Solicitud de copia documentada de Título de Licenciado en Derecho y resultado desestimado

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 720/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 3 de mayo de 2021, solicitó al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL la siguiente información: Admisión del presente Escrito-Solicitud de acceso a Información Pública consistente en entregar a este parte fotocopia documentada (no meramente informativa/transcriptiva) idéntica a su original del TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO en favor de , con firma de sus emisores. Siendo el Ministerio de Educación el organismo público competente a ese efecto. No consta respuesta de la Administración. S/REF: N/REF: R/0720/2021; 100-005707 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Universidades Información solicitada: Copia documentada de Título de Licenciado en Derecho Subdirección General de Reclamaciones 2. Ante la falta de respuesta, con fecha de entrada el 25 de agosto de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: (…) PRIMERO.- La ausencia o falta de resolución por parte del Ministerio de Educación a la Solicitud instada por esta parte en fecha de mayo de 2021 infringe la LTIBG dada la obligación que tiene la adm. pública en dar respuesta a las cuestiones planteadas por los ciudadanos, y que, en este caso supera ampliamente el mes de plazo que regula la propia Ley para dar respuesta, tras lo cual se entenderá el derecho postulado en la LTIBG a presentar reclamación ante el CTBG. ALEGACIONES 1º.- El Ministerio de Educación es el competente para la expedición, elaboración,… de Títulos académicos, universitarios, etc… en este caso del Título de Derecho a favor de 2º.- Que, este ciudadano registró debidamente su solicitud a este efecto en fecha de 03 de Mayo de 2021 sin que a día de los corrientes se haya dado respuesta alguna a la cuestión planteada. 3º.- La solicitud de acceso en el sentido indicado en el texto del Asunto del cabecero de la presente fue registrada con destino al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, órgano competente a ese efecto, y esto tras la información facilitada por otros organismos públicos y del propio CTBG por medio de resolución. 3. Con fecha 27 de agosto de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE UNIVERSIDADES al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. No se han presentado alegaciones en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información Pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. Por otra parte, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. La falta de resolución expresa en el plazo de un mes legalmente establecido ha dado lugar a la desestimación de la solicitud por silencio administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.4 LTAIBG. A la vista de ello, es obligado recordar que esta práctica no resulta conciliable ni con la letra de la LTAIBG ni con la finalidad perseguida por el legislador, de la cual dejó constancia en el Preámbulo al indicar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. En el caso que nos ocupa, se constata también la falta de respuesta por parte del órgano a la solicitud de alegaciones formulada por el Consejo de Transparencia. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante. 4. En el presente caso, se solicita por el ahora reclamante copia documentada, probatoria, de un Título de Licenciado en Derecho, en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. A pesar de que el reclamante indica que el Ministerio de Educación es competente, es necesario tener en cuenta que el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, creó el Ministerio de Universidades como departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades y las actividades que a estas les son propias. Por otra parte, a pesar de que el citado Departamento ministerial no se pronuncia sobre la solicitud de acceso, este Consejo se ha pronunciado recientemente en el expediente de reclamación R/719/2021 sobre una reclamación con idéntico objeto, llegando a la siguiente conclusión: El Ministerio explica en su resolución que “gestiona el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales en el que figuran datos de los títulos universitarios obtenidos por ciudadanos en universidades españolas”, pero “no dispone de copias de los títulos de los titulados universitarios por lo que resultaría imposible proporcionar fotocopias compulsadas de los mismos a ningún solicitante”, y resuelve que “no disponiendo ni de los originales de los títulos, que estarán en poder de las personas interesadas, ni de posibles copias de los títulos, se deniega la información solicitada al no tratarse de información pública en el sentido dispuesto en el artículo 13” de la LTAIBG. Del propio enunciado del artículo 13 LTAIBG antes reproducido se deriva que la primera condición necesaria para que el derecho de acceso prospere es que la información exista y se encuentre en el ámbito de disposición de los órganos o entidades sometidas a la LTAIBG. En este sentido, ya la temprana Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, despejó cualquier duda al respecto, al precisar que “El artículo 13 de la citada Ley, reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. No disponiendo en este caso el órgano requerido de la información solicitada, tal y como el Ministerio afirma –y este Consejo no tiene motivos para ponerlo en duda-, no hay objeto sobre el que proyectar el derecho, y, en consecuencia, se ha de desestimar la reclamación, sin necesidad de analizar el resto de las alegaciones formuladas por las partes. Siendo de aplicación los argumentos expuestos en el precedente citado, la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE UNIVERSIDADES. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez