Solicitud de actas de Juntas Generales y composición de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes “Los Tres Concejos”

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 736/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 28 de junio de 2021, solicitó a la COMUNIDAD DE REGANTES “LOS TRES CONCEJOS” la siguiente información: Primero.- Que se me facilite, a la mayor brevedad posible, Certificado de las Actas con los acuerdos, de carácter público, tomados en las dos últimas Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, celebradas por esa Comunidad, antes de esta fecha. Segundo.- Que, igualmente, y en concordancia con el Decreto 670/2013, de 30 de septiembre, Art. 217, se me informe de lo composición de la Junta de Gobierno de esa C .R. que adoptó, en cada momento, los acuerdos antes mencionados. No consta respuesta de la Comunidad de Regantes. S/REF: N/REF: R/0736/2021; 100-005727 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Comunidad de Regantes “Los Tres Concejos” Información solicitada: Actas con los acuerdos de las dos últimas Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias Subdirección General de Reclamaciones 2. Ante la falta de respuesta, con fecha de entrada el 30 de agosto de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que, tras exponer los antecedentes de hecho que estimó convenientes, realiza, en resumen, las siguientes manifestaciones: x Que con fecha 30 de junio de 2021 presenté, ante la citada C.R., escrito de solicitud de información en los términos y con el alcance que queda reflejado en la copia del mismo, debidamente sellada con el recibí, que se adjunta como prueba documental en Anexo n° 1. x Que habiendo trascurrido el plazo legalmente establecido sin obtener respuesta alguna y dado que , al parecer, se han tomado acuerdos sobre asuntos que, en algunos puntos, no figuraban en el Orden del día de las convocatorias y afectos a hechos referidos al ejercicio de las funciones públicas que asumen este tipo de Comunidades y dada la importancia que los acuerdos adoptados por la Junta directiva de la C. R. pudieran tener para los comuneros interesados por suponer presuntas inversiones (extraordinarias) y cambios en los sistemas de riegos, de elevadísimos costes cuyo desconocimiento y aprobación sin el consenso de todos los comuneros, vulnera flagrantemente las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes "Los Tres Concejos", causando perjuicios graves a los mismos y creando una situación de total y absoluta indefensión. x Que significamos que esta negación de las copias de la Actas con los acuerdos adoptados, se ha convertido en práctica usual de la actual Junta Directica de la C.R. por lo que esta es ya la segunda vez en poco tiempo que tenemos que recurrir a ese Consejo para conseguirlas, por todo ello, SOLICITAMOS, la intervención de ese Consejo de Trasparencia ante la citada C.R. de acuerdo con lo que en derecho proceda. 3. Con fecha 30 de agosto de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al COMUNIDAD DE REGANTES “LOS TRES CONCEJOS” al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, contestando lo siguiente: Que habiéndosele dado traslado de la reclamación alegando que no se le entregan las actas solicitadas, se informa a ese organismo que copias de las actas solicitadas, en la que constan todos los particulares que pedía, fueron entregadas al solicitante el día uno de septiembre pasado, es decir con posterioridad a su reclamación y antes de que llegase a su conocimiento la misma. Y en su virtud, SOLICITO que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y acordar su unión al expediente de su razón teniendo por efectuadas las alegaciones de entrega de las actas que reclamaba; pues así es de proceder en Derecho. 4. El 7 de octubre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia al reclamante para que, a la vista del expediente, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, las cuales tienen el siguiente contenido: 1° .- Que la afirmación vertida ante ustedes por el Presidente de la Comunidad de Regantes, en el escrito firmado y sellado en Castrillo de las Piedras el 22 de septiembre de 2021, diciendo que: "se informa a ese organismo que copias de las actas solicitadas, en la que constan todos los particulares que piden, fueron entregadas al solicitante el día uno de septiembre pasado,...", es absoluta y palmariamente FALSA en tanto no han sido entregadas ni el citado día uno de septiembre ni hasta la fecha de envío de este escrito. 2°.- Que esta falsedad se puede verificar exigiendo a la CR recibo o justificante que acredite la entrega de las dos actas solicitadas (de la Junta Gral. Extraordinaria del día 18 de abril 2021 y Junta Gral. Ordinaria del día 20 de junio 2021) por lo que se insta al Consejo de Trasparencia a requerir a la Comunidad de Regantes prueba de la entrega de las actas donde conste el día en el que se efectuó la misma y quién fue la persona destinataria, especificando si se entregaron las actas en mano, por envío postal u otro medio y aportando los correspondientes justificantes que lo acrediten. Esta parte se reserva las acciones legales oportunas contra la Comunidad por si pudiese existir un delito de falsedad documental. 3°- Que los propietarios que conformamos la Comunidad de Regantes entendemos que estamos ante una maniobra de patente ilegalidad al intentar retrasar o impedir la impugnación de los acuerdos allí tomados ya sea ante los organismo de la Cuenca Hidrográfica o ante los tribunales, ocasionándonos una situación de total indefensión, por lo que significamos la trascendencia de lo que resuelva ese Consejo al respecto que, en su caso, se aportará a otras causas judiciales. 4°.- Solicitamos, así mismo, que por ese Consejo de Trasparencia se tomen las medidas oportunas, incluida la posible apertura de procedimiento sancionador contra la Comunidad de Regantes, por intentar engañar a ese Consejo, eludiendo los requerimientos de petición de información y por verter informaciones falsas en su escrito con el fin de intentar evitar la obligación de entrega de las actas solicitadas. SOLICITAMOS, se tenga por presentado este escrito junto con las alegaciones que contiene, se solicite a la Comunidad de Regantes la prueba de la entrega de las actas y se tomen las medidas oportunas, incluso sancionadoras, si ello procediera, de acuerdo con lo solicitado en el cuerpo de este escrito y con todo lo demás que en derecho proceda. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , su Presidente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información Pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos determinantes de la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Antes de entrar en el fondo del asunto, con carácter preliminar debemos recordar que la LTAIBG aborda en su artículo 2 el denominado Ámbito subjetivo de aplicación de la norma, incluyendo, en su apartado 1.e), a las Corporaciones de Derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por su parte, el apartado 2 del mismo artículo 2 señala que se entiende por Administraciones Publicas los Organismos y entidades incluidas en las letras a) a d) del apartado anterior. En consecuencia, las Corporaciones de Derecho público no se deben considerar, a efectos de la LTAIBG, como Administración Pública. Una Comunidad de Regantes tiene la consideración jurídica de Corporación de Derecho Público, por lo que solamente sus actuaciones sujetas a Derecho Administrativo deben considerarse incluidas dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG. En este sentido, cabe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de estas Corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. El artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que “[l]as Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”. 4. Sentado lo anterior, a continuación debe analizarse si la información solicitada entra o no en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, puesto que la entidad a la que se formula la solicitud se trata de una Corporación de Derecho Público con un régimen jurídico especial en cuanto al acceso a la información pública. La jurisprudencia constitucional (STC 227/1988 y 207/1994) ha determinado que, en ningún caso, hay que desconocer el sustrato de base privada que integra a estas Corporaciones sectoriales. De ahí que las potestades o facultades administrativas se ejerzan por delegación o atribución específica. Esta jurisprudencia continúa afirmando que, “en realidad, su conformación como Administraciones Públicas, exclusivamente viene determinada por la medida en que sean titulares de funciones públicas otorgadas por ley o delegadas por la Administración. De esta forma a las Comunidades de Regantes se les asigna la organización de los aprovechamientos de riegos, potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas (…)”. Este Consejo de Transparencia estima, y ha considerado con anterioridad -por ejemplo, en las resoluciones R/0464/2016, de fecha 23 de enero de 2017 y R/0314/2017, de fecha 3 de octubre de 2017-, que si las peticiones de acceso no tienen que ver con la organización de los aprovechamientos de riegos, ni con las potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de Riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas no encontrarían amparo en la Ley de Transparencia al tratase de cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con el desempeño de sus funciones públicas. 5. Aclarado lo anterior y en cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita información sobre “las Actas con los acuerdos, de carácter público, tomados en las dos últimas Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, celebradas por esa Comunidad, antes de esta fecha y se informe de la composición de la Junta de Gobierno de esa C.R. que adoptó, en cada momento, los acuerdos antes mencionados”. La Comunidad de Regantes no ha contestado a la solicitud de acceso en el plazo legalmente establecido, aunque en fase de reclamación sostiene que ya ha entregado esas actas al interesado, cuestión que éste niega rotundamente. Sobre el acceso a las actas elaboradas por las comunidades de regantes existen precedentes en el Consejo de Transparencia. Así, el procedimiento R/0297/2016 -en el que se solicitaba copia del Acta de la Asamblea General; documentación de las cuentas; listado de asistentes; resumen, conteo y justificación de votos llevado a cabo en la Asamblea General; libro de asiento de cuentas y justificantes de las mismas; y, finalmente, listas de candidaturas presentadas para la renovación de cargos- finalizó mediante resolución desestimatoria dado que “la solicitud del interesado sobre los contenidos de las Actas de una determinada Asamblea General, al no regirse por el Derecho Administrativo, se enmarca dentro del ámbito de actuación privado de la Comunidad de Regantes y, en consecuencia, no resulta de aplicación la LTAIBG”. Conclusión que se alcanzó también en el procedimiento R/0301/2016. Por el contrario, en el procedimiento R/0816/2019, en el que se solicitaba “copia auténtica de las Actas de las tres últimas Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, que se han celebrado y en las que figuren los acuerdos que en las mismas se hayan tomado o, alternativamente, que se le indique dónde y en qué medios electrónicos o Boletines se pueden obtener estas informaciones”, la resolución fue parcialmente estimatoria razonando lo siguiente: “debe recordarse que, en cuanto a la solicitud de las Actas de las Juntas, el derecho de acceso queda limitado a que venga referido a alguna de las funciones públicas que asume la Comunidad, como los aprovechamientos de riego, reparto de aguas, régimen electoral, régimen sancionador, etc., debiendo desestimarse el acceso a información que no quede amparada por el ejercicio de funciones públicas (entre las que se encontrarían asuntos como las finanzas, el libro de las cuentas anuales, el listado de deudores o el Padrón General de todos los participantes de la Comunidad)”. En el caso que nos ocupa, no se conoce el contenido de las actas, pero atendiendo a los criterios precedentes debemos concluir que el reclamante tiene derecho a acceder a aquellas partes de las mismas que versen sobre el ejercicio de funciones públicas de la Corporación de Derecho Público (entre las que no se encontrarían asuntos como las finanzas, el libro de las cuentas anuales, el listado de deudores o el Padrón General de todos los participantes de la Comunidad) y los acuerdos finalmente alcanzados, debiendo denegarse el acceso al resto de sus contenidos. Por ello, la reclamación presentada debe ser estimada en parte. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la COMUNIDAD DE REGANTES “LOS TRES CONCEJOS”. SEGUNDO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES LOS TRES CONCEJOS a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información/documentación: x Las Actas con los acuerdos, de carácter público, tomados en las dos últimas Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, celebradas por esa Comunidad, antes de esta fecha. En las copias facilitadas han de delimitarse aquellos contenidos que no afecten al ejercicio de funciones públicas de la Comunidad de Regantes. TERCERO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES LOS TRES CONCEJOS, a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de l a información/documentación enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez