Solicitud de importe de costas, fecha de depósito y partida presupuestaria relativa a un incidente de recusación contra un juez

Resolución 762/2019 S/REF:001-035934 N/REF: R/0762/2019; 100-003065 Fecha: 24 de enero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Justicia Información solicitada: Costas incidente de recusación contra Juez l. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante sol icitó al MINISTE RIO DE JUSTICIA, y al amparo de la Ley 19/2013. de 9 de diciembre, de transparencia. acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 17 de julio de 2019, la siguiente información: Importe al que han ascendido las costas que el Ministerio de Justicia {Abogacía del Estado) ha tenido que abonar tras desestimar la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso­ Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el incidente de recusación contra el el 20 de junio de 2019, fecha en que se depositó el dinero y partida presupuestaría a la que se ha imputado este gasto. No consta respuesta del Ministerio. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE -A-2013-12887 Subdi rección General de Reclamaciones www.consejodetransparencia. es Subdirección General de Reclamaciones 2. Ante la falta de contestación, el solicitante presentó, mediante escrito de entrada el 3 de noviembre de 2019 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: El pasado 17 de julio solicité información para conocer a cuánto ascendieron las costas que la Abogacía del Estado (Ministerio de Justicia) ha tenido que pagar tras haber fracasado en su intento de recusar al juez en el procedimiento que éste tramitó (ya archivado por pérdida sobrevevenida del objeto de la causa) en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y que conllevó durante ocho meses la suspensión cautelar del informe urbanístico emitido de forma favorable por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) para la exhumación de Franco. Han pasado más de tres meses desde que empezó a correr el plazo y no ha recibido respuesta alguna. 4. Con fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 3 de diciembre de 2019, el indicado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: Con fecha 2 de agosto de 2019 tuvo entrada en la Subsecretaría de Justicia una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que quedó registrada con el número de expediente arriba indicado con el siguiente contenido: (…) Con fecha 13 de noviembre se ha procedido a notificar al ciudadano la resolución de la Subsecretaría de Justicia por la que se resuelve inadmitir la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1.c) por tratarse de información para cuya divulgación es necesaria una acción previa de reelaboración. En este sentido esta Subsecretaría de Justicia entiende que la solicitud incurre en el apartado c) de dicho artículo 18, toda vez que únicamente dispone de la información respecto del importe gastado en costas procesales que han sido gestionadas en esta Subsecretaría durante el año 2019 que asciende a la cifra global de 260.960,00 euros, no existiendo en la misma datos desglosados al nivel que se requiere en la solicitud, ya que habría que destinar recursos humanos a fin de reelaborar expresamente y explotar de modo correcto la información concreta que se solicita. Por último, la demora en la resolución y práctica de la notificación al interesado, motivo de la reclamación presentada, se ha debido a una concatenación de incidencias, debidas en primer lugar a la fecha en la que se recibió la solicitud, así como a la estimación del hecho concreto de si era posible obtener de forma ágil, sin necesidad de destinar recursos a comprobar todos los expedientes, uno por uno, reelaborando la citada información de la cifra global, y por último, la demora en la firma de la resolución se ha debido también a los asuntos de trascendencia mediática que han tenido lugar durante este último tiempo. 3. El 4 de diciembre de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , se concedió Audiencia del expedi ente al reclamante (notificado el mismo día 4 mediante su comparecencia) para que, a la vista del mismo, presentase las alegaci ones que estimara pertinentes. Tran scurrido el plazo concedi do al efecto, no consta que el reclamante haya presentado alegaciones. 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conf ormidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relaci ón con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la Presidencia de este Organi smo es competente para resol ver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso- Administrativo, se presenten en el marco de un pr ocedimiento de acceso a la i nformación. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 regula el derecho de todas las personas a acceder a la i nformación pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solici tud de acceso a la i nformación en relación a inf ormación que ya existe, por cuanto está en posesi ón del Organismo que recibe la solici tud, https://www. boe.es/buscar /act.php ?id-BOE-A-2015-1056S#ddunica https://www.boe.es/buscar/act.php?id-BOE-A-2013-12887 &p-20181206&tn-1 #a24 https://www.boe.es/buscar/act.php?id-BOE-A-2014-1141 O&tn-1 &p-201411 05#a8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 &tn=1 &p=20181206#a 12 Subdirección General de Reclamaciones bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo po drá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el caso que nos ocupa, tal y como figura en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la solicitud de información tuvo entrada en el órgano competente para resolver el 2 de agosto de 2019, notificándose la resolución sobre el derecho de acceso, según indica la propia Administración, el 13 de noviembre de 2019, es decir, más de dos meses después de haber finalizado el plazo del mes del que disponía para resolver y notificar, y después de que se presentase reclamación por silencio y este Consejo le diera traslado del expediente ( el 4 de noviembre de 2019). Justifica la Administración el retraso en lo que denomina una concatenación de incidencias, debidas en primer lugar a la fecha en la que se recibió la solicitud, así como a la estimación del hecho concreto de si era posible obtener de forma ágil, sin necesidad de destinar recursos a comprobar todos los expedientes, uno por uno, reelaborando la citada información de la cifra global, y por último, la demora en la firma de la resolución se ha debido también a los asuntos de trascendencia mediática que han tenido lugar durante este último tiempo. Justificación que, a juicio de este Consejo de Transparencia, se trata de una explicación genérica que no proporciona base alguna para el retraso con el que se ha dado respuesta a la solicitud. A este respecto, cabe recordar lo señalado en el propio Preámbulo de la Ley en el sentido de que, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se prevé el establecimiento de un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, al objeto de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientes R/0234/2018 y R/0543/2018 ) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar que la información solicitada se concreta en las costa abonadas tras desestimar la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el incidente de recusación contra el juez el 20 de junio de 2019, fecha en que se depositó el dinero y partida presupuestaria a la que se ha imputado este gasto, y que la Administración ha inadmitido a trámite al considerar de aplicación al causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Fundamenta la Administración su inadmisión en que únicamente dispone de la información respecto del importe gastado en costas procesales que han sido gestionadas en esta Subsecretaría durante el año 2019 que asciende a la cifra global de 260.960,00 euros, no existiendo en la misma datos desglosados al nivel que se requiere en la solicitud, ya que habría que destinar recursos humanos a fin de reelaborar expresamente y explotar de modo correcto la información concreta que se solicita. Es decir, se trata de información concreta- costas impuestas- sobre un procedimiento judicial perfectamente identificado. 5. Atendiendo a lo indicado anteriormente, ha de recordarse que, respecto del concepto de reelaboración, este Consejo de Transparencia ha aprobado en virtud de las potestades del artículo 38.2 a) de la LTAIBG , el Criterio Interpretativo CI/007/2015 , de 12 de noviembre, que se resume a continuación: “(…) será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criter ios.html En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. El segundo supuesto sería el que se refiere a la información que, por contener datos de carácter personal, debe ser “anonimizada” o disociada antes de ser suministrada al interesado o bien que, por afectar a alguno de los límites previstos en la norma, el acceso sólo deba proporcionarse respecto de parte de la información solicitada. Son los supuestos contemplados en los artículos 15.4 -que prevé la anonimización de la información, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas- y 16 de la Ley 19/2013, que prevé el suministro de la información con omisión de aquella que esté afectada por algunos de los límites del artículo 14. En estos casos, y pese a suponer, implícitamente, un proceso específico de trabajo para proporcionar la información, ninguno de estos dos supuestos puede entenderse como reelaboración. Puede ocurrir también que la información se encuentre en poder de varias unidades informantes que resultan responsables de su custodia pero su autor esté claramente definido. En este caso tampoco se trataría de un caso de reelaboración, operando el artículo 19.4 de la Ley 19/2013 que establece que: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. Asimismo, debe contarse también con la interpretación que de este concepto han realizado los Tribunales de Justicia: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid y Sentencia en Apelación nº 47/2016 , de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional: “La interpretación del art. 18.1. c) de la Ley 19/2013 ha de hacerse atendiendo a que en ella se configura el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (Artículo 12), y a la Exposición de Motivos, conforme a la cual "el capítulo III (donde se insertan ambos preceptos, arts. 12 y 18 de la ley) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. (…) Al margen de disquisiciones sobre el concepto de la reelaboración de información que no influyen en el presente caso, donde no se impugnan los criterios interpretativos fijados por el CTBG, la recurrente no ha justificado que el suministro de la información solicitada exija una labor previa de reelaboración, pues aparte de sus alegaciones ninguna otra prueba se allega que soporte su posición.” - Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. - En casi idénticos términos, rechazando la identificación entre recopilación de información y reelaboración de la misma, se pronuncia la sentencia nº 125/2018, dictada por el mismo Juzgado en el PO 62/2017 , que concluye lo siguiente: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13, - Y la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) ” Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información. (…) Igualmente, debe tenerse en consideración la Sentencia 125/2018, de 2 de noviembre de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en el PO 62/2017 que se pronuncia en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13, 6. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, a nuestro juicio no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública, y debe ser justificada de manera clara, que a nuestro parecer no ocurre en el presente supuesto, dado que: - No comprende exactamente este Consejo de Transparencia por qué la Administración para facilitar la información indica que ha de partir de la cifra global de costa abonadas en 2019. - No se ha solicitado por el interesado información sobre las costa totales del 2019, ni que se desglose por procedimientos, ni por incidentes de recusación, ni por nada. Por lo que, no resultaría razonable intentar obtener los datos solicitados partiendo de la totalidad. - Se ha solicitado información de un incidente de recusación concreto y conocido por la ciudadanía, tal y como reconoce la Administración con repercusión mediática. - Ha comprobado este Consejo que incluso se encuentra publicado en la prensa el Auto de fecha 20 de junio de 2019, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el incidente de Recusación de Jueces y Magistrados 1/2019, en el que se concluye: Que desestimamos el incidente de recusación formulado por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA), representada por el ABOGADO DEL ESTADO, contra el Ilmo. Magistrado , como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. , y en consecuencia acordamos devolver al citado recusado el conocimiento del Procedimiento Ordinario nº 65/2019, con expresa imposición al recusante de las costas causadas en el presente incidente, sin que haya lugar a imposición de multa. - La imposición de costas deriva en una actuación procesal en la que se realiza una primera tasación, de la que se da audiencia a la otra parte al objeto de presentar oposición a la misma para, finalmente, derivar en un Decreto por el que se acuerda la imposición de costas. Es decir, se trata de una pieza del procedimiento- que, como decimos, se encuentra perfectamente identificado- y que requiere, tan sólo, su obtención de entre la documentación aparejada a dicho procedimiento. - La imposición de costas a la Administración implica, obviamente, el uso de fondos públicos cuyo control han entendido los Tribunales de Justicia que forma parte de la propia finalidad o ratio iuris de la LTAIBG. Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como el mencionado Criterio de este Consejo y los citados pronunciamientos de nuestros Tribunal es de Justicia, cabe señalar que la información solicitada (costas abonadas, fecha en que se depositó el dinero y partida presupuestaria a la que se ha imputado) no ha de elaborarse expresamente para dar una respuesta, , solo hay que acudir o consultar el incidente de recusación o expediente para el abono de las costas (que habrán sido aprobadas por el letrado de Administración Justicia que haya practicado la tasación de costas). A ello, hay que añadir que se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporci onar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adici onar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc, y que, además, en el presente supuesto se trata de 3 datos concretos los que se han solicitado. Por último, cabe señalar que el incidente de recusaci ón se ha formul ado por el Ministerio de Justicia representada por el Abogado del Estado, y que, además, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con nivel orgánico de subsecretaría (del Ministerio de Justicia), es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, con las competencias y funci ones contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Insti tuciones Públicas y en el Regl amento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. Por todo ello, a lo sumo, el Ministerio de Justicia (i nternamente) se tendría dirigir a la Abogacía del Estado para que el Abogado del Estado que haya r epresentado al Ministerio en este incidente para que facilite las costas y la fecha del abono, y en este caso tampoco se trataría de un caso de reelaboración, como determina el criterio de este Consejo de Transparencia. En consecuencia, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la re clamación debe de ser estimada. 111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el3 de noviembre de 2019, contra el MINISTERIO DE JUSTICIA. Consejo de Transparencia y Buen Gobie rno AAI Subdi rección General de Reclamaciones www.consejodetransparencia. es SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: - Importe al que han ascendido las costas que el Ministerio de Justicia (Abogacía del Estado) ha tenido que abonar tras desestimar la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el incidente de recusación contra el juez el 20 de junio de 2019, fecha en que se depositó el dinero y partida presupuestaria a la que se ha imputado este gasto. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el mismo plazo máximo, rem ita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la informació n enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda