Solicitud de datos de contacto y CIF de entidades de acción social inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones

PRESIDENCIA reclamaciones@consejodetransparencia es RESOLUCIÓN S/REF: 001-028428 N/REF: R/0588/2018 (100-001626) FECHA: 10 de enero de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 11 de octubre de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL presentó, el 11 de septiembre de 2018, solicitud de acceso a la información, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), dirigida al MINISTERIO DEL INTERIOR, con el siguiente contenido: La Plataforma de ONG de Acción Social, está ejecutando el Programa de Interés General del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social para la realización del Directorio del Tercer Sector Social que servirá de base para la continuación de los Estudios del Tercer Sector Social. Por todo ello, le solicitamos la información de datos de entidades de acción social contenidas en el Registro Público (nombre de entidad, CIF, email, teléfono). Los códigos de actividad de entidades que requerimos son según la clasificación del Ministerio de Interior: 111, 114, 119, 122, 134, 211, 212, 221 , 222, 223, 224, 311, 321, 331, 341, 351, 352, 353, 354,355,421, 423, 424, 426, 427, 511, 521, 531, 711, 721, 722, 723, 731, 732, 741, 751, 761, 771. 2. Mediante Resolución de fecha 24 de septiembre de 2018, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó a la PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL en los siguientes términos: Una vez analizada la solicitud formulada, referida a asociaciones inscritas y declaradas de utilidad pública y, por tanto, a datos del Registro Nacional de Asociaciones (en adelante, RNA), este Centro Directivo, en el ámbito de sus competencias, deniega la información solicitada, al amparo de la disposición adicional primera, apartado 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, relativa a "Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública", según la cual "se regirán por su normativa específica, ypor esta Ley con carácter supletorio,aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específicode acceso a la información". En este sentido, se señala que el RNA está configurado comounregistro público, y conforme a esta naturaleza dispone de un régimen propio y especifico de acceso . En consecuencia, cualquier solicitud sobre las asociaciones deberá dirigirse directamente al Registro, para que sea atendida según los cauces que establece la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho deasociación,que dispone que: "1. Los Registros de Asociaciones son públicos. 2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por nota simple informativa o por copia de losasientos y de los documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a losrequisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal". Por su parte, el artículo 13 del Reglamento del RNA, aprobado por el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, respecto a la "Publicidad registral",recoge que: "1. El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificadodel contenido de los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de losdocumentos depositados y a través de listados. Igualmente se podrá hacer efectiva mediante la exhibición de los asientos y de los documentos, previa comparecencia de los interesados en la sede del Registro. 2. El Registro velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto de las solicitudes que afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes. 3. Los certificados, que pueden emitirse en formato electrónico, son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y de los documentos depositados. En ningún caso el Registro expedirá certificaciones sobre datos correspondientes a entidades inscritas en otros registros de asociaciones. 4. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirán un mero traslado de los datos registrales. 5. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la emisión de listados. A estos efectos, el interesado deberá concretar los criterios de búsqueda, no admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del Registro. En los listados se hará constar la denominación de las asociaciones, su número nacional de inscripción y domicilio social. 6. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados exigirá la previa solicitud del interesado, presentada con antelación suficiente a la comparecencia, y se realizará siempre en presencia del personal competente. 7. El Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes respecto de las solicitudes de publicidad en masa". Por último, indicar que la publicidad registral está sujeta a tasas, cuestión que impide ampararse en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, paraobtener la información solicitada. Dicha tasas, se encuentran recogidas en el artículo 35, bajo el epígrafe "Tasas por inscripción y publicidad de asociaciones" de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que estableceque: Uno. Se crea la tasa por inscripción y publicidad de asociaciones, que se regirá por la presente Ley y por l as demás fuentes normativas que para as tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley911989, de 13 de abril, de Tasas yPreciosPúblicos. Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud deinstrucción del expediente de inscripción o modificación de asociaciones y la solicitud decualquier información que conste en el Registro Nacional de Asociaciones. Tres. Serán sujetos pasivos quienes soliciten la inscripción inicial ode modificación y la información a que se refiere el númeroanterior. Cuatro. La tasa se devengará el día en que se presente la solicitudque inicie la actuaciónadministrativa. Cinco. La cuantía de la tasa sedeterminará: a) Por expediente de inscripción de federaciones, confederaciones y uniones: 57,21euros. b) Por expediente de inscripción de asociaciones: 38,13euros. e) Por expediente de modificación de estatutos de las entidades aquese refieren las letras anteriores, o de inscripción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 19,12 euros. d) Por obtención de informaciones o certificaciones, o por examen de documentación, relativas a la asociación: 11,82 euros. Seis. El pago de la tasa se realizará en efectivo, siéndole de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, debiendo efectuarse o justificarse en el momento de la solicitud. Siete. La gestión y liquidación de las tasas por actuaciones en el Registro Nacional de Asociaciones se efectuará por el Ministerio del Interior". Puede encontrarse información adicional en la Web del Ministerio, en este enlace: 3. Ante esta respuesta, el 11 de octubre de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia Reclamación de la PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, debido a la denegación de acceso parte de la información de carácter público, perteneciente a asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, en concreto CIF y datos de contacto de entidades sociales, al que adjuntaba las siguientes alegaciones: I. Para el caso del CIF de las entidades arriba mencionadas y fundamentando la reclamación para que sea facilitado se alega la norma del propio registro de asociaciones, y normativa general tributaria, concluyendo que se trata de un dato registral obligatorio para todas las entidades con personalidad jurídica que se relacionen con la administración y por tanto debe ser facilitado. Art. 18. 5. Para la identificación de las personas jurídicas se indicará: d. El Número de Identificación Fiscal, cuando deban obtenerlo con arreglo a la normativa tributaria. Art. 11. 3. Podrá ser objeto de inscripción el número de identificación fiscal de las asociaciones que deban obtenerlo con arreglo a la normativa tributaria, y así lo comuniquen al Registro con motivo de la primera inscripción de la entidad o en cualquier momento posterior. Toda persona jurídica, así como los obligados tributarios a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria tendrán un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Por todo ello, se reitera la solicitud del C.I.F de las entidades sociales de referencia, considerando un dato obligatorio que obra en poder del registro público y que por ello debe ser facilitado. II. Por otro lado, y ante la negativa de facilitar datos de contacto, en lo relativo a la negativa a facilitar datos de contacto (email y teléfono), se alega (al menos en el caso del email) , que La Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha establecido la obligación de relacionarse de manera electrónica con la Administración para determinados sujetos en su art. 14.2, entre los que se destacan las personas jurídicas, y por ende la necesidad de facilitar un email , por lo que este es un dato obligatorio , que obra en poder del registro público y debe ser facilitado. III En relación al fundamento alegado por el propio Registro relativo a la protección de datos (art. 11.2 del Registro), nuestra alegación se sustenta sobre la petición de datos de personas jurídicas, no habiendo en ningún momento solicitado datos de carácter personal, que requieren de especial protección. IV. Por último alegar, que previo a este escrito y a solicitarlo por esta vía , se han agotado todos los recursos de solicitar la información a través de cartas , comunicaciones del Ministerio de Sanidad Servicios sociales e Igualdad, habiéndose solicitado también a través del mismo registro, identificado siempre los campos y abonado las tasas, no habiendo recibido respuesta positiva, en cuento a los campos de C.I.F y datos de contacto ( mail ), por lo que se recurre al Consejo de Transparencia como último recurso para la consecución de estos datos, que son imprescindibles para completar el directorio del tercer sector social y conocer a través de los estudios que realiza la Plataforma de ONG de Acción Social , entidad considerada de utilidad pública por el propio registro y que tiene el encargo del Ministerio de Sanidad de realizar el Directorio del Tercer Sector Social. V. Finalmente y volviendo a la fundamentación del Registro para denegar la información solicitada al amparo de la ley 19/2013 relativa a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, se considera que efectivamente debe regirse por esta ley con carácter supletorio al menos en todo el ámbito no contemplado de facilitar la información pública de un registro público a nivel estatal, que podría con ello responder al interés general. Por otro lado, se considera que al igual que están haciendo otros registros de asociaciones, el Registro del Ministerio de Interior debería ir adaptando su funcionamiento, para separar datos personales de los que podrían ser públicos y poder adecuarse a La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y el derecho a la reutilización de cuanto documento tenga carácter público o de la información elaborada o custodiada por las administraciones y organismos del sector público y que transpone al ordenamiento español la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público y que ha sido modificada en 2015 a través de la Ley 18/2015, de 9 de julio, que introdujo la transposición de las modificaciones que se habían efectuado en la Directiva 2003/98/CE a través de la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. 4. El 17 de octubre de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia escrito de aclaración de la Reclamación presentada por la PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL en el que se manifestaba, lo siguiente: 1. Se solicita al Registro Público de Asociaciones del Ministerio de Interior información de carácter obligatorio para las asociaciones (en concreto C.I.F y datos de contacto: correo electrónico), siendo esta información pública que obra en poder del registro, solicitándose la exportación de datos que se encuentran en la base de datos en formato Excel. (apartados I y II del escrito de fecha 11 de octubre 2018) 2. No se solicita certificación alguna por lo que no debe estar sujeto al pago de tasas y no aplica el propio reglamento del registro en este caso. (también desarrollado en el apartado V del escrito de fecha 11 de octubre 2018). 3. No aplica la LOPD por tratarse de datos de persona jurídica, en la que se dispone la posibilidad de acceso por medios telemáticos. (punto III del escrito de fecha 11 de octubre de 2018). 5. El día 15 de octubre de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que presentase alegaciones que considerase oportunas en el plazo de quince días. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 25 de octubre de 2018 y en el mismo se indicaba lo siguiente: 1°.- De las actuaciones se deduce que la interesada impugna la resolución de la Secretaría General Técnica de 25 de septiembre de 2018 (Expte. 001- 028428), porla que, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se le denegó el acceso a determinados datos del Registro Nacional de Asociaciones, relativos al conjunto de asociaciones calificadas de"acción social". El Registro Nacional de Asociaciones, como es sabido, es un registro establecido para dar publicidad de la existencia de las asociaciones y su régimen estatutario, pero cuyo acceso se rige por normativa específica tanto de naturaleza sustantiva como fiscal (art. 29 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho deAsociación, art. 13 del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, y art. 35 de la Ley 13/1996, de 30 dediciembre,de medidas fiscales, administrativas y del ordensocial). Por tanto, la denegación de acceso estuvo correctamente fundamentada en la Disposición final primera, apartado 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 2°.- Otra cosa distinta, ajena a la resolución de 25 de septiembre de 2018, es la queja que la interesada parece manifestar en relación con la actuación del Registro Nacional de Asociaciones(RNA). En concreto, con fecha 12 de julio de 2018, y previo pago de la tasa correspondiente, la interesada presentó ante el RNA solicitud de emisión de "listado de asociaciones de Acción Social según Códigos de Actividad adjuntos" (se adjunta copia de la solicitud). Tallistado, referido a 19.406 entidades asociativas, le fue facilitado por el RNA el 16 de julio de 2018 (se adjunta diligencia de recepción). El listado se entregó con los datos que constan en las hojas registrales, es decir, con los de denominación de la entidad y domicilio social, así como su condición o no de asociación de utilidad pública. Pero la interesada no ha quedado satisfecha por entender que al listado deberían acompañarse los que llama "datos de contacto", es decir, los de "dirección electrónica, teléfono móvil y página web" de cada una de las citadas 19.406 entidades. Estos datos no son de obligatoria constancia registral, como resulta del art. 28.1 de la Ley Orgánica 1/2001, de 22 de marzo, por lo que el RNA no dispone de ellos, y siendo así es materialmente imposible que puedan ser objeto de publicidad . Esta circunstancia le ha sido reiteradamente expuesta a la interesada desde que el22 de febrero de 2018 este RNA accediera a mantener una reunión sobre su solicitud, por lo que las sucesivas peticiones y reclamaciones sobre la obtención de una información inexistente en elRNA,presentadas ante distintas instancias, resultan claramente abusivas. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe recordarse, como consta en los antecedentes de hecho, que la información solicitada por la Reclamante consiste en los datos de entidades de acción social contenidas en el Registro Público (nombre de entidad, CIF, email, teléfono). En el presente caso, la Administración ha denegado la información solicitada, en base a la Disposición Adicional Primera, apartado 2 de la LTAIBG según la cuál “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”; señalando que el RNA está configurado como un registro público, y conforme a esta naturaleza dispone de un régimen propio y específico de acceso (…) y cualquier solicitud sobre las asociaciones deberá dirigirse directamente al Registro, para que sea atendido según los cauces que establece la ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Y alegando quecon fecha 12 de julio de 2018, y previo pago de la tasa correspondiente, la interesada presentó ante el RNA solicitud de emisión de "listado de asociaciones de Acción Social según Códigos de Actividad adjuntos" (se adjunta copia de la solicitud). Tallistado, referido a 19.406 entidades asociativas, le fue facilitado por el RNA el 16 de julio de 2018 (se adjunta diligencia de recepción. En relación a la causa alegada para denegar la información, este Consejo de Transparencia, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG aprobó el Criterio Interpretativo nº 8 de 2015 sobre la disposición adicional mencionada. En dicho criterio se indica lo siguiente: “IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria.” 4. Teniendo en cuenta este criterio, procede analizar a continuación si la información cuyo acceso constituye el objeto de la solicitud cuenta con una normativa específica que sea de aplicación preferente a la LTAIBG. La Ley Orgánica 1/20012, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, dispone en su artículo 29 que: 1. Los Registros de Asociaciones son públicos. 2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, establece en su artículo 13, que: 1. El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificado del contenido de los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados y a través de listados. Igualmente se podrá hacer efectiva mediante la exhibición de los asientos y de los documentos, previa comparecencia de los interesados en la sede del Registro. 2. El Registro velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto de las solicitudes que afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes. 3. Los certificados, que pueden emitirse en formato electrónico, son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y de los documentos depositados. En ningún caso el Registro expedirá certificaciones sobre datos correspondientes a entidades inscritas en otros registros de asociaciones. 4. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirán un mero traslado de los datos registrales. 5. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la emisión de listados. A estos efectos, el interesado deberá concretar los criterios de búsqueda, no admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del Registro. En los listados se hará constar la denominación de las asociaciones, su número nacional de inscripción y domicilio social. 6. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados exigirá la previa solicitud del interesado, presentada con antelación suficiente a la comparecencia, y se realizará siempre en presencia del personal competente. 7. El Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes respecto de las solicitudes de publicidad en masa. Asimismo, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, en su artículo 28.1 en relación con los actos inscribibles y depósitos de documentación, dispone, que: 1. La inscripción de las asociaciones deberá contener los asientos y sus modificaciones relativos a: a) La denominación. b) El domicilio. c) Los fines y actividades estatutarias. d) El ámbito territorial de actuación. e) La identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación. f) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad. g) La fecha de constitución y la de inscripción. h) La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública. i) Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones y uniones. j) La pertenencia a otras asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones o entidades internacionales. k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas. A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de la regulación anterior se desprende que la información solicitada por la reclamante, al ser contenida en un registro público, puede accederse a través de la publicidad de la información registrada en el mismo tal y como se regula en las disposiciones anteriormente contenidas. En este sentido, la vía de la Ley de Transparencia no resulta la adecuada cuando, como decimos, los datos solicitados pueden ser obtenidos siguiendo el procedimiento específico recogido en la regulación aplicable. En este sentido, consideramos que esta forma de publicidad sí constituye un procedimiento específico de acceso a la información en una determinada área de actuación administrativa, como son las Asociaciones. Un acceso que se puede hacer efectivo de varias maneras, como indican tanto la Ley como el Reglamento, a saber, mediante certificación del contenido de los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos y documentos depositados y a través de listados, estableciendo, además, las condiciones de acceso y la validez legal de cada forma, e incluso los límites, como la protección de datos de carácter personal. Este tipo de acceso sería el aplicable, por ejemplo, para el acceso a información contenida en otros registros como el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil cuya información es accesible por las disposiciones aplicables a los mismos y no por derivación del derecho reconocido y regulado en la LTAIBG. Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente, y tal y como viene manteniendo reiteradamente este Consejo de Transparencia y buen Gobierno (por ejemplo, en los expedientes de reclamación R/391, 489, 556, todos de 2017, y R/0014, 303 y 415 de 2018), se considera que a la información solicitada le es aplicable un régimen específico de acceso y que, en consecuencia y derivado de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG antes mencionada, no es de aplicación esta norma. En este sentido, y si bien la resolución recurrida se pronuncia en el sentido de denegarla información, en realidad se trataría de una inadmisión por no ser la LTAIBG la norma de aplicación. 5. Por último, cabe indicar que la Reclamante ha hecho uso de este procedimiento específico de acceso a la información, tal y como reconoce la reclamante en sus escritos y acredita la Administración adjuntando la instancia en su escrito de alegaciones, en la que se puede comprobar que Se solicita: la denominación de la entidad, domicilio de la sede y especificar la entidades sociales de Utilidad Pública, que es la información que le proporciona la Secretaría General Técnica conforme consta en la Diligencia de retirada de Información Registral , en base a la información que consta en el Registro Nacional de Asociaciones, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 28.1 de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación. No obstante, y a pesar de que la reclamante no se muestra conforme con la información recibida, mantenemos el criterio de que la vía de la reclamación ex art. 24 de la LTAIBG no es la adecuada para ello. En este sentido, debe añadirse que dicha norma tiene como objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad(art. 1) y todo ello en la consideración, tal y como se indica en su Preámbulo que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Por lo tanto, y a pesar de la legitimidad del fin que la entidad reclamante dice perseguir con la obtención de la información adicional que solicita, no es menos cierto que, como hemos argumentado previamente, la misma cuenta con una regulación específica aplicable a su acceso y su encuadre con la ratio iurisde la LTAIBG no se encuentra claramente definido. 6. En definitiva, por los argumentos anteriores debe concluirse que la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMARla Reclamación presentada por la PLATAFORMA DE ONG ACCIÓN SOCIAL, con entrada el 11 de octubre de 2018, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda