Acceso al expediente de medición de gas radón en el Centro de Negocios del Parque Empresarial Porto do Molle

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 785/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO, adscrito al MINISTERIO DE HACIENDA, con fecha 16 de septiembre de 2019, la siguiente información: Como usuario por contrato de arrendamiento del centro de negocios del P.E. Porto do Molle, oficina 2.27, y en base a lo establecido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se solicitan los contenidos o documentos, cualquiera que sea su forma o soporte, que obren en su poder, en relación con su expediente SER/19/0056 para el Servicio de medición de radón en las dependencias del Centro de Negocios del Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán, formalizado el 07/05/2019, por importe de 2.400 euros, y en particular en lo referente al informe detallado por zonas, señalando la existencia o no de niveles insalubres y los valores alcanzados por la medición. No consta respuesta de la Administración. S/REF: N/REF: R/0785/2019; 100-003091 Fecha: 6 de febrero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Consorcio Zo na Franca de Vigo/Ministerio de Hacienda Información solicitada: Expediente de medición de gas Radón en Nigrán (Pontevedra) Subdirección General de Reclamaciones 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 8 de noviembre de 2019, presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Habiéndose solicitado al CZFV información sobre los resultados de un informe de medición encargado por el CZFV, y no habiéndose recibido contestación pasado más de 1 mes, entendiendo que el CTBG puede requerir dicha información al CZFV, presento esta reclamación. 3. Con fecha 12 de noviembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta por parte del CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO se produjo el 25 de noviembre de 2019 e indicaba lo siguiente: En respuesta a su escrito, con fecha de entrada en el Registro de este organismo 1 de octubre de 2019, por el que solicita acceso a los documentos correspondientes al expediente SER/19/0056: "Servicio de medición de radón en las dependencias del Centro de Negocios del Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán", por la presente le comunico que dicha documentación estará a su disposición en las dependencias de esta Secretaria General el próximo 27 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas (en caso de imposibilidad de acudir en la fecha y/u hora señalada, se ruega se ponga en contacto con esta Secretaria General en el teléfono XXXXXXXXXX). 4. El 13 de enero de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Transcurrido el plazo concedido al efecto, no consta que el interesado haya realizado alegaciones a pesar de haber sido notificado del requerimiento realizado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la entidad a la que se requería la información no respondió al solicitante en el plazo de un mes para resolver, sin que exista causa que lo justifique. En este sentido, se recuerda que han de preverse y realizarse las actuaciones que internamente sean necesarias para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. Así, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, al objeto de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 4. En cuanto al fondo del asunto, y tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, se solicita la entrega de documentación que el Consorcio de la Zona Franca de Vigo no deniega sino que ofrece el acceso a través de una visita presencial. El acceso a través de la vista de la documentación solicitada ya ha sido tratado y admitido con anterioridad por este Consejo de Transparencia, por ejemplo en el procedimiento R/0368/2018 , relativo a la entrega de las cuantías de las retribuciones de los funcionarios de la Administración del Estado, en el periodo 1972-1986, ambos inclusive, por no encontrarse publicadas en el B.O.E. En este procedimiento se usaron los siguientes razonamientos: “En el presente caso, la Administración deniega dar la información por varias razones, x No es posible su envío en papel o en formato electrónico, pues su manejo y preparación supondría un importante peligro de deterioro dado su estado de conservación. Ante ello, se ofrece la posibilidad de su consulta directa en las oficinas de la Dirección General x Se estudió fue la posibilidad de digitalizar o fotocopiar la información en cuestión, solución que se rechazó al ser necesario formar un equipo de trabajo de varios funcionarios que tendrían que dejar las labores que tuviesen encomendadas; lo cual supondría, de un lado, una pérdida del tiempo para el órgano administrativo y, de otro, un coste para la Administración, que no obstante podría ser sufragado mediante el cobro de tasas x La documentación en cuestión puede contener datos personales que es preciso proteger, lo que añadiría una mayor dificultad a las labores que se han comentado, pues habría que dedicar otro grupo de trabajo a buscar esos datos y hacerlos ilegibles. Analizando detenidamente el contenido de la solicitud de acceso (normas internas por las que se determinan las cuantías de las retribuciones de los funcionarios de la Administración del Estado, en el periodo: 1972-1986) debe indi carse lo siguiente: www.consejodetransparencia.es › ct Home › dam › R-0368-2018 La LTAIBG predica en su Preámbulo que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Su objetivo es, por lo tanto, aportar transparencia a la actuación pública a través de la obligación aplicable a los organismos y entidades incluidos en su ámbito subjetivo de publicar determinada información proactivamente así como del reconocimiento del derecho de acceso a la información. Se trata, por lo tanto, de una norma que salvaguarda el interés público en conocer el proceso de toma de decisiones al objeto de someter a las instituciones públicas al principio de rendición de cuentas por su actuación. En este marco, debe recordarse que, a diferencia de lo que pretende el reclamante, la LTAIBG expresamente prevé que, si bien el acceso a la información solicitada debe formalizarse preferentemente por vía electrónica, esta previsión no sería aplicable cuando dicho acceso no sea posible (art. 22.1 de la LTAIBG). (…) En el caso que os ocupa, resulta determinante a nuestro juicio la tipología de documentación que se solicita, relativa a retribuciones de los empleados públicos desde 1972 a 1986. Información que, por otro lado, la Administración no se ha negado a proporcionar, y así se lo ha hecho ver al reclamante, que insiste, como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, en una formalización de acceso que la propia LTAIBG permite que no sea aplicable cuando el tipo de información o documentación que se requiere no lo permita. En este sentido, entendemos que la LTAIBG no ampara, para dar respuesta a una concreta solicitud de información, la acometida de trabajos específicos de digitalización de documentación contenida en 11 volúmenes cuyo estado de conservación, según afirma la Administración, podría verse aún más perjudicado si se realizaran estos trabajos. En este supuesto, el volumen y el estado de la documentación resultan a nuestro juicio determinante. Y ello sin perjuicio de la posibilidad prevista en la LTAIBG de la imposición de una tasa; previsión que, no obstante, no ha sido aún regulada por la Administración. “ A diferencia del precedente señalado, en el que se acogía el argumento de la Administración en el sentido de que, a pesar de estar disponible la documentación solicitada, la misma no podía ser remitida de forma electrónica, en el presente caso no puede afirmarse que se den las mismas circunstancias. Así, la información que se solicita es lo suficientemente concreta para poder ser identificada fácilmente y tampoco puede presumirse- teniendo en cuenta la naturaleza delo solicitado y que no se trata de una circunstancia puesta de manifiesto por la entidad solicitada, que nos encontremos ante un volumen excesivo de información o ante documentos que no se encuentren digitalizados y, en consecuencia, no puedan ser remitidos por vía electrónica. Antes al contrario, podemos afirmar que se trata de una documentación cuyo acceso quedaría garantizado tal y como dispone la LTAIBG mediante su remisión electrónica. Sin embargo, a fecha de la presente resolución y dado el tiempo transcurrido desde que el reclamante fue citado para obtener la documentación solicitada, este Consejo de Transparencia desconoce si el reclamante ha acudido a la cita presencial indicada y, en consecuencia, si ha recibido la documentación solicitada. En definitiva, con los datos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta que no queda acreditado que haya sido entregada la documentación solicitada, en aras a la preservación del derecho constitucional de acceso a la información como principio general y dadas las innegables consecuencias nocivas que el gas Radón tiene para la salud pública particularmente para los trabajadores del Centro de Negocios del Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 8 de noviembre de 2019, contra el CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO, adscrito al MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUNDO: INSTAR al CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO, adscrito al MINISTERIO DE HACIENDA, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a D a siguiente documentación: x Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su forma o soporte, que obren en su poder, en relación con su expediente SER/19/0056 para el Servicio de medición de radón en las dependencias del Centro de Negocios del Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán, formalizado el 07/05/2019, por importe de 2.400 euros, y en www.insst.es › documents › ntp 533.pdf particular en lo referente al informe detallado por zonas, señalando la existencia o no de niveles insalubres y los valores alcanzados por la medición. De esta documentación deben eliminarse aquellos datos de carácter personal innecesarios para la finalidad perseguida, así como aquellos otros documentos que, a juicio ponderado y razonable de la Administración, contengan información que deba ser calificada como confidencial. TERCERO: INSTAR al CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO, adscrito al MINISTERIO DE HACIENDA, a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la documentación enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda