Acceso a información sobre trabajadores eventuales en ministerios y Presidencia del Gobierno

Con$ ~10 (jc lr-<~Mpil renclil .,. 8Ut'll Gob1erno Resolución 658/2018 S/REF:001-028480 N/REF:R/0658/2018;100-001818 Fecha: 14 de enero de 2019 Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Política Territorial y Función Pública Información solicitada: Trabajadores Eventuales l. ANTECEDENTES l. Según se desprende de la documentación obrante en el expedient e, la reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública v buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 12 de septiembre de 2018 la siguiente información: Nombre, cargo, fecha de nombramiento, fecha de cese y retribuciones anuales de los trabajadores eventuales que han prestado servicio en todos los ministerios y en Presidencia del Gobierno en 2017 y 2018 de ambos gobiernos (tanto en la etapa de en formatos reutilizables. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de contestación, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 13 de noviembre de 2018 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Redarnaciones FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 14/01/2 019 14:341 Sin acción específica Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Que el 14/08/2018 registramos en el Portal de Transparencia la siguiente solicitud: (…) Dado que el formulario no está adaptado aún a la actual estructura del nuevo Gobierno, les pido el favor de remitir a las distintas UITs esta solicitud. A la hora de valorar la siguiente solicitud de información, me gustaría que se tuvieran en cuenta los siguientes hechos: - El Portal de Transparencia ya publicó (1) esta misma información para los asesores de 2012 y 2013, por lo que esta información puede ser pública, a no ser que el propio Gobierno infringiera las leyes. Además, dado que ya se ha publicado, no se puede aludir a un criterio de reelaboración. El Gobierno también suministró esta información en posteriores solicitudes de información realizadas por Civio. - El criterio interpretativo (2) aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, que establece que en el caso del personal de especial confianza -y en concreto, el personal eventual- el derecho de los ciudadanos de conocer el funcionamiento de las instituciones públicas prima sobre la protección de datos personal. Además, en varias resoluciones (como en R/001/2017) el CTBG ha estimado que en este caso prima el interés público frente a la protección de datos personales. - La desigualdad manifiesta que existe entre este tipo de trabajadores y los funcionarios en cuanto a términos de transparencia. Mientras que de los segundos conocemos su fecha de nombramiento vía oposición, los posibles cambios y ascensos vía convocatorias públicas de libre designación y podemos establecer sus sueldos vía puesto, nivel y complementos, de los primeros no sabemos ni siquiera su nombre. - Por favor, les pido que no respondan a esta solicitud de información con una RPT sin nombres y sueldos anuales, puesto que esa no es la información que estoy solicitando, como queda claro al inicio de esta solicitud. Muchas gracias. B. Que dicha solicitud quedó registrada con el número de expediente 001-027378. Pero tal y como se pedía en la solicitud al no estar adaptado el formulario del Portal de Transparencia a la nueva estructura ministerial tras el cambio de Gobierno el pasado mes de junio, esta petición de derecho de acceso fue duplicada tantas veces como organismos a los que fue derivada. Subdirección General de Reclamaciones Así, el expediente 001-028480 se registró el 12 de septiembre de 2018 que, según GESAT, está en el ámbito de la UIT de Política Territorial y Función Pública. El expediente 001- 028480 es el objeto de esta reclamación. C. Que, hasta la fecha, no se ha obtenido ninguna otra comunicación en este expediente. Por lo que, habiéndose cumplido el plazo de un mes establecido en el artículo 20.1 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTAIBG), se interpreta que la solicitud ha sido desestimada, de acuerdo con el artículo 20.4 de la norma mencionada. D. Que esta información ya ha sido entregada en el pasado por la Administración General del Estado en solicitudes similares. Y, además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha valorado tanto en distintas resoluciones –en la propia solicitud de menciona una de ellas– como en su criterio interpretativo 1/2015 del 24 de junio de 2015, la debida publicidad de la identidad del personal eventual dado su interés público. En la ponderación de intereses a proteger, el hecho de que este personal sea nombrado de forma discrecional, frente a otros procesos y concursos públicos del resto de empleados al servicio de la administración, hace relevante el conocimiento de su identidad, hace que sea de especial interés conocer sus identidades, sea cual sea su nivel. 3.Con fecha 19 de noviembre de 2018 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de su Unidad de Información de Transparencia, al objeto de que por dicho Departamento se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el 19 de diciembre, el mencionado Departamento realizó las siguientes alegaciones : - El expediente de solicitud de acceso a información pública al que se refiere el interesado (expediente número 001-29648) se inició con la presentación de solicitud de información en el Portal de la transparencia con fecha 14 de agosto de 2018. - Con fecha 30 de noviembre de 2018 se ha comunicado al interesado el comienzo de tramitación de dicho expediente, informándole de que se ha dado inicio a la tramitación del procedimiento de acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, inicio que se ha producido al asignarse la competencia para resolver la solicitud a la Subsecretaria de Política Territorial y Función Pública del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, comunicando además, por tanto, en dicha fecha al interesado que la Subsecretaría será el centro directivo que resolverá su solicitud. El motivo del plazo transcurrido desde la presentación de la solicitud por el interesado hasta que se ha asignado la competencia para la iniciación del procedimiento, se ha debido exclusivamente a las dificultades de logística derivadas de la reestructuración ministerial operada mediante Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que creó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, posteriormente estructurado a través del Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. - En consecuencia, y tal y como igualmente se ha comunicado al interesado en fecha 30 de noviembre de 2018, a partir de la misma ha comenzado el cómputo del plazo de un mes para contestar a la solicitud, tal y como contempla el artículo 20.1 de la mencionada Ley 19/2013, de 9 de diciembre. - Por cuanto antecede, y tal y como también se ha advertido en la comunicación de 30 de noviembre al interesado, sólo transcurrido el plazo máximo de un mes para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se podría entender que la solicitud ha sido desestimada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Por tanto, sólo a partir de la expiración de dicho plazo para resolver podría considerarse que se ha producido el silencio administrativo negativo, contra el cual se dirige la reclamación a la que se refiere este escrito de alegaciones. Por todo lo anterior, esta Subsecretaría considera que no ha existido silencio administrativo con respecto al referido expediente, en tanto en cuanto el plazo para pronunciarse respecto de la solicitud no ha finalizado aun. 4.El 20 de diciembre de 2018, se concedió Audiencia del expediente a la reclamante para que, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes. Con fecha 27 de diciembre presentó escrito de alegaciones en el que manifestaba lo siguiente: Las alegaciones recibidas versan sobre el expediente 001-029648. Sin embargo, la reclamación que Civio registró el pasado 13 de noviembre se presentó por el silencio administrativo de la solicitud registrada con el número 001-028480, tal y como obra en el material registrado en la sede electrónica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Con;~IO dQ Tl'~r.~pnl"cttc•~ r su ~:'n GOblt!fflO La solicitud de acceso 001-028480 fue duplicada y registrada el pasado 12/09/2018. La solicitud de la que parte esta copia dirigida al Ministerio de Política Territorial y Función Pública fue registrada el pasado 14/08/2018, con el número 001-027378. No recibimos ninguna otra comunicación hasta después de registrar nuestra reclamación el día 13 de noviembre por silencio administrativo: el día 30 de noviembre, la UIT de Política Territorial y Función Pública notificó la finalización anticipada de este expediente al resolver la solicitud de información 001-028480 de manera conjunta en el expediente 001- 029648. Conclusión Dada la información de la que disponía este solicitante, la reclamación del expediente 001- 028480 fue interpuesta de forma correcta. Cívio no ha reclamado el expediente 001- 029648: somos conscientes de que el plazo para resolver aún no ha expirado. Ahora bien, pese a que no comprendemos la gestión de los plazos y de estos expedientes por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para no provocar sobrecargas innecesarias a la administración Cívio retira la reclamación 100-001818. 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia v Buen Gobierno. la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, Subdirección General de Redamaciones FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 14/01/2019 14:341 Sin acción específica Con'~IO <1~ 1.-..,,..~~ l'etH ::.tl r Suen Gob!efllO bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya mencionada, según el cual: 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Sí el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Sí la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciar/a para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso de la entidad Reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de Reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. 111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la Reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CI VIO, con entrada el13 de noviembre de 2018 contra el MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Lev 19/2013. de 9 de diciembre. de Transparencia. Acceso a la Información Pública v Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo Subdirección General de Redamaciones dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda