Solicitud de información sobre la Fundación España Salud y resultado de estimación parcial

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 814/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 24 de septiembre de 2020, la siguiente información: De la Fundación España Salud, sujeto obligado según el Art. 3.b de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que presta servicios médico-quirúrgicos y farmacéuticos a los emigrantes españoles en Venezuela y funciona con el financiamiento, entre otros, de la Conserjería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de España en Venezuela, unidad bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Migraciones, solicito la siguiente información de los años 2016, 2017, 2018 y 2019: S/REF: 001-047957 N/REF: R/0814/2020; 100-004467 Fecha: La de la firma Administración/Organismo: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Información solicitada: Datos sobre la Fundación España Salud Subdirección General de Reclamaciones 1) Todos los contratos celebrados, para los años solicitados, entre las distintas dependencias de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Canarias, y la Fundación España Salud, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones de los contratos, si hubiera alguna. Igualmente cualquier decisión de desistimiento y renuncia de los contratos a los que hubiera habido lugar. 2) La relación de los convenios suscritos, para los años solicitados, entre las distintas dependencias de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Canarias, y la Fundación España Salud, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, las encomiendas de gestión que se hayan firmado, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realizaron con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de las mismas, si hubieran. 3) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, para los años solicitados, por las distintas dependencias de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Canarias, a la Fundación España Salud, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 4) Las cuentas anuales que hayan rendido y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre la Fundación España Salud se hayan emitido para los años solicitados. 5) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la Fundación España Salud así como las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. 6) Relación detallada del origen, tanto público, como privado, y destino de los ingresos, para los años solicitados, de lo que la Fundación España Salud llama “Fondos Propios”. 2. Mediante resolución de 26 de octubre de 2020, el MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES respondió al solicitante lo siguiente: Con fecha 24 de septiembre de 2020, esta solicitud ha tenido entrada en la Secretaría de Estado de Migraciones, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Migraciones resuelve lo siguiente: Por lo que respecta al ámbito de competencias de este Centro Directivo, la información solicitada se concede en la resolución a la solicitud de acceso a la información con número de registro de entrada 47958. En cuanto a la información relativa a las demás y “distintas dependencias de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Canarias con la Fundación España Salud”, este Centro Directivo considera que la solicitud incurre en el supuesto del artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que dispone que se inadmitirán a trámite las solicitudes “dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”, toda vez que no dispone de la información solicitada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública identificada en esta resolución. 3. Mediante la Resolución correspondiente al citado registro de entrada 47958, de fecha 26 de octubre de 2020, el MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES respondió al solicitante lo siguiente: Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Migraciones resuelve conceder el acceso a la información a la que se refiere la solicitud deducida por D 1. Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, se informa de que no obran -ni en la base de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ni en la del Portal de Transparencia-, contratos en los que la Fundación España Salud haya resultado adjudicataria con ningún órgano de contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones. 2. En relación con los convenios suscritos entre los años 2016 y 2019, se adjuntan (como Anexo 1 y Anexo 2 a la presente resolución) el Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de España (Dirección General de Migraciones) y la Fundación España Salud, sobre la prestación de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes españoles residentes en Venezuela que carezcan de recursos suficientes, de 18 de septiembre de 2019, así como su Adenda, de 13 de diciembre de 2019. Igualmente se informa de que la Secretaría de Estado de Migraciones no ha firmado ninguna encomienda de gestión con la Fundación España Salud. 3. Por último, en el Anexo 3 adjunto a la resolución figuran las subvenciones concedidas a la Fundación España Salud entre los años 2016 y 2019. 4. Con fecha de entrada el 24 de noviembre de 2020 el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos: PRIMERO: En fecha 24 de septiembre de 2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una solicitud de acceso a la información realizada por mí, destinada a la Fundación España Salud. SEGUNDO: Solicité el acceso en virtud de que la Fundación España Salud es sujeto obligado al cumplimiento del Título II, sobre la Publicidad Activa, contemplado en el artículo 3.b de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en lo sucesivo LTAIBG. Así se entiende en virtud de haber percibido subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, según se desprende de la información suministrada por la Dirección General de Migraciones en la resolución de solicitud de acceso a la información con número de registro de entrada en el Portal de Transparencia 001-47958, referente al cual doy mi consentimiento expreso a que sea accedido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno si lo encuentra necesario para decidir sobre el asunto de fondo. Al darse la peculiaridad de prestar un servicio público, específicamente asistencia médico- quirúrgica y farmacéutica subvencionada a los españoles residentes en Venezuela, también está obligado a ello a la luz del artículo 4 de la LTAIBG. TERCERO: El día 24 de Octubre de 2020 se cumplió el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la LTAIBG, sin que la Administración cumpliera con la obligación de resolver y notificar. CUARTO: El día 26 de Octubre de 2020, recibo notificación de resolución, en la cual se me deniega el acceso a la información requerida a la Fundación España Salud, de lo que se desprende que dicho requerimiento de acceso a la información, no le fue realizado al sujeto obligado. (…) SEGUNDO: Prevé el artículo 4 de la LTAIBG que el sujeto obligado, en este caso la Fundación España Salud, debe suministrar la información previo requerimiento de la Administración, organismo o entidad a la cual se encuentre vinculada. Resulta entonces inconcebible que la Administración diga que la información no obra en su poder y desconoce al órgano competente que pudiera tenerla. Más aún porque el mismo artículo 18.2 de la LTAIBG es muy claro en cuanto a la desestimación cuando la motivación es el 18.1.d, indicando que el órgano que inadmite debe indicar cuál es, a su juicio, el órgano competente. TERCERO: Y más inconcebible se torna la negativa a la luz del Real Decreto 68/2019, de 15 de febrero, por el que se regula la concesión de una subvención directa a la Fundación España Salud, que en su artículo 6.b contempla la obligación de la Fundación España Salud de comunicar al órgano concedente el reconocimiento de otras subvenciones por cualquier ente público o privado, para la misma finalidad. Así que al menos parte de la información requerida, no debería ser requerida, sino que debería obrar en poder de la administración en el cumplimiento de sus funciones, de haberse cumplido las funciones, como es de esperar, porque es justamente la Dirección General de Migraciones el órgano competente para facilitar el acceso a la información requerida. CUARTO: Especialmente asombroso resulta el desconocimiento del Director General de Migraciones sobre el órgano competente, porque el Real Decreto 68/2019, de 15 de febrero, establece en su Disposición final tercera, que es justamente el Director General de Migraciones quien dicta las instrucciones para la correcta ejecución del mismo. Y se abunda que el convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de España y la Fundación España Salud, según resolución 14971 de 15 de octubre de 2019, se detalla que es justamente la Dirección General de Migraciones quien se encarga del buen cumplimiento del mismo. 5. Con fecha 24 de noviembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el 18 de diciembre de 2020, el citado Departamento Ministerial realizó las siguientes alegaciones: (…) La solicitud de acceso a la información pública tuvo entrada en la Secretaría de Estado de Migraciones el 24 de septiembre de 2020, por lo que el plazo para notificar la resolución vencía el 24 de octubre de 2020. No obstante, habida cuenta de que el 24 de octubre de 2020 era un día inhábil (sábado), se procedió a notificar la resolución el 26 de octubre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 apartado 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que “cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”. Por lo tanto, no se comparte la afirmación realizada por por cuanto se ha procedido a notificar la resolución dentro del plazo del mes que establece el artículo 20.1 de la LTAIBG. SEGUNDA. En cuanto a la afirmación de que la Fundación España Salud es un sujeto obligado por considerarse una entidad de las previstas en el artículo 3.b) de la LTAIPBG1, cabe señalar lo siguiente: La Fundación España Salud se constituyó en marzo de 2006, como entidad sin ánimo de lucro, y se encuentra registrada en el correspondiente registro venezolano de Caracas. En este sentido, sus Estatutos disponen lo siguiente: “En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y de toda otra Ley especial de la República Bolivariana de Venezuela que contenga disposiciones pertinentes”. A tenor de lo anterior, no se considera que la Fundación España Salud se encuentre sujeta a la LTAIBG por lo que ciertamente no le resultan de aplicación, en particular, las obligaciones de publicidad activa que dispone el capítulo II de la citada LTAIBG. TERCERA. Por lo que se refiere al Real Decreto 68/2019, de 15 de febrero, por el que se regula la concesión de una subvención directa a la Fundación España Salud, su artículo 6 letra b) establece la obligación de la Fundación España Salud de comunicar al órgano concedente el reconocimiento de otras subvenciones por cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Al respecto cabe señalar que la obligación a la que se refiere el citado Real decreto únicamente se refiere al año 2019 (dado que las subvenciones y ayudas establecidas en esa norma se fijan para las actividades que se desarrollen durante el año 2019), no alcanzando esa obligación de comunicación al órgano concedente a los demás años (2016, 2017, 2018) respecto de los cuales se solicita esa información. En base a lo anterior, la solicitud de acceso a la información se resolvió considerando que ésta incurría en el supuesto del artículo 18.1.d) de la LTAIBG que dispone que se inadmitirán a trámite las solicitudes “dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”. No obstante, en virtud del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es obligación de los beneficiarios “comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas”. De acuerdo con lo anterior, se procede a facilitar los datos correspondientes a las ayudas concedidas a favor de la Fundación España Salud por parte de todas las Administraciones Públicas españolas. Estos datos obran en la Base Nacional de Datos de Subvenciones, en el registro de convenios de la Xunta de Galicia, en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias y en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Finalmente, a requerimiento de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Venezuela, la Fundación España Salud ha comunicado que no ha percibido ayudas de otras entidades públicas distintas a las señaladas en el cuadro anterior durante ese período de referencia, ni tampoco por parte de entidades privadas. 6. El 22 de diciembre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dio Audiencia al reclamante para que formulase las alegaciones que estimara pertinentes. Mediante escrito de entrada el 27 de diciembre, el reclamante realizó las siguientes alegaciones: PRIMERO: La Fundación España Salud fue fundada por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006, con el objeto de prestar atención sanitaria médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles, beneficiarios de pensiones del sistema español de protección social y de ayudas por incapacidad, sin perjuicio de que su acción se extienda a todos los miembros de la colectividad española, contemplando también la asistencia socio- sanitaria, incluyendo la dependencia. Además del Ministerio, forman parte de su Consejo de Administración las comunidades autónomas de Asturias, Canarias y Galicia desde su inicio. Así se desprende de la nota de prensa sobre el Consejo de Ministros, publicada por Moncloa en fecha 15 de febrero de 2019: venezuela.aspx SEGUNDO: Fue comunicacionalmente público que en 2017 tuvo una modificación en sus estatutos, con lo cual la presidencia del Consejo de Administración, pasó a ser ocupada de forma ejecutiva por el Embajador del Reino de España en Venezuela, se establecieron dos vicepresidencias, una ocupada por el presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela y la otra por el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias. En cuanto al Consejo Directivo, su subdirección y secretaría, pasaron a ser ejercidas por el Consejero y el Secretario de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social respectivamente. TERCERO: Por el traslado de la información que con respecto a los ingresos de la Fundación España Salud hace el señor José Julio Rodríguez Hernández, Subdirector General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Retorno, se desprende que los ingresos de la fundación, son en su totalidad provenientes de las distintas administraciones españolas. CUARTO: Establece el señor subdirector, de forma espontánea, qu e “no se considera que la Fundación España Salud se encuentre sujeta a la LTAIBG por lo que ciertamente no le resultan de aplicación, en particular, las obligaciones de publicidad activa que dispone el capítulo II de la citada LTAIBG”. En realidad yo no había hecho referencia alguna a la obligación de la publicidad activa, sin embargo, ya que se toca el tema, la misma LGS a la que se reconoce que es sujeto obligado la Fundación España Salud, establece en su artículo 18: “Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.” Con lo cual la LGS nos remite a las obligaciones con la LTAIBG, previendo incluso sanciones para los incumplimientos, que podrían ser, entre otras, el reintegro de las subvenciones o ayudas concedidas. QUINTO: En la información requerida, no se solicita solo los montos de las ayudas o subvenciones, sino los convenios y/o contratos, si los hubiera, con indicación de partes firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones, si las hubiera, entre otras informaciones. Como pude verse, solo se me han facilitado los montos, año de concesión y concedente. Aún esto solo, con falencias, cuya profundidad desconozco, precisamente porque se me ha negado, de forma reiterada, el acceso a la información relacionada con la citada fundación. Pero puedo tomar por ejemplo, la subvención devenida del convenio firmado entre la Xunta de Galicia y la Fundación España Salud, con plazo de vigencia entre el 28/05/2018 hasta el 25/10/2018, por un monto de 70.000 euros, que no está reflejada en la información facilitada por la Subdirección, por lo que me es lícito pensar que pudiera haber ausencia de otras informaciones similares. También puedo mencionar las cuatro adendas señaladas en la información con respecto a la CCAA de Canarias, todas ubicadas temporalmente en el 2016. Encuentro imposible determinar si realmente hubo cuatro adendas o si se trata de un error, dada la omisión de información de los años restantes. SEXTO: Es de resaltar que las subvenciones concedidas a la Fundación España Salud de las que he tenido conocimiento, han sido todas de concesión directa, acogiéndose al artículo 22.2.c, argumentando razones de interés público, social, económico o humanitario. SÉPTIMO: Todos los requerimientos anteriores de información, por vías distintas al Portal de Transparencia, que he realizado con respecto a la Fundación España Salud, me ha sido denegados o un su defecto, como el presente, concedido con falencias, información parcial y sin explicación alguna de esto último. Mayormente el argumento es que “la Fundación España Salud es un sujeto de derecho privado venezolano, no vinculado a la administración pública”. En todo caso, no contempla la norma que por ser un sujeto de derecho privado venezolano, se encuentre exento del cumplimiento de la misma. OCTAVO: Causa especial asombro que tanto el señor Director de Migraciones, como el Subdirector de la Ciudadanía Española en el exterior, expresen respectivamente que la información no obra en su poder y que han tenido que requerirla al sujeto del que se solicita la información, porque tanto la LGS como la LTAIBG son claras al respecto, e incluso, algunos de los convenios firmados lo establecen, la información tendría que haber sido facilitada por la fundación sin que fuera necesario un requerimiento previo. Del reconocimiento de no tener en su poder la información se desprende que ni el concedente ni el beneficiario han cumplido con sus obligaciones, ni normativas, ni contractuales, lo que ya de suyo reviste gran gravedad, por decir lo menos, en lo administrativo. NOVENO: Para finalizar, por lo anteriormente expuesto tenemos un ente creado a instancias de la administración española, cuyas directivas están ejercidas, al menos de modo parcial, por altos cargos de administraciones españolas, cuyo funcionamiento depende, íntegramente, de fondos públicos españoles y sin embargo, a pesar de todo esto, no se puede conocer nada de ella. La gravedad de esta situación es doble, por un lado porque la naturaleza de la fundación está basada en la salud y la vida misma de los españoles residentes en Venezuela, y por otro lado, porque las cantidades de dinero destinadas a este fin, son ingentes. Tenemos por ejemplo que en 2019, solo de la administración general del estado, específicamente por la Secretaría de Estado de Migraciones y solo en dos convenios, le fue concedida a esta fundación, al menos, 4.285.313,80 euros. Esto al margen de las subvenciones o ayudas concedidas por parte de las CCAA u otros organismos públicos. Tenemos también que en declaración pública el Consejero de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social, dio a conocer la compra, por parte de la fundación, de un edificio en la zona comercial más lujosa de Caracas. Surge inevitablemente la interrogante sobre como una fundación sin fines de lucro, que depende exclusivamente de fondos públicos para su funcionamiento, ha podido realizar esta compra, si es que realmente la realizó, cuáles fueron las condiciones de esta compra, o como puede suceder esto al mismo tiempo que se le deniega asistencia sanitaria a españoles necesitados. Si el solo hecho de preguntar sobre los fondos recibidos por la fundación parece ser de respuesta improbable, preguntas más elaboradas como las surgidas por la presunta compra del edificio, ya son inalcanzables. Todo esto bajo la premisa de que “La Fundación España Salud no es sujeto obligado al cumplimiento de la LTAIBG”. Y pareciera que la Secretaría de Estado de Migraciones, tampoco tiene obligación alguna al respecto. Por todo lo anterior, encuentro razonable pensar que la Fundación España Salud es una suerte de caja negra donde entra dinero para ser manejado de forma discrecional sin estar sujeto a ningún tipo de fiscalización ni control. Por descontado, a los ciudadanos se nos niega cualquier posibilidad de escrutinio del manejo de los fondos públicos, tampoco podemos conocer cómo se toman las decisiones que afectan un área tan delicada como la salud de ciudadanos españoles necesitados, ni bajo qué criterios se manejan los asuntos relacionados con la Fundación España Salud, que en teoría, garantiza la atención de los ciudadanos españoles respecto a los servicios médico-quirúrgicos y farmacéuticos. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por su parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente supuesto, conforme se ha reflejado en los antecedentes, la solicitud de información tuvo entrada en el órgano competente para resolver el 24 de septiembre de 2020, por lo que el plazo máximo de un mes para resolver y notificar finalizaría el 24 de octubre de 2020.No obstante, como señala la Administración el citado día era inhábil, por lo que, en virtud de lo previsto en el artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil, el plazo finalizaría el 26 de octubre de 2020, primer día hábil, fecha en la que se notificó, tal y como consta también en los antecedentes. En consecuencia, la resolución se ha dictado dentro del plazo máximo establecido por el citado artículo 20 de la LTAIBG. 4. Respecto al fondo del asunto, cabe recapitular que de la información solicitada sobre la Fundación España Salud, el Ministerio en su resolución sobre acceso: - Facilitó al solicitante el Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de España (Dirección General de Migraciones) y la Fundación España Salud, sobre la prestación de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes españoles residentes en Venezuela que carezcan de recursos suficientes y su Adenda; y un Anexo con las subvenciones concedidas a la Fundación España Salud entre los años 2016 y 2019. - Y, confirmó al solicitante que no obran -ni en la base de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ni en la del Portal de Transparencia-, contratos en los que la Fundación España Salud haya resultado adjudicataria con ningún órgano de contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones; ni ha firmado ninguna encomienda de gestión con la Fundación España Salud. Y, por otra parte, en sus alegaciones a la reclamación presentada: - Facilitó al solicitante los datos correspondientes a las ayudas concedidas a favor de la Fundación España Salud por parte de todas las Administraciones Públicas españolas. Estos datos obran en la Base Nacional de Datos de Subvenciones, en el registro de convenios de la Xunta de Galicia, en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias y en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. - Y, confirmó al solicitante que la Fundación España Salud ha comunicado que no ha percibido ayudas de otras entidades públicas distintas a las señaladas en el cuadro anterior durante ese período de referencia, ni tampoco por parte de entidades privadas. En consecuencia, de toda la información solicitada sobre la Fundación España Salud no se habría facilitado la relativa a: - Las cuentas anuales que hayan rendido y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre la Fundación España Salud se hayan emitido para los años solicitados. - Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la Fundación España Salud así como las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. - Relación detallada del origen, tanto público, como privado, y destino de los ingresos, para los años solicitados, de lo que la Fundación España Salud llama “Fondos Propios”. - Los contratos celebrados y los convenios suscritos, solo referidos a las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Canarias, y la Fundación España Salud, ya que el Ministerio, como acabamos de indicar, ha confirmado que no constan ni en la base de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ni en la del Portal de Transparencia, donde constarían de existir, y ha facilitado su Convenio y Adenda de 2019. 5. Dicho esto, hay que señalar que el artículo 3 letra b) de la LTAIBG incluye también dentro de su ámbito subjetivo de aplicación, a Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Asimismo, hay que partir del hecho, según aclara el Ministerio y este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene motivos para poner en duda, que: - La Fundación España Salud se constituyó en marzo de 2006, como entidad sin ánimo de lucro, y se encuentra registrada en el correspondiente registro venezolano de Caracas. - En este sentido, sus Estatutos disponen lo siguiente: “En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y de toda otra Ley especial de la República Bolivariana de Venezuela que contenga disposiciones pertinentes”. - A tenor de lo anterior, no se considera que la Fundación España Salud se encuentre sujeta a la LTAIBG por lo que ciertamente no le resultan de aplicación, en particular, las obligaciones de publicidad activa que dispone el capítulo II de la citada LTAIBG. Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que aunque en virtud del importe de las ayudas -artículo 3 letra b) de la LTAIBG- se podría entender que la Fundación España Salud está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG, el hecho de que se encuentra registrada en el correspondiente registro venezolano de Caracas y le sea de aplicación de toda otra Ley especial de la República Bolivariana de Venezuela que contenga disposiciones pertinentes, determina, que, en cuanto persona jurídica regida por el ordenamiento de otro Estado, no se encuentre sujeta a la LTAIBG y no le resultan de aplicación, en particular, las obligaciones de publicidad activa que dispone el capítulo II de la misma. Ello no significa que la utilización de los fondos públicos no esté sometida a control, recordemos que el mencionado artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone que es obligación de los beneficiarios “comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas”. Y, que se ha procedido por parte del Ministerio a facilitar los datos correspondientes a las ayudas concedidas a favor de la Fundación España Salud por parte de todas las Administraciones Públicas españolas, dado que, como señala la Administración estos datos obran en la Base Nacional de Datos de Subvenciones, en el registro de convenios de la Xunta de Galicia, en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias y en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Todo ello permite conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, finalidad de la LTAIBG tal y como expresa su preámbulo, que en el presente supuesto se traduce en el control de las ayudas y subvenciones que se conceden la Fundación España Salud con cargo a los fondos públicos. 6. Por último, cabe señalar que en su resolución sobre el acceso la Administración en relación la denominada información relativa a las demás y “distintas dependencias de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Canarias con la Fundación España Salud”, consideró de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.d) de la LTAIBG, que dispone que se inadmitirán a trámite las solicitudes “dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”. Si bien, en vía de alegaciones, tal y con consta en los antecedentes y se ha indicado, facilitó al solicitante los datos correspondientes a las ayudas concedidas a favor de la Fundación España Salud por parte de todas las Administraciones Públicas españolas. Estos datos obran en la Base Nacional de Datos de Subvenciones, en el registro de convenios de la Xunta de Galicia, en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias y en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. A juicio del CTBG, sin embargo, en el supuesto presente no procede aplicar el citado artículo sino que se ha de estar a lo dispuesto en el artículo 19.1 LTAIBG conforme al cual, “Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.” La causa de inadmisión del art. 18.1 d), por su condición de finalizadora del procedimiento, debe interpretarse con el carácter restrictivo al que hace referencia el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, en el sentido de que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...). En virtud de todo ello, el art. 18.1 d) será de aplicación únicamente cuando el órgano al que se dirige la solicitud, además de carecer de la información requerida, desconozca quién la tiene en su poder. Esta segunda condición no concurre en el presente caso puesto que el propio Ministerio reconoce cuando facilita los datos correspondientes a las ayudas concedidas a favor de la Fundación España Salud por parte de todas las Administraciones Públicas españolas, que obran en la Base Nacional de Datos de Subvenciones, en el registro de convenios de la Xunta de Galicia, en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias y en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Siendo conocedor del órgano competente, el Ministerio debió proceder a remitirle la solicitud de acceso recibida a las tres citadas Comunidades Autónomas, al objeto de que pudieran completar -contratos celebrados y los convenios suscritos, objetivo o finalidad y beneficiarios de las ayudas-, en su caso, la información ya facilitada por el Ministerio, e informar de ello al solicitante, tal y como le obliga el art. 19.1 LTAIBG. Al no haberse producido esta remisión obligatoria en el momento requerido, ha de procederse ahora a subsanar este defecto en la tramitación de la solicitud de acceso, retrotrayéndose las actuaciones de manera que el Ministerio dé cumplimiento al citado precepto legal. Por las razones expuestas, la presente reclamación ha de ser estimada parcialmente, por motivos formales. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente, por motivos formales la reclamación presentada por frente a la Resolución del MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, de fecha 26 de octubre de 2020. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso recibida a las Comunidades Autónomas de Asturias, Canarias y Galicia, informando de ello al reclamante. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez