Reclamación sobre acceso a información de retribuciones y gratificaciones extraordinarias en el Consejo de Seguridad Nuclear

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: N/REF: R/0567/2018 ( 100-001602) FECHA 30 de noviembre de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 4 de octubre de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguienteRESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la Junta de Personal del CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR presentó con fecha 3 de abril de 2018 solicitud de información dirigida al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), con el siguiente contenido: Tras analizar la Nota Interiorde15/03/18de la Subdirección de Asesoría Jurídica "Consulta sobre publicidad de gratificaciones por servicios extraordinarios",y atendiendo a loscriterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (ver documento adjunto) cuya interpretación del artículo 15.3 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aplicaría, con carácter general, en favor de la concesión del accesoalasretribucionesdel personal, en función del tipo y naturaleza del puesto, haciendo además hincapié en que la ponderación del interés público primaría en todo caso cuando se trate de personal directivo, eventual o nombrado por libre designación, esta Junta de Personal solicita informaciónsobre las retribuciones,incluyendo gratificaciones por serviciosextraordinarios,correspondientesa: -Personal eventual de asesoramientoy especialconfianza -Personaldirectivo -Personal nodirectivode libredesignación. 2. Figura en el expediente respuesta a dicha solicitud, de fecha 25 de abril de 2018 en la que se le indica al solicitante que no procede acceder a su solicitud. En ese sentido, se le remite la consulta efectuada a la Subdirección de Asesoría Jurídica en la que se reiteran las conclusiones ya expresadas en la de 15 de marzo de 2018, que, en resumen, son: xNo obstante, y teniendo en cuenta que la solicitud formulada no se basa en normas de función pública, sino que seinvoca como base jurídica la Ley de Transparencia, Accesoa la InformaciónPúblicayBuenGobierno (en adelante LTAIBG),al objeto dedar respuesta adecuada a la petición formulada habrá de estarse a lo que al respecto establece su normativaespecífica einterpreteel Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG). xEn primer lugar, debe señalarse que dicha norma sólo exige la obligación de difusión, en su artículo 8.1.f), de las "retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades", así como "las indemnizaciones percibidas,en su caso, con ocasión del abandono del cargo". Con respecto al resto de información, tanto la relativa a otro tipo de personal distinto del mencionado como la relacionada con conceptos particulares de las retribuciones de cualquier empleado público, noexiste la obligación legal de entrega de dicha informaciónbajo la basejurídica de la LTAIBG. xAhora bien, aun no existiendo tal obligación legal, cosa diferentees la posibilidad que tiene el organismo de publicar los datos solicitados de manera voluntaria. Pero para que así se haga debe asegurarse que no se transgrede ningún mandato jurídico. En este supuesto debería analizarse su compatibilidadcon laLey Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), particularmentela posibilidad de difundir datos personales, como el nombre y apellidos de los perceptores de lasgratificaciones. xLa propia LTAIBG, en su artículo 15, analiza la relación entre la normativa de transparenciay la de protección de datos,diferenciandoel tratamiento dependiendo de que se trate de datas especialmente protegidos ono.Enestesupuestono lo son, por lo que se aplicaría el párrafo tercero de dicho artículo, que dispone lo siguiente: "Cuandola informaciónsolicitadano contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirijala solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada delinteréspúblicoen la divulgaciónde la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcanen la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal". xNo parece prevalecer, en el caso actual, un interés público suficientemente importantecomo para tener carácter prevalente sobre los derechos de los afectados por la publicación. Sin embargo, el apartado4 del artículo 15 permite la no realización del mencionado estudio de ponderación "si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas". En consecuencia, podría realizarse tal ejercicio en todo caso si no se mencionara la identificación de los perceptoresni se posibilitara suidentificación. xDe forma similar se expresa el CTBG en suCriterioInterpretativo Cl/001/2015, antes citado, que analiza el alcance de las obligaciones de los órganos, organismos y entidadesdel sector público estatal en materia de acceso a la información pública sobre sus RPT, catálogos, plantillas orgánicas, y las retribuciones de sus empleados o funcionarios. 3. El 4 de octubre de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, escrito de Reclamación presentado por y fechado el 1 de octubre, al amparo del art. 24 de la LTAIBG en el que señalaba lo siguiente: Se considera que las repetidas peticiones formuladas por los representantes sindicales en relación con las cantidades percibidas en concepto de "gratificación servicios extraordinarios" son procedentes en los términos establecidos en el Criterio Interpretativo CI 001/2015 del CTBG de 24 de junio de 2015 por lo que no ha lugar a las denegaciones recibidas, al menos para determinados puestos en los que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o a la protección de datos de carácter personal. Por lo tanto reiteramos las peticiones formuladas por esta Junta de Personal el 29 de diciembre de 2017 y 3 de abril de 2018 (que se adjuntan) y que fueron respondidas con la fórmula "no procede atender a lo solicitado" que también se adjunta (comunicación de 24 de abril de 2018). Se adjuntan, asimismo, las sucesivas peticiones de estas cantidades que la Junta de Personal habría realizado para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, todas ellas denegadas o ignoradas en idénticos términos como se adjunta. Finalmente, a efectos de plazos administrativos, los reclamantes hacen constar que la autoridad interpelada (Pleno del CSN, secretaría general del CSN) no habría respondido a las peticiones, sino que las respuestas recibidas proceden de otras instancias (Subdirección de Personal y Administración, Asesoría Jurídica) quienes no manifiestan actuar por orden ni comunicar resolución alguna de órgano superior. De esta forma consideramos que éste no habría respondido en tiempo y forma de acuerdo con el procedimiento administrativo. Por los motivos anteriores, y actuando en nombre de la Junta de Personal del CSN, doy de esta forma cumplimiento al Acuerdo de dicha Junta adoptado en reunión de 6 de julio de 2018, por el que se reiteran las peticiones de las cantidades percibidas en concepto de "gratificación servicios extraordinarios" por cada una de las personas que hubieran estado ocupando cada uno de los siguientes puestos de trabajo en la relación de puestos de trabajo del CSN: - Personal eventual de asesoramiento y de especial confianza. - Personal directivo. - Personal no directivo de libre designación. - Resto del personal. Durante los ejercicios presupuestarios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en el Consejo de Seguridad Nuclear, según los criterios del CI 001/2015 del CTBG. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Con carácter previo, cabe señalar que, aunque la solicitud de información se realiza por la Junta de Personal del CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, el derecho de acceso a la información pública se configura como un derecho constitucional con un régimen de ejercicio especifico sometido a reserva de Ley, y queda al margen de la negociación entre la Administración y los Sindicatos. Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado este Consejo de Transparencia en resoluciones anteriores, entre las que se señala a título de ejemplo la R- 0305/2016, en la que se analizaba y reconocía el derecho de acceso a la información por parte de las Juntas de Personal al amparo de la LTAIBG. Así, y si bien el escrito que se dirige por el hoy reclamante para solicitar información indica expresamente que se ampara en la LTAIBG, la respuesta proporcionada y que hoy se recurre no adopta la forma de una resolución administrativa. En este sentido, debe recordarse lo ya indicado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otro expediente que tenía como parte recurrida al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (R/0416/2017) en el que se razonaba lo siguiente: 7.Aplicados los anteriores argumentos al caso que nos ocupa, debe indicarse primeramente que el objeto de la presente reclamación se configura como una respuesta a la solicitud planteada pero no como una resolución de acuerdo a la normativa en materia de procedimiento administrativo y, concretamente, a lo previsto en el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y así se recuerda expresamente al CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, debe tenerse en cuenta que las solicitudes de acceso a la información inician un procedimiento administrativo que debe finalizar de acuerdo a las reglas aplicables al mismo y en el que, como debió ocurrir en el caso que nos ocupa, deben indicarse al interesado los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno (art. 88.3 de la norma antes mencionada) Al respecto, este Consejo de Transparencia considera que esta circunstancia no sería fundamento para alegar que la Administración no ha contestado la solicitud de información al no haber impedido que la resolución surta efectos, ya que, la contestación de denegación de la información ha sido convenientemente motivada (con dos informes jurídicos anexados a la misma) y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 de LTAIBG; y, en todo caso, el Reclamante ha sido conocedor de su contenido, lo que le ha permitido presentar la reclamación que ahora se tramita, sin causarle indefensión. Es decir, a nuestro juicio, se trata de un defecto de forma que no determina la anulabilidad de la resolución, conforme establece el artículo 48.2 de la Ley 39/2015-No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados-,al reunir los requisitos que le permiten alcanzar su fin y, como ya se ha indicado, no da lugar a la indefensión del interesado. 4. En el presente supuesto, es necesario realizar una consideración de índole formal, en relación al cumplimiento de los plazos establecidos en la LTAIBG, en cuanto a la presentación de una reclamación ante el CTBG. A este respecto, debe indicarse que el artículo 24.2 de la LTAIBG señala que La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el caso que nos ocupa, la Reclamación se presentó el día 1 de octubre de 2018 (entrada en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el día 4), mientras que el oficio de denegación de la información tiene fecha de salida 25 de abril de 2018, y aunque no consta la notificación como tal y su fecha, el reclamante hace referencia en su reclamación al acuerdo adoptado en la Reunión de la Junta de Personal del CSN 02/2018 (acompaña el Acta de la misma), celebrada el 6 de julio de 2018, en la que se indica expresamente, que: l.Solicitud de gratificaciones y nota interior de respuesta. Publicación en intranet. El presidente expone queSAJemitió notainteriorsobre la petición que fue formulada por la Junta de Personal alSGrespecto a la publicación de las gratificaciones de los años anteriores. Dicha nota de SAJ fue publicada en la intranetcorporativa por acuerdo mayoritariode la Junta, si bien la representaciónde UGT desea hacer constar su desacuerdo con dicha publicación por considerar que se trata de una comunicación interna y no de una respuesta. La mayoría de la Junta está sin embargo de acuerdo con su publicación,al ser la única respuesta recibida a su petición de 3 de abril de 2018, entrada de registro 5269. (…) Todas las secciones están de acuerdo en solicitar ante elCTBGcomo Junta de Personal que sea facilitada la información referentea las gratificaciones que se determine por parte de dichoOrganismo. Es decir, que como a fecha de la celebración de la citada reunión de la Junta de Personal, 6 de julio de 2018, ya se había producido la publicación y el reclamante conocía el contenido de la misma en sentido denegatorio de su solicitud de información. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 antes señalado, debemos concluir que la Reclamación presentada es extemporánea, al haber sido presentada claramente fuera de plazo, y debe ser inadmitida. Asimismo, habría que realizar una llamada de atención sobre el último párrafo del acuerdo, en el que deciden solicitar ante el CTBGcomo Junta de Personal que sea facilitada la información referentea las gratificaciones que se determine por parte de dichoOrganismo, ya que, dado el tiempo transcurrido y que en la propia reclamación presentada se especifica que actuando en nombre de la Junta de Personal del CSN, doy de esta forma cumplimiento al Acuerdo de dicha Junta adoptado en reunión de 6 de julio de 2018, por el que se reiteran las peticiones de las cantidades percibidas en concepto de "gratificación servicios extraordinarios"(…), realmente no estaríamos ante una reclamación prevista en el artículo 24 de LTAIBG, sin o más bien, ante una solicitud que se intenta cursar a través del Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno, lo que no se contempla en la normativa. III. RESOLUCIÓN Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la Reclamación presentada por . De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda