Solicitud de información sobre funcionarios que desempeñan funciones de Agentes de Libertad Condicional en centros penitenciarios

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 590/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 28 de Junio de 2019, la siguiente información: Con fecha 15 de marzo de 2019, se presentó solicitud de información en base a Ley de Transparencia sobre la figura de Agente de Libertad Condicional en los centros penitenciarios y de inserción social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Con fecha 9 de abril de 2019, se recibe respuesta en la que se indica que es una plaza que no existe, que no está creada. Asimismo se indica que en algunos Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas se ha visto la necesidad de realizar seguimientos puntuales de penados clasificados en tercer grado que trabajan en el exterior o controles aleatorios sobre internos liberados condicionales “pero siempre desde el planteamiento de considerar estos cometidos S/REF: 001-035539 N/REF: R/0590/2019; 100-002843 Fecha: 12 de noviembre de 2019 Dirección Administración/Organismo: Minis terio del Interior Información solicitada: Agentes de Libertad Condicional Subdirección General de Reclamaciones como tareas a realizar, nunca como funciones exclusivas o puestos de trabajo propiamente dichos”. Sin embargo, en varios centros penitenciarios o de inserción social sí que se está asignando a funcionarios en exclusiva a estas tareas, sin que se haya formalizado la oportuna Comisión de Servicios, ya que los puestos de trabajo no existen. Varios de estos funcionarios asignados son de Vigilancia Interior (que por definición deben ocuparse de la vigilancia en el interior de los centros) y algunos de ellos, incluso, figuran en los Libros de servicios con servicio asignado de seguimiento y control de liberados condicionales. Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la mencionada Ley de Transparencia, SOLICITA se le facilite la siguiente información: Centros penitenciarios o de inserción social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los que hay algún funcionario realizando labores o funciones de seguimiento de internos clasificados en tercer grado que trabajan en el exterior o controles sobre internos liberados condicionales, detallando el centro y el puesto de trabajo que tiene obtenido por concurso cada uno de esos funcionarios. 2. Con fecha 19 de julio de 2019, el MINISTERIO DEL INTERIOR dictó resolución, informando al reclamante de lo siguiente: Se reitera que no existe un puesto de trabajo que se denomine Agente de Libertad Condicional. No obstante lo dicho, en variados casos ha sido y seguirá siendo necesario realizar gestiones o controles que tienen mucho que ver con este cometido, para ello se está contando con la disponibilidad y colaboración de profesionales penitenciarios. Seguramente se trate de una función que habrá que crear en el futuro por recaer sobre un cometido que es una de las obligaciones que contrae la administración penitenciaria como administración competente en esta materia por mandato legal. En el Protocolo para la verificación del cumplimiento de la libertad condicional se establece que, para la constatación del cumplimiento de las penas que por realizarse en el seno de la comunidad colocan la responsabilidad de su realización en el propio penado, sin que la Institución Penitenciaria pueda hacer dejación de las funciones que le son propias, han de sumarse a la tarea de Agentes de Libertad Condicional, de la misma forma que tradicionalmente lo hicieron los trabajadores sociales, otros empleados destacados en las unidades periféricas: directores de programas, coordinadores CIS, funcionarios de segunda actividad, o aquellos funcionarios que los Directores de las mismas designen. Por consiguiente, el primer asunto que han de abordar los Directores de los CIS/Centros Penitenciarios, si no lo hubieran hecho ya, es seleccionar al o a los funcionarios que vayan a realizar la función de Agentes de Libertad Condicional (página dos, párrafo segundo del Protocolo). Por lo demás se entiende que una de las atribuciones del Director del centro penitenciario es precisamente, en relación con los empleados públicos destinados en el centro, agregar alguna tarea específica a las propias de la unidad o puestos de trabajo (art.º 280.2.4!! letra e). En desarrollo del Protocolo citado, los Directores de las Unidades Periféricas de la Administración Penitenciaria, en algunos casos, están asignando el desempeño de las funciones que asumirá ese "Agente de la Condicional" a determinados empleados que reúnen el perfil adecuado (experiencia, capacidad, motivación y contando con la predisposición y voluntariedad), y mediando la difusión oportuna. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 19 de agosto de 2019, presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, alegando que La Administración penitenciaria no facilita los datos solicitados alegando que el puesto de trabajo no existe, sin embargo si hay trabajadores realizando esas funciones. 4. Con fecha 27 de agosto de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando el Ministerio el 20 de septiembre de 2019, en los siguientes términos: Una vez analizada la reclamación, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias informa de lo siguiente: “A fecha 17/09/2019, se han recibido informes de seguimiento de liberados condicionales, en aplicación del Protocolo para la verificación del cumplimiento de la Libertad Condicional, por empleados públicos destinados en las siguientes unidades periféricas “ (ver documento anexo) Desde esta Unidad, se informa de lo siguiente: Primero.- Que la errata tipográfica detectada en la respuesta aportada por la SGIIPP del 19 de julio de 2019, ha sido corregida, figurando correctamente el nombre del solicitante en los nuevos documentos emitidos. Segundo.- Que dado que desde la SGIIPP se ha respondido aportando la información solicitada al interesado en vía de alegaciones, y de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento, se abra el trámite de audiencia al interesado con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. 5. El 23 de septiembre de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto, a pesar de haber recibido el requerimiento realizado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo del asunto, sobre la existencia y funciones de los denominados Agentes de Libertad Condicional o Vigilada, el Ministerio niega la existencia de dicha figura actualmente, indicando que “Seguramente se trate de una función que habrá que crear en el futuro por recaer sobre un cometido que es una de las obligaciones que contrae la administración penitenciaria como administración competente en esta materia por mandato legal. (…) han de sumarse a la tarea de Agentes de Libertad Condicional, de la misma forma que tradicionalmente lo hicieron los trabajadores sociales, otros empleados destacados en las unidades periféricas: directores de programas, coordinadores CIS, funcionarios de segunda actividad, o aquellos funcionarios que los Directores de las mismas designen.” Sin embargo, el reclamante aporta al expediente un documento denominado “Protocolo para la verificación del cumplimiento de la Libertad Condicional ” elaborado por la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, con el siguiente texto: “El Juzgado de Vigilancia puede revocar la libertad condicional cuando se ponga de manifiesto que la expectativa en que se fundaba la decisión de conceder aquella ya no puede ser mantenida, sea por que el liberado ha reincidido en el delito, o ha incumplido grave o reiteradamente las reglas de conducta que le fueron impuestas, o por sustraer se al control de los servicios penitenciarios, o por faltar al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado (artículo 80 y siguientes , y 90 y siguientes del Código Penal ) . Resulta palmario que, para desplegar en toda su extensión esta tarea de comprobación de circunstancias en el ámbito donde se producen, el extra penitenciario, y durante lapsos temporales dilatados, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha de adoptar un rol proactivo, con la implicación y participación del personal técnico experimentado del que dispone en sus plantillas. Ya lo viene haciendo tradicionalmente por medio de los Departamentos de Trabajo Social. Y a partir de ahora se suman a la tarea de Agentes de Libertad Condicional otros empleados destacados en las unidades periféricas: directores de programas, coordinadores CIS, funcionarios de segunda actividad, los propios trabajadores sociales, o aquellos funcionarios que los Directores de las mismas designen. Por consiguiente, el primer asunto que han de abordar los Directores de los CIS/Centros Penitenciarios, si no lo hubieran hecho ya, es seleccionar al o a los funcionarios que vayan a real izar la función de Agentes de Libertad Condicional. De esta forma, los Agentes de Libertad Condicional y los Departamentos de Trabajo Social proporcionarán al Equipo Técnico del Centro de Inserción Social/Centro Penitenciario encargado del seguimiento y control de los liberados condicionales (Instrucción 8/2009) , la información directamente extraída de diversas fuentes que integran el medio natural donde desarrolla su actividad el liberado condicional : el penado, sus familiares , sus acogedores, los profesionales que les dispensen tratamiento, los empleadores si procede, los agentes de las administra iones territoriales que intervengan (asuntos sociales, policías locales , etc . ). Y lo harán siguiendo una pauta en la que se acordará con el liberado la fecha de la primera visita de verificación, advirtiéndole que las sucesivas tendrán lugar sin previo aviso, mejorando así el método rutinario de seguimiento y control de los liberados condicionales practicado hasta ahora, consistente en la recepción pasiva de presentaciones periódicas de aquél los ante los Departamentos de Trabajo Social, siguiendo una frecuencia conocida de antemano.” Revisados el Código Penal vigente y el Reglamento Penitenciario no se cita la figura del Agente de Libertad Condicional. Pues bien, de todo esto se desprende que la respuesta del Ministerio ha sido la correcta ya que, si bien del documento transcrito se puede deducir que existe la figura del Agente de Libertad Condicional, lo realmente cierto es que es una idea que expresa el deseo de que se vayan a crear en el futuro y se basa en el reparto de nuevas funciones, no de nuevos puestos de trabajo, entre el personal actualmente existente. Esta conclusión es la que parece haber admitido también el reclamante, ya que no ha efectuado alegaciones en el plazo concedido durante el trámite de audiencia del expediente. Por ello, la actuación del Ministerio ha de considerarse correcta, debiendo desestimarse la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 19 de agosto de 2019, contra la resolución de fecha 19 de julio de 2019, del MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda