Acceso a expedientes de cavidades subterráneas y notas sobre África Occidental Española en el Archivo General Militar de Ávila

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: N/REF: R/0673/2018 (100-001852) FECHA: 8 de enero de 2019 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 19 de noviembre de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, el día 7 de septiembre de 2018, al amparo de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, el acceso a la siguiente información: xListado de fichas/expedientes de "cavidades subterráneas" de las provincias de Lugo y A Coruña, que en su momento elaboraron los ingenieros militares (fondo documental de las jefaturas regionales de ingenieros, probablemente). xCopia de la ficha y/o expediente correspondiente a la cueva del Reí Cintolo (cercanías de Mondoñedo, provincia de Lugo) xCopia del expediente con signatura AGMAV,C.30584,26. xNotas informativas sobre bandas armadas en el África Occidental Española 2. Mediante Resolución de fecha 19 de octubre de 2018, el MINISTERIO DE DEFENSA contestó a informándole de lo siguiente: xEn contestación al correo de la referencia, le informo que los expedientes de cavidades subterráneas de las provincias de Lugo y A Coruña contienen marcas de clasificación y están datados entre 1976 y 1980, por lo tanto sujetos a la Ley 9/1968 de secretos oficiales. xAsí mismo, le detallo los términos municipales donde se encuentran dichas cavidades: -En A Coruña.- Valdoviño, El Ferrol y Ares. -En Lugo.- Mondoñedo y Castro Rey. xRespecto a la solicitud de la copia del expediente con signatura AGMAV,C.30584.26 "Notas informativas sobre bandas armadas en el África Occidental Española", al tratarse de documentación del año 1957 y no figurar en el anexo de la Resolución firmado por la Sra. Ministra de Defensa sobre la consulta pública de la documentación anterior a 1968, le remitimos la solicitud de consulta y reproducción de documentos anteriores al año 1968 y que contengan marcas de clasificación para su remisión, y si procede aprobación, al Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. 3. A la vista de esta contestación, presentó Reclamación ante este Consejo de Transparencia, con entrada el 19 de noviembre de 2018, argumentando básicamente lo siguiente: xIniciación de un procedimiento de acceso a la información mediante la presentación de la solicitud ante el archivo que los custodia. Respecto a la iniciación del procedimiento, la normativa aplicable es la que recoge el RSEA, como normativa específica de acuerdo con lo establecido por la Disposición adicional primera de la LTAIPBG, confirmando este punto el Criterio interpretativo del CTBG nº 8/2015. El artículo 24.1 del RSEA establece que “La solicitud de acceso a documentos (…) se dirigirá al responsable del archivo que los custodia”. xFinalización del procedimiento de acceso a la información sin facilitar la información solicitada. El AGMA emite un único acto administrativo relacionado con los procedimientos iniciados. Dicho acto no facilita la información solicitada, e informa de que el AGMA no realizará más trámites al respecto, finalizando así ambos procedimientos. En primer lugar, el AGMA informa de que considera los documentos sobre cavidades subterráneas como “sujetos a la Ley 9/1968”, de 4 de abril, de Secretos Oficiales (en adelante, LSO), pero no impulsa, como le correspondería hacer, los trámites previstos para los casos en que se solicita acceso a dichos documentos, que son los previstos en el artículo 27.1 del RSEA. Por tanto, su respuesta pone fin al procedimiento de acceso a la información por mí iniciado respecto a estos documentos, sin facilitarme la información solicitada. Asimismo, el AGMA informa de que considera los documentos sobre África Occidental Española como documentos sujetos a autorización de consulta por ser documentos con marcas de clasificación, pero no impulsa, como le correspondería hacer, los trámites para los casos en que se solicita acceso a dichos documentos, que son los establecidos por el artículo 27.2 del RSEA. Además de no impulsar los trámites marcados por la normativa, el AGMA me indica que realice un trámite contrario a la misma, como es el de presentar una solicitud de acceso a la información una segunda vez, y además ante el Instituto de Historia y Cultura Militar, que es un órgano diferente al archivo que custodia la documentación. Por tanto, su respuesta pone fin al procedimiento de acceso a la información por mí iniciado respecto a estos documentos, sin facilitarme la información solicitada. xEn conclusión, las solicitudes tal y como fueron formuladas iniciaron el procedimiento, y fue decisión del AGMA no facilitar la información solicitada aludiendo a la falta de substanciación de unos trámites que le corresponde impulsar al propio AGMA ante las solicitudes presentadas, y al no hacerlo hace que el procedimiento quede cerrado, y que por tanto pueda presentarse RECLAMACIÓN ante el CTBG. xLa alusión en el caso de la solicitud relativa a cavidades subterráneas es tácita, de modo que se desprende de la indicación de que se trata de documentos “sujetos a la Ley 9/1968”. En el caso de la solicitud de documentos del África Occidental Española, hay una indicación expresa de que ha de cumplirse un trámite, aunque tampoco en este caso, como en el anterior, se hace referencia a precepto normativo alguno. El procedimiento queda cerrado respecto a la petición sobre cavidades subterráneas al no realizarse por el AGMA los trámites previstos por la normativa, ni indicarse alternativa si es que la hay. Respecto a la petición sobre África Occidental Española, el procedimiento queda cerrado al no realizarse por el AGMA los trámites previstos por la normativa, a lo que se suma que la alternativa que se indica implica iniciar un segundo, y por tanto inoportuno, procedimiento de acceso a la información con el mismo objeto ante un órgano al que no le corresponde recibir la solicitud correspondiente a los documentos custodiados en el AGMA. xLa falta de motivación de la respuesta que no facilitó la información solicitada: la presencia de marcas de clasificación en la documentación no es una de las causas de restricción previstas por la Ley. xLa posibilidad de que se trate de documentos cuya clasificación ha perdido vigencia: alcance de la aplicación de la normativa de secretos oficiales. Ni la LSO ni su normativa de desarrollo prevén nada respecto a todas aquellas solicitudes de acceso a documentos clasificados que queden fuera del concreto contexto de necesidad de conocer para el cumplimiento de cometidos oficiales en el que es preceptiva la Habilitación Personal de Seguridad, como modalidad de autorización prevista para las personas. Este tipo de autorizaciones reguladas por las Normas de la Autoridad Nacional de Seguridad para la protección de la información clasificada tienen una finalidad y una naturaleza orientadas a acreditar que no existen riesgos en las personas que van a acceder a materias clasificadas porque les resulta imprescindible para el desempeño de los citados cometidos oficiales. Fuera de estos supuestos, para las solicitudes por interés de investigación o por interés público en general, la autorización requerida es la prevista por el artículo 57.1 b) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (en adelante, LPHE), desarrollado para el caso de los documentos custodiados por archivos a partir del nivel de Archivo central por el RSEA. xLa no remisión del listado de expedientes que conforman el grupo documental de cavidades subterráneas: información que debería haber sido facilitada en la respuesta, con independencia de que se facilitase o no el acceso a los documentos. xRespecto a la petición del listado sobre los expedientes de “cavidades subterráneas”, la información que suministra el AGMA no satisface la solicitud presentada. El solicitado inventario o listado de fichas/expedientes individuales no puede ser sustituido por una la enumeración de los puntos de acceso geográficos a los que el conjunto de dichos expedientes hace referencia. El AGMA no expone que no exista dicho listado, ni ningún motivo por el cual dicho listado no se encuentre en régimen de libre consulta, por lo que en caso de disponer del mismo tendría que haber sido remitido junto con la resolución a la solicitud. xLa falta de información sobre la existencia de los documentos solicitados: información que debería haber sido facilitada en la respuesta, con independencia de que se facilitase o no el acceso a los documentos. xRespecto a la petición de la ficha/expediente de la cavidad natural del Rei Cintolo, el AGMA no se me facilita copia o presupuesto de reproducción, y ni siquiera me aclara siquiera si existe o no entre la documentación de cavidades subterráneas. Tampoco me especifica que no se me indica su existencia porque ello en sí mismo está sujeto a alguna restricción. El artículo 29.3 del RSEA establece que “Cuando la indicación de la existencia o no del documento solicitado suponga incurrir en alguna de las limitaciones al acceso, se desestimará la solicitud, informando al interesado de esta circunstancia”. Dado que no se indica que revelar la existencia o no del documento concreto solicitado sea de limitado acceso, el AGMA debería haber indicado en su respuesta si dicho documento existe o no entre sus fondos. xLa falta de motivación de la respuesta que no facilitó la información solicitada: la presencia de marcas de clasificación en la documentación no es una de las causas de restricción previstas por la Ley. xLa naturaleza no desclasificatoria y no aislada de la “Resolución por la que se autoriza con carácter general la consulta pública de la documentación del Archivo General Militar de Ávila anterior a 1968”, firmada por la Sra. Ministra de Defensa el 20 de septiembre de 2018 xPara finalizar la reclamación, se llama la atención sobre el hecho de que la respuesta del AGMA no indica nada sobre los recursos a presentar contra la misma, a pesar de que deliberadamente se pone fin al procedimiento, como se ha explicado en el apartado A. El artículo 29.1 establece que las resoluciones de las solicitudes de acceso indicarán “los recursos que procedan contra las mismas, el órgano administrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo para hacerlo”. Por ello, se reclama que además del resto de información solicitada, se me facilite el contenido del pie de recurso de las resoluciones de acceso del AGMA. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo del asunto, hay que tener en cuenta que los documentos a los que se pretende acceder se encuentran actualmente en el Archivo General Militar de Ávila, que es un archivo histórico, de titularidad estatal, gestionado por el ministerio de Defensa (Ejército de Tierra). Fue creado en el año 1993 (Instrucción General 1/93 de Adaptaciones Orgánicas, del Estado Mayor del Ejército (División de Planes y Organización), encuadrándose en la Subdirección de Historia Militar, Archivos y Bibliotecas del Servicio Histórico Militar, con el fin primordial de aumentar las posibilidades de espacio de los archivos históricos del Ejército de Tierra, ya que, tanto el Archivo Central del Servicio Histórico Militar, hoy Archivo General Militar de Madrid, como el Archivo General Militar de Segovia, estaban al límite de sus capacidades. El Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de Archivos Militares, lo declaró expresamente como Archivo Nacional. En estas condiciones, resulta de aplicación la disposición Adicional Primera, apartado 2, de la LTAIBG, que señala lo siguiente: Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Este Consejo de Transparencia, en virtud de las potestades conferidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/008/2015, de 12 de noviembre, que analiza el precepto invocado en los siguientes términos: Hay que tener en cuenta, finalmente, que la excepción prevista en la LTAIBG no realiza una enumeración taxativa de los procedimientos o áreas de actuación que cuentan con regímenes específicos, para no provocar, por ello, lagunas o introducir rigideces indebidas en el ordenamiento jurídico. Los regímenes mencionados en el apartado tres de su disposición adicional primera -el régimen específico de acceso a la legislación medioambiental, contenido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y el previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público- lo son a título de ejemplo y admiten la consideración de otros sectores, entre ellos estaría el contenido en los artículos 23 a 32 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el sistema de Archivos de la Administración General del Estado o las disposiciones que, en concreta normativa específica, prevean la reserva en el acceso cuando se den determinados condicionantes (secretos oficiales, secreto estadístico) y algunos otros. Por tanto, en base a los argumentos indicados anteriormente, la presente Reclamación debe ser inadmitida, al no resultar de aplicación la LTAIBG, sino la normativa especifica que regula el acceso a documentos históricos. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIRla Reclamación presentada por con entrada el 19 de noviembre de 2018, contra la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA, de fecha 19 de octubre de 2018. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda