Acceso a información sobre viajes y gastos de los actuales Reyes (2004-2008) y resultado de estimación parcial

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 594/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 1 de julio de 2020, la siguiente información: El detalle de todos y cada uno de los viajes realizados por los actuales reyes Felipe VI y Letizia en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008: fecha de inicio y fecha de fin, a qué destinos y en qué fechas acudieron durante el viaje, cómo se desplazaron a los destinos (avión oficial, comercial o lo que fuera), en qué hoteles, lugares y alojamientos se alojaron en cada fecha (nombre, tipo de alojamiento, ciudad y dirección), gasto total y gasto desglosado de cada viaje y quien lo pagó (si fueron distintas personas u organizaciones solicito que se me detalle qué parte pagó cada cual), nombre de los acompañantes al viaje y las facturas de todos los gastos realizados en esos viajes. S/REF: 001-044260 N/REF: R/0594/2020; 100-004152 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Secre taría General de Presidencia del Gobierno Información solicitada: Viajes realizados por los Príncipes de Asturias entre 2004 y 2008 Subdirección General de Reclamaciones Se trata de información de interés público debido al cargo que ostentan y que se trata del gasto de fondos públicos. El Consejo de Transparencia lo ha considerado así en distintas ocasiones. Por lo tanto, no cabe ningún límite que aplicar. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 11 de septiembre de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Interpuse mi solicitud el pasado uno de junio. Hoy, más de dos meses después, me han notificado la tramitación. Aun así, el documento indica que se recibió la solicitud y se comenzó a tramitar el pasado 3 de julio. El desprecio por los plazos que marca la LTAIBG es evidente. Mi solicitud pedía la siguiente información: “El detalle de todos y cada uno de los viajes realizados por los actuales reyes Felipe VI y Letizia en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008: fecha de inicio y fecha de fin, a qué destinos y en qué fechas acudieron durante el viaje, cómo se desplazaron a los destinos (avión oficial, comercial o lo que fuera), en qué hoteles, lugares y alojamientos se alojaron en cada fecha (nombre, tipo de alojamiento, ciudad y dirección), gasto total y gasto desglosado de cada viaje y quien lo pagó (si fueron distintas personas u organizaciones solicito que se me detalle qué parte pagó cada cual), nombre de los acompañantes al viaje y las facturas de todos los gastos realizados en esos viajes.” Además ya indicaba que: Se trata de información de interés público debido al cargo que ostentan y que se trata del gasto de fondos públicos. El Consejo de Transparencia lo ha considerado así en distintas ocasiones. Es evidente, por lo tanto, que no caben límites que aplicar y solicito que se estime mi reclamación y se inste a Presidencia a entregarme todo lo solicitado. Es evidente la rendición de cuentas que supondría para la Casa Real entregar esa información y sé que trata de información de indudable interés y carácter público. Ya que versa sobre el gasto de fondos públicos y sobre los viajes del actual Jefe de Estado y de la Reina, en aquel momento príncipe y princesa consorte. Por lo tanto, en aquel entonces miembros también de la Casa de su majestad el Rey. Solicito, por último, que antes de resolver se me facilite una copia completa del expediente, incluidas las alegaciones de la Administración, y se me abra plazo para alegar lo que considere oportuno. 3. Con fecha 14 de septiembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 9 de octubre de 2020 y en la misma se indicaba lo siguiente: La solicitud de acceso a la información ya ha sido atendida en resolución de 11 de septiembre de 2020. A continuación, se reitera el contenido de la resolución: “La información sobre los viajes y actividades de los miembros de la Familia Real está disponible en la página web oficial de la Casa de S.M. el Rey, en el apartado Actividades y Agenda, al que podrá acceder través del siguiente enlace: http://www.casareal.es/ES/actividades/Paginas/subhome actividades.aspx En dicha página, y por fechas, se recogen las actividades y los viajes de miembros de la Familia Real realizados como parte de su actividad diaria, indicando, en cada caso, el lugar de desplazamiento y todos aquellos datos que se consideran son de interés público, preservando aquellos que se consideran protegidos por el propio artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En ese sentido y, tratándose de materia clasificada, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, no cabe facilitar más información que la que se proporciona en dicho enlace. Por tanto, solicita que se resuelva de forma desestimatoria la reclamación formulada. 4. El 13 de octubre de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. En respuesta al trámite de audiencia, el reclamante señaló lo siguiente: Me reafirmo en todo lo que expresé en mi reclamación y en las alegaciones que hice para notificar al Consejo que Presidencia había resuelto mi solicitud fuera de plazo. Por lo tanto, pido que se siga adelante con mi reclamación y se estime ya que el Gobierno y la Casa Real no hacen público todo lo que he solicitado y simplemente se amparan en un acuerdo del Consejo de Ministros, que el Consejo de Transparencia ya ha considerado en multitud de ocasiones que no clasifica la información referida a vuelos de miembros d el Gobierno o de la Casa Real y más cuándo se pide información del gasto de fondos públicos o de información de a dónde han viajado y con quién. Sobre esto destacar también que en sus alegaciones el mismo Gobierno anuncia ya lo siguiente: En dicha página, y por fechas, se recogen las actividades y los viajes de miembros de la Familia Real realizados como parte de su actividad diaria, indicando, en cada caso, el lugar de desplazamiento y todos aquellos datos que se consideran son de interés público. Por lo tanto, reconocen que la información a la que dirigen en la web de la Casa Real no incluye todos los viajes de sus miembros, sino sólo los relativos a su actividad diaria. Por lo tanto, por este y otros motivos, como la multitud de datos que no se incluyen en la información de esa web, como donde se alojaron, cuál fue el gasto, quién lo pagó, etcétera, solicito que se estime la presente reclamación. Del mismo modo, indicar que el Gobierno no aplica el test de daño para denegar una solicitud como hace en este caso. Citan directamente que no se publican los datos que se entienden protegidos por el Artículo 14 de la LTAIBG, pero no ponderan y realizan el test de daño y ni siquiera citan cuál de todos los límites que recoge la legislación es el que opera en el presente caso. Presidencia del Gobierno ha resuelto mi solicitud fuera de plazo y tras interponer mi reclamación. Aun así no me entregan nada de lo solicitado y, por ello, solicito seguir adelante con todo lo expresado en mi reclamación. Más cuando Presidencia vuelve a argumentar que sobre los viajes de los reyes sólo se puede conocer lo ya publicado en la agenda de la Casa Real y que lo demás es información clasificada. El Consejo de Transparencia ya ha descartado en multitud de ocasiones este argumento de Presidencia. Además, en este caso pedía más información. No versaba sólo sobre desplazamientos en sí sino también sobre los viajes: donde se alojaron, cuál fue el gasto, quién lo pagó, etcétera. Toda información de indudable interés y carácter público que sirve para la rendición de cuentas de la Administración y para que se explique de forma más detallada el gasto de dinero público. Por lo tanto, es obvio que hay que estimar mi reclamación. Más si tenemos en cuenta que la prensa ha explicado viajes de sus majestades los reyes, por aquel entonces príncipes, para los años solicitados que ni siquiera aparecían en la agenda de la Casa Real. De hecho, la Casa Real había ocultado esos viajes. Por lo tanto, queda claro que se me debe entregar el listado con todos los viajes realizados en esos años sean públicos por ahora o no y que se incluya toda la información y el desglose que he solicitado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, como conoce la Administración, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración no respondió al reclamante en el plazo de un mes para resolver, sin que conste en el expediente causa que justifique el retraso en la respuesta. En este sentido, como hemos indicado en ocasiones anteriores, recordemos que por la Administración se debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. En este sentido, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, al objeto de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 4. En cuanto al fondo del asunto, y tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, la Administración deniega parcialmente la información – relativa al detalle de los viajes realizados por los actuales Reyes entre 2004 y 2008 – porque, a su juicio, la información solicitada que puede ser conocida se encuentra publicada en la página Web de la Casa Real. Como complemento a esta indicación señala que información más allá de los datos publicados ha de considerarse confidencial, puesto que se trata de materia clasificada, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares com o los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, no cabe facilitar más información que la que se proporciona en dicho enlace. En cuanto a la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, se comprueba de la respuesta proporcionada que la Administración se limita a mencionar el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994. Argumento que, a nuestro juicio, no resulta suficiente motivo de denegación del acceso a esta información. Y ello por cuanto, como ya hemos indicado de forma reiterada en relación al análisis del mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros, debe cumplirse la premisa principal, esto es, la existencia de una previa declaración de secreto, que no se ha aportado al presente procedimiento. A falta de este requisito esencial, debe analizarse si dar la información sobre los gastos de viaje atenta contra la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. La respuesta debe ser a nuestro juicio negativa, ya que con el conocimiento de la información solicitada no se impide el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, se pone en riesgo su integridad física, se trata de difundir información que altere los planes de defensa militar de nuestras fronteras o nuestra integridad territorial o de nuestra capacidad de repliegue militar, se halla en curso ningún procedimiento judicial penal que trate actualmente este asunto, ni afecta en modo alguno a la intimidad de personas físicas. No obstante y en caso de que así fuera, la carga de la prueba recae en la Administración denegante. Esta ausencia de justificación y la relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como instrumento de rendición de cuentas, tal y como antes se ha destacado, lleva a concluir a este Consejo de Transparencia, que no procede la aplicación de este límite al acceso a la información. A nuestro juicio, como ya hemos indicado en ocasiones anteriores, alegar la existencia de secretos oficiales cuya normativa es preconstitucional, debe basarse en el rigor jurídico e interpretativo necesario para hacerla valer frente a una solicitud de acceso a la información que tiene rango constitucional (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016), lo que excluye su aplicación directa y universal. En este sentido, recordemos que no se están pidiendo itinerarios o fechas de vuelos previstas a futuro, horarios, pautas de vuelo ni otro tipo de información que pueda poner en riesgo la integridad física de los actuales Reyes, ni en el momento en que se solicitó la información ni ahora. Un argumento al que, además, ha de añadirse el hecho de que la solicitud se refiere a viajes efectuados hace más de diez años, por lo que no puede compartirse el argumento de que el conocimiento de información relativa a los mismos pueda implicar un perjuicio en la actualidad. En apoyo de la argumentación que venimos manteniendo, recordemos que, en lo relativo a información sobre los desplazamientos de los miembros de la Casa Real, recordemos que, haciendo una búsqueda en la página Web de la Casa Real se puede comprobar que aparecen relacionados los viajes de todos sus miembros y se puede incluso realizar una búsqueda de viajes realizados por tramos de fechas, sin que ello suponga, obviamente y debido a la publicidad que se realiza de esta información, un peligro para la seguridad de los Reyes, pues de lo contrario no se haría público. Esta misma conclusión alcanzábamos en el expediente R/0408/2020 . Por tanto, entendemos que debe decaer este argumento. 5. Por otro lado, el asunto de los acompañantes en los vuelos, fechas, horas y destinos ha sido ya planteado en varias ocasiones ante el Consejo de Transparencia. Así, se cita, por todas, la resolución estimatoria, por motivos formales puesto que la información fue proporcionada en el marco de la tramitación de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recaída en el procedimiento R/0332/2020, en el que se solicitaba, “al amparo de la Sentencia número 306 de 2020, de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, un listado de todos los pasajeros que han acompañado a los miembros de la Casa Real transportados por medios aéreos del Estado (operados, por ejemplo, la flota del Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española u otras unidades). En la medida de lo posible, me gustaría que dicha información estuviese desglosada por fechas de vuelo, ciudad/aeropuerto/aeródromo de origen y de destino desde el primer año de que se dispongan registros sin incurrir en el supuesto de reelaboración (supuesto tasado por el Consejo de Transparencia y recogido en la jurisprudencia) y hasta la fecha.” Los razonamientos de la citada resolución fueron los siguientes: “(…) el artículo 22.3 de la LTAIBG señala que Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. Por tanto, la remisión a un enlace Web es conforme a la Ley, siempre y cuando este enlace funcione y figure en él toda la información solicitada. Revisado por el Consejo de Transparencia este enlace Web, se observa que remite al apartado Actividades y Agenda de la Casa Real, dentro del cual figura otro enlace denominado Viajes Oficiales que arroja un total de 532 resultad os, siendo el más antiguo el viaje realizado por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias a EE.UU., el 01.01.1970. Este Consejo de Transparencia entiende que dentro del enlace Web proporcionado a la reclamante se encuentra toda la información disponible en poder de la Administración sobre los miembros de la Casa Real transportados por medios aéreos de l Estado. En relación con el listado de pasajeros acompañantes, como ya hemos señalado y si bien en vía de reclamación, consta en el expediente que se ha informado a la reclamante acerca de las personas que, atendiendo a su posición dentro del Organigrama de la Casa de Su Majestad el Rey - público en su página web conjuntamente con sus curriculum vitae- acompañan a Sus Majestades en los viajes oficiales. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/dam/jcr:5e4cd2e2-1197-4a20-a461-2e282f0d6e5b/R- 0408-2020.pdf En este punto, ha de recordarse que la misma información fue requerida en la solicitud que dio origen a la reclamación R/0027/2020 tramitada recientemente por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En la resolución del indicado expediente de reclamación se ponía de manifiesto que la cuestión controvertida era la identificación de los acompañantes de los miembros de la Casa Real y, tras señalar los antecedentes- administrativos y judiciales- que sustentaban que la información solicitada se proporcionara, se acordaba la estimación de la reclamación. Consta en los archivos de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que, en ejecución de la indicada resolución, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO proporcionó la misma información que se contiene ahora en el escrito de alegaciones presentado con ocasión del actual expediente de reclamación. Por lo expuesto, la reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, al haber sido proporcionada la información completa en vía de reclamación y no constar la oposición a la misma por parte de la reclamante.” Estos razonamientos son aplicables al presente caso, dada la identidad material entre ambos procedimientos. Entendemos, pues, que la información sobre este tipo de datos ya ha sido entregada de manera parcial por la Administración – aunque fuera del plazo legalmente establecido - y en lo relativo a información sobre los desplazamientos efectuados. No obstante, y como afirma el reclamante, el período por el que se interesa en su solicitud se corresponde con aquél en que los actuales Reyes de España tenían la condición de Príncipes de Asturias. Por ello, y toda vez que los acompañantes que la Administración ha proporcionado en expedientes previos de reclamación se referían a los desplazamientos efectuados por los actuales Reyes quedaría a nuestro juicio proporcionar información sobre los viajes efectuados cuando aún no ostentaban tal condición. 6. En este sentido y para el caso concreto de los acompañantes, hay que tener en cuenta el criterio sostenido en Apelación por la Audiencia Nacional, la cual dictó la Sentencia de 23 de octubre de 2017, por la que acordaba “ESTIMAMOS en parte el recurso de apelación número 54/2017, interpuesto contra la Sentencia, desestimatoria, de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10, en el Procedimiento Ordinario número 33/2016, interpuesto por el MINISTERIO DE DEFENSA, representado y asistido por el Abogado del Estado, confirmando en parte la sentencia https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html apelada, en cuanto confirma el acuerdo de fecha 12 de abril de 2016 que manda la ejecución del dictado en fecha 15 de febrero de 2016, si bien dicha ejecución deberá llevarse a cabo con las siguientes limitaciones: No procede emitir información alguna en relación con la Casa Real, pues tal petición debe hacerse a través de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, lo que no se ha hecho en este caso. La información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de autoridades, que se hayan efectuado después del 10 de diciembre de 2014. La información proporcionada, no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada. La información a proporcionar no podrá emitirse, cuando deba reelaborarse, mediante la recopilación y obtención de datos que no obren en el Ministerio de Defensa o en alguna de las dependencias, organismos o servicios, que dependan de dicho Ministerio de Defensa.“ Esta Sentencia fue casada por el Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de marzo de 2020, por la que acuerda “Que ha lugar al Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia de 23 de octubre de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de apelación nº 54/2017, que se casa y anula únicamente en el inciso del fallo que señala que “la información solamente debe referirse a viajes y acompañantes de autoridades, que se hayan efectuado después del 10 de noviembre de 2014”, que se anula. A juicio del Tribunal Supremo, “Procede, en consecuencia, casar la Sentencia impugnada únicamente en lo relativo al inciso del fallo que no se ajusta a nuestra respuesta a la primera cuestión de interés casacional. Pues hemos considerado que la información pública, respecto de la que se ejercita el derecho de acceso, no se limita, únicamente, a la elaborada tras la entrada en vigor de la Ley, del día 10 de diciembre de 2014. De modo que anula el inciso que indica que “la información solamente debe referirse a viajes y acompañantes de autoridades que se hayan efectuado después del 10 de noviembre de 2014”, se anula. Confirmando el fallo de la Sentencia en todo lo demás.” Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente: - En el caso que nos ocupa la solicitud de información ha sido correctamente canalizada a través de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno tal y como indica la Audiencia Nacional en su pronunciamiento de 23 de octubre de 2017. - La solicitud puede referirse a información previa al 10 de diciembre de 2014, fecha de entrada en vigor de la LTAIBG. - La información que se proporcione, tanto de viajes como de acompañantes, no podrá referirse a viajes que hayan sido calificados como materia clasificada. A este respecto y como ya se ha indicado, no consta en el expediente obrante en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dicha clasificación. 7. Finalmente, quedan por analizar los apartados relativos a i) cómo se desplazaron a los destinos (avión oficial, comercial o lo que fuera), ii) en qué hoteles, lugares y alojamientos se alojaron en cada fecha (nombre, tipo de alojamiento, ciudad y dirección) iii) los gastos efectuados en esos viajes y iv) la entrega de las facturas emitidas. En primer lugar, y como consideración importante en atención a la información que se solicita, debemos recordar que la ratio iuris o razón de ser de la LTAIBG se encuentra recogida en su Preámbulo, que se pronuncia en los siguientes términos: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimi ento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. En este sentido, no podemos dejar de señalar cierta contradicción en las palabras del reclamante al afirmar que su solicitud queda amparada en el control del uso de los fondos públicos y, al mismo tiempo, solicitar la identidad de las personas- físicas o jurídicas- a las que pudiera haber correspondido sufragar ciertos desplazamientos por cuanto esta información puede ser ciertamente ajena al uso de fondos públicos. Con este mismo argumento, entendemos que la finalidad de rendición de cuentas por la actuación pública- en este caso, como decimos, vinculada al uso de fondos públicos- se alcanza con información relativa a los desplazamientos sobre los que han de rendirse cuentas, precisamente por venir sufragados con cargo a fondos públicos debido a que se enmarcan en la actividad pública de los entonces Príncipes de Asturias. Por ello, consideramos que el nivel de desglose solicitado, que incluye el detalle de los medios de transporte no oficiales utilizados por los Reyes, así como los lugares donde se alojaron en cada fecha con indicación del nombre, tipo de alojamiento, ciudad y dirección, por requerir una labor expresa de recopilación que se remonta a viajes desarrollados dieciséis años antes de la solicitud, entendemos que no se compadece con la finalidad de control de la actuación pública en la que se basa la LTAIBG. En este sentido, podríamos afirmar que requeriría, a nuestro juicio, de una actuación excesiva que, como han indicado algunos pronunciamientos judiciales, excedería del acceso a la información que encuentra amparo en la LTAIBG. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en el recurso de apelación nº 34/2019, de 10 de diciembre de 2019, argumenta lo siguiente: Como ya señaló la Sala en Sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019,……una solicitud de información de estas características, por su volumen, extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares.” 8. Por el contrario, y precisamente por cuanto entendemos que debe ser otra la información que ha de proporcionarse para garantizar el cumplimiento de la finalidad de la LTAIBG, distinta respuesta entendemos debe darse a la pretensión de conocer los gastos globales de los viajes realizados por los actuales Reyes y entonces Príncipes de Asturias, puesto que, como venimos argumentando, se trata de información cuyo acceso se conecta directamente con la finalidad de la Ley, concretamente, con la garantía del conocimiento y control por parte de los ciudadanos del uso de fondos públicos. En este sentido, son numerosos los procedimientos tramitados en este Consejo de Transparencia en los que se estimaron las reclamaciones que querían conocer este tipo de gastos. Así, a modo de ejemplo, se citan los siguientes: R/0309/2018 . Se solicitaban Los viajes que se han realizado a cargo del Ministerio entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Mi solicitud se refiere a: a) Los datos totales de gastos de viaje por año. b) Para los altos cargos del Ministerio: los datos desglosados por el nombre de las personas que han viajado, el objetivo del viaje, fecha- duración del viaje y los gastos en que se han incurrido (con el máximo detalle de desglose posible, por ejemplo, transporte, alojamiento, manutención). R/0142/2019 . Se solicitaba copia de los informes justificativos del gasto y acreditativos de la necesidad de los desplazamientos efectuados por el Presidente del Gobierno, conforme al artículo 8.2 de la ley 3/2015 de 30 de marzo. R/0182/2020 . Se solicitaban los gastos realizados por el Presidente del Gobierno en el año 2018 en viajes oficiales en territorio nacional y copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos, si los hubiere. Se solicitan desglosados por gastos de medios de transporte, alojamiento y manutención con indicación de la fecha del gasto. R/0520/2020. Se solicitaba el gasto y número de viajes de la escolta del Rey Emérito. 9. En relación a los viajes de los actuales Reyes de España, podemos comprobar que en la página web de Casa Real, tanto en el apartado de presupuestos como en el relativo a la ejecución presupuestaria, se recoge información al respecto. Así, por ejemplo, si analizamos el apartado de ejecución presupuestaria- se encuentra publicado de forma completa el correspondiente al ejercicio 2019 - comprobamos el importe inicialmente consignado en la clasificación económica viajes- 44.500 euros-, que se produjo una modificación de -6.000 euros y que se ejecutó el 91,6% del presupuesto consignado, esto es 35.058, 77 euros. Por lo tanto, puede indicarse que, en la actualidad y referidos a los Reyes de España, se hace pública de forma proactiva la información relativa a los viajes y desplazamientos realizados. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/dam/jcr:7d62293b-ce93-4755-a0cc-e6cde64c1b16/R- 0309-2018.pdf https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/dam/jcr:1017e3e1-0393-4f05-8873-b13bf020f044/R- 0142-2019.pdf https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/eu/dam/jcr:0c718cd0-d720-4148-b8da-be7b583d6ad7/R- 0182-2020.pdf https://www.casareal.es/ES/Transparencia/informacioneconomica/Ejercicio2019/Documents/2019 DIC 31 E STADO LIQUIDACION PRESUPUESTO.pdf No obstante lo anterior, recordemos que el objeto de la solicitud se refiere a información sobre los actuales Reyes de España pero en una época en que eran Príncipes de Asturias y en la que, por otro lado, no se encontraba en vigor la LTAIBG en cuya aplicación se publica proactivamente la información que acabamos de analizar. Sin embargo, entendemos que los Príncipes de Asturias tenían a su disposición un presupuesto en el que, de igual forma, se consignaran los importes destinados a los distintos conceptos y clasificaciones económicas, entre los que se encuentran la relativa a los viajes. En este sentido, y salvo indicación en contrario que no ha sido proporcionada por la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO en su respuesta, podemos considerar que los datos solicitados- siempre, no obstante, referidos a los gastos globales de los viajes, por lo que entendemos que es ésta la información cuyo acceso quedaría amparado en la LTAIBG- se trata de información disponible y cuyo acceso ha de quedar garantizado a nuestro juicio. 10. Finalmente, no podemos sino recordar que diversos pronunciamientos judiciales han interpretado con carácter amplio y límites restringidos el derecho de acceso a la información regulado en la LTAIBG. Así, por ejemplo, la temprana sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 señala lo siguiente "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Por su parte, el Tribunal Supremo también ha realizado una interpretación extensiva del derecho y, por ejemplo, en su Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017 razona lo siguiente: "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.(…) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley”. En esa misma línea se pronuncia nuestro Alto Tribunal en su sentencia nº 748/2020, de 11 de junio de 2020, dictada en el recurso de casación 577/2019: la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida En definitiva y como conclusión, basándonos en los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente reclamación, entendemos que cabe acoger parcialmente las pretensiones del reclamante y, por lo tanto, estimar de forma parcial su reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por con entrada el 11 de septiembre de 2020, contra la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 20 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información, relacionada con los viajes realizados por los actuales reyes Felipe VI y Letizia en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008: x Acompañantes x Gasto global de cada viaje TERCERO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez