Solicitud de información sobre comunicaciones del CGPJ y convenios de cesión de espacios públicos al Juzgado Decano de Coslada

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 676/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al JUZGADO DECANO DE COSLADA, al amparo de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, con fecha 1 de julio de 2020, la siguiente información: 1°.- Que se me informe de la fecha de recepción por parte de es e Decanato de la comunicación remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dando traslado del Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ en su sesión de 12 de diciembre de 2.019 respecto a la cesión de datos de procedimientos judiciales al Colegio de Procuradores de Madrid, y asimismo de la fecha de comunicación de dicho Acuerdo a los Magistrados de esa localidad, dándome traslado de las comunicaciones efectuadas. 2°.- Que se me informe de los convenios, acuerdos, órdenes, suscritos o dictados por ese Juzgado Decano desde el año 2004 hasta la actualidad para la cesión de espacios públicos al Colegio de Procuradores de Madrid en el Edificio en que tienen su sede los Juzgados ele esa localidad. S/REF: N/REF: R/0676/2020; 100-004260 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ju zgado Decano de Coslada Información solicitada: Convenios, acuerdos y órdenes dictadas desde el año 2004 Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2020, la Magistrada del JUZGADO DECANO DE COSLADA contestó al interesado lo siguiente: No ha lugar a lo solicitado, al no estar comprendidos los órganos judiciales dentro del ámbito de aplicación subjetiva de la Ley 19/13, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 3. Ante esta respuesta, el interesado presentó, mediante escrito de entrada el 9 de octubre de 2020, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/13, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: La Comisión Permanente del CGPJ adoptó un Acuerdo asumiendo un previo informe. De dicho Acuerdo se dio traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el mismo fuera notificado a todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. Teniendo conocimiento el interesado de la adopción de dicho Acuerdo, precisamente tras ejercer el derecho a obtener información pública del CGPJ, y del contenido del mismo, se dirigió al Juzgado Decano de Coslada para que por el mismo se le indicara si dicho Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ le había sido comunicado por la Sala de Gobierno del TSJM, y en su caso la fecha de la comunicación. Por parte del Juzgado Decano se contestó en primera instancia al interesado de que se oficiaba a la Sala de Gobierno del TSJM para que determinara la legitimación del interesado para solicitar y en su caso recibir dicha información pública. Tras la recepción de la comunicación supuestamente remitida por la Sala de Gobierno del TSJM, el Decanato de Coslada deniega la información pública aludiendo a que “al no estar comprendidos los órganos judiciales dentro del ámbito de aplicación subjetiva de la Ley 19/13 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno”. Obviamente el Decanato de los Juzgados no ejerce función jurisdiccional, entendida por tal la función de impartir justicia, y sí otras funciones públicas y administrativas, entre ellas la de informar a los Jueces y Tribunales de aquellos acuerdos que adopte el CGPJ y/o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Públicas competentes. Por consiguiente no se solicitó información sobre ninguna actividad judicial, sino sobre una actividad administrativa pública. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, debido a la naturaleza de la información solicitada y al órgano al que se dirige, debemos comenzar analizando el ámbito de aplicación subjetivo de la LTAIBG y, en concreto, sus artículos 2 y 3 en los que se dispone lo siguiente: Artículo 2 1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaborad oras de la Seguridad Social. c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus activid ades sujetas a Derecho Administrativo. g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislaci ón en materia de fundaciones. i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior. Artículo 3. Otros sujetos obligados. Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a: Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Por lo tanto, puede observarse que los órganos judiciales como al que se dirige la solicitud de la que trae causa la presente reclamación, no son sujetos obligados por la norma y, en consecuencia, no puede presentarse reclamación ex art. 24 de la LTAIBG ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En consecuencia, la presente reclamación ha de ser inadmitida a trámite. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por con entrada el 9 de octubre de 2020, contra el JUZGADO DECANO DE COSLADA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez