Solicitud de fechas de nombramiento del Jefe de la Seguridad Social en la Inspección Provincial de Cádiz y resultado de inadmisión

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 813/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante presentó con fecha 16 de julio de 2019, escrito dirigido al MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL –ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL-, con el siguiente contenido: Sra. Dña. En procedimiento de Derivación de Responsabilidad Solidaria que inician en la Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz me ha sido embargado todo mi patrimonio, con la pérdida de la vivienda habitual en 2019 al no disponer de liquidez para el pago de la hipoteca por las ejecuciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz. Parte del cargo ejecutado se correspondía a sanciones y actas de liquidación de inexistentes empleadas ganadas en los Juzgados Contenciosos de Cádiz. S/REF: N/REF: R/0813/2020; 100-004466 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Trabajo y Economía Social Información solicitada: Datos nombramiento Jefe Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Cádiz Subdirección General de Reclamaciones Reclamado ante esa Administración elaboran en 2014 el expediente n° 507/13 en la Subdirección General de Recursos del que parte el documento adjunto elaborado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz (documento n° 1), con referencia 13HM OS 11 000236113 con firma de como Jefe de la Seguridad Social. No consta en Boletines Oficiales del Estado nombramiento de Jefe de la Unidad en los Servicios Periféricos, este caso de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, hasta la Resolución del 11.1. 2016 que resuelve la convocatoria de libre designación del 20.11.2015, sin nombramientos anteriores. Por todo ello le ruego sea facilitada fecha y periodo del nombramiento en el cargo de como Jefe de la Seguridad Social en la Inspección Provincial de Cádiz que debió firmar y tramitar los documentos de la Derivación de Responsabilidad Solidaria que me fue aplicada en 2006, hasta la Revisión de las Actas, que se pueden comprobar modificadas en el escrito remitido en fecha 27.2.2013 con Ia identificación del Registro de Salida 11/000 1708/13. No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito de entrada 24 de noviembre de 2020 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), la solicitante presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: En fecha 16.07.2019 quedó registrada en el Ministerio de Política Territorial y Función pública, con entrada nº reg.000002149e1902155165 la solicitud de fecha 12.7.2019 que dirigí, al por aquel entonces, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, organismo estatal, Inspección de Trabajo y Seguridad social en solicitud de datos de fecha y periodo en el nombramiento de cargo de como jefe de la Seguridad Social en la Inspección Provincial de Cádiz, sin tener respuesta hasta la fecha. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Respecto al fondo del asunto, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cabe analizar si la solicitud de información presentada por la interesada, que recordemos se refiere a la fecha y periodo del nombramiento en el cargo de como Jefe de la Seguridad Social en la Inspección Provincial de Cádiz que debió firmar y tramitar los documentos de la Derivación de Responsabilidad Solidaria que me fue aplicada en 2006, hasta la Revisión de las Actas, que se pueden comprobar modificadas (…), se encuentra amparada por la LTAIBG. Asimismo, hay que indicar que según manifiesta la reclamante la solicitud de información se deriva de: - Un procedimiento de Derivación de Responsabilidad Solidaria que inician en la Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz me ha sido embargado todo mi patrimonio, con la pérdida de la vivienda habitual en 2019 al no disponer de liquidez para el pago de la hipoteca por las ejecuciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz. - De que, parte del cargo ejecutado se correspondía a sanciones y actas de liquidación de inexistentes empleadas ganadas en los Juzgados Contenciosos de Cádiz. - Y, se que elaboran en 2014 el expediente n° 507/13 en la Subdirección General de Recursos del que parte el documento adjunto elaborado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz (documento n° 1), con referencia 13HM OS 11 000236113 con firma de como Jefe de la Seguridad Social. En consecuencia, a nuestro parecer nos encontramos ante una serie de cuestiones de carácter particular de la solicitante que como consecuencia, según explica de una serie de ejecuciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz se llevó a cabo un procedimiento de Derivación de Responsabilidad Solidaria y el embargo de su patrimonio, con la pérdida de la vivienda habitual en 2019 al no disponer de liquidez para el pago de la hipoteca. Dicho esto, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resultaría se aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. A este respecto, cabe señalar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió, en fecha 14 de julio de 2016, en virtud de las prerrogativas concedidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, el Criterio Interpretativo nº 3 , que delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter abusivo, en los siguientes términos: “Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos Conocer cómo se toman las decisiones públicas Conocer cómo se manejan los fondos públicos Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa.” Asimismo, hay que tener en cuenta la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso de apelación nº 34/2019, de 10 de diciembre de 2019, en la que se argumenta lo siguiente: “(…) si bien la Ley no exige que el solicitante de información razone el porqué de la solicitud, los motivos por los que la solicita podrán ser tenidos en cuenta al momento de dictarse la resolución. (…) Como ya señaló la Sala en Sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019,……una solicitud de información de estas características, por su volumen, extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares.” Y la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) ” https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/recursos_jurisprudencia/Recurs os_AGE/2015/4_RTVE_2.html 4. Teniendo en cuenta lo anterior, aunque conforme a la formulación amplia del derecho de acceso las causas de inadmisión han de aplicarse de manera restrictiva, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se considera de aplicación la citada causa de inadmisión. Hay que recordar que el objeto de la solicitud de información - relacionadas con una serie de ejecuciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz- - es la . fecha y periodo del nombramiento en el cargo como Jefe de la Seguridad Social en la Inspección Provincial de Cádiz que debió firmar y tramitar los documentos de la Derivación de Responsabilidad Solidaria que me fue aplicada en 2006, hasta la Revisión de las Actas. Lo que, a nuestro parecer, no está justificado con la finalidad de la Ley. Como señalan nuestro Tribunales no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares. Además, cabe citar que a instancias de la misma interesada se han tramitado varias solicitudes de información, y reclamaciones ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –R/766/2020, R/783/2020, R/790/2020, R/791/2020, R/792/2020, R/793/2020, R/794/2020-, relacionadas con procedimientos de embargo que la Delegación de la AEAT en Cádiz está llevando o ha llevado a cabo contra la interesada, que han sido inadmitidas en numerosas ocasiones, entre otras causas por no encontrarse amparadas en la LTAIBG o por aplicación del Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, que recordemos dispone que “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. En consecuencia, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes, a juicio de este Consejo la solicitud de información no está justificada con la finalidad de la Ley, ya que no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -aunque la ley no exige motivación, sí puede tenerse en cuenta- que, no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares. Por todo ello, la reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , frente al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL –ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez