Solicitud de desglose de expedientes disciplinarios a empleados públicos penitenciarios desde 2011

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 804/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 23 de agosto de 2021 al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: Solicito el desglose de todos y cada uno de los expedientes disciplinarios a empleados públicos penitenciarios y personal colaborador desde el 1 de enero de 2011 a la actualidad. Solicito que para cada expediente disciplinario se me indique el motivo de este de forma detallada y precisa, qué sanción se le ha impuesto (de forma detallada y precisa, por ejemplo, si es monetaria, que se me indique la cantidad exacta o si es suspensión de empleo y/o sueldo que se me indique durante cuánto tiempo exactamente), el cargo del S/REF: 001-060046 N/REF: R/0804/2021; 100-005817 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada : Expedientes disciplinarios a trabajadores de centros penitenciarios desde el 1 de enero de 2011 Subdirección General de Reclamaciones trabajador expedientado, el cuerpo al que pertenece, el sexo del trabajador, la cárcel en la que está destinado el trabajado, la edad del trabajador, y si el expediente se ha llevado luego a un proceso judicial o no. Solicito toda la información en formato reutilizable tipo base de datos como puede ser .csv o .xls. Toda la información solicitada se ha pedido de forma que no permita la identificación de los trabajadores y por lo tanto no hay un problema de datos personales para denegar ningún campo solicitado. De todos modos, en caso de que el ministerio lo interprete de otra forma recuerdo el derecho de acceso parcial y la anonimización de datos. Pueden entregar todo lo solicitado exceptuando los campos que crean que pueden permitir identificar a los trabajadores. 2. Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2021, la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (MINISTERIO DEL INTERIOR) contestó al solicitante lo siguiente: (…) Se adjunta cuadro con datos numéricos de expedientes disciplinarios incoados durante el período de tiempo solicitado. Para poder contestar el resto de las preguntas habría que acudir a cada uno de los 513 expedientes disciplinarios. A mayor abundamiento, facilitar el resto de datos implicaría la posibilidad de identificar al personal inculpado. AÑO Nº EXTES. DISC. 2011 66 2012 47 2013 53 2014 58 2015 47 2016 33 2017 41 2018 34 2019 57 2020 39 2021* 38 TOTAL 513 *hasta 6 de septiembre de 2021. 3. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 21 de septiembre de 2021, interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: (…) Interior ha entregado sólo los datos totales de expedientes a trabajadores por años y no el desglose por trabajador expedientado como yo solicitaba. En ningún caso lo pedido permitiría la identificación de los trabajadores, ya que sólo se pedían campos como el motivo y la sanción que se la ha puesto y el sexo o el centro penitenciario donde está destinado. Se podría, por ejemplo, únicamente haber entregado estos campos pero haber denegado el campo que pedí de edad si consideraban que eso permitía identificarlos, pero hay muchos campos solicitados (de hecho, todos) que no tenían por qué permitir la identificación. Además, estamos hablando de expedientes sancionadores. Sobre estas personas ha caído una penalización de la Administración y es claro que en un caso como este debe prevalecer la rendición de cuentas y el derecho a saber sobre su protección como afectados. Aun así, repito, los campos solicitados no permitirían su identificación o en todo caso, se podrían entregar omitiendo alguno personal como la edad. Interior, además, dice que para dar los datos de los 513 expedientados habría que acudir a cada uno de sus expedientes. En ese caso nos encontraríamos ante una solicitud compleja o voluminosa por la cual se podría haber ampliado el plazo para resolver, pero no ante una situación de reelaboración. Del mismo modo, la Administración si los tiene en formato de expediente o PDF propio los podría haber entregado así en lugar de base de datos anonimizando sus nombres y otras informaciones personales. También hay que tener en cuenta que Interior dispone de esta base de datos, ya que así mismo lo reconoce el ministerio en su actividades de tratamiento de datos personales, página 130: https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b3eb17bc-b1a7-4092- 9c99- f11f62d868ae/20210915%20Registro%20de%20Actividades%20de%20Tratamiento%20del %20Ministerio%20del%20Interior.pdf Además, en el registro se puede ver que cuentan con "Nombre, apellidos, puesto de trabajo, cuerpo, centro destino, DNI y resto de datos relacionados con el procedimiento disciplinario". Por lo tanto, campos como el sexo o el centro de destino del funcionario disciplinado evidentemente cuentan con ellos y podrían haberlos suministrado a este solicitante. 4. Con fecha 21 de septiembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 19 de noviembre de 2021 se recibió escrito con el siguiente contenido: (…) Primera.- Se ha entregado información al ciudadano. Con carácter previo, debe ponerse de manifiesto que se ha entregado al ciudadano un cuadro con datos numéricos de expedientes disciplinarios incoados durante el periodo de tiempo solicitado. Para poder proporcionar el resto de información habría que acudir a cada uno de los QUINIENTOS TRECE expedientes disciplinarios y a los correspondientes órganos jurisdiccionales al objeto interesar el testimonio sobre si han tramitado, o no, eventuales impugnaciones de las resoluciones sancionadoras, así como su estado de tramitación. Segunda.- Motivos de la reclamación ante el Consejo de Transparencia. Tercera.- Oposición por parte de esta Administración Para proporcionar dichos datos al reclamante sería necesaria una reelaboración de la información. En efecto, la Administración no dispone de una base de datos en formato .csv o .xls donde conste el desglose de todos y cada uno de los expedientes disciplinarios a empleados públicos penitenciarios y personal colaborador desde el 1 de enero de 2011 a la actualidad, el cargo del trabajador expedientado, el cuerpo al que pertenece, el sexo, el establecimiento penitenciario, el motivo de forma detallada y precisa, y la sanción se le ha impuesto (con cantidades exactas), entre otras, cosas porque han podido ser revocadas o minoradas por resoluciones judiciales. Tampoco se dispone de una base de datos que, junto con los datos anteriores, informe de modo automático sobre si el expediente disciplinario ha dado lugar a un proceso judicial o no, sobre todo, si se tiene en cuenta que en un expediente disciplinario pueden existir varias resoluciones administrativas susceptibles de impugnación (suspensión provisional de funciones) y, por tanto, pueden dar lugar a varios procedimientos. Se insiste, la Administración no tiene una base de datos desde la que se pueda extraer toda la información que solicita el Sr. XXXXXXXXXXXXX, en los formatos exigidos, ni en ningún otro de carácter único, teniendo en cuenta que se trata de quinientos trece expedientes disciplinarios, por lo que podríamos estar ante el concepto de reelaboración del artículo 18.c) de la LTAIBG. En este sentido, la información solicitada tendría que elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, consultando cada expediente disciplinario, hacer un seguimiento judicial del mismo, para comprobar todas y cada una de las cuestiones solicitadas. La información que solicita el reclamante sobre QUINIENTOS TRECE (513) expedientes disciplinarios a lo largo de NUEVE AÑOS de actividad administrativa, implica una reelaboración o creación ad hoc de un informe. Si se tiene en cuenta el volumen de documentación (algunos expedientes tienen más de cuatrocientos folios) y la pluralidad de datos solicitados, se concluye que es preciso reelaborar la información solicitada. En definitiva, dar acceso a los datos tal y como han sido no implicaría una mera agregación, o suma de datos, o un mínimo tratamiento de los mismos, sino que tendría que elaborarse expresamente la información con los datos extraídos de cada uno de los 513 expedientes disciplinarios y añadirse información existente en órganos judiciales (pues téngase en cuenta que algunos podrían estar en fase de recurso). 5. El 23 de noviembre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El mismo 23 de noviembre de 2021, se recibió escrito con el siguiente contenid o: La Administración alega que se trataría de reelaboración, pero no es así, ya que disponen de la información y la pueden entregar en un formato u otro. Sobre un dato en concreto, que alegan lo siguiente "Tampoco se dispone de una base de datos que, junto con los datos anteriores, informe de modo automático sobre si el expediente disciplinario ha dado lugar a un proceso judicial o no, sobre todo, si se tiene en cuenta que en un expediente disciplinario pueden existir varias resoluciones administrativas susceptibles de impugnación (suspensión provisional de funciones) y, por tanto, pueden dar lugar a varios procedimientos". Sí que comentar que podrían entregar el resto de lo solicitado excepto ese dato del que dicen no cuentan con él. Cabe comentar que sí tienen el resto de la información y podrían entregarla en un formato u otro. Cabe comentar también que se trata de información sobre la que claramente prevalece y tiene que imperar una importante rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer a qué trabajadores públicos y por qué situaciones se les abren expedientes disciplinarios. Del mismo modo, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué sanciones implican ese tipo de situaciones que son lo suficientemente graves como para derivar en expedientes disciplinarios. Por lo tanto, la Administración debería entregar la información solicitada para rendir cuentas y permitir que se fiscalice su labor. Recordar también la sentencia 184/2018 del Juzgado Central C.A. nº 8 de Madrid: “Resulta de especial relevancia que por la resolución del Ministerio del Interior se concedió parcialmente la información solicitada, facilitándole la información instada por éste, aunque de forma global, sin desagregar por cada Centro Penitenciario. Pero es una obviedad que, para poder obtener una información global, previamente se ha contado con la información desglosada o desagregada de cada uno de los Centros Penitenciarios, y contando con esta última información, debe de rechazarse que estemos ante un supuesto de reelaboración”. Se puede aplicar del mismo modo en este caso, la Administración para tener el total de expedientes disciplinarios al año ha tenido esa información desglosada por el motivo, las sanciones o el centro penitenciario donde se han dado. Pido, por lo tanto, que se estime mi reclamación y se inste a Interior a entregarme lo solicitado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se piden los expedientes disciplinarios a empleados públicos penitenciarios y personal colaborador desde el 1 de enero de 2011, detallando motivo, sanción –cuantía si es monetaria y tiempo si es suspensión, cargo del trabajador, cuerpo, sexo, cárcel de destino, edad, y si el expediente se ha llevado luego a un proceso judicial o no. El Ministerio requerido ha concedido parcialmente la información solicitada facilitando el número de expedientes disciplinarios por año, y ha resuelto inadmitir el mencionado desglose al considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. La Administración motiva la concurrencia de la citada causa en que: (i) no dispone de una base de datos en los formatos .csv o .xls exigidos, donde conste el desglose requerido, (ii) no dispone de una base de datos que, junto con los datos anteriores, informe de modo automático sobre si el expediente disciplinario ha dado lugar a un proceso judicial o no y, finalmente, (iii) hay que tener en cuenta que se trata de quinientos trece expedientes disciplinarios. 4. En relación con la aplicación de la citada causa es preciso tener presente que nuestros Tribunales de Justicia ya han tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre su interpretación y alcance, sentando una muy estricta doctrina jurisprudencial al respecto. En este sentido, es obligado comenzar recordando la Sentencia del Tribunal Supremo 3530/2017, de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES: TS: 2017: 3530), en la que el Alto Tribunal ya establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de interpretar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." Y, en esa misma Sentencia, concluye sentando la siguiente doctrina en interés casacional: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información.” Posteriormente, en la STS 810/2020, de 3 de marzo, (ECLI: ES: TS: 2020: 810) volvió sobre la cuestión, manifestándose en los siguientes términos: "Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración." Y, en la STS 1256/2021, de 25 de marzo (ECLI: ES: TS: 2021: 1256), tras reproducir los razonamientos anteriores, precisó su entendimiento de lo dicho del siguiente modo: “La Sala apreció en el indicado caso la necesidad de la acción previa de reelaboración de la información, y por tanto la concurrencia de la causa de inadmisión, debido a que la información no se encontraba en su totalidad en el órgano al que se solicita, sino que se trataba de información pública dispersa y diseminada, que debía ser objeto de diversas operaciones de recabarla de otros órganos, ordenarla, separar la información clasificada y sistematizarla, aparte de que se trataba de información en distintos soportes físicos e informáticos.” Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido recientemente acogida y particularizada por la Audiencia Nacional en su Sentencia 359/2022, de 31 de enero (ECLI: ES: AN: 2022: 359), en cuyo fundamento de derecho tercero razona en los siguientes términos sobre el sentido del concepto de reelaboración: «Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia habla de que se inadmitirán las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, no puede abarcarse los supuestos en los que la información se contenga en expedientes administrativos concretados por el solicitante, pues esto colisiona con el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal manera que si toda petición que conllevara extraer información de un expediente identificado que no esté ordenada fuera rechazada, el derecho a la información quedaría gravemente constreñido. Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico». Por otra parte, en relación con la aplicación de las citada causa cabe recordar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aprobó en virtud de las potestades del artículo 38.2 a) de la LTAIBG , el Criterio Interpretativo CI/007/2015 , de 12 de noviembre, en el que se recoge, que: Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. 6. Pues bien, teniendo en cuenta la citada doctrina jurisprudencial y los precedentes resueltos por este Consejo, se han de considerar fundadas las razones alegadas por el Ministerio para aplicar la causa de inadmisión. En primer término, se ha de señalar que, en contra de lo que parece entender el reclamante, la existencia en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la página web del Ministerio de una entrada relativa a los expedientes disciplinarios que se solicitan no significa que se disponga de una base de datos con ese contenido, sino que se lleva a cabo una actividad que comporta un tratamiento de los datos de carácter personal que se mencionan, con las finalidades y características que allí se consignan y, por lo tanto, ha de constar en el mencionado Registro para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y por el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuya publicidad viene exigida asimismo por el art. 6 bis de la LTAIBG. Por otra parte, según manifiesta el Departamento ministerial en sus escritos, y este Consejo no tiene motivos para ponerlo en duda, no se dispone de una base datos que permita extraer por cada uno de los expedientes disciplinarios el nivel de detalle requerido en su conjunto e individualmente. Sostiene por tanto razonadamente que para poder facilitar por cada uno de los expedientes el mencionado desglose habría que ir accediendo a cada uno de los 513 y extrayendo cada uno de los datos solicitados, mediante una compleja labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, sistematizar, y luego, facilitar tal información. Y, aun así, no se podría facilitar el dato correspondiente a si el expediente se ha llevado luego a un proceso judicial o no, para lo que habría que consultar otra fuente de información distinta, pudiendo estar algunos en fase de recurso. En todo caso, como razona el Ministerio, dar acceso a los datos tal y como han sido no implicaría una mera agregación, o suma de datos, o un mínimo tratamiento de los mismos, sino que tendría que elaborarse expresamente la información con los datos extraídos de cada uno de los 513 expedientes disciplinarios y añadirse información existente en órganos judiciales. Finalmente, se ha de señalar que aunque en el citado Criterio de este Consejo se indica que no estaríamos ante un supuesto de reelaboración en el caso de información cuyo “volumen o complejidad” haga necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante, cabe recordar que también se reconoce que sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. A este respecto, hay que tener presente que la información que solicita concierne a 513 expedientes disciplinarios a lo largo de nueve años de actividad administrativa, y que, según se manifiesta, algunos expedientes tienen más de cuatrocientos folios. Por todo lo expuesto, hay que considerar suficientemente justificada la aplicación de la causa de inadmisión y, en consecuencia, la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 21 de septiembre de 2021, frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez