Acceso al acta de la Mesa General de Negociación sobre la inclusión de integrantes de la OEP 2016 en el PAS

Con$10 de lr.1n$parcnc•a .,. Buen Gobterno Resolución 647/2018 S/REF: AIP/046/18 N/REF:R/0647/2018;100 -001784 Fecha: 31 de enero de 2019 Direcci Administración/Organismo: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Información solicitada: Acta de la Mesa General de Negociación l. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, al amparo de la m 19/2013. de 9 de diciembre. de transparencia. acceso a la inform ación pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 20 de septiembre de 2018, la siguiente información: En la reunión mantenida entre el Comité de Empresa de Barcelona y la Subdirección de RRHHGEP el pasado 7 de junio de 2018, la Subdirectora de RRHHGEP comunicó a dicho Comité la inclusión de los integrantes de la OEP 2016 en el PAS que aplica a los funcionarios de la CNMC, indicando que esto había sido negociado y acordado en la Mesa General de Negociación. Para llegar a esta decisión, la CNMC no informó, ni negoció, ni contó en ningún momento con la representación legal de dichos trabajadores, es decir, los Comités de Empresa de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirecdón General de Redamaciones www.consejodetransp arencia.es Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Madrid y Barcelona, limitándose a informar a este último en dicha reunión en respuesta a una pregunta planteada por el mismo. El Comité de Empresa de Barcelona manifestó entonces su desacuerdo, sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de la Subdirección de RRHHGEP. Esta solicitud se produce para aclarar los términos y condiciones en las que se ha llegado al acuerdo. Asimismo, solicitamos que, tal como sucede con el resto de personal al que representamos, seamos informados, en virtud del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, de los temas laborales tocantes a este colectivo (productividad, modificación de las condiciones laborales, etc.). 2. Con fecha 22 de octubre de 2018, la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA dictó Resolución comunicando al reclamante lo siguiente: Tras revisar la información sobre la que se solicita acceso, se ha constatado que no procede aplicar ninguno de los límites previstos en el artículo 14 y 15 de la LTAIBG. Es necesario aclarar que el acta no corresponde a una reunión de la Mesa General de Negociación, sino a una reunión de negociación del Plan de acción social general de la CNMC celebrada entre la CNMC y los representantes de los sindicatos más representativos, que forman parte de la Mesa General de Negociación. A la vista de lo anterior, el Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al amparo de la resolución de 13 de abril de 2015 (publicada en el B.O.E. de 17 de abril de 2015), por la que se delegan competencias en materia de Ley de Transparencia, ha resuelto: oESTIMAR la solicitud de acceso formulada en nombre y representación del Comité de Empresa de Barcelona. oNotifíquese esta resolución a la solicitante. Se adjunta a la presente resolución copia del acta de la reunión en el extremo solicitado relativo a la inclusión de los integrantes de la OEP 2016 en el PAS que aplica a los funcionarios de la CNMC. Subdirección General de Reclamaciones 3. Ante esta contestación, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 6 de noviembre de 2018, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: El 20 de septiembre de 2018, se solicitó por transparencia una copia del acta correspondiente a la Mesa General de negociación en la que se negoció y acordó la inclusión de los integrantes de la OEP 2016 en el PAS que aplica a los funcionarios de la CNMC. Según nuestra Secretaría General, este tema se trato en dicha mesa, sin estar informado el Comité de Empresa. A fecha de hoy, más de un mes después, aún no hemos recibido dicho documento ni contestación alguna. De nuevo, solicitamos copia de dicha acta. 4. Con fecha 26 de noviembre de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. El escrito de alegaciones tuvo entrada el día 7 de diciembre de 2018 y en el mismo se contenía los siguientes argumentos: La Resolución fue objeto de notificación al Comité de Empresa el 29 de octubre de 2018, sin embargo transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se accediera a su contenido, conforme al artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación se entendió rechazada. Con fecha 28 de noviembre de 2018, la CNMC realizó un nuevo intento de notificación de la resolución de 22 de octubre de 2018, siendo el mismo recepcionado por el Comité de Empresa el mismo día. (Se adjunta copia de la Resolución estimatoria y justificante de la notificación). Por todo ello, habiéndose dado acceso a la información solicitada procede rechazar la reclamación presentada. que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. 4. En cuanto al fondo del asunto, y a pesar de que ha quedado acreditado que si bien el reclamante afirma no haber obtenido una respuesta, la resolución se dictó debidamente, lo solicitado es un acta de una reunión de la Mesa General de Negociación en la que se negoció y acordó la inclusión de los integrantes de la OEP 2016 en el PAS que aplica a los funcionarios de la CNMC y esa solicitud se hace utilizando un modelo estándar de la CNMC pero invocando expresamente el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Como ha reiterado en otras ocasiones este Consejo de Transparencia, deben realizarse una serie de consideraciones sobre el marco en el cual se ha solicitado información y, derivado de ello, la normativa jurídica aplicable (por ejemplo, en la resolución R/0462/2016 ): “Así, y como se desprende de los antecedentes de hecho de la presente resolución y de la documentación obrante en el expediente, queda acreditado que la solicitud de información (...) se enmarca dentro de las relaciones laborales mantenidas entre los representantes de los trabajadores y los responsables del organismo. Se trata, por lo tanto, de un ámbito que, por un lado, obliga a proporcionar información por parte de los responsables de la entidad y, por otro, y con base precisamente en la información obtenida, permite proteger los derechos de los trabajadores por parte de los representantes de los mismos. En el caso que nos ocupa, como en otros de los que ha tenido conocimiento este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el medio de impugnación previsto en la LTAIBG, esto es, la presentación de una reclamación ante el Consejo, ha sido utilizado cuando la respuesta o ausencia de ella que se reclama se ha presentado en el marco de las relaciones laborales que antes indicábamos. En relación a lo anterior, no obstante, no debe dejarse de lado el acceso a la información regulado por la LTAIBG, configurado como un derecho de amplio ámbito objetivo y subjetivo y, especialmente, el concepto de información pública y, por lo tanto el posible objeto de una solicitud de información que la ley consagra: todo contenido o documento que obre en poder de un organismo sujeto a la norma que haya sido obtenido o elaborado en el ejercicio de sus funciones. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016.html Este hecho- entender que puede ser objeto de una solicitud de información cualquier información que posea el organismo o entidad al que se dirija la misma- así como que no sea necesario motivar la solicitud, por lo que no está vinculada a la titularidad de un interés por parte del solicitante, hace difícil cuando no imposible, sustraer del marco de la LTAIBG una solicitud de información que cumpla las condiciones indicadas en la misma. Sin embargo, este Consejo de Transparencia también quiere recordar que el objetivo final de la LTAIBG es el escrutinio de la acción pública, y ello mediante el conocimiento del proceso de toma de decisiones como medio de rendición de cuentas de los responsables públicos. Y desde esa perspectiva deben ser analizadas, a nuestro juicio, las solicitudes de acceso a la información que tengan su amparo en la misma. Por ello, se recuerda que el conocimiento de información en el marco de las relaciones laborales encuentra su acomodo natural en el régimen que constituyen tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público en caso de que sea de aplicación, que contienen vías para la adecuada comunicación entre las partes concernidas”. Abundando en lo anterior, las funciones fundamentales del sindicato son la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. También actúan como representantes del afiliado cuando éste lo requiere, así como parte en los juicios o reclamaciones, asumiendo la representación del interés social. Otras funciones asumidas son promover la formación profesional, la propuesta de mejoras en las condiciones de trabajo, control y ejecución de medidas de prevención de riesgos laborales, así como participar en los procesos de contratación de nuevos trabajadores. Por su parte, un Comité de Empresa es un grupo de personas que forman parte de una empresa y que representan al resto de trabajadores. Normalmente este Comité es quien se ocupa de negociar condiciones y resolver conflictos tipo salariales. El Comité está formado por personas que trabajan en la institución /empresa. Son personas elegidas de forma democrática y que cumplen sus funciones de delegados o representantes sindicales. Según la normativa europea 97/74/CE, este tipo de comités son obligatorios en empresas que tengan más de mil trabajadores. Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido en el artículo 28.1 de la Constitución Española de 1978 , el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de «todos a sindicarse libremente». En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos protagonistas del conflicto, como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin. Para ejercer esas funciones, con amparo constitucional, existe la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, cuyo artículo 2.1 d) dispone que El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, (..) comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes. Por su parte, su artículo 9.1 c) señala que Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho a la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. En definitiva, si bien la LTAIBG configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, incluidos los miembros o representantes de los trabajadores, derecho que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y que solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, no debe perderse de vista que esta norma no está pensada, en ningún caso, para ejercer la actividad sindical, que dispone de sus propios cauces procedimentales específicos y que, en último extremo, puede ser defendido ante los organismos de arbitraje existentes o los Tribunales de Justicia competentes, no debiendo utilizarse la vía de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia como medio usual para el ejercicio de esos derechos de representación laboral. 5. Por otra parte, la llamada "técnica del espigueo" consiste en mantener la validez de las normas favorables e impugnar la de otras que puedan tener relación con ellas o, dicho de otra manera, utilizar en un procedimiento la norma que más conviene en cada momento, desechando otra que no interesa. O incluso, seleccionar los artículos más favorables -o sólo parte de ellos- de diferente normativa, en principio incompatibles, para ejercer o disfrutar de un derecho. conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda