Acceso a expedientes de elaboración de Órdenes del Ministro de Sanidad

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 702/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE SANIDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 21 de junio de 2020, la siguiente información: Se solicita el texto completo, expediente de elaboración, en su caso, y todos los informes relacionados con las siguientes Ordenes del Ministro de Sanidad: 1.- La Orden comunicada del Ministro de Sanidad de 20 de marzo de 2020, por la que se dispone la articulación de suministros centralizados por parte del Estado encomendándose al INGESA, la condición de órgano de contratación, para la materialización y conclusión de los correspondientes procedimientos de adquisición centralizada de los productos señalados en la citada Orden. S/REF: 001-044017 N/REF: R/0702/2020; 100-004299 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Sanidad Información solicitada: Expediente de elaboración de determinadas órdenes ministeriales Subdirección General de Reclamaciones 2.-La Orden comunicada del Ministro de Sanidad de 12 de marzo de 2020, por la que se dispone la articulación de suministros centralizados por parte del Estado encomendándose al INGESA, la condición de órgano de contratación, para la materialización y conclusión de los correspondientes procedimientos de adquisición centralizada de los productos señalados en la citada Orden. 3.-La Orden comunicada del Ministro de Sanidad de 5 de marzo de 2020, por la que se dispone la articulación de suministros centralizados por parte del Estado, encomendándose al INGESA, la condición de órgano de contratación, para la materialización y conclusión de los correspondientes procedimientos de adquisición centralizada de los productos señalados en la 4.-La Orden comunicada del Ministro de Sanidad de 25 de marzo de 2020, por la que se dispone la articulación de suministros centralizados por parte del Estado encomendándose al INGESA, la condición de órgano de contratación, para la materialización y conclusión de los correspondientes procedimientos de adquisición centralizada de los productos señalados en la No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 19 de octubre de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: (…) 2. El Ministerio de Sanidad cursó la petición con el número de expediente 001-044017. 3. El día 31 de agosto de 2020, recibí una notificación del Ministerio de Sanidad por la que se ampliaba en un mes el plazo para la remisión de la información solicitada, de acuerdo con la siguiente motivación: “en este sentido se considera que su solicitud se encuentra del supuesto contemplado en el art. 20. Por ello le comunicamos que, se amplía un mes el plazo máximo para la resolución de la solicitud.” 4. A la fecha de presentación de esta reclamación, 19 de octubre de 2020, la información requerida no ha sido entregada por el Ministerio de sanidad. A tal efecto, debemos recordar que la solicitud de información fue presentada el día 21 de junio de 2020. En esta fecha ya no existía restricción sobre el cómputo de los plazos administrativos de acuerdo con el Real Decreto de Estado de Alarma, por lo que, aún con la ampliación del artículo 20 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno los plazos establecidos por el mismo cuerpo legal han sido sobradamente sobrepasados. 5. La Información solicitada es pública en los términos del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. 6. La información que solicité no requiere de ningún tipo de elaboración o preparación, en la medida en que se trata de expedientes administrativos de aprobación de normas reglamentarias que ya obran en los archivos administrativos. Por ello, no hay motivación alguna que explique el retraso en la entrega de la información. 7. Asimismo, no se trata de ningún tipo de información que esté encuadrada dentro de alguno de los límites establecidos por los artículos 14 y 18 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. 8. En consecuencia, estimamos que la inactividad del Ministerio de Sanidad con relación a este expediente carece de justificación alguna, e infringe rotundamente la Ley y las obligaciones que emanan de la misma. 9. Esta actuación es contraria al derecho a la información pública que emana de Ley de acuerdo con la interpretación de la misma que viene efectuando el Consejo al que tengo el honor de dirigirme, de las que citamos, a título de mero ejemplo, las resoluciones 324, 325, 327, 358, 259 y 360, todas ellas del año 2020. 3. Con fecha 20 de octubre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando el Ministerio el 2 de diciembre de 2020, lo siguiente: La solicitud inicialmente presentada se recibió en esta Secretaría de Estado de Sanidad con fecha 12 de noviembre de 2020, por tanto, en fecha ulterior a la presentación de la reclamación que motiva este informe. Desde este órgano, una vez analizada la solicitud original de la interesada, mediante resolución de fecha 1 de diciembre de 2020, se concede el acceso a la información requerida, mediante la entrega de las distintas copias de las Órdenes comunicadas y sus respectivas propuestas a que hace referencia dicha solicitud. El artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que “la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. Cabe considerar, por tanto, que este órgano no ha incumplido su obligación de resolver en el plazo previsto en esta norma. Tomando en consideración lo expuesto, se solicita que se admita a trámite este escrito y a la vista de las consideraciones contenidas en el mismo, se inadmita la reclamación formulada, por haber resuelto en tiempo y forma la concesión de la información solicitada, sin que se haya vulnerado el derecho de acceso a la información pública en los términos regulados en los artículos 17 y siguientes de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 4. El 4 de diciembre de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a la reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, sin que se haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8.1.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, definida, según lo establecido en el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del órgano o entidad que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El Criterio Interpretativo 5/2015, de 14 de octubre - elaborado por el Consejo de Transparencia en virtud de las potestades derivadas del articulo 38.2 a) de la LTAIBG - ha dejado establecidas las condiciones que han de concurrir para la correcta aplicación de la ampliación de plazo, que debe utilizarse «razonablemente» (R 217/2016, de 23 de agosto). El Criterio hace hincapié en que la Ley ciñe a dos únicos supuestos una posible ampliación del plazo: «el volumen de datos o informaciones» y «la complejidad de obtener o extraer los mismos». La ampliación de plazo debe ser convenientemente justificada y relacionada con el caso concreto y esta justificación habrá de constar de forma motivada. Se establece así una interpretación restrictiva de esta facultad que este Consejo ya había defendido en resoluciones anteriores insistiendo en la necesidad de que el acuerdo de ampliación quede «debidamente justificado y argumentado» (R 184/2018, de junio), exprese «sus causas materiales y sus elementos jurídicos» y (R 34/2018, de 10 de abril) y que, en consecuencia, considera contraria a Derecho una ampliación del plazo que «no fue suficientemente argumentada» (R 98/2017, de 30 de mayo o R 110/2017, de 1 de agosto), no contiene «especificación alguna de las causas que [la] motivan» (R 259/2017, de 30 de agosto), «no aclara en qué consiste dicha dificultad» de acceder a la información en la que se ampara (R 156/2016, de 5 de julio) o que, incluso, se basa en motivos diferentes a los legalmente previstos, como la necesidad de efectuar unas «consultas internas», el hecho «de que la solicitud haya debido ser atendida en un periodo en el que los recursos humanos disponibles puedan haber disminuido» (R 392/2016, de 16 de noviembre) o simplemente, la oportunidad de «disponer de más tiempo para preparar la resolución» (R 105/2018, de mayo, 231/2018, de julio, R 301/2018, de 13 de agosto, R 356/2018, de 10 de septiembre, R 483/2018, de 15 de noviembre). Los plazos que marca la LTAIBG no pueden ampliarse una vez que los mismos han transcurrido, que es lo que ha sucedido en este caso. Esta prohibición está recogida en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 4. A continuación, hay que analizar el contenido de la reclamación presentada que coincide con el de la solicitud de acceso, en la que se pide el texto completo, expediente de elaboración y, en su caso, todos los informes relacionados con determinadas Ordenes del Ministro de Sanidad. La Administración entrega la información con posterioridad a la presentación de la reclamación. En casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho de la interesada a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información le ha sido proporcionada si bien, como decimos, con posterioridad a la presentación de la reclamación. Asimismo, debe hacerse constar que la reclamante no ha efectuado ningún reparo al contenido ni a la cantidad de información recibida, aunque tuvo oportunidad de hacerlo dentro del trámite de audiencia concedido al efecto, por lo que se entiende que acepta la totalidad de su contenido. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal establecido para el derecho de acceso en el Capítulo III de la LTAIBG y como consecuencia de la presentación de la reclamación prevista en el artículo 24 de la LTAIBG ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 19 de octubre de 2020, contra el MINISTERIO DE SANIDAD, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez