Suministro de respiradores adquiridos a EEUU por administraciones públicas

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 600/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 13 de julio de 2020, la siguiente información: En respuesta a la pregunta parlamentaria 684/14625, fechada el 12/05/2020 y formulada por el grupo del PP en el Senado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación relata las instrucciones ofrecidas a las embajadas para que colaboraran en las gestiones para la compra de material sanitario por parte de administraciones públicas y empresas privadas en plena pandemia de la Covid-19. La lectura del documento permite deducir que un fabricante estadounidense mantiene bloqueado aún el suministro de respiradores adquiridos por compañías españolas después de que el presidente Trump invocara la National Defence Production Act. S/REF: 001-044545 N/REF: R/0600/2020; 100-004158 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Información solicitada: Suministro de respiradores adquiridos a EEUU por administraciones públicas Subdirección General de Reclamaciones Ruego detalle del número de respiradores contratados que aún no se han enviado a España, los fabricantes de EEUU con los que se cerró el contrato y la fecha en la que el Ministerio prevé que se desbloquee definitivamente la cuestión, ante el riesgo de que pueda haber un rebrote el próximo otoño y se requieran dichos equipos. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 14 de septiembre de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Mi petición trataba de conocer el número de respiradores contratados que aún no se habían enviado España, los fabricantes de EEUU con los que se cerró el contrato y la fecha en la que el Ministerio preveía que se desbloquearía definitivamente la cuestión, ante el riesgo de que rebrotes (como está sucediendo desgraciadamente) y se requirieran dichos equipos. Sólo he recibido una comunicación en la que se me decía que el plazo de tramitación empezaba a contar el 10 de agosto (casi un mes después de que yo formalizara la petición), sin que hasta la fecha haya recibido respuesta. Entendiendo que la Administración ha optado por el silencio administrativo, ruego que el CTBG admita a trámite mi petición y dicte resolución estimatoria al no concurrir ningún límite de acceso a la información y entroncar la petición en el espíritu de la ley. 3. Con fecha 18 de septiembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. No consta respuesta del Ministerio en el plazo concedido al efecto, a pesar de haber recibido el requerimiento efectuado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar debemos analizar la cuestión de carácter formal relativa al plazo de que dispone la Administración para contestar a una solicitud de acceso a la información pública. La LTAIBG en su artículo 20.1 expone que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, y según se desprende de los antecedentes que obran en el expediente, la Administración no ha contestado al solicitante, desplegando sus efectos la figura jurídica del silencio administrativo negativo. Y es que, al no haber existido contestación del organismo público al que se dirigía la solicitud, este Consejo entiende de aplicación lo dispuesto en el artículo 20.4 de la LTAIBG según el cual “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Por ello, de acuerdo con el Criterio Interpretativo de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nº 1 de 2016, las reclamaciones que se presenten frente a resoluciones presuntas no están sujetas a plazo para su interposición. Tal y como se menciona en el criterio, se trata de la aplicación al procedimiento de reclamación ante este Consejo de Transparencia, de https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html jurisprudencia consolidada en esta materia así como de las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (artículos 122 y 124). Asimismo, y tal y como hemos manifestado de forma reiterada, recordemos la obligación de contestar las solicitudes de acceso a la información en el plazo establecido en el artículo 20.1 de la LTAIBG al objeto de hacer efectivo el ejercicio de un derecho de anclaje constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública, al que dicha norma dota de un procedimiento ágil y con un breve plazo de respuesta. Por otro lado, y tal y como se ha manifestado en los antecedentes, en el caso que nos ocupa la Administración no ha respondido al solicitante y tampoco ha atendido el requerimiento efectuado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al objeto de proporcionar alegaciones al expediente de reclamación. En este sentido, y ante la inobservancia de las solicitudes de alegaciones cursadas por esta Autoridad, recordemos que, a nuestro juicio, esta circunstancia que no cumple con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG. 4. A continuación, hay que analizar el contenido de la reclamación presentada que, coincide con el de la solicitud de acceso, por la que se pide determinada información sobre un presunto bloqueo en el suministro a España de respiradores fabricados en EEUU. Según entiende el reclamante, esta situación se deduce de la respuesta proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la pregunta parlamentaria 684/14625, fechada el 12/05/2020 en la que se señala lo siguiente: Estados Unidos En el caso de la Embajada de España en Estados Unidos, su papel en relación con la adquisición de material sanitario ha consistido en canalizar las ofertas recibidas en la Embajada a través de la Oficina Comercial, que se ha encargado de comprobar la fiabilidad del ofertante, y de comprobar, en su caso, el interés de la oferta. Por lo que se refiere a la adquisición de respiradores, la Embajada ha intervenido ante la Casa Blanca y ante una empresa norteamericana concernida, para intentar desbloquear las transacciones comerciales en curso que se vieron afectadas por la decisión presidencial de invocar la National Defence Production Act, y que siguen en curso para confirmar que la empresa en cuestión cumpla los compromisos adquiridos con las contrapartes españolas. Con base en estos antecedentes, el solicitante se interesa por el número de respiradores contratados que aún no se han enviado a España, los fabricantes de EEUU con los que se cerró el contrato y la fecha en la que el Ministerio prevé que se desbloquee definitivamente la cuestión. En primer lugar, y en lo relativo a la última de las cuestiones planteadas- fecha en la que el Ministerio prevé que se desbloquee definitivamente la cuestión-, entendemos que lo planteado no encuentra su encaje en el concepto de información pública que se recoge en el artículo 13 de la LTAIBG. En efecto, como hemos señalado en repetidas ocasiones, el objeto del derecho a la información pública puede ser contenidos o documentos existentes en el momento en que se cursa la solicitud de información no, como ocurre en el caso planteado, una previsión respecto del fin de una situación que recoge la solicitud. Por ello, la reclamación debe ser desestimada en este punto concreto. Por otro lado, y en relación con los otros dos apartados por los que se interesa el reclamante, recordemos que afectan a una cuestión relacionada con la contratación pública, en este caso, referido al suministro de material sanitario. En este sentido, comencemos señalando que el artículo 8 de la LTAIBG, relativo a Información económica, presupuestaria y estadística, dispone lo siguiente: “1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.” Por lo tanto la publicación, de forma proactiva y detallada, de información relacionada con procedimientos de contratación pública y, en definitiva, vinculados al uso de fondos públicos, fue reconocida por el legislador como de relevancia al objeto de alcanza la finalidad de la propia LTAIBG, cuyo Preámbulo indica expresamente lo siguiente: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. En este sentido, recordemos los términos en los que se pronuncia la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de septiembre de 2019 en el recurso de apelación 28/2019 (...)Pretende la apelante que se recorte el derecho a la información precisamente sobre aspectos básicos respecto a los que la ley de transparencia persigue garantizar el público conocimiento: el manejo de fondos públicos y la justificación de los gastos realizados. Esta información económica debe hacerse pública a tenor del artículo 8 de la ley 19/2013, que cita expresamente que se harán públicos los contratos y su contenido esencial. Si la propia ley impone hacer pública la información relativa a los contratos suscritos por las Administraciones Públicas, resulta difícil argumentar que pueda oponerse a este derecho a la información el límite previsto en el artículo 14.1 h). Se trata de una información esencial para garantizar el derecho a la transparencia de los asuntos públicos con repercusión económica y presupuestaria. No son aspectos colaterales respecto de los cuales pueda apreciarse que el ejercicio de tal derecho tiene una repercusión exorbitada en la esfera de terceros mediante la publicación de información de menor relevancia. Si datos como el precio de los contratos se blindaran frente al derecho de transparencia en materia económica y presupuestaria, éste quedaría prácticamente sin contenido. Puestos en la balanza el derecho a la información y el interés de quien voluntariamente decide contratar con un ente público, debe primar la protección del primero. La información atañe directamente a cómo se manejan los fondos públicos, a qué se destinan y como se controla que el gasto tiene la mejor de las contrapartidas posibles.(...) 5. No obstante lo anterior y como dispone el artículo 14.1 de la LTAIBG, el derecho de acceso podrá ser limitado en algunos supuestos. Una limitación cuya aplicación, sin embargo, ha sido restringida por los Tribunales de Justicia. Destacamos algunos pronunciamientos en este sentido: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015: “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". “La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). En el supuesto litigioso se exige que se acredite que el acceso a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. - Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 5 de Madrid, dictada en el PO 43/2015: “Pues bien, a la hora de interpretar tal precepto - 14.1 h-, hemos de tener presente que, la citada Ley, en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública y que dicho derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”. “Así, la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado, test de daño; a la luz de la determinación del perjuicio que el acceso a determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación”. - Sentencia nº 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016: "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (…)”. - Destaca también la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el recurso de casación nº 75/2017 y que razona lo siguiente: “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.” (…)Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración -o, en este caso, de la Corporación RTVE-, pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley. Partiendo de esas premisas, y centrándonos en la concreta limitación prevista en el artículo 14.1. h/ de la Ley 19/2013, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no ha quedado justificado que el acceso a la información solicitada pudiese suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales.” Una línea mantenida por nuestro Alto Tribunal en su sentencia nº 748/2020, de 11 de junio de 2020, dictada en el recurso de casación 577/2019 en la que concluye lo siguiente: “la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida”. En el caso que nos ocupa, cabe señalar que ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no han sido invocados ninguna de las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstas. Restricciones al acceso que, por otro lado, y en atención a la información que consta a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no resultarían aplicables, máxime teniendo en cuenta que, como hemos argumentado en reiteradas ocasiones, los límites y las causas de inadmisión previstos en la LTAIBG son excepciones y, en cuanto tales, sólo se han de aplicar si están lo suficientemente justificados, de manera clara e inequívoca. 6. Por otro lado, y en atención a la materia sobre la que se solicita información, debemos indicar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tramitado, durante este año 2020 y en relación a la adquisición de material vinculado a la gestión de la pandemia por COVID-19, numerosos expedientes de reclamación entre los que, a título de ejemplo, se señalan los siguientes: R/0172/2020, R/0253/2020, R/0306/2020, R/0379/2020, R/0391/2020, R/0392/2020, R/0393/2020, R/0396/2020, R/0500/2020, R/0570/2020 o R/0593/2020 . En definitiva, y con base en los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, entendemos que la presente reclamación ha de ser parcialmente estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por con entrada el 14 de septiembre de 2020, contra el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información, relacionada con la compra a EEUU de material sanitario (respiradores) por parte de administraciones públicas con ocasión de la pandemia de la Covid-19: x Detalle del número de respiradores contratados que aún no se han enviado a España. x Los fabricantes de EEUU con los que se cerró el contrato. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez