Solicitud de acceso a plantillas y materiales de evaluación de convocatorias Erasmus+ 2020 y resultado desestimado

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 650/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE UNIVERSIDADES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 12 de septiembre de 2020, la siguiente información: Solicito acceso y copia en PDF mediante correo electrónico de las PLANTILLAS DE EVALUACIÓN manejadas por los evaluadores de las modalidades erasmus+ KA201, KA229 y KA203 durante la evaluación de solicitudes de la c onvocatoria 2020 publicada recientemente por el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación. Aclarar que se solicitan las plantillas específicas manejadas por los tribunales (ítems específicos a valorar, instrucciones,...), no a la información de la evaluación ya publicada en la guía de la convocatoria. S/REF: 001-047487 N/REF: R/0650/2020; 100-004229 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Universidades Información solicitada: Criterios de evaluación erasmus+ Subdirección General de Reclamaciones Del mismo modo, se solicita el acceso a cualquier otro material adicional a las plantillas que se haya proporcionado a los evaluadores (guías, instrucciones, PDFs explicativos, aclaraciones,...) que permitan aclarar y homogeneizar las decisiones técnicas de los mismos. Considero que aplica: - El artículo 12 de la ley 19/2013 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a - Los comités de evaluación (en el presente caso, evaluadores de proyectos erasmus+), son órganos administrativos de carácter técnico al servicio de la Administración, por lo que la información que se encuentre en su poder es información pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1/2016.El carácter técnico de estos órganos no debilita su naturaleza administrativa ni los excluye de formar parte de la Administración pública. Sus decisiones deben ser sometidas al escrutinio público con el objetivo de llevar a cabo el necesario control de discrecionalidad y acreditar su ejercicio objetivo y ponderado, por lo que resulta exigible la existencia y el acceso a la información que manejan estos órganos en la toma de decisiones. - El comité de evaluación de proyectos es un órgano creado para un propósito específico, en este caso la selección de los proyectos más valorados, que goza de independencia e imparcialidad para el desarrollo de acciones, pero eso no significa que no actúen en el procedimiento administrativo y deben respetar a todos y cada uno de los preceptos legales, entre ellos, el de la conformación del expediente administrativo de la selección de acuerdo con la definición que le ofrece en el artículo 70 de la ley 39/2015, es decir: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento la resolución administrativa, así como las diligencias dirigidas a ejecutarla. Se formará mediante la agregación ordenada de cuántos documentos, pruebas, opiniones, informes, acuerdos, notificaciones y otras diligencias que debe n integrarse. - Las disposiciones del artículo 35.2 de la ley 39/2015, según el cual la motivación de los actos que terminan los procedimientos de selección y la competencia competitiva se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de las normas que rigen las convocatorias. Se acreditará en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Por lo tanto, es obvio que el nivel mínimo requerido y los ítems evaluados deben incluirse en la documentación que conforma el archivo. Negar la existencia de tales documentos equivaldría a reconocer que el procedimiento estaría viciado por nulidad (artículo 47.2 de la LRXAP), con las consecuencias legales que dicho instituto conlleva de nulidad. - En la ley de transparencia vigente el derecho de acceso no está supeditado a la inclusión de la información en un expediente. 2. Mediante resolución de fecha 25 de septiembre de 2020, el MINISTERIO DE UNIVERSIDADES contestó al solicitante lo siguiente: (…)3º. Una vez analizada la solicitud, en su ámbito competencial, esta Secretaría General resuelve conceder el acceso a la información solicitada, y conforme a la información elaborada por SEPIE, informa que: • En la página web del SEPIE puede consultarse la información relativa a las distintas convocatorias de acciones descentralizadas del programa Erasmus+, así como a la documentación específica que facilita la Comisión Europea sobre la organización y gestión de los procesos de evaluación relacionados con las convocatorias citadas. Por ejemplo, se puede consultar la documentación relativa a la convocatoria 2020 a partir del siguiente enlace: http://www.sepie.es/convocatoria/convocatoria.html • Uno de los documentos en formato PDF que se pone a disposición de los interesados es la Guía para los expertos evaluadores de la calidad Erasmus+ (en su versión de 2020: 2020 ERASMUS+ Guide for Experts on Quality Assessment, en el enlace: http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2020/guide for experts onquality assessment 2 020.pdf). Este documento, que la Comisión Europea solo distribuye en inglés, se pone a disposición de los expertos evaluadores con los que cuenta el SEPIE para llevar a cabo las evaluaciones requeridas para las acciones descentralizadas de Erasmus+. Este documento proporciona información bastante detallada sobre el rol de los expertos evaluadores, los principios que deben seguirse en los procesos de evaluación, se describen los procesos de evaluación en la práctica y se incluye información sobre cómo valorar los criterios de concesión para cada acción y sector. En particular, puede resultar de interés, según lo expuesto en la solicitud, el Anexo II de este documento, que enumera una serie de elementos de análisis y las distintas interpretaciones de los criterios de concesión para los distint os sectores y acciones. Además, en el Anexo III de esta guía se incluyen múltiples enlaces web a documentos de referencia que deben conocer y manejar los evaluadores de los procesos mencionados. Este documento está disponible en la web del SEPIE tanto para los expertos evaluadores como para cualquier otra persona interesada. • Igualmente, en el enlace citado anteriormente referido a la d ocumentación relativa a la convocatoria 2020 del programa Erasmus+ se incluyen documentos adicionales a la Guía del Programa como, por ejemplo, el documento denominado Información sobre financiación y prioridades de los proyectos gestionados por SEPIE, de interés para solicitantes, evaluadores y cualquier otra persona interesada. • Por otro lado, en la página web del SEPIE también se pone a disposición de cualquier persona interesada documentación de referencia y de apoyo específica de cada acción y sector: Esta documentación también se pone a disposición de los evaluadores externos del SEPIE. (…) 3. Ante esta contestación, el solicitante presentó, mediante escrito de entrada el 29 de septiembre de 2020, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que manifestaba lo siguiente: No se proporciona acceso a los materiales ESPECÍFICOS manejados por los comités evaluadores, sino a la guía publicada que se pone a disposición de los interesados. Como se especifica en la solicitud, se solicita el acceso a los documentos que el propio SEPIE proporciona a los evaluadores para realizar la evaluación de proyectos. Considero que: - El comité de evaluación de proyectos es un órgano creado para un propósito específico, en este caso la selección de los proyectos más valorados, que goza de independencia e imparcialidad para el desarrollo de acciones, pero eso no significa que no actúen en el procedimiento administrativo y deben respetar a todos y cada uno de los preceptos legales, entre ellos, el de la conformación del expediente administrativo de la selección de acuerdo con la definición que le ofrece en el artículo 70 de la ley 39/2015, es decir: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento la resolución administrativa, así como las diligencias dirigidas a ejecutarla. Se formará mediante la agregación ordenada de cuántos documentos, pruebas, opiniones, informes, acuerdos, notificaciones y otras diligencias que deben integrarse. - Las disposiciones del artículo 35.2 de la ley 39/2015, según el cual la motivación de los actos que terminan los procedimientos de selección y la competencia competitiva se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de las normas que rigen las convocatorias. Se acreditará en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Por lo tanto, es obvio que el nivel mínimo requerido y los ítems evaluados deben incluirse en la documentación que conforma el archivo. Negar la existencia de tales documentos equivaldría a reconocer que el procedimiento estaría viciado por nulidad (artículo 47.2 de la LRXAP), con las consecuencias legales que dicho instituto conlleva de nulidad. 4. Con fecha 30 de septiembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE UNIVERSIDADES, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, y al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada 15 de octubre de 2020, el citado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: 3. Una vez analizada la reclamación, desde el SEPIE se comunica lo siguiente: Tras revisar la reclamación del interesado, se recalca la diferencia entre dos entidades: los evaluadores y el comité de evaluación, tal y como establece la Guía del Programa (en su versión de 2020: ERASMUS+ Guía del Programa, página 280; enlace: 2020 v3 es.pdf ). En primer lugar, en el caso de los evaluadores o expertos independientes: “En la mayor parte de los casos, esta evaluación de la calidad se lleva a cabo con apoyo de expertos independientes. En su valoración, los expertos aplicarán las directrices desarrolladas por la Comisión Europea. Estas directrices se publicarán en las páginas web de la Comisión Europea y de las Agencias responsables de la ges tión de los proyectos Erasmus+”. Y por otro lado en relación con el comité de evaluación, se dice que: “La Agencia Ejecutiva o la Agencia nacional nombrarán un comité de evaluación para supervisar la gestión de todo el proceso de selección. Basándose en la valoración de los expertos, el comité de evaluación elaborará una lista de proyectos propuestos para la selección”. En el apartado “Decisión definitiva”, localizado en la misma página de la mencionada guía, se indica, además, lo siguiente: “Al final del procedimiento de evaluación, la Agencia Nacional o la Agencia Ejecutiva decidirán qué proyectos hay que subvencionar, basándose en: • La clasificación propuesta por el comité de evaluación; • El presupuesto disponible para cada acción (o cualquier actividad determinada dentro de la acción)”. Desde el SEPIE se ha dado traslado de la siguiente documentación manejada por evaluadores externos en relación con su primera petición de fecha del 12 de septiembre de 2020: se han indicado varias páginas webs del SEPIE junto con información detallada de dónde se puede consultar la distinta información (http://www.sepie.es/convocatoria/convocatoria.html; http://sepie.es/convocatoria/index.html#; http://sepie.es/convocatoria/index.html#); así como la Guía para los expertos evaluadores de la calidad Erasmus+ que también se menciona a continuación (en su versión de 2020: http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2020/guide for experts onquality assessment 2 0 20.pdf)). En relación con la documentación manejada por el comité de evaluación, se trata de documentación interna a la que tienen acceso las partes implicadas en el proceso. No son por tanto parte de los documentos base, las plantillas de corrección o rubricas a los expertos evaluadores. Adicionalmente, se explican en detalle en la Guía del Programa (citada anteriormente) tanto los procesos conducentes hasta la concesión de la subvención, como los requisitos de participación y criterios de evaluación de las distintas acciones de cada convocatoria pero el reclamante recalcó en su petición inicial que no solicitaba este documento. En cualquier caso, el resultado final de cada evaluación de la calidad de las propuestas de cualquiera de las acciones específicas de la Acción Clave 2 es producto del consenso entre 2 evaluadores externos, que deben argumentar de manera suficientemente fundamentada sus decisiones. Desde el SEPIE se entiende que el resto de documentación dirigida a los expertos externos, que incluye información específica de manejo de herramientas informáticas de evaluación de la Comisión Europea y por la Agencia Nacional SEPIE, entre otros, etc., no forma parte del expediente administrativo del proceso de evaluación de la calidad de cada propuesta concreta al encuadrarse en lo establecido por el artículo 70.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administ raciones Públicas. Desde el SEPIE se informa que el procedimiento de evaluación desarrollado para cada una de las acciones del programa Erasmus+ citadas por el reclamante cumple rigurosamente lo establecido por la Guía del Programa Erasmus+, así como en la Guía para las Agencias Nacionales, emitidas por la Comisión Europea y de obligado cumplimiento por parte de todas las Agencias Nacionales encargadas de gestionar las accio nes descentralizadas del programa Erasmus+. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo del asunto, en primer lugar, cabe indicar que en la citada Guía del Programa Erasmus+ se explica lo siguiente: La Comisión asume la responsabilidad general de la supervisión y la coordinación de las estructuras encargadas de la ejecución del programa a escala nacional. A nivel europeo, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (Agencia Ejecutiva) es la responsable de la ejecución de las acciones centralizadas del programa Erasmus+. La Agencia Ejecutiva se encarga de gestionar el ciclo de vida completo de estos proyectos, desde la promoción del programa hasta la difusión del proyecto y los resultados del programa, pasando por el análisis de las solicitudes de subvenciones y el control de los proyectos sobre el terreno. También es la responsable del lanzamiento de las convocatorias de propuestas específicas de algunas acciones del programa que no se tratan en la presente Guía. Asimismo, la Comisión Europea, a través principalmente de la Agencia Ejecutiva, es la responsable de: x Realizar estudios en los ámbitos respaldados por el programa; x Llevar a cabo actividades de investigación y basadas en datos factuales por medio de la red Eurydice; x Mejorar la visibilidad y el impacto sistémico del programa por medio de actividades de difusión y aprovechamiento de sus resultados; x Garantizar la financiación y la gestión contractual de los organismos y redes respaldados por el programa Erasmus+; x Gestionar las licitaciones para la prestación de servicios en el marco del programa. (…) La ejecución del programa Erasmus+ se lleva a cabo fundamentalmente como Gestión Indirecta, lo que significa que la Comisión Europea confía las tareas de ejecución presupuestaria a las agencias nacionales. Este enfoque se justifica por la conveniencia de acercar Erasmus+ todo lo posible a sus beneficiarios y adaptarse a los diversos sistemas educativos, de formación y de juventud nacionales. A este fin, cada País del programa ha nombrado una o más agencias nacionales (véanse los detalles de contacto en el anexo IV). Estas agencias nacionales promueven y ejecutan el programa a escala nacional y actúan como vínculos entre la Comisión Europea y las organizaciones participantes a escala local, regional y nacional. Se encargan de: x Facilitar información adecuada sobre el programa Erasmus+; x Administrar un proceso justo y transparente de selección de las solicitudes de proyectos que se van a financiar en su país; x Supervisar y evaluar la ejecución del programa en su país; x Prestar apoyo a los solicitantes de proyectos y a las organizaciones participantes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto; x Colaborar de manera efectiva con la red formada por todas las agencias nacionales y la Comisión Europea; x Velar por la visibilidad del programa; x Promover la difusión y el aprovechamiento de los resultados del programa a escala local y nacional. 4. Dicho esto, recordemos que el objeto de la solicitud de información se concreta en las PLANTILLAS DE EVALUACIÓN manejadas por los evaluadores de las modalidades erasmus+ KA201, KA229 y KA203 durante la evaluación de solicitudes de la convocatoria 2020, instrucciones,...), y cualquier otro material adicional a las plantillas que se haya proporcionado a los evaluadores (guías, instrucciones, PDFs explicativos, aclaraciones,...) que permitan aclarar y homogeneizar las decisiones técnicas de los mismos. Especificando que la información requerida no es la que se contiene en la mencionada Guía del Programa Erasmus+. Por su parte, la Administración, conforme se ha reflejado en los antecedentes de hecho, resuelve conceder la información solicitada, basando precisamente su contestación en la citada Guía y su contenido, así como en su serie de explicaciones al respecto, entre las que podemos destacar lo siguiente: Este documento, que la Comisión Europea solo distribuye en inglés, se pone a disposición de los expertos evaluadores con los que cuenta el SEPIE para llevar a cabo las evaluaciones requeridas para las acciones descentralizadas de Erasmus+. Este documento proporciona información bastante detallada sobre el rol de los expertos evaluadores, los principios que deben seguirse en los procesos de evaluación, se describen los procesos de evaluación en la práctica y se incluye información sobre cómo valorar los criterios de concesión para cada acción y sector. Añade la Administración en las alegaciones a la reclamación presentada, que existe diferencia entre dos entidades: los evaluadores y el comité de evaluación, que evaluación de la calidad se lleva a cabo con apoyo de expertos independientes, que aplicarán las directrices desarrolladas por la Comisión Europea. Y, por otro lado, el comité de evaluación que basándose en la valoración de los expertos elaborará una lista de proyectos propuestos para la selección. Así como que la documentación manejada por el comité de evaluación, se trata de documentación interna a la que tienen acceso las partes implicadas en el proceso. No son por tanto parte de los documentos base, las plantillas de corrección o rubricas a los expertos evaluadores. (…) Desde el SEPIE se entiende que el resto de documentación dirigida a los expertos externos, que incluye información específica de manejo de herramientas informáticas de evaluación de la Comisión Europea y por la Agencia Nacional SEPIE. En consecuencia, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los criterios recogidos en la mencionada Guía, que como indica el reclamante no es el objeto de su solicitud de información, sino que su carácter general, tal y como explica la Administración, los hace ser instrumento para la valoración de la calidad del trabajo que llevan a cabo los evaluadores de acuerdo a lo dictado por la Comisión Europea. Por el contrario, no son las plantillas de evaluación que requiere el reclamante y en cuya virtud el Comité de Evaluación –nacional- elabora la lista de proyectos propuestos para la selección. Es decir, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no se ha facilitado la información solicitada. De hecho la Administración, en sus alegaciones a la reclamación, como hemos indicado anteriormente, está reconociendo la existencia de las mismas, al señalar que la documentación manejada por el comité de evaluación, se trata de documentación interna, y que No son por tanto parte de los documentos base, las plantillas de corrección o rubricas a los expertos evaluadores. Por lo tanto, la información solicitada existe y obra en poder de la Administración al haber sido adquirida en el ejercicio de sus funciones – el Comité de Evaluación ha elaborado la lista de proyectos propuestos para la selección- y no ha sido facilitada al reclamante. 5. Sentado lo anterior, cabe señalar que, de lo manifestado por la Administración, -se trata de documentación interna- podemos a su vez entender que considera de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 b), que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. En relación a la causa de inadmisión alegada, debemos recordar que ha sido interpretada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el Criterio 6/2015 de 12 de noviembre , aprobado en ejercicio de las competencias legalmente conferidas a este organismo por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, y en el que se concluye que es la condición de información auxiliar o de apoyo la que permitirá, de forma motivada y concreta invocar un aplicación de la causa de exclusión, siendo la enumeración referida a “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos” una mera ejemplificación que, en ningún caso, afecta a todos los conceptos enumerados sino a aquellos que tenga la condición principal de auxiliar o de apoyo. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html Igualmente, en dicho criterio se clarifica que una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, podrá ser declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad. 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. 5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final. Por último, debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para que operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo. Por su parte, los Tribunales de Justicia también se han pronunciado sobre esta causa de inadmisión en el siguiente sentido: - La Sentencia 41/2018, de 6 de abril de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, señala lo siguiente: “Aquello que es relevante en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, como los informes que ayudan a conformar el criterio final y definitivo del Gobierno; en este caso, relativos al grado de implementación de las medidas incorporadas en el Plan de Acción objeto de autoevaluación, y que deben responder a criterios principalmente objetivos, son imprescindibles para la elaboración del informe de autoevaluación; y en consecuencia, no se está ante información auxiliar” “A la hora de interpretar qué se entiende por información auxiliar o de apoyo, no podemos considerar como tal, sólo y sin más, los supuestos reseñados en la aludida causa de inadmisión; sino que se ha de determinar si en el presente caso, la información consistente en los informes generados (…) han de entenderse como secundarios e irrelevantes en el establecimiento, desarrollo e implementación del plan de acción pública. Estamos ante conceptos indeterminados que han de integrarse a la luz de la normativa reguladora del derecho pretendido y demás disposiciones de aplicación; donde no puede dejarse de tenerse en cuenta la finalidad y naturaleza de la información solicitada. Normativa reguladora del derecho a la información pública que, como se ha puesto de manifiesto en otras sentencias dictadas por este Juzgado, (…) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, cuya salvaguardia corresponde al CTBG, siendo el acceso a la información la regla general y la aplicación de los límites justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección; atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Se ha de tener, pues, presente, las circunstancias de cada caso y partir de la definición de información pública contenida en el art. 13 de la Ley 19/2013, como aquellos contenidos o documentos elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” -La Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de julio de 2018, dictada en el Recurso de Apelación nº 46/2018, “(...) lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional (…) Los informes a que se refiere el art.18.1.b son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados (...) Por otro lado hay que recordar el carácter restrictivo que tienen las limitaciones de la información conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así bastaría con citar la Sentencia de fecha 8.11.2016 o 25 de junio de 2.013 que han interpretado el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y de la misma forma el carácter amplio que tiene el concepto de “información pública”. Por consiguiente, si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado de esta última.” Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2018, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”.(…) la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley. 6. Teniendo en cuenta lo indicado, y a pesar de que las causas de inadmisión han de ser aplicadas de manera restrictiva y de forma coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública, entendemos que el objeto de la solicitud de información tiene la naturaleza de información o documentación interna, por cuanto, más allá de los criterios generales a los que debe atenderse en la selección de los proyectos presentados, la información que se solicita viene referida a concretos instrumentos o herramientas de trabajo a disposición de los evaluadores externos. En este sentido, consideramos que el conocimiento y, por lo tanto, control de la actuación pública, queda garantizado con el acceso a los criterios que han de seguirse en la evaluación de los proyectos, cuestión que ya ha sido respondida por la Administración. Por el contrario, entendemos que informar cobre las condiciones e instrumentos con los que desarrollan los evaluadores su función implica el acceso a información de naturaleza auxiliar o accesoria respecto de la decisión pública adoptada. Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la reclamación debe de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 29 de septiembre de 2020, contra la resolución de 25 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE UNIVERSIDADES. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez