Solicitud de copias certificadas de documentos de concesiones y contratos

ANTECEDENTES

Subdirección General de Reclamaciones
Resolución 656/2020

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó a la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA, con fecha desconocida, la siguiente información:

1. Que ostenta el derecho de uso de diferentes espacios titularidad de la Autoridad Portuaria en el Moll de la Barceloneta; en concreto:
   • LOCAL 2-B, en méritos de contrato de cesión de un anterior titular (BLANCO MONTEJO SA) de fecha 08/08/2001; cesión autorizada por la autoridad portuaria a fecha 20/08/2008.
   • Local 2-A y C-3, en méritos de contrato de cesión de un anterior titular de fecha 08/08/2001; cesión autorizada por la autoridad portuaria a fecha 20/08/2008.
2. Que los efectos de iniciar acciones en defensa de sus derechos, frente a la actual titular de la concesión (ONEOCEAN PORT VELL, S.A.) interesa disponer de copia certificada de determinados documentos.

Por todo ello, en base al derecho de acceso a la documentación como parte legitimada, interesa de la Autoridad Portuaria la expedición de copia certificada de los siguientes documentos:

• A.- Escritura otorgada entre Puerto de Barcelona y Marina Puerto Viejo, S.A., de fecha 19 de marzo de 1991, autorizada por el Notario de Barcelona, incluyendo todos sus anexos.
• B.- Acuerdos y documentos de modificación de la concesión anterior; especialmente aquellos que hagan referencia a la alteración del plazo de duración de la concesión administrativa o la subrogación de otras entidades en los derechos del concesionario inicial.
• C.- Expediente tramitado a instancia de la concesionaria de prórroga de la concesión bajo la aplicación de la DT 10ª de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
• D.- Respecto del local 2-B, copia del contrato de cesión de uso otorgado entre Marina Port Vell, S.A. y Inbesós SA, de fecha 7 de noviembre de 1994 (escritura autorizada por la Notaría de Barcelona); y copia de la autorización del contrato por parte de la autoridad portuaria.
• E.- Respecto del local 2-A y C3:
  • copia del contrato de cesión de uso otorgado entre Marina Port Vell, S.A. y Inbesós SA, de fecha 7 de noviembre de 1994 (escritura autorizada por la Notaría de Barcelona); y copia de la autorización del contrato por parte de la autoridad portuaria.
  • copia del contrato de cesión de uso otorgado entre Inbesós SA y de fecha 9 de junio de 1995; y copia de la autorización del contrato por parte de la autoridad portuaria.
  • copia del contrato de cesión de uso otorgado entre de 19 de abril de 1999; y copia de la autorización del contrato por parte de la autoridad portuaria.

En méritos a todo lo expuesto, en base a la normativa general de aplicación y en la condición de interesado del firmante, SOLICITO que tenga por presentado este escrito, y por pedida la documentación mencionada en el apartado precedente.

2. Ante la falta de respuesta, el interesado presentó una reclamación ante la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya.

3. El 2 de octubre de 2020, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya remite la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por estimar que el asunto es de su competencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como

   "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones"

   . Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.
3. En este caso, atendiendo a la naturaleza de la información solicitada, debemos recordar que el concepto de información pública que prevé la LTAIBG y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma y que no es otro que "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad" (art. 1 de la LTAIBG). Es decir, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. Este Consejo de Transparencia entiende, por lo tanto, como ha venido sosteniendo reiteradamente (como ejemplo se señalan los procedimientos R/0118/2016 y R/0274/2016), que cualquier ciudadano dispone de vías para obtener compulsas o certificaciones expedidas por la Administración, entre las cuales no se encuentra acudir a la LTAIBG, y más en supuestos como el presente en el que el solicitante, persona distinta del reclamante, parece tener la condición de interesado. Asimismo, debemos recordar que, por no estar pensada para ese fin, no puede invocarse la LTAIBG para adquirir una condición o unos derechos que de otra manera le son denegados por la normativa general que rige el procedimiento administrativo común o por otras normas sectoriales o especiales. En efecto, como indica la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, de Madrid, de fecha 16 de octubre de 2017, el derecho de acceso a la información

   "es un derecho de los ciudadanos de nueva creación que en nada amplía los derechos de los interesados que ya se reconocían en el art. 30 y siguientes de la Ley 30/1992, y más en concreto en el art. 35 a) cuando establece el derecho de acceso permanente para conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a la obtención de copias de documentos contenidos en ellos, precepto que el Tribunal Supremo ha venido interpretando en el sentido de que 'lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en ellos" (Sentencia de 26 de enero de 2011, entre otras). Por lo tanto el interesado en un procedimiento no necesita invocar la LTBG para realizar una acceso que ya tiene reconocido, y con carácter mucho más amplio, desde la promulgación de la Ley 30/1992, que es la específicamente aplicable a su posición jurídica. Siendo entonces que la recurrente vuelve a insistir en su petición ante la CNMC y luego ante el CTBG al amparo del art. 17 de la Ley 19/2013, sin respetar las reglas de la buena fe que exigían que pusiera de manifiesto que la misma información había sido solicitada al Tribunal que conocía de la impugnación de la sanción impuesta, y que había sido rechazada por éste. QUINTO.- Si la parte actora carece de derecho subjetivo al acceso a dicha información en tanto que interesado directo en el procedimiento, menos aun podría ostentar en este caso dicho derecho actuando como ciudadano, o como 'público' que invoca el derecho reconocido en la normativa que regula la transparencia y buen gobierno (...)".

   (Las referencias de esta Sentencia a la Ley 30/1992, han de entenderse hechas a la vigente Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que la sustituye.) En definitiva, entendemos que no cabe acoger los argumentos en los que se basa la resolución recurrida que, en consecuencia, ha de ser inadmitida.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por, con entrada el 2 de octubre de 2020, contra la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.