Acceso a expedientes de expropiación forzosa para autopista de peaje

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 633/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en nombre y representación de Titulización de Activos, Sociedad gestora de Fondos de Titulización, S.A, (a su vez en nombre y representación de TDA 2015-1, Fondo de Titulización; TDA 2017-2, Fondo de Titulización; y BOTHAR, Fondo de Titulización), y de Kommunalkredit Austria AG, solicitó al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MURCIA (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA), y amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 19 de diciembre de 2018 (reiterada el 22 de mayo y 1 de agosto de 2019), información en los siguientes términos: S/REF: N/REF: R/0633/2019; 100-002893 Fecha: 2 de diciembre de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Política Territorial y Función Pública Información solicitada: Expedientes de Expropiación forzosa para autopista de peaje Subdirección General de Reclamaciones 1º. Que los Acreedores están personados como interesados en los expedientes de liquidación del contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Cartagena-Vera, del que era titular la entidad Autopista de la Costa Cálida, Concesionaria Española de Autopistas, S.A. ("AUCOSTA" y, el "Contrato de Concesión"). 2º. Que los Acreedores son titulares de la mayoría de la deuda financiera que sirvió para la ejecución del Contrato de Concesión por su titular. Condición que los Acreedores tienen reconocida judicialmente, como titulares de la prenda otorgada por la concesionaria en garantía del pago de la deuda financiera sobre el derecho de crédito de la Concesionaria derivado de la resolución del Contrato de Concesión (comúnmente denominado responsabilidad patrimonial de la Administración o RPA). 3º. Que, con fecha 19 de noviembre de 2018 hemos tenido conocimiento de la "Resolución del Ministerio de Fomento por la que en el expediente de liquidación de determinados contratos de concesión de autopistas se otorga un primer trámite de audiencia" (la "Resolución"). 4º. Nuestras representadas son titulares de los derechos de crédito derivados de la liquidación de los contratos de concesión, y se han personado en el referido expediente como interesadas (tal como se acredita mediante copia de los escritos de personación que se acompañan conjuntamente, escrito y justificante de presentación, como Documento nº 2). 5º. Por medio de la Resolución, la Administración del Estado requiere a las concesionarias de autopistas para que en el plazo de quince días aporten toda la documentación necesaria para completar o corregir la documentación relativa a los expedientes de expropiación que obran en poder de la Administración del Estado, y realiza una serie de manifestaciones sobre la carga de la prueba de los datos e información que no le consta en su expediente incompleto. 6º. Sin perjuicio de formular expresa reserva de sus derecho para defender que corresponde a la Administración, y no a la concesionaria ni a esta parte, la carga de la prueba sobre hechos, datos e informaciones que forman parte de procedimientos administrativos tramitados por la propia Administración, mis representadas han procedido a desplegar toda su diligencia para recabar y aportar cuantos documentos y datos sea posible en el breve plazo concedido, para su incorporación al expediente administrativo de liquidación. (…) SOLICITO que tenga por presentado este escrito y proceda a: 1. Facilitar los datos correspondientes a: d) la fecha en que el expediente de justiprecio fue registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación, en los términos del Artículo 39 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en relación con todas y cada una de las fincas expropiadas para la construcción de la autopista de peaje Cartagena-Vera, del que era titular AUCOSTA. Para facilitar la labor de este Jurado, adjunto se envía un Excel indicativo que relaciona la información de que se dispone respecto de cada una de las fincas como Documento nº 3; e) la fecha en la que el jurado notificó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; f) en su caso, las fechas en que: a) se interpuso el recurso de reposición contra la resolución del Jurado en la que se fija el justiprecio; y b) la fecha en la que se notificó la decisión de dicho recurso de reposición, igualmente para cada finca. 2. Proporcionar copia completa de los expedientes expropiatorios de cada finca o, al menos, la documentación acreditativa de las fechas indicadas en los apartados a), b) y c) del punto 1 anterior. 3. Proporcionar copia de la documentación a la Delegación de Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que complete el expediente de liquidación. 4. Que proporcione la documentación anterior de cualesquiera fincas y expedientes expropiatorios de que tenga constancia, ya incluidas o no en el Documento nº3. 2. Mediante resolución de 8 de agosto de 2019, la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA contestó al solicitante lo siguiente: De orden del Sr.Magistrado-Presidente, se le comunica que, examinado en sesión de 8 de Abril de 2019 su escrito presentado en representación de las sociedades: Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización S.A. y Kommunalkredit Austri.a AG, relativo a la solicitud de información y copia de los expedientes expropiatorios que se relacionan en los documentos que lo acompañan, este jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Murcia ha acordado: Que, dado que la formación y tramitación de los expedientes expropiatorios es competencia de la Administración Expropiante (art. 2 LEI" y 3 REF), no corresponde a este jurado proporcionar copia de los mismos, ya que obran en poder de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, por lo que es este Organismo el que debe cumplimentar dicha petición. En consecuencia, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 18 d) y art. 19.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se deniega la solicitud de información y se resuelve remitir la misma a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. 3. Frente a dicha respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada de 4 de septiembre de 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que alegó lo siguiente: (…) 5. La documentación e información cuyo acceso solicitaron mis representadas se subsume dentro del concepto de información pública definido en el artículo 13 de la LTAIBG, entendido como tal "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". 6. La denegación por parte del JPEF de la solicitud de acceso a la información pública formulada por mis representadas vulnera, a nuestro respetuoso juicio, el articulado de la LTAIBG, por cuanto el ejercicio del citado derecho solamente podría denegarse por las causas enumeradas, con carácter tasado y de interpretación restrictiva, en los artículos 14 (Límites al derecho de acceso) y 18 (Causas de inadmisión) de la LTAIBG. En este sentido, tal y como señala la LTAIBG en su Preámbulo, el derecho de acceso a la información pública "solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos". 7. En el caso que nos ocupa no concurre ninguno de los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información pública ni ninguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso previstos, respectivamente, en los artículos 14 y 18 de la LTAIBG, por lo que la denegación de la solicitud de información debe considerarse contraria a dichos preceptos. (…) 9. Pues bien, esta representación no entiende cómo es posible que el JPEF se ampare en el artículo 18 d) y 19.1 de la LTAIBG, referidos a causas de inadmisión a trámite cuando el órgano referido no tenga en su poder la información solicitada, cuando es el propio JPEF el que tramitó estos expedientes, determinando el justiprecio y resolviendo, en su caso, los recursos de reposición interpuestos contra sus propias resoluciones de determinación de justiprecio. Como órgano competente para tramitar estos expedientes, esta parte entiende que es imprescindible que el JPEF disponga de la información solicitada, siendo inexcusable alegar desconocimiento para denegar nuestra solicitud de acceso a la información y obligar a mis representadas a acudir a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia (cuando es evidente que dicha Demarcación no es el órgano autor de la información pública solicitada). 10. A mayor abundamiento, es preciso tener en cuenta que la información pública requerida a los restantes Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa es, con carácter general, más abundante y tediosa que la requerida al JPEF de Murcia, en tanto que el listado de expedientes expropiatorios de los que se solicitaba información era mucho más extenso y afectaba a distintas Comunidades Autónomas. A pesar de lo anterior, lo cierto es que en la actualidad se ha recibido respuesta de todos los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa requeridos, los cuales han aportado a mis representadas la información pública solicitada. De este modo, el JPEF de Murcia es el único de toda España que ha denegado nuestra solicitud de información pública y lo ha hecho, además, transcurridos ocho meses desde que se presentó el requerimiento de información. En relación con la citada vulneración de la finalidad perseguida por la LTAIBG, resulta de especial interés destacar la Resolución de este CTBG de 19 de abril de 2016 (N/REF: R/0086/2016), en la que se señaló lo siguiente: "[…] puede concluirse que la tramitación ha sido excesivamente dilatada en el tiempo y claramente contraviene la literalidad y el espíritu de la LTAIBG que ampara un procedimiento ágil y rápido para la resolución de solicitudes de acceso a la información. Se recuerda, por lo tanto, a este respecto la importancia de respetar los plazos previstos en la norma y evitar una dilación excesiva del procedimiento que atente contra el derecho reconocido a los ciudadanos". En el mismo sentido, véase la Resolución de 15 de junio de 2016 (N/REF: R/0105/2016), o la Resolución de 9 de mayo de 2016 (N/REF: R/0073/2016), en la que este CTBG señaló que "procede recordar la obligación de los organismos y entidades públicos de responder las solicitudes presentadas por los ciudadanos así como la necesidad de respetar los plazos legales en materia de transparencia y acceso a la información pública con el fin de hacer efectivo el ejercicio de un derecho de rango constitucional". 4. Con fecha 9 de septiembre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, a través de su Unidad de Información de Transparencia, al objeto de que por dicho Departamento se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas; solicitud que, ante la falta de respuesta, se reiteró con fecha 14 de octubre de 2019. Finalmente, mediante escrito con registro de entrada el 18 de octubre de 2019, la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA alegó lo siguiente: Como ya se informó en la resolución adoptada el 8 de Julio por este Jurado, la formación y tramitación de los expedientes expropiatorios es competencia de la Administración Expropiante (art. 2 LEF y 3 REF), por lo que no corresponde a este Jurado proporcionar copia de los mismos, ya que obran en su integridad en poder de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, El Jurado de Expropiación únicamente interviene en caso de que no se alcance avenencia sobre el justo precio del bien expropiado (art. 31 LEF), al que se remite, en esos casos, únicamente la pieza separada, no el expediente en su totalidad. A más abundamiento, este Jurado ha podido comprobar, previa consulta a la Administración Expropiante, que en el listado de fincas que se aporta, hay numerosas de las que el Jurado no tiene dato alguno, ya que hubo avenencia con el expropiado, por lo que nunca llegaron a remitirse a este órgano, y en consecuencia, ninguna información puede facilitarse al respecto. Por otro lado, la petición genérica de documentación de “cualesquiera fincas y expedientes de que se tenga constancia” es imposible de cumplimentar por indeterminada así como porque es la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, como se vuelve a reiterar, la que dispone de todos los documentos, datos e información de los expedientes expropiatorios, por lo que este Jurado considera que debe ser dicho órgano el competente para atender la reclamación presentada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, este Consejo de Transparencia considera necesario realizar una serie de consideraciones de carácter formal relativas al plazo en que debe resolverse una solicitud de acceso a la información pública. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el presente caso, según consta en el expediente y figura en los antecedentes de hecho, la solicitud de acceso inicial se presentó el 19 de diciembre de 2018, siendo reiterada en dos ocasiones por parte del solicitante con fecha 22 de mayo y 1 de agosto de 2019. Por otra parte, la resolución sobre el derecho de acceso es de fecha 8 de agosto de 2019 y, según consta en la misma la solicitud es examinada en la reunión de 8 de abril de 2019, lo que permite concluir que se está contestando a la solicitud de información inicial, de 19 de diciembre de 2018. Es decir, tal y como advierte el reclamante, se proporciona respuesta 8 meses después, transcurrido por lo tanto el plazo de un mes para resolver y notificar que establece la LTAIBG, sin que conste justificación para ello y resolviendo la inadmisión de la solicitud. En este sentido, se recuerda que, según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientemente R/0628/2018 y R/017/19 ) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/01.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/03.html humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Respecto al fondo del asunto, cabe señalar que el objeto de la solicitud de información se concretaba en una serie de datos y la copia de los expedientes de expropiación realizados con motivo de la construcción de la autopista de peaje Cartagena-Vera y que la resolución recurrida considera de aplicación la causa inadmisión prevista en el artículo 18.1 d) de la LTAIBG que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente, y el artículo 19.1 de la LTAIBG que establece que Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Se argumenta en la resolución que la formación y tramitación de los expedientes expropiatorios es competencia de la Administración Expropiante (art. 2 LEF" y 3 REF), no corresponde a este jurado proporcionar copia de los mismos, ya que obran en poder de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, motivo por el cual ha remitido la solicitud a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Asimismo, se explica en vía de alegaciones que El Jurado de Expropiación únicamente interviene en caso de que no se alcance avenencia sobre el justo precio del bien expropiado (art. 31 LEF), al que se remite, en esos casos, únicamente la pieza separada, no el expediente en su totalidad; así como, que ha comprobado que en el listado de fincas que se aporta, hay numerosas de las que el Jurado no tiene dato alguno, ya que hubo avenencia con el expropiado, por lo que nunca llegaron a remitirse a este órgano. A este respecto, cabe indicar primero que la alegada Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa establece: - En el Artículo segundo: 1. La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio. - En el Artículo veinticinco: Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio. - En el Artículo veintiséis: 1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. 2. A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables (…) - En el Artículo treinta y uno: Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación. - En el artículo treinta y cuatro: El Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. - Y en el Artículo treinta y cinco: 1. La resolución del Jurado de expropiación habrá de ser necesariamente motivada, razonándose los criterios de valoración seguidos por el mismo en relación con lo dispuesto en esta Ley. 2. Esta resolución, que se notificará a la Administración y al propietario, ultimará la vía gubernativa y contra la misma procederá tan sólo el recurso contencioso-administrativo. 5. De la legislación anterior, cabe concluir, tal y como alega el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que el expediente de expropiación forzosa lo realiza la Administración (en este caso estatal) que tiene la necesidad de expropiar con el objeto, en el presente supuesto, de construir una autopista de peaje, y a la que, por tanto, le corresponde la tramitación de los expedientes. Asimismo, hay que señalar que dentro del citado procedimiento de expropiación la fijación del justo precio se tramita como pieza separada y se abre un expediente individual a cada uno de los propietarios, y sólo en los casos en los que el propietario rechace el precio fundado ofrecido por la Administración, se traslada el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación. En consecuencia, a juicio de este Consejo de Transparencia, el Jurado provincial dispondría de una parte del procedimiento de expropiación forzosa (pieza separada para fijar el precio) y sólo en caso de rechazo del precio ofrecido por la Administración. Esta circunstancia lleva a concluir que sí obra en su poder una parte de la información pública solicitada, que, como previene el artículo 13 de la LTAIBG, ha sido elaborada y adquirida en el ejercicio de sus funciones. Así, recordemos que en la solicitud de información se pide la fecha en que el expediente de justiprecio fue registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación (para facilitar la labor de este Jurado, adjunto se envía un Excel indicativo que relaciona la información de que se dispone respecto de cada una de las fincas como Documento nº 3); la fecha en la que el jurado notificó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; las fechas en que: a) se interpuso el recurso de reposición (aunque es cierto que la LEF habla de recurso contencioso-administrativo) contra la resolución del Jurado en la que se fija el justiprecio; y b) la fecha en la que se notificó la decisión de dicho recurso de reposición, igualmente para cada finca. Por otro lado, llama la atención que el reclamante informa, y este Consejo no tiene por qué ponerlo en duda (tal y como tampoco ha hecho el Jurado provincial de Murcia), que se ha recibido respuesta de todos los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa requeridos, los cuales han aportado a mis representadas la información pública solicitada. De este modo, el JPEF de Murcia es el único de toda España que ha denegado nuestra solicitud de información pública (…). Por lo tanto, y en base a los argumento expuestos, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene encaje la citada causa de inadmisión al respecto de las cuestiones planteadas en la solicitud, por lo que reclamación debe ser estimada a este respecto. No obstante, no puede alcanzarse la misma conclusión respecto a la petición genérica de documentación de “cualesquiera fincas y expedientes de que se tenga constancia”, que es imposible de cumplimentar por indeterminada, tal y como argumenta el Jurado. En definitiva, la alegada causa de inadmisión no puede ser aplicable al presente supuesto, fundamentalmente, porque el Jurado posee una parte de la información solicitada, y, de hecho, en sus alegaciones manifiesta que no corresponde a este Jurado proporcionar copia de los mismos, ya que obran en su integridad en poder de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, no siendo lo mismo el expediente completo que la mencionada información. Asimismo, a nuestro juicio tampoco sería de aplicación la causa de inadmisión invocada al resto de la información solicitada, por cuanto recordemos, la misma posibilita inadmitir una solicitud de acceso cuando i) se carezca de la información solicitada y ii) se desconozca el competente. Tal y como consta en los antecedentes de hecho, en el presente supuesto no sólo no desconoce el competente sino que se confirma en la resolución por la que se da respuesta a la solicitud de información que la misma ha sido remitida a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, en aplicación del artículo 19.1, que regula un acto de trámite de aplicación en el procedimiento de respuesta a la solicitud, que sí es de aplicación. 6. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deduce que la información a la que se refieren los puntos 2 y 3 de la solicitud de información (copia completa de los expedientes expropiatorios de cada finca (…) copia de la documentación a la Delegación de Gobierno en la Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que complete el expediente de liquidación), sí entendemos que no obran en poder del Jurado provincial de Murcia y que, por lo tanto, han de ser proporcionadas por la mencionada Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, a la que se ha dirigido la solicitud. Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la reclamación debe ser estimada parcialmente. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la Reclamación presentada por en nombre y representación de Titulización de Activos, Sociedad gestora de Fondos de Titulización, S.A, (a su vez en nombre y representación de TDA 2015-1, Fondo de Titulización; TDA 2017-2, Fondo de Titulización; y BOTHAR, Fondo de Titulización), y de Kommunalkredit Austria AG, con entrada el 4 de agosto de 2019, contra la resolución de 8 de agosto de 2019 del JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MURCIA (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA). SEGUNDO: INSTAR al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MURCIA (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA), a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al representante de los reclamantes la siguiente información: -1. (…) los datos correspondientes a: d) la fecha en que el expediente de justiprecio fue registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación, en los términos del Artículo 39 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en relación con todas y cada una de las fincas expropiadas para la construcción de la autopista de peaje Cartagena-Vera, del que era titular AUCOSTA. Para facilitar la labor de este Jurado, adjunto se envía un Excel indicativo que relaciona la información de que se dispone respecto de cada una de las fincas como Documento nº 3; e) la fecha en la que el jurado notificó la resolución fijando el justiprecio de cada finca; f) en su caso, las fechas en que: a) se interpuso el recurso de reposición contra la resolución del Jurado en la que se fija el justiprecio; y b) la fecha en la que se notificó la decisión de dicho recurso de reposición, igualmente para cada finca. TERCERO: INSTAR al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE MURCIA (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA), a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda