Acceso a información sobre subvenciones al transporte aéreo remitida a AIReF y Universidad Pompeu Fabra

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 761/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE FOMENTO, a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 6 de octubre de 2019, la siguiente información: Llevo dos años solicitando la información sobre transporte de viajeros en avión a disposición de Fomento y disponible en la base de datos SARA. Dicha información ha sido solicitada, a Fomento cada vez con menor carga para el propio organismo, llegando a solicitarla como información bruta, sin tratar en la última solicitud. En todas las ocasiones dicha solicitud ha sido denegada (001-028026, 001-029692, 001- 032197), por el motivo de que implicaba reelaborar información y la unidad competente S/REF: 001-037517 N/REF: R/0761/2019; 100-003064 Fecha: 24 de enero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Fomento Información solicitada: Información remitida a AIREF y Universidad Pompeu Fabra sobre subvenciones Subdirección General de Reclamaciones Dirección General de Aviación Civil no tenía recursos. Cada solicitud pedía menos esfuerzo de dicha unidad hasta pedirlo en bruto. La falta de recursos fue aceptada como válida, en mi reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incluso en mi última solicitud de los datos en bruto (Resolución 133/2019). Según declaraciones del Ministro de Fomento en Congreso, y de Moncloa, dicha información ha sido puesta a disposición de AIREF, la Universidad Pompeu Fabra y la Agencia Tributaria. 919-abalos.aspx. Se comprueba que la DG tenía recursos para facilitar los datos. Y sigo pidiéndolos, en bruto, pero esta vez aún más simplificado: SOLICITO LA MISMA INFORMACIÓN, sin tratamiento adicional y sin coste para Fomento, remitida a AIREF y a la Universidad Pompeu Fabra. 2. Mediante resolución de 24 de octubre de 2019, el MINISTERIO DE FOMENTO contestó al solicitante lo siguiente: De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional primera de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se regirán por su normativa específica, y por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Aviación Civil considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que el acceso a la información pública sobre las subvenciones se lleva a cabo por el procedimiento general previsto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, es decir, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que es el instrumento previsto para la publicidad y el suministro de datos en esta materia, como prevé el reciente Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. La Ley 38/2003 General de Subvenciones, en su artículo 20 establece el carácter reservado de los datos relativos a las subvenciones y la obligación del personal al servicio de la Administración a guardar el más estricto y completo secreto profesional respecto de los datos sobre los que tengan conocimiento en este ámbito. En ese mismo artículo, en su apartado 8 se establece lo siguiente en relación al acceso de los ciudadanos a los datos de subvenciones: "En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos: (...)" La información pública sobre subvenciones se encuentra en la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, que da cumplimiento a las obligaciones de transparencia: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución. 3. Ante esta contestación, el solicitante presentó, mediante escrito de entrada el 2 de noviembre de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que reiteró el contenido de su solicitud y alegó lo siguiente: No pudiendo alegar que se necesita reelaboración, la DG de Aviación alega, ex novo, la aplicación preferente de la ley de subvenciones respecto a la d e transparencia y remite a la base de datos nacional (donde no se encuentran nuestros datos como beneficiados de la subvención: los beneficiados legales somos personas físicas, nombre y apellidos, con independencia de la incidencia económica de la subvención sobre la oferta, las aerolíneas). Debería ser innecesario para esta solicitud, pero soy residente en canarias, he volado, y he comprobado que mis datos NO están en la Base de Datos de subvenciones. Para evitar cualquier trabajo de la DG o consideraciones perjud iciales para la transparencia referentes a política económica (AIREF) o política impositiva (AEAT), se SOLICITA en esta reclamación ÚNICAMENTE la misma información referente a las subvenciones individuales al transporte aéreo que la que ha sido YA remitida a la Universidad Pompeu Fabra, como se indica oficialmente en: 0919-abalos.aspx 4. Con fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE FOMENTO, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada 2 de diciembre de 2019, el Ministerio realizó las siguientes alegaciones: PRIMERA. - Con carácter general, se hace notar que este es el cuarto expediente que se tramita en poco más de un año, en relación, esencialmente, a la solicitud de un mismo conjunto de datos por parte de este mismo interesado, en concreto los expedientes: 001- 028026, 001-029692, 001-032197 y 001-037517. En todas estas ocasiones la solicitud ha sido rechazada, total o parcialmente, y en todos los casos el interesado ha interpuesto la correspondiente reclamación, que también ha sido respondida por parte de esta Administración. A juicio de esta Dirección General la mera reiteración de una solicitud no modifica su esencia, ni las razones de base que motivan su rechazo, las cuales, y aunque se incidirá en alguna de ellas en este escrito de alegaciones, se consideran reproducidas aquí íntegramente, dado que toda la información relacionada con los expedientes mencionados se encuentra en poder del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (…) Es evidente, por tanto, que la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) es el instrumento específico previsto por el legislador para hacer públicos los datos relativos a las subvenciones y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19/2013. La Ley 38/2003 establece, así mismo, el contenido que ha de tener la BDNS y designa a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como órgano responsable de su administración y custodia, siendo también responsable de adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información. En lo que respecta a los órganos gestores de las subvenciones, la Ley nos impone la obligación de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido. De acuerdo al artículo 20 de la Ley 38/2003, la información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene carácter reservado, sin que pueda ser comunicada o cedida a terceros salvo los casos previstos en la propia Ley, que son los siguientes: •La colaboración con las Administraciones Públicas y los órganos de la Unión Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. •La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. •La colaboración con las Administraciones tributaria y de la Seguridad Social en el ámbito de sus competencias. •La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. •La colaboración con el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones. •La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. •La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el cumplimiento de las funciones que le atribuye el artículo 45.4 de la Ley 10/201O, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. •La colaboración con el Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones. •La colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de los Mercados y la Competencia para el análisis de las ayudas públicas desde la perspectiva de la competencia. Esta Dirección General entiende que la protección que otorga la Ley a la información contenida en la BDNS se extiende a esa misma información cuando está alojada en sus sistemas de origen, puesto que sensu contrario, las previsiones de la Ley resultarían inútiles e ineficaces. De hecho, la propia Ley establece también (artículo 20, aptdo. 7) que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan conocimiento de los contenidos de la BDNS estarán obligados al más estricto y completo secreto profesional respecto de los mismos, considerándose falta disciplinaria muy grave la infracción de este deber. En relación a la reclamación concreta del interesado, este centro Directivo no ha apreciado, ni en las solicitudes previas realizadas, ni tampoco en la que es objeto de esta reclamación, la concurrencia de ninguna de las causas previstas en la Ley que habilitarían la cesión de los datos solicitados. Por último y con respecto a la queja formulada por el interesado relativa al contenido de la BDNS, se hace notar que esta Dirección General aporta a la BDNS la información que ha sido acordada con la IGAE, siguiendo el procedimiento y plazos también acordados con este organismo, el cual, como órgano responsable de su administración y custodia, habrá juzgado suficiente y conforme a la norma. Por tanto, el hecho de que la información que contenga la BDNS no satisfaga las expectativas del interesado, no puede en modo alguno legitimar, ni otorgar el derecho a acceder a la información que el interesado estime oportuno, pues como ya se ha mencionado, es la propia Ley General de Subvenciones la que establece la BDNS como el instrumento que ha de satisfacer las previsiones de acceso público a la información en materia de subvenciones. Todo lo anteriormente señalado se considera suficiente justificación para la resolución objeto de recurso, al margen de que adicionalmente existan otras razones objetivas, previstas en la Ley de transparencia y buen gobierno, que también justificarían la denegación del acceso a la información solicitada por el interesado, como es el hecho de que tal información, a diferencia de los que ha sostenido el interesado en varias ocasiones previas, si requiere de reelaboración por parte de este centro directivo. CUARTA. - De acuerdo a la reclamación interpuesta por el interesado, la información que él solicitaba existía y no requería reelaboración, apoyando tal pretensión en unas declaraciones del Ministro de Fomento, las cuales, según el interesado, habría sido puesta a disposición de la AIReF, la Universidad Pompeu y Fabra y la Agencia Tributaria. Sin entrar a valorar las declaraciones del Sr. Ministro de Fom ento, y sin que el contenido de las mismas pueda desvirtuar las alegaciones efectuadas hasta el momento, se considera oportuno reproducir aquí parte de la información a la que hace referencia el propio interesado (https://www.lamoncloa.qob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/fomento/Pagi nas/2019/180919-abalos.aspx): "Según ha señalado Ábalos, se dispone ya de un periodo temporal lo suficientemente amplio para poder hacer una análisis completo y detallado, por ello se está trabajando en ese análisis de manera intensa. De ahí, que actualmente se está desarrollando con la Universidad Pompeu Fabra un análisis completo del esquema actual de subvención al residente." "[.. .] Por otra parte, el ministro ha informado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), conforme al Plan de Acción aprobado por el Consejo de Ministros conocido como Spending Review (proceso de revisión del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas iniciado en 2018), está desarrollando un análisis profundo del esquema de subvenciones al transporte, de especial relevancia dentro del gasto presupuestario, en colaboración con el Ministerio de Fomento." Se desconoce, a partir de esta información, cómo el interesado concluye cuál es el contenido de la información concreta que ha sido puesta a disposición de la AIReF, y menos de la Agencia Tributaria, la cual ni se menciona en el artículo. Resulta del todo punto abusivo solicitar cualquier información que haya sido puesta a disposición de otra persona u organismo, obviando las diferentes circunstancias que puedan concurrir y las diferencias evidentes de carácter legal que ampararían una cesión de datos a los organismos y entidades mencionadas, las cuales no concurren en la solicitud del interesado. Sin embargo, dado que el análisis de estas diferencias no aportaría más claridad a los argumentos expuestos por este Centro Directivo, no se reproducen en este informe. QUINTA.- Finalmente, como apoyo a las alegaciones puestas de manifiesto en este documento, esta Dirección General aporta informe de la Abogacía del Estado del Departamento de fecha 09 de julio de 2019, que confirma que el criterio mantenido por este Centro Directivo en relación al acceso a esta información, es correcto y ajustado a derecho. . II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, se considera necesario determinar si la información solicitada en el expediente que ha dado lugar a la presente reclamación es la misma que en los expedientes indicados por las partes, en concreto: - En el expediente 001-028026, nº de R/0571/2018 , el interesado solicitó: listado completo de las subvenciones concedidas al transporte marítimo y aéreo, cada empresas aérea y marítimas tramitadoras de la subvención, trayectos entre península y Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, Identificando a la persona física beneficiaria; listado completo de los campos de información de los que consta el fichero informático SARA del Ministerio de Fomento: ej. dni, trayecto subvencionado, precio pagado a la empresa transportista por el ciudadano, precio pagado por el estado, empresa que realiza la solicitud de comprobación de la residencia, etc. - En el expediente 001-032197, nº R/0133/2019 , el interesado solicitó: listado de los DNI/NIE de las personas físicas subvencionadas en la compra de billetes de avión entre Canarias, Baleares y Península, indicando el importe del billete. En la resolución de la reclamación R/0571/2018 este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno consideró, por una parte, que la información se había proporcionado de manera parcial con el acceso al enlace al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, inadmitiendo el resto al considerar de aplicación la causa de inadmisión alegada por la Administración, artículo 18.1 c) reelaboración, dado que en la aplicación SARA (Sistema de Acreditación de Residencia Autorizado) no se encuentra disponible toda la información, tal y como se solicita, por lo que, sería necesaria una reelaboración. Asimismo, se concluyó con la aplicación estos mismos argumentos en la reclamación R/0133/2019, que también se desestimó. Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, si bien la información gira en torno al mismo fondo del asunto, no se concreta en el mismo “petitum”, por cuanto ahora parte de la existencia de unos datos o informes elaborados o recopilados por el Ministerio de Fomento con los que, según manifiesta el reclamante basándose en información del propio Ministro, está desarrollando con la Universidad Pompeu Fabra un análisis completo del esquema actual de subvención al residente; así como, un análisis profundo del esquema de subvenciones al transporte, de especial relevancia dentro del gasto presupuestario con la AIREF. Entendemos, además, que de haberse considerado la solicitud de información igual que la de los expedientes anteriores-incluso se menciona otro del que no nos consta se presentara reclamación ante este Consejo de Transparencia-, el Ministerio hubiera inadmitido la solicitud por repetitiva en virtud de lo previsto en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. 4. Sentado lo anterior, cabe analizar si como indica el reclamante Según declaraciones del Ministro de Fomento en Congreso, y de Moncloa, dicha información ha sido puesta a disposición de AIREF, la Universidad Pompeu Fabra y la Agencia Tributaria, 19-abalos.aspx. O si por el contrario, como indica la Administración Se desconoce, a partir de esta información, cómo el interesado concluye cuál es el contenido de la información concreta que ha sido puesta a disposición de la AIReF, y menos de la Agencia Tributaria. A este respecto, hay que indicar que accediendo al citado enlace, página oficial de La Moncloa (Presidencia de Gobierno- Gobierno de España) el 18 de septiembre de 2019 se publicó en Actualidad (Prensa) unas declaraciones del Ministro de Fomento en funciones, a la vista de su respuesta en el Pleno del Congreso a una interpelación formulada al Gobierno, que recogían textualmente, entre otras, la siguientes informaciones: - ha explicado que se ha detectado que el incremento de la subvención al 75% en el transporte regular, marítimo y aéreo, de los ciudadanos residentes en los territorios no peninsulares y entre dichos territorios y el resto del territorio nacional - se dispone ya de un periodo temporal lo suficientemente amplio para poder hacer un análisis completo y detallado, por ello se está trabajando en ese análisis de manera intensa - De ahí, que actualmente se está desarrollando con la Universidad Pompeu Fabra un análisis completo del esquema actual de subvención al residente - el ministro ha informado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), (…), está desarrollando un análisis profundo del esquema de subvenciones al transporte, de especial relevancia dentro del gasto presupuestario Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparte con el MINISTERIO DEL FOMENTO que, de las declaraciones publicadas en ningún caso puede concluirse que a las Instituciones con las que se está colaborando se le haya remitido información que se corresponde con la que él lleva tiempo solicitando y ha sido denegada por la Administración. De igual forma, de la noticia que se remite, no puede afirmarse que el MINISTERIO DE FOMENTO aplicase de forma inadecuada la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la LTAIBG- reelaboración-, en interpretación avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por cuanto, como decimos i) no puede concluirse que se hubieran aportado a las instituciones contactadas datos sobre subvenciones como los interesados por el solicitante y ii) tampoco puede concluirse que los datos eventualmente remitidos tengan un mayor nivel de desglose o detalle que a los contendidos en la Base Nacional de Subvenciones a la que ha sido constantemente remitida el interesado. Así, de las afirmaciones del Ministro sólo puede concluirse que se van a desarrollar estudios y análisis – en ningún caso en colaboración con la Agencia Tributaria que, efectivamente, no es mencionada en el artículo- sobre la conectividad de Canarias, tanto de personas como de mercancías. Por todo ello, entendemos que no pueden prosperar los argumentos en los que se basa la presente reclamación que, en consecuencia, ha de ser desestimada. 5. No obstante lo anterior, consideramos necesario hacer unas apreciaciones sobre el argumento indicado por la Administración en el sentido de que sería de aplicación lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTBG, según el cual se regirán por su normativa específica, y por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Fundamenta su argumentación en que el acceso a la información pública sobre las subvenciones se lleva a cabo por el procedimiento general previsto en el artículo 20 (establece el carácter reservado de los datos relativos a las subvenciones y la obligación del personal al servicio de la Administración a guardar el más estricto y completo secreto profesional) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, es decir, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que es el instrumento previsto para la publicidad y el suministro de datos en esta materia, como prevé el reciente Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvención. En relación a la causa alegada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, aprobó el Criterio Interpretativo nº 8 de 2015 sobre la disposición adicional mencionada. En dicho criterio se indica, en resumen, lo siguiente: “IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria.” 6. Teniendo en cuenta este criterio, procede analizar a continuación si la normativa alegada por el Ministerio, contiene específicamente un derecho de acceso a la información. Como consta en los antecedentes de hecho, en el artículo 20 (Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones se establece, que 1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. 2. La Base de Datos recogerá información de las subvenciones; reglamentariamente podrá establecerse la inclusión de otras ayudas cuando su registro contribuya a los fines de la Base de Datos, al cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea o a la coordinación de las políticas de cooperación internacional y demás políticas públicas de fomento. El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas. Igualmente contendrá la identificación de las personas o entidades incursas en las prohibiciones contempladas en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13. La inscripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización del plazo de prohibición. 3. La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información. 4. Estarán obligados a suministrar información las administraciones, organismos y entidades contemplados en el artículo 3; los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas regulados en el artículo 5; las entidades que según ésta u otras leyes deban suministrar información a la base de datos y los organismos que reglamentariamente se determinen en relación a la gestión de fondos de la Unión Europea y otras ayudas públicas. Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido: a) En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de Datos. b) En las Comunidades Autónomas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma. c) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local. La prohibición de obtener subvenciones prevista en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13, será comunicada a la BDNS por el Tribunal que haya dictado la sentencia o por la autoridad que haya impuesto la sanción administrativa; la comunicación deberá concretar las fechas de inicio y finalización de la prohibición recaída; para los casos en que no sea así, se instrumentará reglamentariamente el sistema para su determinación y registro en la Base de Datos. La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los párrafos precedentes, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 5. La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: a) La colaboración con las Administraciones Públicas y los órganos de la Unión Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. b) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. c) La colaboración con las Administraciones tributaria y de la Seguridad Social en el ámbito de sus competencias. d) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. e) La colaboración con el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones. f) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. g) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el cumplimiento de las funciones que le atribuye el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. h) La colaboración con el Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones. i) La colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de los Mercados y la Competencia para el análisis de las ayudas públicas desde la perspectiva de la competencia. En estos casos, la cesión de datos será realizada preferentemente mediante la utilización de medios electrónicos, debiendo garantizar la identificación de los destinatarios y la adecuada motivación de su acceso. Se podrá denegar al interesado el derecho de acceso, rectificación y cancelación cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de subvenciones y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones de comprobación o control. 6. Dentro de las posibilidades de cesión previstas en cada caso, se instrumentará la interrelación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones con otras bases de datos, para la mejora en la lucha contra el fraude fiscal, de Seguridad Social o de subvenciones y Ayudas de Estado u otras ayudas. En cualquier caso, deberá asegurarse el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos cedidos. 7. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan conocimiento de los datos contenidos en la base de datos estarán obligados al más estricto y completo secreto profesional respecto a los mismos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren corresponder, la infracción de este particular deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. 8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos: a) las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, en todas las convocatorias sujetas a esta Ley, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de a nulabilidad de la convocatoria. b) las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados. Igualmente deberá informarse, cuando corresponda, sobre el compromiso asumido por los miembros contemplados en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 y, en caso de subvenciones plurianuales, sobre la distribución por anualidades. No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal sólo podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al artículo 1.1 de la Directiva 95/46/CE. c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS como medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este artículo deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en este apartado. 9. La Base de Datos Nacional de Subvenciones podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves. En concreto, se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida, la sanción que se hubiese impuesto y la subvención a la que se refiere, siempre que así se recoja expresamente en la sanción impuesta y durante el tiempo que así se establezca. 10. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las Instrucciones oportunas para concretar los datos y documentos integrantes de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, los plazos y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como la información que sea objeto de publicación para conocimiento general y el plazo de su publicación, que se fijarán de modo que se promueva el ejercicio de sus derechos por parte de los interesados. Esta publicidad de las subvenciones, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no guarda relación con el derecho de acceso a la información que recoge la LTAIBG, ya que no establece un procedimiento alguno de acceso, ni condiciones para su ejercicio, ni legitimados al mismo, ni plazos para solicitarlo o denegarlo, ni límites o causas de inadmisión del mismo. En definitiva, no recoge un verdadero procedimiento de acceso a la información, por más que regule exhaustivamente la publicidad de las subvenciones, por lo que no puede considerarse de aplicación lo dispuesto en la indicada disposición adicional. Así, cabe resaltar que el mencionado apartado 8 del artículo 20 dispone que En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia (…) Dicha disposición, si bien da cumplimiento a uno de los objetivos de la LTAIBG, la publicidad activa, no reconoce ni garantiza el derecho de acceso a la información. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 2 de noviembre de 2019, contra la resolución de 24 de octubre de 2019 del MINISTERIO DE FOMENTO. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda