Solicitud de plano cartográfico de zona regable y resultado de la reclamación

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 751/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO, adscrita al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 9 de septiembre de 2019, la siguiente información: Cualquier persona natural o jurídica, aunque no sea el titular del aprovechamiento, de acuerdo el artículo 13.g d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece el derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. S/REF: N/REF: R/0751/2019; 100-003051 Fecha: 17 de enero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero/Ministerio para la Transición Ecológica Información solicitada: Plano Cartográfico de Zona Regable Subdirección General de Reclamaciones Además la finalidad por la que se solicita, además de la indicada en la primera página, la siguiente: { 'Œvš]ÌŒ u] ŒZ} }u} µµŒ]} o PµU ‰Œ}‰}Œ]}vv}me seguridad jurídica. { ]‰vŒ ‰Œ}š]v ]Z} ‰Œ}ÀZu]vš} ]vŒ]š} v o oibro registro de aguas. { &À}ŒŒ o }všŒ}o o }v]vU PŒvš]Ìv} o} ŒZos adquiridos, para detectar posibles abusos al contener una cobertura geográfica insustituible. 2. Con fecha 3 de octubre de 2019, la CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO, adscrita al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, contestó al reclamante lo siguiente: En relación con su escrito de fecha de entrada en el registro de esta Confederación Hidrográfica del Duero O.A. de 9 de septiembre, en el que en iguales términos que la solicitud anteriormente presentada el 14 de agosto de 2019, en el que se solicita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.g de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: la remisión del plano cartográfico de la zonao superficie regable, correspondiente a las parcelas integradas en la zona con derecho de riego de un aprovechamiento de aguas del río Tormes (azud de Marín), expte En iguales términos que lo comunicado mediante escrito de estaConfederación Hidrográfica del Duero O.A., de fecha 2 de septiembre de 2019, se informa que: El e?pediente indicado corresponde aun aprovechamiento inscrito a favor de la Comunidad de Regantes de Florida de Liébana. El art. 220.1) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto ?49/19??, de 11 de abril, incluye en el elenco de atribucionesde la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes: "Formar el inventario de la propiedad dela Comunidad, con los padrones generales, planos y relaciones de bienes". En consecuencia, deberá ser esta Comunidad de Regantes la que emita la certificación correspondiente a las parcelas regadas con el aprovechamiento de aguas a que se refiere. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 25 de octubre de 2019, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos: Solicite, el 09 de Septiembre de 2019, el plano cartográfico de la Zona Regable del Canal de Florida de Liébana (Salamanca) para garantizar mi derecho como usuario del agua proporcionándome seguridad jurídica en fincas rusticas de mi propiedad, lo solicito también para dispensar protección a dicho aprovechamiento de aguas inscrito en el libro registro de aguas (con el expediente mediante sanciones impuestas por la propia Confederación Hidrográfica del Duero para favorecer el control de la concesión de aguas y garantizar los derechos adquiridos y detectar así posibles abusos altener la obligación la CHDuero que contener una cobertura geográfica insustituible como marca el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, mediante el cual se regula las normas de organización y funcionamiento del Registro de Aguas (teniendo la obligación laCHDuero de tener delimitada la Zona de Riego). Esta competencia, que corresponde a la CH Duero, la traslada a la Comunidad de Regantes cuando la propia CHD ha sancionado a la Comunidad de Regantes por regar esta última "fuera de zona o de concesión de aguas" y modificando y excluyendo de riego varias parcelas por considerarlas "fuera de zona". Esta competencia, según el Ministerio para la Transición Ecológica, corresponde a la CH del 5??}, al estar inscrita en el Libro Registro de Aguas (precisamente para evitar estas situaciones y saber todo el mundo a qué atenerse puesto que la propia comunidad tiene marcados otros mapas o zonas fuera de riego). 4. Con fecha 28 de octubre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. 5. Por su parte, el 19 de noviembre de 2019, el reclamante aporta en su expediente electrónico un documento de 20 de febrero de 2018 por el que se comunica el inicio de procedimiento sancionador y el nombramiento de instructor dirigido a la Comunidad de Regantes de Florida de Liébana. 6. La CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO contestó el 15 de enero de 2020 en los siguientes términos: Con fecha de entrada en el registro de esta Confederación Hidrográfica del Duero O.A. de 14 de agosto de 2019, se recibió el escrito presentado, en el que se solicita la remisión del plano cartográfico de la zona o superficie regable, correspondiente a las parcelas integradas en la zona con derecho de riego de un aprovechamiento de aguas del río Tormes (azud de Ma?_vU ??te . Mediante oficio de esta Confederación Hidrográfica del Duero O.A. de 2 de septiembre de 2019, el Servicio de Registro de Aguas – perteneciente a la Comisaría de Aguas, comunicó al interesado que: ^Se comprueba que el e?pediente indicado corresponde a un aprovechamiento inscrito a favor de la Comunidad de Regantes de Florida de Liébana. El art. 220.f) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado p}? el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, incluye en el elenco de atribuciones de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes: ^&}ŒuŒ o ]vÀvšŒ]} o ‰Œ}‰] o }uµv]U }v o}??}v? generales, planos y relaciones de bienes”. Indicándose en dicho escrito los datos de contacto de dicha Comunidad de Regantes. Examinadas las alegaciones presentadas se debe manifestar que: 1.1.- El régimen de acceso a la información contenida en el Registrode Aguas, se regula en el Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (artículo 80 y disposiciones concordantes) y su Reglamento de Desarrollo, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,de 11 de abril (artículo 189 y siguientes). La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en esta materia de registro de aguas y ámbito medioambiental, se aplica con carácter supletorio, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de dicha ley. 1.2.- Actualmente, el Registro de Aguas consiste en una estructura formada por hojas móviles (en papel). La reforma operada en el Registro de Aguas, (por Real Decreto 6??l????U de 23 de mayo y Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre) establece un Registro de Aguas con formato electrónico que dispondrá además de una cartografía asociada. Sin embargo, con anterioridad a esta reforma, las inscripciones, se debían realizar en hojas en papel, denominadas hojas móviles. Dichas inscripciones, en papel, se vienen aun realizando de acuerdo con lo establecido en la resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se aprueba el modelo de Libro de Inscripciones y hoja móvil del Registro de Aguas (BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 1986), y no incorporan la cartografía del aprovechamiento. La inscripción del derecho, en papel, consistente en hojas móviles, es en lo que conforma actualmente el Registro de Aguas, hasta la puesta en marcha del Registro de Aguas en formato electrónico (que depende ]Œšuvš o D]v]šŒ]} ‰Œ o dŒv]]n Ecológica), circunstancia que aún no se ha producido, ya que está en proceso de desarrollo. La inscripción reali?ada en relación con el derecho otorgado ala Comunidad de Regantes de &o}Œ] >] vU } u o} ]v]} v o Œ}oµ]v o D]v]šŒ]} D]} Ambiente, de 2? de (ŒŒ} îììôU Ç ‹µ v} ]v}Œ‰}Œ µv Œo]v ‰Œo u??? por el derecho a riego reconocido por este aprovechamiento, ni la cartografía asociada correspondiente al mismo. (Se adjunta una copia de dicha resolución, - }X ñ. En consecuencia, el Registro de Aguas actual, consiste en una serie de inscripciones en papel, en formato A3, no susceptibles de tratamiento informático, y que no incorpora ninguna documentación cartográfica. Esta situación se mantiene en la actualidad, hasta disponerse del Registro de Aguas en formato electrónico, y sin que dicho Registro de Aguas disponga de cartografía, ni de los planos solicitados. 1.3.- Además, hay que tener en cuenta las especiales características del derecho inscrito, puesto que la inscripción en el Registro de Aguas de los ŒZ} }ŒŒ‰}v]vš Ì}v regables, como es el caso de la }uµv] ZPvš &o}Œ] >] vU  Œo]ÌŒ}v mediante un procedimiento abreviado, pues dichos derechos tienen un reconocimiento histórico y disponen de un título administrativo sui generis, derivado de la legislación sobre reforma y desarrollo agrario. Así, el uso de estos derechos estaba contemplado en el Plan Nacional de KŒ ,]Œµo]U o Wov 'vŒo KŒ W·o]U o} Wov Dv?o? de dŒv(}Œu]v o Ì}v ŒPoU Wov }}Œ]v} }Œas, oŒ]}voficiales de puesta en riego y en muchas ocasiones en Œš} }o}v]Ì]vX Por tanto, habi ndose regulari?ado mediante su inscripción un aprovechamiento que emplea infraestructuras públicas, la determinación de las superficies que históricamente tienen ŒZ} Œ]P} šŒÀ  ]v(ŒšŒµšµŒ o š}U }ŒŒ‰}vŒ_ o ]Œ]v d vica de esta }v(Œ]v ,]Œ}PŒ(] o µŒ} KXX 1.4.- En cuanto a las competencias relativas a las comunidades de regantes a las que se hace alusión en la interposición de dicha reclamación, las comunidades de regantes son entidades ŒZ} Público de carácter corporativo, no territoriales y de base asociativa, sometidas, - dentro de la demarcación hidrográfica de la parte española o µv o µŒ}U š Confederación Hidrográfica. Su constitución es obligatoria, con la finalidad de proceder a la autoadministración colectiva de los aprovechamientos de aguas que se les concedan, y esta ]Œµvšv] iµš](] ‹µ š v }š potestades administrativas. Entre las funciones que les atribuye el artículo 199.2 del Reglamento del }u]v]} W·o]} Hidráulico, se encuentran las de policía, distribución y administración de las aguas en su ámbito territorial que tengan concedidas por la Administración, y por tanto de acuerdo con el derecho reconocido la mediante resolución administrativa correspondiente. Esta facultad de policía, distribución y administración interna del agua, que la Comunidad de Regantes tiene en su ámbito, le hace depositaria o ov} µµŒ]}U ]vš](]v} všŒ} o Ì}v o misma, aquellas parcelas con derecho a riego. µŒ} }v ]Z }u‰šv]U  Œu]š] o Œouvš oa información en el sentido de que el art. 220.f) del Reglamento de }u]v]} W·o]} ,]Œµo]}U ‰Œ}} ‰}Œ o Zo Œš} ?49/19??, de 11 de abril, incluye en el elenco de atribuciones de la Junta d D}]?v} de la Comunidad de Regantes: ^&}ŒuŒ o ]vÀntario de la propiedad de la Comunidad, con los padrones generales, planos y relaciones de bienes”. Por lo que en aras de la simplificación y eficacia administrativas en la prestación del deber de la adecuada atención al ciudadano y de acuerdo con lo e?puesto, el r gimen jurídico que corresponde aplicar a esta petición es el previsto en el procedimiento administrativo especial del derecho de acceso a o ]v(}Œu]v u]všoU }všu‰o} v o >Ç îólîììòU íôde julio, la Presidencia de la Confederación ,]Œ}PŒ(] o µŒ}U u]vš Œ}oµ]v de íïlíílîìíõ }Œ ]v}Œ µv ‰Œ}]u]vš} /v(}Œu]v u]vtal al amparo de la citada >Ç îólîììò ]vu]š]Œ o u]u ‰}Œ o À_ o >Ç 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. /v}v} o ‰Œ}]u]vš} ,- /E&K íõlîìíõ >z îólîììòU v µÇ tramitación se solicitó ]v(}Œu o ]Œ]v d v] }u} µv] Pš}ŒU v cumplimiento de lo previsto en el Œš_µo} íì o >Ç îólîììò íô iµo]}U por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, que lo emitió en el siguiente sentido: ^s]š} o ]v(}Œu o Œ e E?plotación, en base al artículo 220.f del ZPouvš} o }u]v]} W·o]} ,]dráulico, el solicitante deberá dirigirse, para obtener la información requerida, a la Comunidad de ZPvš o vo &o}Œ] >] v, µÇ :µvš '}]Œv} š]v atribuida la facultad de formar el inventario de la propiedad de la Comunidad. Con los padrones generales, planos y relaciones de bienes”. En atención a dicho informe se emitió la oportuna contestación, en aplicación de lo dispuesto en el art. 10 y siguientes de la>Ç îólîììò íô iµo]}U ‰}? el que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE del 19), una ve? practicadas las oportunas diligencias para e?aminar tal petición, notificándose šŒÀ  }ŒŒ} ošŒv]}, a su dirección de correo electrónico [email protected], tal y como el interesado manifestó en su solicitud. (Se adjunta copia de la contestación remitida al reclamante). Como conclusión, se significa que se ha informado al solicitante atendiendo a los datos que obran en poder de este Organismo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo del asunto, hay que señalar que la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental, en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: -El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidoslos humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificadosgenéticamente; y la interacción entre estos elementos -Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. -Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. -Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. -Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utili?ados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. -El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a trav s de esos elementos, por cualquiera de los e?tremoscitados en las letras b y c”. De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 7/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquierinformación relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas administrativas y los programas de geš]v o u]} u]vš[X o šv}Œ o]šŒo š disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos». Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción. A este respecto, el TJCE afirmó: «De la utilización que se hace en la letra a) del art. 2 de la ]Œš]À o š Œu]v} Z]voµ][ Œµoš ‹µ o }vepto de ‘medidas administrativas’ no es más que un ejemplo de las ‘actividades’ o de las ‘medidas’ a las que se refiere la Directiva (...), el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de ‘información sobre medio ambiente’ una definición que pudiera excluir alguna de las actividades que desarrolla la µš}Œ] ‰·o]U ]ŒÀ]v} o š Œu]v} Zu][ šv o} ‰Œprecisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas las formasde ejercicio de actividad administrativa». š u}}U o dŒ]µvo uvšµÀ} ‹µ h‰Œ Œ µv Z]v(}Œu]n sobre u]} u]vš[ (š} o ]Œš]À š ‹µ µv ]v(}Œue de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los que se refería la Directiva. Tal es el caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción». Conforme indica el órgano competente, en criterio compartido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha de considerarse que es materia competencia de la legislación medioambiental la solicitud de información relativa a la elaboración de un plano cartográfico de una zona regable, por lo que se incluye dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley 27/2006 de 18 de julio. Igualmente, debe significarse que la discusión acerca de las competencias para la elaboración de esos planos cartográficos, objeto de controversia como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, no se trata de asunto que quede amparado por la LTAIBG. 4. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley, se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Estableciendo el apartado 3, que: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. No apartándose, por tanto, la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica del Criterio Interpretativo del Consejo (CI 008/2015), de 12 de noviembre de 2015, que determina que: El carácter de ley básica de la LTAIBG en esta materia tiene como consecuencia principal que las e?cepciones a su aplicación en materia de acceso a la información pública deben venir e?presamente previstas y autori?adas por ella. Los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la LTAIBG contienen la única e?cepción prevista, en la Ley para la aplicación de sus normassobre ejercicio del derecho a la información. IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la ley a la e?istencia de una norma específica que prevea y regule un r gimen de acceso a la información, también específico. Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la solicitud actual, debe concluirse que la misma debe ser tramitada – de hecho, ya lo ha sido y el reclamante ha obtenido una respuesta - de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006 antes indicada, incluyendo la aplicación de las vías de recurso previstas en dicha norma, no siendo competente este Consejo de Transparencia para entrar a conocer sobre la misma. Con base en lo anterior, procede desestimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 25 de octubre de 2019, contra la resolución de 3 de octubre de 2019, de la CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO, adscrita al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda