Solicitud de información sobre personal excluido de convenio y altos cargos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 642/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 14 de marzo de 2021, solicitó a la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS, del MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, la siguiente información: Primera. ¿Cuántos trabajadores de la categoría de Fuera o Excluidos de Convenio Colectivo han ingresado en la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (en adelante APLP) como nueva incorporación desde la aprobación de la L2007EBEP, tanto si se encuentran en activo en la misma en la actualidad, en excedencia o en cualquier otra circunstancia, y en que fechas ingresaron, en cada caso? S/REF: 001-055932/057759 N/REF: R/0642/2021; 100-005595 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana/Autoridad Portuaria de Las Palmas Información solicitada: Trabajadores excluidos de Convenio Colectivo de nueva incorpo ración desde la aprobación del EBEP Sentido de la resolución: Estimatoria Subdirección General de Reclamaciones Segunda. Del grupo anterior, fuera o excluidos de convenio ingresados desde abril de 2007, ¿cuántos de ellos ingresaron mediante procedimientos basados en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que desarrolla el Capítulo I del Título IV de la L2007EBEP, Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio de la mencionada ley? Si fuera el caso, ¿se ha informado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE en adelante) sobre posibles anomalías al respecto a efect os de su regularización? Tercera. Asimismo, del grupo de fuera o excluidos de convenio ingresados desde abril de 2007, ¿cuántos continúan en estos momentos en la plantilla de la APLP o ejercen algún cargo público en la misma? Cuarta. Del mismo colectivo de fuera o excluidos de Convenio ingresados desde abril de 2007, fecha de aprobación de la L2007EBEP, ¿en cuántos casos se ha procedido a la regularización de la situación siguiendo procedimientos regidos por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del mencionado Capítulo I del Título IV? Si fuere el caso, ¿se ha informado a la IGAE al respecto? Asimismo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 2 que: 3. El currículum vítae de los altos cargos se publicará, tras su nombramiento, en el portal web del órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios. 4. En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra. 5. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto Esta declaración responsable, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado por la Oficina de Conflictos de Intereses, será remitida a la mencionada Oficina por el alto cargo. Asimismo, el alto cargo remitirá a la Oficina de Conflictos de Intereses, si ésta se lo solicita, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de idoneidad conforme a la declaración responsable suscrita. En consecuencia, y en virtud de lo anterior, así como del mencionado artículo 12, Derecho a la información pública, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se requiere a ese Consejo de Administración para que también suministre la siguiente información: Quinta.- ¿Mediante qué concreto sistema selectivo o procedimiento de ingreso se produjo la contratación por la APLP en 2008 del actual Director, ? Sexta.- ¿Considera el Consejo de Administración que se cumplió la Ley2007EBEP y los principios constitucionales de los art 14, 23 y 103?, ¿se ajusta dicho procedimiento a lo señalado en el informe emitido al respecto por la Abogacía del Estado el 1/08/2016 (solicitado por la APLP el 23 de julio de 2015), y a las Directrices de Puertos del Estado de 24 de junio de 2016, recibidas en la APLP el 18 de julio de 2016?. Séptima. ¿Cuáles fueron los méritos que se consignaron en la propuesta de enero de 2020 para designar Director de la APLP a de cara a cumplir los requisitos de años de experiencia portuaria dispuesto en el art 33.1 del TRLPEMM?. ¿Hay consignado algún requisito o mérito anterior a su ingreso en la APLP en 2008? Octava. ¿Conocía el Consejo de Administración de la APLP, como órgano competente en materia de personal, esta circunstancia respecto al ? ¿Cuántos trabajadores de la categoría de fuera o excluidos de Convenio ingresados con posterioridad a la L2007EBEP, estaban en análoga situación laboral a la del en cuanto a procedimiento de ingreso respecto a los sistemas selectivos dispuestos en la misma?. ¿Cuántos de este grupo fueron despedidos de forma improcedente, con indemnización, entre el último trimestre de 2011 y 2012? ¿Queda alguien de fuera o excluido de Convenio contratado tras la aprobación de la L2007EBEP en plantilla de la APLP, o en excedencia con derecho de reingreso, u ostentando algún Alto Cargo Público? Por último, el artículo 83 del TRLEBEP Provisión de puestos y movilidad del personal laboral establece que la provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. Al respecto, el informe del Abogado del Estado Jefe en las Palmas de 1/08/2016 indica los requisitos y procedimientos necesarios referidos al personal fuera o excluido de Convenio de acuerdo con los mencionados criterios de igualdad, mérito que establece el TRLEBEP y TRLPEMM siguiendo los enunciados principios de la C.E. En consecuencia, y en virtud de lo anterior, así como del mencionado artículo 12, Derecho a la información pública, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se requiere a ese Consejo de Administración para que también suministre la siguiente información: Novena. ¿Cuántos procedimientos de promoción o movilidad vertical (ascensos o mejoras de categorías) en puestos de fuera o excluidos de Convenio se han llevado a cabo desde 2016, año de emisión del mencionado informe de la Abogacía del Estado y de las directrices de Puertos del Estado? ¿Se ha producido alguna promoción o movilidad vertical definitiva y consolidada (ascenso o mejora de categoría) sin seguir dicho procedimiento? En su caso, ¿por qué motivo, en qué circunstancia, y quien sería responsable de ello, y como se prevé su subsanación, si fuere procedente?, ¿se ha informado a la IGAE sobre ello a efectos de su regularización? Décima. ¿Ha seguido la APLP lo señalado en el informe del Abogado del Estado Jefe de Las Palmas de 1/08/2016 respecto de las limitaciones que establece la normativa vigente del TRLEBEP para promociones, movilidades verticales, ascensos o mejoras de categoría de los trabajadores con los contratos indefinidos, no fijos, por no haber ingresado mediante los sistemas selectivos dispuesto en el Capítulo I del Título IV del TRLEBEP? Undécima. Desde la nueva reincorporación de como Presidente de la APLP en septiembre de 2019, ¿se ha modificado el contrato laboral ordinario o la categoría laboral como Jefe de División del que suponga promoción, movilidad vertical o ascenso?. Más en concreto, ¿ha habido alguna modificación de su contrato laboral ordinario previo a su nombramiento de Director o a consecuencia del mismo? En su caso, si se hubiese producido alguna mejora o modificación, ¿se ha ajustado la misma a lo dispuesto en el informe de la Abogacía del Estado de 1/08/2016? No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, con fecha de entrada el 16 de julio de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: Con fecha 14 de marzo de 2021, solicité información sobre alto cargo y personal fuera de convenio (equivalente a personal sujeto a sistemas de libre designación de la Administración), al órgano competente, es decir al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas), con personalidad jurídica propia, independencia y plena capacidad de acción en materia de personal, y el 15 de marzo de 2021 me responde alguien, sin identificar, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que no me he dirigido, y aunque es el Departamento al que está adscrito la Autoridad Portuaria de Las Palmas como ente público autónomo, no tiene conocimiento sobre el personal de las Autoridades Portuarias, ni competencias en materia del personal contratado por las Autoridades Portuarias, ni jerarquía funcional sobre las Autoridades Portuarias, y menos en materia de gestión de su personal. Tras cinco meses desde que presenté la solicitud, que no afecta a información protegida sobre ninguna persona, pues es innominada respecto del personal fuera de convenio (equivalente al de libre designación entre los funcionarios),y personal respecto del Director, que es un alto cargo, no he recibido respuesta alguna, habiéndose sobrepasado con creces el plazo establecido para tener una respuesta a mi solicitud de información. La referencia del expediente abierto sobre el asunto en el Portal de Trasparencia es 001- 057759, y el asignado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es 001- 055932. 3. Con fecha 20 de julio de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. No se ha presentado ninguna en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , su Presidente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita información sobre trabajadores de la categoría de Fuera o Excluidos de Convenio Colectivo que han ingresado en la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (en adelante APLP), como nueva incorporación, desde la aprobación del EBEP, en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración no ha dictado resolución expresa en el plazo legalmente establecido produciéndose, en consecuencia, los efectos del silencio administrativo. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente: 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. La Administración, a mayor abundamiento, perseverando en su conducta silente, tampoco aporta las razones para entregar o denegar la información en fase de reclamación, al no responder a la solicitud de alegaciones formulada por el Consejo de Transparencia. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante. 4. En lo que atañe al fondo del asunto planteado, debemos partir de la premisa que el derecho de acceso a la información pública está reconocido en la LTAIBG como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer el precitado artículo 12 que “[t]odas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, configurándose desde su preámbulo de forma amplia, al disponer que (i) son titulares todas las personas, (ii) que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y (iii) que solo se verá limitado en aquellos casos en que sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, indicando expresamente que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test del daño –del interés que se salvaguarda con el límite- y del interés público en la divulgación, de forma justificada, proporcionada y limitada por su objeto y finalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto los límites a este derecho que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG como las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 LTAIBG. Así lo ha proclamado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530), en la que sostiene que “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. “(…) ya hemos señalado que las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas. Claramente lo deja así señalado el artículo 14.2 de la Ley 19/2013 cuando dispone: << (...) 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso >>. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración (…), pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley.” Criterio que ha sido reiterado posteriormente en sus Sentencias de 10 de marzo de 2020 (recurso 8193/2018), 11 de junio de 2020 (recurso 577/2019), 19 de noviembre de 2020 (recurso 4614/2019) y 29 de diciembre de 2020 (recurso 7045/2019). En el caso que nos ocupa, tomando en consideración la naturaleza y alcance amplio del derecho constitucional de acceso a la información, y que no se han invocado ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ninguna de las causas de inadmisión y tampoco cualesquiera de los límites al acceso legalmente previstas que, como se ha expuesto sólo se han de aplicar si están lo suficientemente justificados, de manera clara e inequívoca, procede estimar la reclamación planteada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS, del MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. SEGUNDO: INSTAR a la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS, del MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: Primera. ¿Cuántos trabajadores de la categoría de Fuera o Excluidos de Convenio Colectivo han ingresado en la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (en adelante APLP) como nueva incorporación desde la aprobación de la L2007EBEP, tanto si se encuentran en activo en la misma en la actualidad, en excedencia o en cualquier otra circunstancia, y en que fechas ingresaron, en cada caso? Segunda. Del grupo anterior, fuera o excluidos de convenio ingresados desde abril de 2007, ¿cuántos de ellos ingresaron mediante procedimientos basados en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que desarrolla el Capítulo I del Título IV de la L2007EBEP, Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio de la mencionada ley? Si fuera el caso, ¿se ha informado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE en adelante) sobre posibles anomalías al respecto a efect os de su regularización? Tercera. Asimismo, del grupo de fuera o excluidos de convenio ingresados desde abril de 2007, ¿cuántos continúan en estos momentos en la plantilla de la APLP o ejercen algún cargo público en la misma? Cuarta. Del mismo colectivo de fuera o excluidos de Convenio ingresados desde abril de 2007, fecha de aprobación de la L2007EBEP, ¿en cuántos casos se ha procedido a la regularización de la situación siguiendo procedimientos regidos por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del mencionado Capítulo I del Título IV? Si fuere el caso, ¿se ha informado a la IGAE al respecto? Quinta.- ¿Mediante qué concreto sistema selectivo o procedimiento de ingreso se produjo la contratación por la APLP en 2008 del actual Director, ? Sexta.- ¿Considera el Consejo de Administración que se cumplió la Ley 2007EBEP y los principios constitucionales de los art 14, 23 y 103?, ¿se ajusta dicho procedimiento a lo señalado en el informe emitido al respecto por la Abogacía del Estado el 1/08/2016 (solicitado por la APLP el 23 de julio de 2015), y a las Directrices de Puertos del Estado de 24 de junio de 2016, recibidas en la APLP el 18 de julio de 2016? Séptima. ¿Cuáles fueron los méritos que se consignaron en la propuesta de enero de 2020 para designar Director de la APLP a de cara a cumplir los requisitos de años de experiencia portuaria dispuesto en el art 33.1 del TRLPEMM? ¿Hay consignado algún requisito o mérito anterior a su ingreso en la APLP en 2008? Octava. ¿Conocía el Consejo de Administración de la APLP, como órgano competente en materia de personal, esta circunstancia respecto al ? ¿Cuántos trabajadores de la categoría de fuera o excluidos de Convenio ingresados con posterioridad a la L2007EBEP, estaban en análoga situación laboral a la del en cuanto a procedimiento de ingreso respecto a los sistemas selectivos dispuestos en la misma?. ¿Cuántos de este grupo fueron despedidos de forma improcedente, con indemnización, entre el último trimestre de 2011 y 2012? ¿Queda alguien de fuera o excluido de Convenio contratado tras la aprobación de la L2007EBEP en plantilla de la APLP, o en excedencia con derecho de reingreso, u ostentando algún Alto Cargo Público? Novena. ¿Cuántos procedimientos de promoción o movilidad vertical (ascensos o mejoras de categorías) en puestos de fuera o excluidos de Convenio se han llevado a cabo desde 2016, año de emisión del mencionado informe de la Abogacía del Estado y de las directrices de Puertos del Estado? ¿Se ha producido alguna promoción o movilidad vertical definitiva y consolidada (ascenso o mejora de categoría) sin seguir dicho procedimiento? En su caso, ¿por qué motivo, en qué circunstancia, y quien sería responsable de ello, y como se prevé su subsanación, si fuere procedente?, ¿se ha informado a la IGAE sobre ello a efectos de su regularización? Décima. ¿Ha seguido la APLP lo señalado en el informe del Abogado del Estado Jefe de Las Palmas de 1/08/2016 respecto de las limitaciones que establece la normativa vigente del TRLEBEP para promociones, movilidades verticales, ascensos o mejoras de categoría de los trabajadores con los contratos indefinidos, no fijos, por no haber ingresado mediante los sistemas selectivos dispuesto en el Capítulo I del Título IV del TRLEBEP? Undécima. Desde la nueva reincorporación de como Presidente de la APLP en septiembre de 2019, ¿se ha modificado el contrato laboral ordinario o la categoría laboral como Jefe de División del que suponga promoción, movilidad vertical o ascenso?. Más en concreto, ¿ha habido alguna modificación de su contrato laboral ordinario previo a su nombramiento de Director o a consecuencia del mismo? En su caso, si se hubiese producido alguna mejora o modificación, ¿se ha ajustado la misma a lo dispuesto en el informe de la Abogacía del Estado de 1/08/2016? TERCERO: INSTAR a la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS, del MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez