Solicitud de listado de peritos judiciales contadores en Valladolid y resultado desestimado

Con$ ~10 (jc lr-<~Mpil renclil .,. 8Ut'll Gob1erno Resolución 601/2018 S/REF: N/REF:R/0601/2018;100-001686 Fecha: 15 de enero de 2018 Reclamante Dirección A dministración/Orga nismo: Ministerio de Justicia Información so licitada: Listado Peritos Judiciales Contadores en Valladolid l. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, unidad adscrita al MINIS TERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. de transparencia. acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 24 de agosto de 201 8, la siguiente información: • Lista de Peritos Judiciales Contadores Partidores General y de Turno de Oficio del 2013 en la sede judicial de Valladolid, en tanto en cuanto se trata de una actividad sujeta a Derecho Administrativo (art. 1 UCA}, recogida entre las funciones de esta administración de Justicia y reglada en el art. 6.6 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, arts. 45 y 46 RO 996/2003 (modif por RO 1455/2005}, Reglamento de asistencia jurídica gratuita, art. 341 LEC y Protocolo de actuación del Servicio común Procesal para la asignación de Peritos Judiciales conforme a la ley 1/2000 LEC del pleno del CGPJ de 9-5-2005 e Instrucción Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Redama ciones FRANCI SCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 16/01/2 019 18:41 1 Sin acción específica Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 5/2001 del pleno del CGPJ, modificada por el Acuerdo de 28 de octubre de 2010 del Pleno del CGPJ, encontrándose incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley recogido en el art. 2 de la ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: (…) xSi bien la Ley de Transparencia no exige al solicitante motivar las solicitudes de acceso previstas en la ley (art. 17.3), no obstante manifiesto y alego que la información solicitada, la Lista de peritos judiciales contadores partidores , debe ser no sólo accesible mediante solicitud sino publicada en la web de los Colegios de Abogados, así como en las Gerencias de Justicia y Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en calidad de destinatarias de Comunicación o Cesión del registro de dicha lista para el cumplimiento de los fines legales establecidos, tal como disponen los Registros de Actividades de tratamiento y Protección de Datos de los Colegios de Abogados (Cfr. el de ICAM e ICASAL, adjuntos como documentos nº 1 y 2), con base en el art. 6.1.c) y e) del Reglamento UE 679/2016, RGPD, en interés público y cumplimiento de obligación legal del responsable del tratamiento establecido en la LEC, conforme a los arts. 5 y 6 de la Ley de transparencia, tal como publican activamente otros colegios de abogados u otros colegios profesionales, como el Colegio de Abogados de Salamanca, Tenerife, Barcelona, Madrid, etc. No así el ICAVA. (…) xPor tanto, el derecho de acceso a la información solicitada constituye una garantía para el ciudadano y los profesionales respecto al control del cumplimiento de los fines y funciones de los Colegios Profesionales de la administración de justicia y de los juzgados y tribunales, establecidos en los arts. 341 y 784.3 LEC, art. 6.6 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, y de los arts. 45 y 46 del RO 996/2003 (modif. por RD 1455/2005), Reglamento de asistencia jurídica gratuita, conforme a la jurisprudencia establecida por la Audiencia Nacional en SAN 29-6-2017 (Sala contencioso- administrativo, Sec. Tercera, Rec. Núm. 375/2015), en aras al cumplimiento de los requisitos de legalidad y control de los Presupuestos de la Administración del Estado, independencia e imparcialidad (art. 335.2 LEC) y control del régimen de incompatibilidades de los peritos judiciales (arts. 1 y 20.1, 2 y 3 Ley 53/1984 de Incompatibilidades de los funcionarios públicos). xAsimismo el derecho de acceso a la información pública solicitada constituye una garantía para el ciudadano y los profesionales, tanto como de control por la administración del funcionamiento de los colegios profesionales, dispuesto en los arts. 1.3 y 2.1, con los criterios establecidos en el art. 5.h, i, k, 1, todos de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, en aras a la designación de peritos por los tribunales objetivamente y siguiendo el procedimiento legal de la relación de Subdirección General de Reclamaciones peritos judiciales, la ética y la dignidad y el respeto de los derechos de los particulares, impedir la competencia desleal y el intrusismo profesional . xEl derecho de acceso a las listas de peritos judiciales del turno de oficio está previsto legalmente en el art. 5.1 y 2 RO 996/2003, que establece la disposición por las Comisiones de AJG y el derecho de acceso público ante las mismas a "las listas de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita ". 2. Mediante resolución de fecha 14 de septiembre de 2018, la Gerencia Territorial de Castilla y León, de Valladolid, adscrita al MINISTERIO DE JUSTICIA, contestó al interesado que “esta Gerencia no dispone de la documentación solicitada ni posee competencia sobre dicha documentación.” 3. Frente a dicha respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 19 de octubre de 2018 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: xLa resolución no está motivada ni fundamentada en derecho, porque es absolutamente contraria a derecho y a la fundamentación jurídica alegada y acreditada en la solicitud, a la que remito y reitero en esta reclamación. xEn resumen, el organismo es competente y posee la información en calidad de cesionario del organismo que la elabora (art. 13 LTAIBG, "adquiridos en el ejercicio de sus funciones"), el Colegio de Abogados, ICAVA, en este caso, en virtud del mandato legal del art. 341, 339.1 y 342.3 LEC, art. 6.6 ley 1/1996, LAJG, arts. 45 y 46 RD 996/2003, reglamento de asistencia jurídica gratuita, el art. 6.1. c) y e) del Reglamento UE 679/2016, RGPD. 4. Con fecha 19 de octubre de 2018, el Consejo de Transparencia remitió el expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que formulara las alegaciones que considerara oportunas. Con fecha 20 de noviembre de 2018 tuvo entrada escrito de alegaciones del referido Ministerio- Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia- en el que se indicaba lo siguiente: 1º)- En primer lugar señalar que esta Dirección General en ningún momento ha tenido constancia del escrito formulado a través del Portal de transparencia, es de decir, la primera vez que tiene constancia de ese escrito es en el momento en que a esta Dirección General se le requiere para hacer alegaciones por Oficio del Consejo General de Transparencia, de 19 de octubre de 2018. Escrito que a esta Dirección General nos fue remitido por correo electrónico de 23 de octubre de 2018. Con'~IO <1~ 1.-..,,..~~ l'etH ::.tl r Suen Gob!efllO 2º}-En todo caso en respuesta a la cuestíón planteada por el interesado se señala lo siguiente: • La Gerencia Territorial contestó, por escrito de 14 de septiembre de 2018, en el que se señalaba que "la Gerencia no dispone de la documentación solícita {lista de peritos Judiciales de Contadores Partidores} ni posee competencia sobre dicha documentación". • Esta Dirección General se reitera en lo dicho por la Gerencia en su escrito y tomando en consideración lo expuesto, se solícita que se admita a trámite este escrito. 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Según ha quedado indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, el objeto de la solicitud de información son las list as de Peritos Judiciales Contadores Partidores General y de Turno de Oficio de 2013, en la sede judicial de Vallado/íd. Recibida la solicitud, la Administración afirma que no posee la información requerida, y no se considera competente para atender esta solicitud. Página4 de 6 Subdirección General de Redamaciones FRANCI SCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 16/01/2 019 18:41 1 Sin acción específica Ante esta afirmación, cabe destacar que las gerencias territoriales dependen de la Administración General del Estado, en concreto del Ministerio de Justicia, según consta en la propia página Web del Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGerencias&codSGOM =4718606200000&lang=es es&origen=&tipo=&provincia=). Así, las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, dependientes de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, son los órganos administrativos que desarrollan las funciones del Departamento en la Comunidad Autónoma correspondiente dentro del marco de las competencias que sobre la Administración de Justicia le corresponden. Están ubicadas en cada una de las localidades sedes de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, en las de las Salas desplazadas. Los principales servicios que prestan al ciudadano son: xInformación y atención presencial. xExpedición de certificaciones de actos de última voluntad, antecedentes penales y contrato de seguro de cobertura de fallecimiento, así como notas informativas sobre este último. xApostilla de documentos. xRecogida y envío de documentos dirigidos al Ministerio. Teniendo en cuenta lo anterior, debe recordarse en primer lugar que la finalidad de la LTAIBG está recogida en su Preámbulo y es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Es, por lo tanto, esta finalidad la que ha de alcanzarse con el reconocimiento del derecho constitucional a acceder a la información pública y, en consecuencia, con la labor de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la interpretación de este derecho. Por tanto, puede concluirse que el Ministerio de Justicia tiene en su poder la información requerida. No obstante lo anterior, la información que expresamente se solicita no es competencia de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, sino de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (artículo 2 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita). 4. En conclusión, por todos los argumentos expuestos en los apartados precedentes de la presente Resolución, la presente Reclamación debe ser desestimada, por no existir la información en poder de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia. Con'~IO <1~ 1.-..,,..~~ l'etH ::.tl r Suen Gob!efllO En este sentido, debe hacerse constar que el reclamante ha presentado, paralelamente, otra reclamación sobre el mismo asunto {R/0602/2018), pero dirigida a la Comisión de Asistencia Jurídi ca Gratuita del Ministerio de Justicia. 111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por con entrada el 19 de octubre de 2018, contra la GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, del MINISTERIO DE JUSTICIA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de l os recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre. de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolu ción, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. {Art. 10 del R. D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda Subdirección General de Redamaciones FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 16/01/2019 18:41 1 Sin acción específica