Solicitud de documentación del expediente PFEA 2018 de Chauchina y resultado de inadmisión

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 640/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), y mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2020, la siguiente información: La información solicitada se encuentra en Expediente nº1805918BC01 PFEA 2018/Ordinario Chauchina (Granada) en la sección PFEA de la Dirección provincial en Granada del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se solicita acceso a: S/REF: N/REF: R/0640/2020; 100-004215 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Trabajo y Economía Social/SEPE Información solicitada: Documentación Expediente Sentido de la resolución : Inadmisión a trámite Subdirección General de Reclamaciones • Resolución SEPE de fecha 30/09/2019, de modificación del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01), solicitado por el Ayuntamiento de Chauchina con fecha 21/06/2019 a la Sección PFEA de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Público de Empleo Estatal. • Documentos acreditativos (asiento en registro de salida del registro electrónico general) de la notificación al Ayuntamiento de Chauchina de la Resolución SEPE de modificación del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01). • Resolución SEPE de concesión de prórroga de la ejecución de obras del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01) hasta el 31 de diciembre de 2019. • Documento acreditativo (asiento en registro de salida del registro electrónico general) de la notificación al Ayuntamiento de Chauchina de la Resolución SEPE de concesión de prórroga para la ejecución de obras del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01) hasta el 31 de diciembre de 2019. • Anexo 3: Informe de fin de obra o servicio del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01). • Anexo 2.3: Certificado de pago final del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01). • Memoria descriptiva y gráfica de las actuaciones llevadas a cabo, con informe detallado de las obras y servicios realizados, firmada por el técnico municipal y con VºBº Alcalde (Exp. nº 1805918BC01). • Requerimiento de presentación para la correcta justificación de la subvención recibida de la Memoria descriptiva y gráfica de las actuaciones llevadas a cabo, con informe detallado de las obras y servicios realizados, firmada por el técnico municipal y con VºBº Alcalde del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01). • Documentos acreditativos (asiento en registro de entrada del registro electrónico general) de la presentación por el Ayuntamiento de Chauchina de la Memoria descriptiva y gráfica de las actuaciones llevadas a cabo, con informe detallado de las obras y servicios realizados, firmada por el técnico municipal y con VºBº Alcalde del PFEA 2018 Chauchina (Exp. nº 1805918BC01). MOTIVACIÓN: Se motiva el acceso a la información pública contenida en Expediente nº1805918BC01 PFEA 2018/Ordinario de Chauchina, para prueba documental en procedimiento judicial por Despido 1036/2019, ante el Juzgado de los Social Nº2 de Granada contra el Ayuntamiento de Chauchina con vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de procedimiento judicial de reclamación de condición de indefinido no fijo 301/2019 sustanciado ante el Juzgado de lo Social Nº7 de Granada, pendiente de celebración de vista judicial. No consta respuesta de la Administración. 2. Con fecha de entrada 26 de septiembre de 2020, el solicitante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que reitera el contenido de su solicitud y alega lo siguiente: Denegación de acceso a información pública por selección administrativo al Expediente nº1805918BC01 PFEA 2018/Ordinario Chauchina (Granada) que se en cuentra en la sección PFEA de la Dirección provincial en Granada del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 4, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la mism a norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo del asunto, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, se comprueba que el motivo por el que el interesado presenta reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como él mismo explica, parte del hecho de que la información pública contenida en Expediente nº1805918BC01 PFEA 2018/Ordinario de Chauchina, que es el objeto de su solicitud de información, se requiere para prueba documental en procedimiento judicial por Despido 1036/2019, ante el Juzgado de los Social Nº2 de Granada contra el Ayuntamiento de Chauchina con vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de procedimiento judicial de reclamación de condición de indefinido no fijo 301/2019 sustanciado ante el Juzgado de lo Social Nº7 de Granada, pendiente de celebración de vista judicial. En consecuencia, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se trata de una cuestión laboral de carácter particular, que no guarda relación con una solicitud de información al amparo de la LTAIBG ni, por lo tanto, tiene como objetivo alcanzar las finalidades que persigue la norma. Tal y como se desprende del escrito que dirige a este Consejo de Transparencia, el reclamante se refiere a documentación relativa a un proceso judicial por despido, según parece, que la parte recurrente considera improcedente. Al respecto, debe señalarse que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales sobre el derecho de acceso a la información, entre los que destacan la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de fecha 16 de octubre de 2017, dictada en el PO 50/2016 en el que indica que el derecho de acceso a la información “es un derecho de los ciudadanos de nueva creación que en nada amplía los derechos de los interesados que ya se reconocían en el art. 30 y siguientes de la Ley 30/1992, y más en concreto en el art. 35 a) cuando establece el derecho de acceso permanente para conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a la obtención de copias de documentos contenidos en ellos, precepto que el Tribunal Supremo ha venido interpretando en el sentido de que "lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en ellos" (Sentencia de 26 de enero de 2011, entre otras). Por lo tanto el interesado en un procedimiento no necesita invocar la LTBG para realizar una acceso que ya tiene reconocido, y con carácter mucho más amplio, desde la promulgación de la Ley 30/1992, que es la específicamente aplicable a su posición jurídica. (...) no cabría obtener al amparo de la LTYBG lo que no se puede conseguir invocando la condición de directamente interesado en el procedimiento sancionador, y luego la de parte legítima en el proceso jurisdiccional (…) QUINTO.- Si la parte actora carece de derecho subjetivo al acce so a dicha información en tanto que interesado directo en el procedimiento, menos aún podría ostentar en este caso dicho derecho actuando como ciudadano, o como "público" que invoca el derecho reconocido en la normativa que regula la transparencia y buen gobierno (...)”. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Audiencia Nacional en sentencia de 9 de julio de 2018 dictada en el recurso de apelación nº 8/2018. Asimismo, también debemos traer a colación la reciente Sentencia nº 32/2020, de 12 de mayo, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 en el PO 29/2019 , que se pronuncia en los siguientes términos: "(…) No se cuestiona por tanto el derecho de acceso a la información si bien ha de hacerse, como en el caso considerado, tal como dispone la Ley de Trasparencia en su Disposición Adicional primera, que conecta con el derecho de acceso de los particulares en sus relaciones con la Administración Pública a aquellos documentos obrantes en los expedientes administrativos en que tengan la condición de interesados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Ley de Transparencia tiene por objeto, como se ha visto, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la misma y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento, según su artículo primero, pero ello no anula otros posibles canales de acceso a la información pública, como la que conste en un procedimiento de concurrencia competitiva en que esté interesado quien haya participado en el mismo, a fin de comprobar su regularidad y de actuar frente a una posible actuación incorrecta. En semejante tesitura, el legítimo el interés del aspirante a conocer los exámenes de otros y las actas de las Comisiones Delegadas en que se contienen las calificaciones desglosadas de los mismos, no se compadece con la finalidad de control de la actuación pública a que responde la Ley de Trasparencia, y es manifestación antes bien del interés particular en verificar que su examen ha sido correctamente valorado.” 4. Teniendo en cuenta lo anterior, debe señalarse que, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la cuestión de fondo debatida es de carácter estrictamente particular - procedimiento judicial por Despido 1036/2019, ante el Juzgado de lo Social Nº2 de Granada- , y no guarda relación con una solicitud de información que pueda ampararse en el derecho de acceso reconocido y garantizado en la LTAIBG por cuanto no responde las finalidades que persigue la norma. En consecuencia, entendemos que no puede entrarse a valorar las cuestiones planteadas por el reclamante, que debe solicitar los medios de prueba que estime pertinentes en defensa de sus intereses en el seno del proceso judicial que se esté llevando a cabo y al amparo de la normativa que sea de aplicación. Por ello, entendemos que no cabe acoger los argumentos en los que se basa la presente reclamación que, en consecuencia, ha de ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , con entrada el 26 de septiembre de 2020, contra el MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo 6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a23 dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez 7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a112 8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9