expediente se me facilite una copia de las alegaciones de la Administración y se me abra plazo para que yo como reclamante pueda alegar lo que considere oportuno. 4. Con fecha 30 de septiembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. En escrito de 15 de octubre de 2021, el Ministerio contesta, en resumen, lo siguiente: (…) Segundo. Esta Dirección General por Resolución de 24 de septiembre de 2021, adjunta a estas alegaciones, si bien concedió la información obrante en su poder, a fecha de 15 de septiembre de 2021, ésta se limita a los datos cuantitativos facilitados en la citada resolución ya que, en esta materia, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno tienen únicamente, respecto del Ministerio de Política Territorial, una dependencia orgánica y será el Departamento competente, en atención al artículo 2.3 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno quien posea la información relativa al fondo del asunto en cuanto a los expedientes de expulsión decretados, en este caso, el Ministerio de Interior. De hecho, la documentación aportada por la interesada junto a su reclamación, relativa a las resoluciones de las solicitudes precedentes, con códigos 001-025480 y 001-027116, refleja que la información que se reclama fue facilitada por el órgano competente en la materia, esto es, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía, que en oficio reconocía esta competencia. En consecuencia, tal como se ha expuesto en los párrafos precedentes, la solicitud de acceso a la información 60037, en lo que compete al Ministerio de Política Territorial ha sido tramitada y resuelta conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que esta Dirección General considera que procede desestimar la Reclamación expuesta al comienzo de estas Alegaciones. 5. El 22 de octubre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia a la reclamante para que para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 28 de octubre de 2021, se recibió escrito con el siguiente contenido resumido: Primero, tal y como pueden comprobar, mi solicitud fue dirigida al Ministerio del Interior. Segundo, quien derivó dicha solicitud de información fue el propio Gobierno. En ningún caso la solicité al Ministerio de Política Territorial. Tercero, según indican es el Ministerio del Interior quien “quien posea la información relativa al fondo del asunto en cuanto a los expedientes de expulsión decretados, en este caso, el Ministerio de Interior”. En este caso, podrían haber duplicado la solicitud de información y haberla enviado al propio Ministerio del Interior para que este respondiese en la parte que le corresponde. (Más teniendo en cuenta que mi solicitud inicial iba dirigida a Interior). Cuarto, en cualquier caso, que esta información estuviese en otro ministerio no le exime de su responsabilidad de haberla remitido. Pues el criterio interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que “cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. Quinto, en ningún caso están alegando ningún límite de derecho de acceso a la información para no entregar dicha información sino que simplemente indican que es el Ministerio del Interior quien tiene esa información. Esto, como ya he dicho, no es problema de la solicitante. Sexto, no tiene sentido que el propio Ministerio de Política Territorial no tenga información relativa a los datos de expedientes (artículos de la ley por las cuales se abren los expedientes) pues es obvio que de ella dependen las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, que al final son las que se encargan de dictar si se confirma o no la orden de expulsión. Es decir, son ellas las que confirman/decretan las expulsiones y, por lo tanto sí conocerían el artículo por el que se decreta dicha orden de expulsión. Séptimo, como ya he dicho en mi reclamación esta información ya fue entregada en el pasado. Así, solicito que se entregue de nuevo porque lo que estoy solicitando es la misma información que en anteriores ocasiones, pero actualizada y sobre otra nacionalidad. Además, cabe recalcar que este tipo de información estaría íntimamente relacionada con el interés público para así conocer cómo se toman las decisiones en materia de extranjería, una cuestión de evidente interés público. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información Pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se piden determinadas informaciones sobre órdenes de expulsión de personas con nacionalidad afgana. El Ministerio de Política Territorial facilita únicamente la información concerniente al número de expedientes anuales con órdenes de expulsión, información que la reclamante considera insuficiente porque su solicitud comprendía también “el motivo de ese expediente ordenado, el artículo concreto de la ley, desglosado para todos y cada uno de los años solicitados y en formato reutilizable”. En sus alegaciones, el Ministerio de Política Territorial justifica la denegación porque no dispone de esa parte de la información por ser competencia del Ministerio del Interior. Pues bien, como hemos señalado en múltiples resoluciones, en aquellos supuestos en los que el órgano al que se dirigió la solicitud no disponga de la información por no ser el competente, deberá observar lo previsto en el artículo 19.1 de la LTAIBG el cual dispone que “Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. En este sentido se ha de recordar que el Tribunal Supremo en su Sentencia 810/2020, de 3 de marzo de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:810), ha destacado que la LTAIBG contiene dos previsiones específicas cuyo fin es evitar que el solicitante deba realizar una labor de búsqueda y localización del órgano competente: “… los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevén los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión “deberá indicar” en la resolución el órgano que, “a su juicio”, es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo “remitirá al competente”, si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante (artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso. Como se ve, en ninguno de los dos casos la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente.” En el caso que ahora nos ocupa es claro que el Departamento ministerial que contestó a la solicitud es plenamente conocedor del órgano en cuyo poder obra la restante información, pues incluso lo menciona en sus alegaciones. De ahí que, además de facilitar el acceso a la información que obraba en su poder, debió dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.1 de la LTAIBG, máxime cuando, según se consta en el expediente, se da la circunstancia adicional de que la reclamante dirigió su solicitud al Ministerio del Interior. En consecuencia, procede estimar la presente reclamación, ordenando al Ministerio de Política Territorial remitir la solicitud en la parte no contestada al Ministerio del Interior, dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 19.1 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. SEGUNDO: RETROTRAER ACTUACIONES e INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso recibida al Ministerio del Interior, informando de ello a la reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones practicadas. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez