Solicitud de información sobre el coste de las vacaciones del Presidente del Gobierno en el verano de 2020 y resultado estimatorio por motivos formales

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 630/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 13 de abril de 2021, solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO la siguiente información: Solicito toda la información detallada del coste de las vacaciones del Sr Presidente y señora, con sus amigos, durante el verano de 2020. Un español cuando se va de vacaciones paga el hotel y el apartamento, aparte la manutención. Este español y sus amigos deben de ser diferentes, y solicito saber que he pagado con mis impuestos. 2. Mediante resolución de fecha 24 de junio de 2021, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: 001-055872 N/REF: R/0630/2021; 100-005565 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Secretaría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Coste de las vacaciones del Sr. Presidente Subdirección General de Reclamaciones El artículo 5 del Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, atribuye a la Vicesecretaría General el ejercicio de las funciones que correspondan a la Secretaría General en materia de transparencia. A su vez, se consideran información pública, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Atendiendo al artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada es objeto de publicidad activa, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como puede acceder a ella. En consecuencia, la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno RESUELVE Inadmitir a trámite la solicitud presentada. La Ley de Presupuestos Generales del Estado no contempla una dotación económica diferenciada para las vacaciones del Presidente del Gobierno que se corresponda con la información solicitada. Los gastos del estado se ordenan según su “naturaleza económica”, clasificados por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. La herramienta informática a través de la cual se gestiona el presupuesto reproduce esta estructura normativa, y agrupa los gastos en los diferentes capítulos de gasto con un nivel máximo de desagregación de subconcepto. En este sentido, los gastos que pudieran entenderse relacionados con el periodo vacacional del Presidente del Gobierno, se contabilizan mediante imputación, según la naturaleza del gasto, al crédito correspondiente dentro de los capítulos 1: “Gastos de personal”, capítulo 2: “Gastos en bienes corrientes y servicios” y capítulo 6: “Inversiones reales”, del “Programa presupuestario 912M: Presidencia del Gobierno”, en la “Sección: 25: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática”. En consecuencia, no es posible individualizar el importe que corresponda a los gastos ocasionados con motivo del periodo vacacional del Presidente del Gobierno durante el verano del año 2020 dentro del gasto total que se agrupan en dichos capítulos presupuestarios. Ello supondría reelaborar nuevamente toda la información y, además, hacerlo paralelamente en dos soportes diferentes, el oficial que responde a los requisitos de información que demandan los órganos de control presupuestario, y uno propio que permitiera atender demandas de información particulares. En todo caso, puede consultar los créditos asignados a la Presidencia del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 el siguiente enlace: Presupuestos Generales del Estado (hacienda.gob.es) 3. Disconforme con esta respuesta, con fecha de entrada el 15 de julio de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 4. Con fecha 15 de julio de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Las alegaciones de la Administración se reiteran en lo expuesto en la resolución reclamada, añadiendo lo siguiente: Que examinada la reclamación ante Consejo de la Transparencia número 100-05565, interpuesta, en relación con la solicitud de acceso a información pública número 001-055872, se comprueba que la misma se presentó por no haber recibido contestación a la solicitud de información presentada. No obstante, dicha solicitud de información fue resuelta, y notificada, en fecha del 15 de julio de 2021. Adicionalmente, señalar el Ordenamiento jurídico no establece ningún periodo determinado en el que el Presidente del Gobierno deje de ejercer sus funciones, por lo que la Institución continúa su actividad con independencia de que esta se realice desde una residencia oficial distinta a la habitual. Así, el Presidente del Gobierno, durante el periodo estival del año 2020, se desplazaba a la residencia oficial de La Mareta, en la Isla de Lanzarote, entre los días 5 y 14 de agosto, no generándose ningún gasto en concepto de alquiler, ni gastos de manutención distintos a los habituales en la residencia oficial de La Moncloa. En consecuencia, determinar el coste de la estancia del Presiente del Gobierno en la residencia oficial de La Mareta en el año 2020, requeriría de una labor de reelaboración que, en su caso, pudiera permitir determinar inicialmente qué gastos de los diferentes subconceptos presupuestarios se corresponden con las fechas señaladas y, posteriormente, qué parte de esos gastos podrían ser atribuibles a la estancia en Lanzarote, ya que los gastos habituales del Presidente del Gobierno se mantienen independientemente de que se aloje en una residencia oficial o en otra. Por tanto, SOLICITA que se resuelva de forma desestimatoria la reclamación formulada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , su Presidente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos extendiéndose a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita información sobre el “coste de las vacaciones del Sr Presidente y señora, con sus amigos, durante el verano de 2020”, en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración concede el acceso, aunque fuera del plazo de un mes que establece el artículo 20.1 de la LTAIBG. Por su parte, el reclamante alega que no ha recibido contestación a su solicitud de acceso, pero los documentos que figuran en el expediente demuestran lo contrario. De hecho, el reclamante aporta junto a su reclamación -que coincide en la fecha de presentación con la notificación de la resolución administrativa -copia de la contestación emitida por la Administración. Entendemos, pues, que la Administración ha entregado la información que obra en su poder relacionada con la cuestión planteada por el reclamante, como consta en los antecedentes de hecho. En casos como éste, en que la respuesta completa a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el artículo 20.1 de la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información completa se le ha proporcionado si bien, como decimos, en fase de reclamación. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación completa de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la resolución de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez