Solicitud de acceso al Catálogo de Aguas Privadas y resultado de inadmisión por competencia normativa

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 791/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante dirigió a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 20 de marzo de 2019, la siguiente solicitud de información: ANTECEDENTES En la página web del IDE-Geoportal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: https://idechg.chguadalquivir.es/nodo/verdescargas.do ?capa=CAPT ACION ES DPH Hemos descargado el archivo SHP, en formato ZIP, referentes a las captaciones autorizadas. S/REF: N/REF: R/0791/2019; 100-003108 Fecha: 15 de noviembre de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio para la Transición Ecológica/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Información solicitada: Catálogo de aguas privadas Subdirección General de Reclamaciones SOLICITO Acceso presencial al Catálogo de Aguas Privadas del que se han extraído los datos para construir el IDE-Geoportal, con el fin de contrastar los datos publicados y verificar que no existe error entre aquellos publicados en IDE-Geoportal y los existentes en el Catálogo de Aguas Privadas. 2.Mediante Resolución de 21 de octubre de 2019 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA) contestó a la reclamante lo siguiente: PRIMERO.- Con fecha 20 de marzo de 2019, tuvo entrada en el Registro Auxiliar de este Organismo de cuenca en Granada, solicitud de acceso a la información pública, al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, formulada a instancias de y , en virtud de la cual, solicitaba el acceso a la siguiente información: Acceso presencial al Catálogo de Aguas Privadas del que se han extraído los datos para construir el IDE-Geoportal, con el fin de contrastar los datos publicados y verificar que no existe error entre aquellos publicados en IDE-Geoportal y los existentes en el Catálogo de Aguas Privadas. (…) SEGUNDO.- Mediante escrito de entrada el 3 de julio de 2019, las reclamantes presentaron una redamación ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG. (…) SÉPTIMO.- Con fecha 23 de septiembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó la Resolución 46812019, acordando desestimar la reclamación presentada por , contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, acogiéndose al criterio mantenido por este Organismo de cuenca, en el sentido de que la solicitud presentada ha de considerarse materia incluida en la legislación medioambiental, al ser sobre uno de los elementos del medio ambiente, el agua, por lo que, de acuerdo con lo recogido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la L.TAIBG, en el que se reconoce el carácter supletorio de la citada Ley, respecto de otras materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental, por la que concluía que la solicitud debía ser tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, anteriormente citada. En virtud de lo anterior, esta Presidencia, ACUERDA: Conceder el acceso a la información pública, cuya solicitud ha quedado identificada en el párrafo sexto de esta resolución, relativa a 13 expedientes del Catálogo de Aguas Privadas, previa cita dirigida a las solicitantes, una vez se recopilen los mismos y se proceda a la disociación de los datos personales en ellos contenidos. 3. Mediante escrito de entrada el 12 de noviembre de 2019, la reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: Esta reclamación se interpone contra la resolución de 21 de octubre 2019 por no satisfacer lo solicitado. De forma expresa, se concede el acceso a 13 expedientes del Catálogo, pero de forma presunta, se deniega (sin la pertinente motivación obligatoria del art. 20 de la Ley 19/2013) el acceso al Catálogo de Aguas-"libro" (art.196.1 RDPH) para consultar las características, anotadas en el mismo, de los 13 aprovechamientos con el n° de expediente requerido. ANTECEDENTES 1.- El de 20 de marzo de 2019 se solicita, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el acceso al Catálogo de Aguas. Según el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no estoy obligada a motivar mi solicitud sin embargo expuse las motivas, los que han producida la confusión expuesta en el apartado 3. 2.- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en su resolución expresa del 21 de octubre de 2019, nos concede el acceso a 13 expedientes requeridos. Este acceso se practicará previa citación, una vez disociados los datos personales. 3.- Ha habido una confusión entre aprovechamientos a consultar y expedientes a consultar: a.- Lo solicitado es el acceso al Catálogo de Aguas (definido según el artículo 196.1 del RDPH) para conocer las características (definidas en el artículo 196.2 del RDPH), entre ellas la profundidad, de estos 13 aprovechamientos incluidos en el Catálogo de Aguas="libro" con el número de expediente sombreado en las tablas excel pertenecientes al archivo SHP descargado de la web IDE-Geoportal="estructura inf01mática". b.- Este Organismo de cuenca nos concede la consulta de los 13 aprovechamientos, directamente sobre el conjunto de documentos que componen los 13 expedientes. La denegación presunta del acceso al Catálogo de Aguas no nos ha sido motivado y según el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Organismo de cuenca tiene la obligación de motivarla al resolver. SOLICITO 1.- Reiteración de solicitud de Acceso al Catálogo de Aguas Privadas= "libro" (según la definición del RDPH en su artículo 196.1), para contrastar las características de los 13 aprovechamientos (tal y como la define en el artículo 196.2 del RDPH) con las publicadas en la "estructura informática"=tabla excel del archivo SHP de la web IDE- Geoportal, correspondientes a esos 13 aprovechamientos con el número de expediente requerido, que nos ha concedido consultar en la resolución de 21 de octubre de 2019, 2.- También solicito que el Organismo de cuenca: Primero, motive la denegación del acceso tal y como se solicitó, a través del Catálogo de Aguas-"libro". Segundo, que informe de si entre las distintas causas por las que se deniega el acceso al Catálogo, una de ellas se debe a que en el Catálogo no se encuentra la profundidad como característica (art. 196.2 del RDPH) a considerar para permitir la inclusión de los aprovechamientos en dicho Catálogo. Tercero, que informe de la opción de obtener copias o similar que se establece para los aprovechamientos incluidos en el Catálogo de Aguas (art.196, lo solicitado) del mismo modo que ha informado de la opción de realizar certificaciones de los inscritos en el Registro de Aguas (art.195 del RDPH, no solicitado) ya que, si no estoy confundida (agradecerla despejase mi confusión) son dos regímenes distintos y por lo tanto los aprovechamientos incluidos en el Catálogo de Aguas no están inscritos en el Registra de Aguas. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, debe comenzarse indicando que mediante escrito de entrada el 3 de julio de 2019 la misma interesada ya presentó una reclamación (R/0468/2019) ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la falta de repuesta de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR a la misma solicitud de información de fecha 20 de marzo de 2019. Asimismo, cabe señalar que ahora la interesada ha presentado reclamación ante este Consejo de Transparencia contra la Resolución de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR por la que contesta a la misma solicitud de información de 20 de marzo de 2019, al no estar conforme con la información facilitada. En resolución dictada por este Consejo de Transparencia correspondiente a la mencionada reclamación, R/0468/2019, se concluía lo siguiente: 4.Respecto al fondo del asunto, hay que señalar que la Administración considera que procede inadmitir la reclamación presentada por la vías de la LTAIBG, al ser de aplicación la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que define la información ambiental, en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”. De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 7/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente’. Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos». Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción. A este respecto, el TJCE afirmó: «De la utilización que se hace en la letra a) del art. 2 de la Directiva del término ‘incluidas’ resulta que el concepto de ‘medidas administrativas’ no es más que un ejemplo de las ‘actividades’ o de las ‘medidas’ a las que se refiere la Directiva (...), el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de ‘información sobre medio ambiente’ una definición que pudiera excluir alguna de las actividades que desarrolla la autoridad pública, sirviendo el término ‘medidas’ tan sólo para precisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas las formas de ejercicio de actividad administrativa». De este modo, el Tribunal mantuvo que «para ser una ‘información sobre medio ambiente’ a efectos de la Directiva bastaba que un informe de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los que se refería la Directiva. Tal es el caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción». Conforme indica el órgano competente, en criterio compartido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha de considerarse que es materia incluida en la legislación medioambiental la solicitud de Acceso presencial al Catálogo de Aguas Privadas, al ser sobre uno de los elementos del medio ambiente, el agua, en concreto de actividades que afectan o influyen en el citado elemento. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece en su Artículo 196.1 que Los Organismos de cuenca custodiarán el Catálogo de Aguas Privadas, compuesto por una estructura informática y un libro, en el que figuran inscritos los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de Aguas de 1879, cuyos titulares optaron por mantenerlas en tal régimen declarando su existencia al Organismo de cuenca en los plazos que legalmente se establecieron con anterioridad al 27 de octubre de 2001. Por lo que se incluye dentro de la categoría de información medioambiental de la citada Ley 27/2006 de 18 de julio. 5.A este respecto, según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Estableciendo el apartado 3, que: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. No apartándose, por tanto, esta conclusión del Criterio Interpretativo del Consejo (CI 008/2015), de 12 de noviembre de 2015, que determina que: El carácter de ley básica de la LTAIBG en esta materia tiene como consecuencia principal que las excepciones a su aplicación en materia de acceso a la información pública deben venir expresamente previstas y autorizadas por ella. Los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la LTAIBG contienen la única excepción prevista, en la Ley para la aplicación de sus normas sobre ejercicio del derecho a la información. IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la solicitud actual, debe concluirse que la misma debe ser tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006 antes indicada, incluyendo la aplicación de las vías de recurso previstas en dicha norma. En consecuencia, se considera que debe desestimarse la Reclamación presentada, puesto que la misma debe regirse por la legislación específica de acceso a la información en materia medioambiental, no siendo competente este Consejo de Transparencia para entrar a conocer sobre la misma. Teniendo en cuenta que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la primera reclamación presentada (R/0468/2019) ya que la solicitud de información debía ser tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y que la información facilitada a la interesada por la Confederación ha sido en base a la mencionada Ley, procede inadmitir la reclamación presentada, al no ser de aplicación la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INAMITIR la reclamación presentada por con entrada el 12 de noviembre de 2019, contra la resolución de 21 de octubre de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda